tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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sábado, 6 de abril de 2013

El fiscal no aprecia 'delito' y el juez suspende la declaración de la Infanta


Escrache a la diputada M.Luz Bajo Prieto 4-4-2013


Dos detenidos y multitud de heridos en el intento de desahuciar a una mujer de 70 años enferma de Alzheimer

A las 11:45 de la mañana estaba previsto el desahucio de Mónica, una inquilina de 70 años enferma de Alzheimer que no debe un solo euro al propietario. El piso en el que vive desde hace 40 años, situado en el Paseo de la Castellana, constituye una oportunidad perfecta para la especulación. El propietario, tras años de pleitos y acoso inmobiliario, consiguió que una jueza decretase el desahucio, sin tener en cuenta el impacto que podía tener para la enfermedad de Mónica.
Desde las 10 de la mañana, más de 200 personas –entre vecinos y solidarios– se concentraban frente al portal para frenar esta injusticia. Poco después llegaban varias furgonetas de la UIP que, sin mediar palabra, desataron la violencia contra los presentes. En esta ocasión no hubo diálogo, negociación o requerimiento para abandonar voluntariamente la entrada. Los agentes arremetieron a empujones y golpes hasta que tomaron el control del portal, identificando a varias personas y deteniendo a un hombre de unos sesenta años. La dureza de la intervención se incrementó en el segundo acceso al portal, donde se sucedieron las cargas y las agresiones gratuitas. Numerosas personas fueron arrojadas y golpeadas contra el suelo; una mujer de 60 años tuvo que ser atendida por el SAMUR, fue trasladada al hospital y actualmente se encuentra ingresada en observación. Otra mujer de 50 años fue detenida mientras los periodistas que trataban de informar de lo sucedido fueron amenazados y agredidos. Cuando el desahucio se había paralizado y los concentrados abandonaban el lugar, una persona que volvía a casa fue retenida y el hijo de Mónica fue identificado.
Ayer también decenas de policías acudían a casa de Agripina y sus 3 hijos menores para echarlos de su vivienda, perteneciente a la EMVS. El desahucio se produce después de que la diputada Eva Durán se comprometiera a paralizarlo junto con otras 3 familias a las que van a desahuciar próximamente. La diputada mintió y ayer por la mañana Agripina y sus hijos han sido desalojados 20 días antes de la fecha fijada para el lanzamiento, quedándose literalmente en la calle al carecer de alternativa habitacional. La EMV ha cometido una manifiesta ilegalidad al ejecutar en el día de ayer un desahucio señalado para el 26 de abril.
Por último, la policía desalojó el centro social okupado Raíces, situado en un inmueble propiedad de Bankia abandonado desde hace años. El trabajo de construcción realizado durante meses por los vecinos, es arrojado por la borda para construir un hotel. Sabemos que los desalojos no frenarán la expansión de los centros sociales madrileños, que serán 10, 100, 1000.
Su represión no nos parará
¡Ni desahucios ni desalojos!

WikiLeaks revela “estrategias antichavistas” de EE.UU en Venezuela

Correo del Orinoco

Entre 2004 y 2006, la Usaid donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones no gubernamentales en Venezuela y les ofreció “apoyo técnico y capacitación”, para ejecutar planes desestabilizadores


Un documento filtrado por el portal WikiLeaks revela una estrategia de cinco pasos implementada por Washington con la pretensión de debilitar y destruir el “chavismo” en Venezuela, teniendo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) como principal punto de enlace con las expresiones desestabilizadoras en el país suramericano.
La cadena Russia Today (RT) reseñó que el exembajador norteamericano en Caracas William Brownfield (2004-2007) envió un mensaje a la Casa Blanca en el año 2006, dando detalles de los resultados obtenidos por su “estrategia antichavista” tras el golpe de Estado del 2002 y el referendo revocatorio del 2004.
Precisó que entre 2004 y 2006, la Usaid donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela y les ofreció “apoyo técnico y de capacitación”, a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), para desestabilizar.
El texto expone que eran cinco los objetivos de aquella estrategia: “fortalecer las instituciones democráticas , penetrar en la base política de Hugo Chávez, dividir el chavismo, proteger los negocios vitales de EE.UU. y aislar a Chávez internacionalmente”.
Asimismo, Wikileaks revela que la Usaid pretendía llevar a hasta la Corte Internacional de La Haya supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, para así socavar la credibilidad internacional del Gobierno de Chávez.
En ese sentido el texto cita a organizaciones como Observatorio Venezolano de Prisiones y Human Rights Lawyers Network in Bolivar State (Red de Abogados por los Derechos Humanos), entre otras que hacen vida en Venezuela.
Brownfield también explicaba que millones de venezolanos se sentían incluidos con la ideología democrática de Chávez, motivo por el cual hicieron planes para atraer a miles de venezolanos a un “programa de educación cívica” denominado Democracia Entre Nosotros.
Por otro lado, la Usaid también abogaba por “confundir tanto a los venezolanos como a los extranjeros”. Para ello, gastó más de un millón de dólares en la organización de cientos de foros, cuyo único objetivo era reunir a activistas opositores a Chávez para que ”interactuaran con chavistas y así provocar el efecto de alejarlos lentamente del chavismo”.
Adicionalmente, la embajada de EE.UU. organizó una serie de visitas de Brownfield a “zonas pobres del país” para demostrar “la preocupación del Gobierno de EE.UU. con el pueblo venezolano”.
El documento sostiene que la finalidad era “confundir” a la población y retrasar el “intento de Chávez de utilizar a EE.UU. como un enemigo unificador”.
La OTI también invitaba a “profesores universitarios, ONG y líderes políticos” internacionales de otros países a participar en sus eventos, para que al volver a sus países “se convirtieran en aliados de la oposición venezolana” en el extranjero.
Planes de este tipo han sido constantemente revelados, con el pasar d ellos años, por activistas estadounidenses que valoran la gestión del Gobierno Bolivariano. Con base en esas informaciones, en 2010 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que prohibía el financiamiento externo para fines políticos en el país, legislación que llevó al cierre de la OTI.

Diluvio desnuda en Argentina trágicas fallas en prevención

IPS


Las intensas lluvias de los últimos días en Argentina, que dejaron al menos 57 personas muertas, pusieron al descubierto las debilidades del Estado para prevenir los impactos de eventos meteorológicos que se repiten cada vez con más frecuencia y virulencia.Una sucesión de aguaceros se abatieron el lunes 1 sobre la ciudad de Buenos Aires, provocando el desborde de varios ríos que costaron la vida a seis personas, y el martes 2 sobre La Plata, capital de la contigua provincia homónima, donde hasta ahora hay 51 muertes confirmadas. En ambos sitios los daños y pérdidas materiales son cuantiosos.

En La Plata, distante 50 kilómetros de la capital federal, quedó anegado casi todo el casco urbano, y numerosas calles devinieron en verdaderos ríos. En algunos barrios el nivel del agua llegó a dos metros, cubriendo automóviles y las plantas bajas de las viviendas.

Ante el desastre en ambos distritos, las miradas se posaron en los mecanismos de emergencia y atención social.

En 1999, cuando ya comenzaban a ser más frecuentes las inundaciones, se creó el Sistema Federal de Emergencias (Sifem), que no es un organismo ad hoc sino un esquema de organización de las entidades públicas ante desastres, según las consultas realizadas por IPS.

Cinco años después, los expertos ya advertían falencias. Ruth Zagalsky, la licenciada en ciencias geológicas de la estatal Universidad de Buenos Aires que había hecho aquella evaluación, dijo a IPS que "esa sigue siendo hoy la triste realidad".

"Las áreas que debería manejar el Sifem fueron quedando sumergidas en la administración pública, donde no se puede resolver. Se requiere de un interés político muy fuerte para que esto sea efectivo", explicó.

Para crear el Sifem, añadió, se trabajó junto a funcionarios de la estadounidense Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pero luego no se hicieron planes de acción, salvo contra incendios forestales, donde el programa funciona "muy bien".

"Lo más importante de un plan, que es la prevención, es lo que no se hace", sostuvo, pero se observa una gran "falta de coordinación general" entre las jurisdicciones nacional, provincial y municipal para mitigar impactos.

Como resultado, los desastres se magnifican y fuerzan al Estado, en sus diferentes jurisdicciones, a invertir fuertes sumas en rescates, asistencia humanitaria, subsidios, exención de impuestos y créditos blandos, entre otras múltiples erogaciones.

Esta vez las lluvias cayeron en días festivos, cuando funcionarios de primera línea estaban de vacaciones. Los equipos de crisis se organizaron tardíamente, y tres días después de la tragedia, la asistencia sigue demorada en algunos lugares tanto en Buenos Aires como en La Plata.

Silvia Gómez, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo a IPS que ese organismo realizó un informe el 27 de marzo con el pronóstico para los días feriados que se extendieron del 28 de marzo al 2 de este mes inclusive.

En ese reporte, que se iba actualizando día a día, se anticipó que entre lunes y martes podían ocurrir "lluvias fuertes, con abundante caída de agua" en la ciudad de Buenos Aires y en el centro y norte de la provincia vecina, subrayó.

"Nuestros informes llegan a muchísimos organismos y dijimos que había que prepararse porque la lluvia tendría una intensidad considerable", remarcó.

Otra herramienta valiosa para el alerta temprana, a la que no se apela según las consultas, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, integrada a Sifem para aportar información "adecuada y oportuna" desde satélites.

En su Plan Nacional Argentina en el Espacio 2004-2015, técnicos del organismo aseguraron que este es "el país de América Latina que está más expuesto a emergencias y catástrofes naturales".

Inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, terremotos, tornados, deslizamientos de tierras, derrames de hidrocarburos, son algunos de los 11 tipos de desastre mencionados para el país.

No obstante, los impactos cada vez más severos que resultan de las inundaciones, revelan severas fallas en los planes de contingencia y obligan a los vecinos a ayudarse entre ellos antes, durante y después del impacto, sin pocas posibilidades de que algún organismo los guíe.

Los damnificados revelan que no sabían qué hacer mientras el agua subía dentro de las viviendas en La Plata. Tres días después, muchos seguían desorientados en centros de evacuación sin responsables a cargo.

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri, el gobernador de la provincia del mismo nombre, Daniel Scioli, y el intendente de La Plata, Pablo Bruera, solo responsabilizaron del desastre hasta ahora a la "inédita" intensidad de las lluvias derivadas de los efectos del cambio climático.

Scioli indicó que llovieron más de 300 milímetros en pocas horas y eso impidió el escurrimiento. Aunque "el pluviómetro ubicado por el SMN en el aeródromo de La Plata marcó 181 milímetros desde las nueve de la mañana del lunes 1 a las nueve de la mañana del martes 2", precisó la meteoróloga Gómez.

De todos modos, Gómez no descartó que el frente de tormenta haya sido más intenso en algunos barrios, como dijo el gobernador en base a datos de la estatal Universidad de La Plata.

"El Estado va a estar más presente que nunca para la reconstrucción con subsidios, créditos y todo lo que tengamos que hacer", afirmó Scioli, del sector centroizquierdista que lidera la presidenta Cristina Fernández, aunque algo distanciados últimamente.

La provincia y la ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha comités de emergencia. IPS intentó localizar a alguno de sus responsables pero no respondieron. Tampoco lo hizo el gobierno nacional, consultado acerca del Sifem.

La lluvia impactó como si hubiera sido un tsunami o un río caudaloso que desborda, dijeron muchos afectados. El agua entró a las viviendas y brotó desde inodoros y bañaderas, de modo tan brusco que varios adultos mayores resultaron ahogados en sus casas. A otros se los llevó la corriente al salir a la calle.

Cuando la tormenta amainó y se comenzó a tomar conciencia de la tragedia, varios gobernantes y funcionarios recorrieron la zona anegada. La presidenta Fernández, Scioli, Bruera, Macri y otros escucharon airados reclamos y prometieron brindar toda la asistencia requerida. Pero los problemas son mayúsculos.

Los vecinos más damnificados de ambas ciudades coinciden en que, además de las vidas de familiares o amigos, perdieron todo lo que tenían para su desempeño cotidiano: documentos, dinero, muebles, electrodomésticos, ropa, alimentos, agua.

Un testigo implica al presidente de Guatemala en masacres de indígenas ixiles


En el cuerpo de ingenieros del destacamento militar de Santa María Nebaj, Quiché, “las ejecuciones comenzaban entre ocho y nueve de la noche, después de que primeramente ellos se echaban sus tragos en los pabellones de oficiales. Depués se coordinaban entre ellos para subir a celebrar las ejecuciones al Pino o bien al Roble,” relató el por aquel entonces mecánico, a través de videoconferencia. “Cada comando llevaba de 13 a 15 personas. Cuando menos, llevan tres o seis personas,” aseguró.

“Las personas que llegaban ahí para ser ejecutadas en las instalaciones de ingenieros ya llegaban golpeadas, torturadas, algunos con la lengua quitada, otros con las uñas quitadas, entre otras lesiones,” relató el ex militar.
Reyes también se refirió a los niños que fueron llevados al cuerpo de ingenieros: “Muchos fueron sepultados con sus mamás. Escondimos a dos niños para que no fueran raptados, pero otro niño lo fue por el oficial García González.” A los relatos de ensañamiento de los oficiales agregó: “Una vez capturaron a una anciana de 68 años, con cabello largo. Fue ejecutada. Después llevaron su cabeza al comedor para hacer una broma”.
Al ser consultado por el fiscal sobre el peligro que corre a raíz de haber dado estas declaraciones, Reyes manifestó: “Si yo conocí las operaciones que ejecutó Don Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina, Francisco Marín, el mayor Quilo Ayuso y los comandantes y oficiales que estuvieron dentro de las instalaciones, yo creo rotundamente lo capaces que son ellos de asesinar a cualquier persona. Estoy completamente seguro de que ellos no se tientan el alma para torturar y desaparecer a otra persona, y menos para ocultar sus faltas.”
El general Quilo Ayuso es uno de los testigos propuestos por la defensa de Ríos Montt para declarar a su favor.
Francisco Cuevas, vocero presidencial, negó las acusaciones sobre las órdenes de masacrar a indígenas ixiles: “El presidente Otto Pérez Molina nunca participó en estos hechos, no está documentado”, dijo a Emisoras Unidas de Guatemala.

Gobierno y Casa del Rey negocian una transparencia con límites

No se lo dijeron a nadie, ni siquiera a los grupos del Congreso, pero el Gobierno y la Casa del Rey llevan dos meses, según aseguraron ayer, negociando la inclusión de esta institución en la Ley de Transparencia, aunque con límites. Desde hace más de un año, cada vez que se preguntaba a la vicepresidenta por este asunto, negaba que la Casa del Rey pudiera ser incluida en esa norma que implica el derecho a pedir datos sobre la gestión del dinero público. Pero poco a poco, la presión de los otros grupos y sobre todo el deterioro de imagen de la Corona parecen haber hecho cambiar de opinión a todos.
En privado, el Gobierno dejaba caer hace semanas que confiaba en que La Zarzuela diera un paso para abrirse a la ley de transparencia. Y fue finalmente la Casa del Rey la que lo anunció, en plena presión por la imputación de la Infanta, primero a la agencia Reuters —la imputación ha tenido una enorme repercusión internacional— y después lo confirmó a los demás medios.
A partir de ahí, hubo una clara contradicción entre la versión de La Zarzuela y la del Gobierno sobre quién tuvo la iniciativa. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que después del debate del Estado de la nación, en el que se aprobó ampliar la ley de transparencia a partidos y sindicatos, “desde la vicepresidencia del Gobierno se iniciaron los contactos con la Casa del Rey que mostró desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a la ley”. Esto es, la iniciativa partió de la vicepresidencia. Preguntada expresamente sobre quién tuvo la iniciativa, la vicepresidenta suavizó: “Quiero destacar la absoluta colaboración de la Casa del Rey, tienen la máxima disposición”.
La Zarzuela es tajante: fue el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, quien tomó la iniciativa y llamó a la vicepresidenta para comunicarle que deseaban que la institución fuera incluida en la ley de transparencia. “No nos podíamos quedar fuera”, aclaran fuentes de La Zarzuela.
A partir de ese momento, se crearon dos equipos, uno por parte del Gobierno, con José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia, y otro de la Casa del Rey, con Spottorno y el secretario general, Alfonso Sanz, que se han reunido media docena de veces en los últimos dos meses. Ninguno de los dos aclara en qué va a consistir el pacto. Sáenz de Santamaría aseguró que se detallará la próxima semana, lo que hace pensar que el anuncio de ayer se precipitó para tratar de frenar la presión social por la imputación de la Infanta. Lo que sí está claro, después de numerosas preguntas a la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y lo que cuenta La Zarzuela, es que habrá límites aún sin aclarar, a pesar de estos dos meses de negociación. “Está la música, pero falta la letra”, dicen en la Casa del Rey.
Desde La Zarzuela insisten en se materializará en la práctica en más información sobre todo de tipo económico: por ejemplo, si el Rey viaja a la India se dirá cuánto ha costado ese viaje. La Zarzuela y La Moncloa apelan a la Constitución como límite, pero esta señala solo que el Rey dispondrá de “una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. No dice que no pueda informar de cómo se gasta ese dinero. El PSOE, que venía reclamando esta medida hace meses frente al no del PP, mostró su satisfacción pero pidió que los límites a la aplicación de la ley “no vayan más allá de la seguridad del Estado y el marco constitucional” y otros grupos eran muy escépticos sobre las consecuencias reales.

El Constitucional de Portugal anula la retirada de las pagas extra

El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en el presupuesto general de 2013 del país, aprobado en el Parlamento el pasado año. Las razones en las que se apoya el tribunal son que esa retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios.
Es un duro golpe para el Gobierno portugués, ya debilitado de por sí, cercado por previsiones que no salen y presionado por la troika para que cumpla el déficit y las protestas en la calle por los recortes, y que ahora se encuentra inmerso en un fenomenal lío económico, ya que deberá encontrar medidas alternativas para ahorrar los cerca de 1.200 millones de euros que va a emplear en abonar las pagas extras que pretendía amortizarse a fin de que le salgan las cuentas. La oposición había denunciado también la brutal subida de impuestos que también lleva en sí el presupuesto en vigor en Portugal, pero el tribunal ha considerado que eso se ajustaba a la Constitución. Con todo, la pelota (peligrosa) queda ahora en el tejado de un Gobierno que había asegurado que carecía de Plan B (algunos aseguraban que para presionar al tribunal) pero que deberá encontrar alternativas si no quiere que el déficit se dispare.
La crucial decisión de los 13 jueces del Tribunal Constitucional, con la que el país entero ha permanecido en suspenso, expectante desde el punto de vista político y económico, cierra dos semanas particularmente convulsas en Portugal, gobernado en los casi dos últimos años por un ejecutivo conservador de coalición estable, comandado por Pedro Passos Coelho. Esta estabilidad, eso sí, ha contrastado con la progresiva merma de los servicios públicos debido a los recortes galopantes, al incremento de la austeridad casi mes a mes y a las oleadas de contestación en la calle.
Toda decisión que afecte  más allá de los 600 millones de euros será un fracaso para el Gobierno
El pasado 28 de marzo, se produjo el primer acontecimiento que sacudió el país: el ex primer ministro socialista José Sócrates, después de perder las elecciones de 2011 y tras casi dos años de silencio, volvía con estrépito a la vida pública portuguesa anunciando que ejercerá de comentador en un programa semanal de televisión y dando una entrevista en la que se exculpaba y atacaba, de paso, al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido que Passos Coelho.
Después, con el Gobierno en suspenso, pendiente del Tribunal Constitucional, sin aliento político y sin margen de maniobra, se produjo, el miércoles pasado, la primera moción de censura impulsada por el Partido Socialista portugués (PS), que hasta ahora se había desmarcado de las otras mociones (3) presentadas por los grupos situados más a la izquierda. Es decir: los socialistas portugueses, algo maniatados desde 2011 porque, en el fondo, fue precisamente Sócrates el que firmó el memorando con la troika en abril de ese año, se desmarcaban del inmediato pasado y daban un paso al frente, exigiendo la renegociación de la deuda y de sus intereses. El líder del Partido Socialista portugués, António José Seguro, denunció al Gobierno de estar empobreciendo al país basándose en unas previsiones económicas que, a la larga, yerran siempre. Y como ejemplo recordó que hace poco más de seis meses el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, auguraba para 2013 un crecimiento de un 0,6% y que ahora prevé una caída de un 2,2%.
Un día después de esta moción de censura, el jueves, el ministro más polémico del Gabinete de Passos Coelho, Miguel Relvas, presentaba su dimisión. Relvas no era un ministro cualquiera: estaba considerado el brazo derecho de Passos Coelho y era, además de ministro de Asuntos Parlamentarios, el hombre encargado de las negociaciones comprometidas (la privatización, aún no llevada a cabo, de la televisión pública portuguesa o la venta fracasada de la TAP). Ha sido un hombre con un inmenso poder dentro y fuera del partido y su salida del Gobierno significó la tercera sacudida de la semana. Alegó, en una declaración sin permitir preguntas “falta de condiciones anímicas”. Pero la verdadera razón hay que buscarla en la inminente divulgación de un informe que confirma la obtención fraudulenta, de su licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Lusáfona, de carácter privado y de no muy buena fama. La carrera contaba con 36 asignaturas pero Relvas, que se matriculó en 2006, cuando ya era diputado y un alto dirigente del PSP, consiguió que le convalidaran 32 alegando su experiencia política. De decidir cuáles y cuántas se encargó directamente, según publica el diario Público, el mismísimo rector de la universidad, Fernando dos Santos. Sólo tuvo que examinarse de cuatro. Y en una de estas asignaturas, Introducción al Pensamiento Contemporáneo, curso dirigido por el rector Santos, el futuro ministro sacó un sobresaliente después de una entrevista y de presentar ocho artículos escritos por el mismo Relvas publicados en la prensa. En un país en el que muchos de sus doctores y licenciados se ven obligados a emigrar por falta de oportunidades de trabajo la manera elástica de ganarse una licenciatura del ministro parecía, simplemente, una burla.
La salida de Relvas –y la decisión del Tribunal Constitucional- augura una crisis de Gobierno y una renovación del Gabinete. La prensa portuguesa ha asegurado que ya hay varios ministros en la rampa de salida. Por lo pronto, Passos Coelho ya ha convocado un Consejo extraordinario de ministros para el sábado a las cuatro de la tarde, hora española. Marcelo Rebelo de Sousa, miembro del Consejo de Estado, exministro con el PSP (actual partido en el poder), exdirector de Expresso y uno de los comentaristas políticos más reconocidos del país, asegura que el actual ejecutivo “ha agotado su estrategia y su discurso en los dos últimos años, porque ya empieza a cuestionar el memorandos de la troika”. Rebelo de Sousa añade que debe “encontrar rápidamente otra estrategia y otro discurso para renovarse y tratar de recuperar la iniciativa política, pero esto no parece nada fácil”.
¿Significará esto un aumento de la protesta en la calle? “Los partidos a la izquierda del Partido Socialista (Partido Comunista y Bloque de Izquierda), así como el sindicato CGTP continuarán organizando cierta movilización social en la calle y en los lugares de trabajo hasta el Primero de Mayo. Pero el portugués medio se encuentra muy asustado y preocupado con el riesgo de que una crisis política agrave una crisis económica”, asegura Rebelo da Sousa.

Desarticulan un grupo que difundía fotos pornográficas de chicas por Whatsapp

La Policía Local de Algete ha desarticulado un grupo de jóvenes que, a través del servicio de mensajes Whatsapp, difundía fotografías pornográficas de compañeras de colegio.
El Ayuntamiento de la localidad ha informado en una nota de esta operación 'Kodak' que ha llevado a cabo el Grupo de Mujer y Menor GAMmA de la Policía Local y que ha concluido con la detención de un individuo, la imputación de otro y la toma de declaración de, al menos, diez menores con distintos grados de participación.
Las investigaciones comenzaron hace un mes, cuando el grupo GAMmA detectó que a través de Whatsapp se estaban difundiendo fotografías de menores de Algete y de zonas limítrofes practicando diversos actos sexuales.
Los agentes comprobaron que en distintas urbanizaciones próximas a esta localidad varios grupos de jóvenes se intercambiaban fotografías de chicas "que eran obligadas a fotografiarse desnudas bajo distintos tipos de presión o amenazas de sus compañeros", según el Ayuntamiento.
La Policía Local ha remitido las actuaciones a la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid y ha puesto a su disposición "un amplio reportaje fotográfico, varios vídeos de carácter sexual y diversos datos sobre la difusión de algunas fotos a nivel nacional".
La mayoría de los padres de las víctimas no sabían la situación que atravesaban sus hijas.