Una persona tiene tos y fiebre. Acude al servicio de urgencias de un hospital. Ahí, le diagnostican una posible tuberculosis. ¿Cuál es el siguiente paso? Si se trata de una persona con tarjeta sanitaria, los médicos le mandarán a un especialista. Puede, incluso que haga falta ingresarle y aislarle. ¿Y si es un inmigrante en situación irregular?
El decreto que publicó este martes el BOE parece tajante. Una persona en esa situación tendrá restringida la atención sanitaria a la “urgencia por enfermedad grave o accidente, hasta el alta médica”. También se atenderá la “asistencia al embarazo, parto y postparto”, y a los “extranjeros menores de 18 años” que “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. El plazo para regularizar sus papeles será el 31 de agosto.
Entonces, en el caso del hombre con tuberculosis, ¿tendrán los médicos que dejarle marchar y tomar el metro, donde puede infectar a decenas de personas? ¿Es lógico que se vaya a casa con las dificultades que va a tener para seguir el tratamiento? ¿Hay algún agujero para evitar lo que puede ser un problema de salud pública?
La respuesta no es unánime. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo, afirma que el decreto “está tan mal regulado que necesita una aclaración”. Aunque en urgencias es “difícil confirmar el diagnóstico de tuberculosis, hay que garantizarle el tratamiento”. La tuberculosis tiene distintas fases, explica el experto, y en unas el individuo es muy infeccioso, y hay que “ingresarlo y aislarlo”, y en otras, no. Con el actual decreto, “no podemos ingresarlos”, afirma Toranzo. Pero en el otro caso la situación tampoco es mejor. “Si no se le va a ingresar, hay que derivarlo a un neumólogo”. “En urgencias no tenemos que ver si tiene seguro o no”. Lo que está claro es que “si es un problema de salud pública, alguien le tiene que ver”, concluye.
Una portavoz del ministerio afirma que “el sistema tiene mecanismos para que se le atienda”, aunque estos no estén especificados en el decreto. De nuevo, el hecho de que la persona pueda transmitir la enfermedad actuaría a su favor. “Y, desde luego, si no tiene seguro, no se le va a cobrar”. Esta es la línea que defiende la experta en inmigración y salud pública Belén Sanz. “Es importante señalar que la población que recibe atención medica en urgencias por enfermedad grave debe recibir atención hasta el alta médica”, como recoge el decreto, “no hasta el alta hospitalaria”. Y esta diferencia “es muy importante”. Precisamente, Sanz indica que esto “es complejo en determinadas patologías como la tuberculosis”. “Esta enfermedad es diagnosticada mayoritariamente en el nivel hospitalario, las revisiones se hacen en el hospital, pero el seguimiento y la medicación, salvo excepciones, se tramita en atención primaria. La falta de acceso a atención primaria puede dificultar el cumplimiento del tratamiento de tuberculosis. Esto puede tener graves repercusiones para la salud pública”.
Sanidad afirma que
habrá una solución
para los casos de salud pública
Este caso no es solo un ejercicio teórico. En España se diagnostican unos 8.000 casos al año, y, de ellos, la mitad se da en inmigrantes. Unos —sobre todo de Europa del Este— la traen consigo.
Otros la adquieren aquí, un fenómeno que se incrementa por las condiciones de vida de muchos, con hacinamiento e insalubridad. La falta de tarjeta sanitaria (y del correspondiente acceso a la atención primaria) “posiblemente dificulte la adherencia a los tratamientos de tuberculosis”, incide Sanz.
Esta situación tiene un riesgo añadido. La tuberculosis, y otras enfermedades, tienen un alto potencial contagioso. No tratarlas a tiempo supone extender su riesgo. Y, con ello, aumentar el coste para el sistema sanitario. Justo lo contrario de lo que se quiere conseguir.
