| Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández |
Docenas de policías armados cerraron el pasado domingo en Bagdad las oficinas de dos partidos de la oposición política en la más reciente demostración de la realidad dictatorial del nominalmente “democrático” gobierno del Iraq ocupado por EEUU.
Delegados del Partido de la Nación Iraquí y el Partido Comunista Iraquí (PCI) dijeron que habían asaltado sus oficinas dos días después de que decenas de miles de iraquíes se echaran a la calle para manifestarse contra el gobierno y sufrieran una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Primer Ministro Nuri al-Maliki.
El gabinete iraquí negó que fuera a prohibir los dos partidos, afirmando en cambio que los edificios eran propiedad estatal y habían sido tomados porque el Ministerio de Defensa “necesitaba ahora esos edificios”.
Un alto dirigente del Partido de la Nación Iraquí, Mithal al-Alusi, dijo al New York Times que dirigentes del Partido Dawa de Maliki le habían contactado antes de las protestas del 4 de marzo para pedirle su apoyo para el gobierno. Añadió que el ataque contra las oficinas era un acto de venganza porque se negaron a prestar tal apoyo.
La acción contra el PCI y el Partido de la Nación Iraquí es parte de la constante oleada de represión política en Iraq, dirigida tanto por el gobierno de Maliki como por sus principales socios de la coalición, los dos partidos kurdos que controlan conjuntamente el gobierno regional del Kurdistán.
Los periodistas que estaban cubriendo una protesta antigubernamental el 4 de marzo en Basora, en el sur de Iraq, fueron también atacados y golpeados por la policía.
Pistoleros vestidos con uniformes militares asaltaron una emisora de radio independiente en la ciudad kurda de Kalar. El director de la emisora, Azad Ozman, dijo a Associated Press que habían estado informando ampliamente sobre las manifestaciones en Suleimaniya contra los dos partidos gobernantes, el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán.
Estos ataques se produjeron a continuación de las redadas por toda la nación del pasado domingo, en las que la policía iraquí detuvo a 300 personas, principalmente periodistas artistas, abogados y otros intelectuales que participaban en las actuales protestas, celebradas durante los últimos viernes en imitación de las inmensas manifestaciones egipcias que obligaron a dimitir al Presidente Hosni Mubarak.
Los manifestantes centraron sus acciones en la Plaza Tahrir de Bagdad, en honor de la plaza del mismo nombre situada en el centro de El Cairo. Las protestas del viernes 25 de febrero fueron de las mayores del mundo árabe, y en ellas las fuerzas de seguridad dispararon a matar asesinando a 29 personas en al menos ocho ciudades, incluyendo Bagdad, Faluya, Mosul y Tikrit.
El Washington Post describía así las protestas: “Testigos de Bagdad y de zonas del norte del país, como Kirkuk, declararon haber observado cómo la pasada semana fuerzas de seguridad con uniformes, chándales y camisetas negros aparecieron en camiones y Humvees, atacaron a los manifestantes, acorralaron a otros en cafés y en sus casas y se los llevaron con los ojos vendados a centros de detención del ejército. Barriadas enteras quedaron bloqueadas –principalmente zonas musulmanas sunníes donde sus residentes se oponen por lo general a Maliki, chií- para impedir que los vecinos se unieran a las manifestaciones. Se golpeó también a los periodistas”.
El Post citaba al activista por los derechos humanos Salam Mohammed al-Segar, uno de los golpeados durante una sentada, quien declaró: “Maliki está empezando a actuar como Sadam Hussein, quiere que todos los iraquíes que le critican le tengan miedo. EEUU debe sentirse abochornado en estos momentos, ¿no fueron ellos quienes nos prometieron un estado moderno y democrático? ¿Y qué es lo que tenemos en realidad?”
La represión fue tan flagrante que la administración Obama se sintió obligada a emitir un comunicado en el que se decía que las autoridades estadounidenses estaban “profundamente preocupadas”. Maliki defendió las acciones de las fuerzas de seguridad, culpando a las víctimas y afirmando que eran antiguos seguidores de Sadam Husein.
Las manifestaciones contra el gobierno continuaron el lunes 7 de marzo, a una escala inferior aunque miles de personas tomaron las calles en Bagdad, Faluya y Suleimaniya en lo que denominaron “Día del Pesar”, para marcar el primer aniversario de las elecciones iraquíes que dejaron un parlamento gravemente dividido y enfrentado. A pesar de ser el segundo en el número de escaños conseguidos en el parlamento, Maliki logró improvisar después de meses de negociaciones una coalición de partidos chííes y kurdos para poder seguir en el poder.
Las críticas a Maliki por parte de la administración Obama y de periódicos estadounidenses como el Times y el Post revelan crecientes tensiones entre el régimen-títere iraquí y su amo estadounidense. Washington lleva ya tiempo pensando que Maliki está muy próximo a Irán y trata de asegurar la inclusión en el nuevo gobierno del ex primer ministro Iyad Allawi, durante mucho tiempo agente de la CIA.
El Partido Iraqiya de Allawi, que obtuvo sus principales apoyos en las áreas de población sunní, consiguió el mayor número de escaños en el parlamento, 91, frente a los 89 de Maliki, pero se quedó sin ningún puesto político importante y ahora está empezando a desmembrarse. Ocho miembros de Iraqiya dejaron el partido esta semana y anunciaron que iban a formar un nuevo bloque parlamentario.
El mismo Allawi declaró la pasada semana que no iba a aceptar un puesto que era en gran medida ceremonial como jefe de un consejo de seguridad nacional con escaso poder. En una conferencia de prensa celebrada el 3 de marzo dijo que iba a declinar aceptar el puesto “debido a la falta de compromiso en la colaboración nacional”.
La conferencia de prensa hizo levantar las cejas a más de uno porque se celebró en Nayaf, la ciudad santa chií, y Allawi apareció codo con codo con Moqtada al-Sadr, el líder de un movimiento chií que ha chocado repetidamente con la ocupación de EEUU y que se alineó tras Maliki sólo en las maniobras parlamentarias del pasado año.
Tanto Allawi como Al-Sadr criticaron la creciente concentración de poder en manos de Maliki, especialmente tras un dictamen de un tribunal que dio poder al primer ministro para colocar a sus candidatos en el control del banco central de Iraq, el comité por los derechos humanos y muchas otras agencias.
Sin embargo, más allá de los intereses de los opositores burgueses de Maliki, hay una prueba indiscutible de un cambio hacia la represión de masas por parte del régimen creado por la invasión y ocupación estadounidense de Iraq.
Un informe publicado el 21 de febrero por el Human Rights Watch, que tiene su sede en EEUU, halló que “los abusos a los derechos humanos son el pan de cada día” en Iraq. “Ocho años después de la invasión de EEUU, la vida en Iraq ha empeorado notablemente para las mujeres y las minorías, mientras periodistas y detenidos se enfrentan a importantes violaciones de derechos”, declaró la organización. “En la actualidad, Iraq está en una encrucijada, o respeta los procesos debidos y los derechos humanos o se arriesga a convertirse en un estado policía”.
A pesar de los extendidos informes de torturas sistemáticas por parte de los interrogadores de la policía iraquí, decía el informe, las autoridades militares estadounidenses siguen rutinariamente trasladando a los detenidos a las prisiones iraquíes donde saben que van a ser sometidos a torturas.
Human Rights Watch destacaba la severa regresión en el estatus de las mujeres y las niñas, quienes bajo la dictadura laica de Sadam Husein y el Partido Baaz estaban “mucho mejor protegidas que en otros países de la región”. Los matrimonios obligados, la prostitución forzada, los abusos domésticos y los abusos sexuales se han ido incrementando de forma aguda desde el momento en que se produjo la invasión.
El informe también indicaba crecientes ataques sobre lo que llamaba “grupos marginados”, incluyendo en ellos a las minorías religiosas como los mandeos y sabeos, los asirios, los cristianos caldeos y los yasidíes, así como los malos tratos y discriminación contra decenas de miles de amputados y otros minusválidos a causa de la guerra, de las luchas civiles y los ataques terroristas.
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