tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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viernes, 12 de septiembre de 2014

Altamira seguirá abierta hasta 2015 por el impacto mínimo de las visitas

La buena noticia es que las visitas apenas han tenido impacto sobre el frágil ecosistema de la cueva de Altamira. La mala es que los mayores peligros para los increíbles bisontes que la adornanestán en la naturaleza y, por lo tanto, son casi imposibles de controlar. Estas son las principales conclusiones del informe del comité de expertos que estudia las condiciones de conservación de Altamira, que fue presentado este viernes al Patronato. El comité, formado por 48 personas que llevan trabajando desde hace dos años en el yacimiento, ha llegado a la conclusión de que las visitas tienen una influencia mínima sobre la cueva cántabra y sus responsables han decidido mantener las visitas experimentales, que arrancaron el pasado 27 de febrero tras 12 años de cierre, durante otros seis meses.
“Los principales peligros para las pinturas se deben a la naturaleza y eso continuará. No podemos hacer casi nada. Las visitas tienen un impacto casi imperceptible”, asegura en conversación telefónica Gaël de Guichen, que dirige el equipo científico que estudia la conservación de la cueva, patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1985 y uno los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo. “Una obra de arte no está para guardarse en una caja fuerte”, explica De Guichen, ingeniero químico de formación y uno de los grandes expertos mundiales en conservación, que ha trabajado en otras cuevas prehistóricas de primera fila, como la francesa Lascaux.
Tanto De Guichen como José Antonio Lasheras, director del Museo de Altamira, mantienen que aunque solo fuese posible la entrada de una persona merecería la pena “por la relación íntima que se establece con las pinturas”, en palabras de Lasheras. Los dos mantienen que no asumirían el más mínimo riesgo si se estableciese una relación entre las entradas en la cueva y su conservación. “No voy a jugar con Altamira”, agrega De Guichen.
El informe, que tiene 2.500 páginas, señala en sus conclusiones que “los procesos de pérdida de pigmento están relacionados con varios factores: el caudal de infiltración y condensación, composición del agua, relieve del soporte y relación con la red de fracturas”. “Durante este programa no se ha detectado ninguna relación evidente causa-efecto entre la presencia de investigadores y visitantes en la Sala de Polícromos y la pérdida de pigmento”, prosigue el texto.
El agua, no el aire, es el mayor peligro para Altamira, que además al ser una cueva poco profunda depende mucho de las condiciones ambientales. Por eso, los científicos dirigidos por De Guichen han pedido otros seis meses de visitas experimentales. También han solicitado que se ponga una doble puerta para frenar el impacto de la entrada y salida de visitantes.
Altamira, que alberga pinturas del arte rupestre del Paleolítico Superior y que estuvo habitada entre unos 35.000 años y 13.000 años antes de nuestra era, se cerró al público en 1977. Sin embargo, hasta 2002 y dentro de diferentes regímenes, se produjeron visitas. Durante 12 años la cueva ha permanecido prácticamente cerrada, salvo para algunos científicos. La actual reapertura de Altamira es experimental. Cinco personas, elegidas al azar entre los visitantes ese día al museo, acompañadas de expertos entran durante 37 minutos en el yacimiento, aunque solo permanecen diez minutos en la sala de los bisontes. Hasta el momento se han realizado 25 visitas con público y desde el 27 de febrero han entrado en la cueva 125 visitantes (sin contar los guías). Todos van vestidos como investigadores.
“Hemos medido 30 veces el impacto de los visitantes sobre la humedad, la temperatura, sobre el aire, sobre el CO2. En todos los casos, la cueva absorbe ese impacto en una hora”, afirma De Guichen. La variación en la temperatura es de 0,2 grados. “Si fuese por ese impacto, habría que sellar Altamira, pero también el Prado, el Louvre y la Capilla Sixtina”, agrega el investigador. El Patronato, en el que están presentes tanto el Ministerio de Cultura como el Gobierno autónomo de Cantabria, así como el Ayuntamiento de Santillana del Mar, ha autorizado la continuación del programa experimental y, cuando termine, tomará una decisión definitiva sobre si se mantiene el régimen de visitas o sobre si se cierra la cueva.
“En cada cueva los problemas son diferentes”, explica por correo electrónico Geneviève Pinçon, directora del Centro Nacional de Prehistoria del Ministerio de Cultura francés. Bajo su responsabilidad están las cuevas de Lascaux y Chauvet, que albergan las pinturas rupestres más importantes del mundo junto a Altamira. “Incluso si están sometidas a los mismos riesgos, ligados al hombre contemporáneo o a la naturaleza, los efectos son muy diferentes de una cueva a otra a causa de sus características intrínsecas”, prosigue la investigadora.
Chauvet, en la que transcurre el evocador documental La cueva de los sueños olvidados, nunca ha estado abierta al público aunque su sellado no se debe tanto a los peligros para las pinturas como a la inmensa información arqueológica que contiene. Lascaux se cerró después de una catastrófica invasión de microorganismos, una situación totalmente diferente a Altamira. “La conservación de las pinturas depende de nuestra capacidad para reaccionar ante fenómenos naturales no siempre controlables, como el cambio climático. Y siempre debemos vigilar de cerca los efectos de las intervenciones humanas, ante las cuáles creo que existe en Europa una sólida conciencia colectiva”, agrega Pinçon.

Japón realiza el primer trasplante de retina cultivada en laboratorio

Japón dio este viernes un salto cualitativo en la investigación con células madre. Un equipo médico del Instituto Riken, uno de los más prestigiosos del país, implantó por primera vez en el mundo células iPS humanas, convertidas en retinas, en una intervención que se prolongó dos horas. La paciente es una mujer de 70 años que sufre una grave degeneración macular asociada a la edad, la principal causa de ceguera en el mundo.
Las células iPS, o de pluripotencia inducida, se obtienen de simples células de la piel del paciente y se transforman en cualquiera de los tejidos y tipos celulares del cuerpo, de tal forma que se evita toda posibilidad de rechazo inmunológico. Son además, por lo que sabe hasta hoy la comunidad científica, tan versátiles como las células madre embrionarias, pero a diferencia de ellas no despiertan recelos éticos porque no exigen destruir un embrión. Los reparos son sobre su seguridad.
El objetivo de este ensayo clínico, dirigido por la oftalmóloga Masayo Takahashi en el Instituto de Investigación Biomédica de Kobe (sur de Japón), es precisamente evaluar la seguridad de la técnica y su valor clínico. No se trata de curar a los seis pacientes que participan en el estudio y, de hecho, los investigadores no esperan que experimenten una mejoría reseñable en su capacidad de ver. De lo que se trata es de comprobar si la implantación de las células iPS genera o no problemas en la estabilidad de su genoma y puede o no derivar en cáncer o causar otros efectos indeseados que hagan aconsejable abandonar esta vía de investigación para curar enfermedades.
El ensayo clínico resolverá si la técnica produce o no tumores
“Pese a la intensa investigación preclínica desarrollada en animales”, dicen los científicos japoneses, “no puede descartarse el riesgo de formación de tumores provocados por las células trasplantadas” porque tienen memoria de su origen. Para controlarlo, los seis pacientes estarán monitorizados durante cuatro años. “Si es aceptablemente segura, futuros estudios evaluarán su eficacia”, continúan en un documento colgado en la página web del Instituto Riken.
El laboratorio de Takahashi recibió en 2013 la autorización necesaria para avanzar en esta investigación. Su equipo ha empleado este tiempo en seleccionar a los pacientes aptos para el ensayo y en desarrollar un concienzudo trabajo de laboratorio para generar el tejido de retina. Los investigadores cogieron células de la piel de personas con degeneración macular y las convirtieron en células iPS. Después cultivaron esas células en laboratorio para convertirlas en células epiteliales pigmentarias de la retina, y hacer luego de ellas unas finas hojas para trasplantarlas en el órgano enfermo.
El resultado del ensayo tardará en conocerse, pero los expertos dan por hecho que habrá un informe preliminar sobre la evolución de los enfermos dentro de un año. Salvo en caso de un fracaso evidente antes de ese tiempo. “Ese primer informe es lo que estamos todos esperando para que se dé luz verde a otro tipo de ensayos”, afirma el director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, Ángel Raya.
En estos momentos, hay varios equipos científicos en el mundo muy bien posicionados en esta carrera de la medicina regenerativa. “En Japón, por ejemplo, se ha solicitado permiso para tratar la insuficiencia cardiaca. Y hay también ensayos pendientes en Japón, Inglaterra y España para la lesión medular”. En este último caso, los investigadores han solicitado ya permiso a la Agencia Española del Medicamento.
La investigación sobre las células iPS es una prioridad del Gobierno de Japón, que apostó decididamente por esta línea de investigación tras la concesión en 2012 del Premio Nobel de Medicina a Shinya Yamanaka, el referente de la ciencia japonesa, por haber desarrollado el método para reprogramar células adultas y dar así un impulso a la medicina regenerativa. Yamanaka compartió el premio con el pionero de la clonación John Gurdon.
El escándalo de las células Stap ha empañado este año el trabajo de los investigadores japoneses. La revista Nature tuvo que retirar sendos artículos publicados en enero en los que la científica del Instituto Riken Haruko Obokata presentaba un revolucionario sistema para lograr células madre adultas que resultó ser un fraude (sometía a otras adultas a estrés con ácido o presión). Nadie lograba reproducir sus resultados y el artículo adolecía de fallos en cifras y también en imágenes. La historia tuvo un final trágico. Yoshiki Sasai, una eminencia en la materia que supervisó su trabajo, se suicidó en agosto tras el escándalo.

Murió Botín, de facto, como vivió…



Murió Emilio Botin, presidente del Banco de Santander, uno de los grandes del mundo, con especial implantación en América Latina.
Nunca es buena noticia la muerte de nadie, pero en ciertos casos ella nos recuerda que es lo más igualitario, lo más democrático, lo más justo en el sentido de que nos sucede y nos sucederá a todos por igual.
El apellido, profesión y trayectoria de este señor se prestaban a chistes fáciles… y arriesgados. No en balde, Botin, Don Emilio, era el paradigma del poder fáctico absoluto, es decir, del poder que no emana del pueblo, ni de la Constitución, ni de las Instituciones, ni de la legalidad siquiera en muchos casos y situaciones… Un poder que emana del dinero acumulado en magnitudes astronómicas, de la capacidad disuasoria, seductora, corruptora, aterradora… que el dinero incontrolado puede ejercer sobre una sociedad, una economía, unas instituciones, unos mandatarios “con visión de Estado”…
Alguna vez a Don Emilio la Hacienda le hizo notar muy educadamente que se le había olvidado alguna menudencia en su declaración. Uy, qué cabeza la mía, debió decir, y le largó al Tesoro ciento y pico millones de euros complementarios… Es muy probable que en otras ocasiones a la Hacienda se le olvidara recordarle otros olvidos a Don Emilio.
En su condición de cabeza visible del Banco de Santander y de una fortuna personal y familiar superior a la renta disponible de muchos países de la Tierra, Don Emilio tuvo que vérselas con la justicia, pobrecita ella. Nunca prosperó ningún caso, salvo en una ocasión que fue condenado por sentencia judicial firme. El gobierno, de Zapatero, pero da igual porque ante Botin todas las ideologías eran una sola, tardó en indultarlo menos tiempo del que tardó el tribunal en redactar la sentencia.
En el argot jurídico español quedó acuñado un concepto, “la doctrina Botin”, como una suerte de jurisprudencia en materia de comportamiento de los “poderes” judicial y político frente a los poderes de verdad, los dichosos fácticos.
En otra ocasión, Don Emilio encabezaba de hecho, “de facto”, una amplia delegación de empresarios, mandatarios, y el propio Rey Juan Carlos, que fue a Brasil a captar inversores, vender la “marca España” y eso y, muy probablemente, otras actividades de relax extraprogramadas. Estaban todos en el hall de un hotel de superlujo, creo que en Río, incluido el Rey de entonces, ataviados impecablemente, y se presenta Don Emilio con pantalón corto, camiseta a juego y la gorrilla del Banco de Santander, todo en rojo, el color corporativo. Es decir, se presentó disfrazado de Fernando Alonso… con dos cojones, mientras lo esperaban a pié firme el resto de la delegación, Rey incluido, con pantalones largos, camisas, corbatas y chaquetas… Un poder fáctico, vamos, de los de verdad y hasta los detalles más nimios eran aprovechables para hacer ostentación de esa facticidad.
Yo tenía un amigo, y lo conservo, comunista de derechas según su particular definición, que solía decir que entre un poder fáctico y un joder fáctico, en el sentido de molestar, la línea divisoria casi que no existe.
En América Latina, por cierto, la marca “banco santander”, asociada a bancos locales que éste compró cuando llegó a cada país, provoca muchos chistes en los ambientes socio-políticos; el más habitual es “el banco gallego este debería cambiar el color corporativo; adoptar el blanco en vez del rojo …”
Descanse en paz Don Emilio, y tanta paz lleve como deje.

Rajoy responde a los sondeos con un pucherazo electoral



Las reformas previstas en la elección de alcaldes o en las autonómicas de varias regiones buscan preservar el bipartidismo frente a coaliciones de tipo rupturista.El Partido Popular estrenó 2012 con la mayor acumulación de poder institucional que haya tenido cualquier formación política en la etapa de la monarquía parlamentaria. Además de su recién estrenada mayoría absoluta en las generales,los de Rajoy gobernaban –y gobiernan– dos de cada tres capitales de provincia y tan sólo estaban ausentes de los ejecutivos autonómicos de Asturias, Canarias y Catalunya, mientras mantenían con respiración artificial al único lehendakari no nacionalista vasco de este periodo, Patxi López (PSE).
Casi tres años después, el PP y el PSOE juntos apenas sobrepasan el 50% de la intención de voto, según la encuesta de Sigma II publicada en agosto por el diario El Mundo. Ya pasadas las europeas, Rajoy abrió el debate sobre la reforma del sistema electoral en las municipales para evitar el triunfo de gobiernos de coalición, lo cual ha provocado las críticas de los partidos y candidaturas minoritarias con más expectativa de crecimiento de votos. Tam­bién ha provocado más anuncios de reformas electorales, en parecido sentido a la ya aprobada por Cos­pedal en Castilla-La Mancha, en las también ‘populares’ Madrid, Murcia y Extremadura.
El presidente del Gobierno inauguraba el curso en septiembre fijando un plazo de dos meses para introducir la reforma en el Congreso de los diputados. Su mayoría absoluta le bastaría para aprobar en solitario el cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral para imponer algún tipo de sistema mayoritario que dé la mayoría absoluta al cabeza de la lista municipal más votada. Los populares en el Congreso incluso pueden usar el procedimiento de la proposición de ley para evitar el dictamen de órganos consultivos como el Consejo de Estado, lo que ine­vitablemente retrasaría la aprobación de la norma hasta después de las próximas municipales. Según han contado fuentes parlamentarias a DIAGONAL, a fecha del cierre de este número el PP no había introducido en el Congreso ninguna propuesta de reforma electoral.
Para Cristina Velázquez, profesora de Ciencia Política en la Com­plutense de Madrid ­–no, no es de la promotora de Podemos–, la ambigüedad con la que Rajoy ha hablado de “elección directa del alcalde” es calculada. El programa electoral del PP, de hecho, se limita a proponer una “reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos”. “Creo que es un intento de empezar por abajo para llevarnos a un sistema mayoritario, que en resumidas cuentas es un sistema bipartidista. Es el objetivo del PP y también del PSOE”, señala Velázquez. Aun­que el aparente punto de fricción es la fecha de implementación de la me­dida –el sucesor de Rubal­caba, Pe­dro Sánchez, la ha defendido para 2019–, Velázquez cree que el PSOE usará el argumento del mal menor para pactar antes una reforma con el PP. “Ir a una especie de sistema mayoritario puro es un absurdo en nuestro sistema político”, opina. De ahí que, en línea con una interpretación en la que coinciden más analistas políticos (como este artículo de Agustín Morán en Cuarto Poder), el posible consenso PP-PSOE se fije en un sistema de elección mayoritario con segunda vuelta.
La justificación de la medida pretende recoger el descontento ciudadano hacia las instituciones, de ahí su encuadre bajo la etiqueta “elección directa de los alcaldes” y dentro de una serie de reformas que el PP denomina de “regeneración democrática”. Por eso Tania Sánchez Melero, diputada de IU en la Asam­blea de Madrid, prefiere centrar la crítica no tanto en el efecto que pueda tener sobre candidaturas minoritarias sino sobre “la gente”. En opinión de la diputada, con estas medidas –se refiere también a la propuesta del PP madrileño de instaurar una elección directa por circunscripciones de parte de los escaños de la cámara autonómica– “el PP evita hablar de demandas reales sobre democratización y control público de la gestión, como las que sí se están desarrollando en espacios como Ganemos Madrid”. Sánchez Melero ve más necesario un debate sobre cómo se eligen las listas de las candidaturas o los mecanismos de revocabilidad de los cargos y control ciudadano de la representación. “Al final, es más importante hablar de cómo se garantiza que la sanidad pública no se privatiza”, afirma.
Planeta CospedalEl caso de la ley electoral de Castilla- La Mancha, aprobada en solitario en julio por el ejecutivo de María Dolores de Cospedal y recurrida al Constitucional por el PSOE, es un buen precedente del efecto de arrase que pueden suponer estas reformas. Definida como “pucherazo” por toda la oposición, ha reducido los escaños de 49 a 33, algo que en el sistema de circunscripciones de esta comunidad mantendrá de forma artificial un parlamento bipartidista PP-PSOE. Una extrapolación con los resultados de las europeas publicada por eldiario.es daba cuatro escaños a IU y tres a Podemos, mientras una encuesta de un medio local, Gua­dalajara Magazine, colocaba a la nueva formación como tercera más votada y con diez escaños.
Con la nueva ley, la extrapolación de eldiario.es reducía a dos el número de escaños de IU y dejaba fuera a Podemos, mientras que la encuesta del medio local limitaba la suma de Podemos e IU a ocho escaños con la nueva ley, insuficientes para desalojar al PP sin la concurrencia del PSOE.
Para María José Aguilar, portavoz del Círculo Podemos de Albacete (uno de los treinta que la formación tiene sólo en esta provincia), el pucherazo bipartidista de Cospedal es parte de una tendencia de años en esta autonomía. “Desde que Bono era presidente y luego Barreda ya hubo movimientos en la sociedad, y sobre todo por parte de partidos como IU, para que se modificara la ley electoral regional y se hiciera más proporcional”, señala. Hoy, con casi el doble de población que Asturias, Castilla-La Mancha elige a 12 diputados menos. “La nueva reforma electoral de Castilla-La Mancha es tan brutal”, analiza un documento interno de Podemos, “que dejaría fuera al PP si se aplicase en el parlamento de Catalunya, Navarra o País Vasco. Un efecto no deseado de estas reformas, tal y como apunta incluso la prensa conservadora, puede ser que estimule procesos de convergencia entre las fuerzas perjudicadas. Algo que según Sánchez Melero “debemos hacer por el bien común”.
¿Ahorro o tomadura de pelo?La reforma de Cospedal en Castilla-La Mancha tuvo como objetivo declarado el ahorro en el pago de representantes por dos vías: su reducción y el anuncio de que dejarían de cobrar sueldo. En realidad, ninguna de las dos cosas es cierta. El ahorro supone, según Podemos, apenas un 0.005% del presupuesto total de la Junta y apenas un 5% del presupuesto total de las Cortes. Los miembros de la mesa y los portavoces de los grupos políticos –siete diputados en total– siguen cobrando su sueldo íntegro, y el resto cobra una indemnización fija de 955 euros al mes –más 295 los presidentes de comisión–, además de otros 150 euros cada vez que asisten a un pleno o a una comisión. Pero más allá de esto, la oposición le ha criticado a Cospedal que, de recortar en cargos, puede empezar por los técnicos y altos cargos de confianza, cuyo coste –7 millones anuales– multiplica por siete el ahorro introducido por la reducción en lo que cobran los diputados. Sólo la presidenta y su Consejería de Presidencia gastan en 77 altos cargos y personal eventual en puestos de confianza más de 3,25 millones de euros anuales. 

Cataluña pide decidir su futuro

La Marea


Ilusión desbordante y una firme determinación: decidir el futuro político de Cataluña el próximo 9 de noviembre. La gigantesca manifestación de ayer por la tarde en Barcelona ha llenado los 11 kilómetros de recorrido formando una V con el objetivo de hacer llegar a todos los rincones una clara voluntad: votar. Lo que se ha visto en esta Diada en las calles reafirma los datos de las últimas encuestas, que alrededor del 75% de la población catalana desea que se realice la consulta soberanista.La masiva movilización ha estado dominada por los sentimientos: “Muy emocionado de ver cómo tienes a toda Barcelona y a toda Cataluña detrás de ti, a tu lado”, acertaba a decir Carlos Romero, vecino del Hospitalet de Llobregat, con los ojos humedecidos, a las 17.14 horas, hora cumbre fijada por la organización y cuando ha estallado el clamor de “in, inde, independencia” entre el mar de participantes que, con camisetas rojas y amarillas, han construido una interminable senyera a lo largo de las dos grandes arterias de Barcelona, la Gran Via y la Avenida Diagonal.
El souflé no ha bajado. Lejos de los primeros augurios que a mediados de verano vaticinaban la caída de la participación en esta Diada después de dos jornadas anteriores de participación multitudinaria, centenares de miles de personas venidas desde todos los puntos de Cataluña se han dado cita en la capital. Según la Guardia Urbana, los participantes han sido 1,8 millones, una cifra que la Delegación del Gobierno rebaja a entre 470.000 y 500.000, por debajo incluso de la cantidad de personas inscritas en la V.
Como en anteriores ocasiones, ha sido una movilización festiva, pacífica y muy familiar, en la que se han coreado los himnos oficiales y otros como La Estaca. La determinación se mantiene, con algo de impaciencia. “En 2012 salimos a la calle con un clamor evidente, como decía el lema de la manifestación: Cataluña, nuevo Estado de Europa”. Dos años después venimos a venir para pedir votar. Los políticos van un poco detrás de la sociedad”, afirmaba Clara Riera, que junto a varios de sus vecinos ha llegado esta mañana a Barcelona en tren desde El Vendrell. La jornada no ha registrado ningún incidente de gravedad, según han informado los Mossos d’Esquadra.
La presión sobre los actores políticos que están llevando los tempos del proceso soberanista no sólo la han reafirmado los manifestantes en la calle, sino también la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana – convocante de la movilización junto a Òmnium Cultural-, Carme Forcadell, que, estimulada por el éxito de la convocatoria, ha retado a Mas a sacar las urnas sin tomar en consideración la resolución del Tribunal Constitucional. “No dejaremos que, como pasó con el Estatut, vuelva a recortar la voluntad democrática de los catalanes. El Parlament aprobó una declaración de soberanía y es hora de que se ejerza”, ha sentenciado en los parlamentos finales desde la plaza de Les Glòries, vértice de la V y donde se alzaba el escenario con 940 urnas, una por cada municipio de Cataluña.
La movilización organizada y reglada por la organización ha acogido en varios de sus tramos reivindicaciones sociales de numerosos colectivos. En la confluencia de la Gran Via con la calle Balmes, el bloque social ha clamado contra los recortes portando banderolas con el símbolo tachado de unas tijeras. “El debate social y nacional son inseparables. Hoy también le decimos al Govern de la Generalitat y al Gobierno central que deben acabar con la austeridad que lleva a la pobreza a miles de ciudadanos”, afirmaba el secretario general de CCOO Catalunya Joan Carles Gallego. “Hoy vemos una sociedad movilizada que le dice al Gobierno español que hay una mayoría que quiere votar y que se le dé una respuesta política y democrática”, ha añadido el sindicalista. Una opinión similar expresaba el Catedrático de Ciencia Política de la UAB Joan Subirats: “Es una movilización que va mucho más allá de lo que dicen los políticos, la fuerza está en la gente”.
Diego Cañamero, con el Procés ConstituentAl igual que el año pasado, el Procés Constituent se ha manifestado ante una entidad bancaria para denunciar la dependencia de los bancos y expresar su deseo de que el derecho a decidir no se limite a la independencia, sino que también permita decidir sobre la deuda y los servicios públicos, entre otros. En esta ocasión, su objetivo ha sido el Deutsche Bank, situado en el cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia. En este punto, se han concentrado unas 200 personas. Sólo algunas de ellas llevaban las omnipresentes camisetas amarilla y roja, informa Magda Bandera.
En este grupo se encontraban varios miembros de las Marchas de la Dignidad, que decidieron en su última asamblea apoyar el proceso soberanista catalán. Entre ellos, destaca el líder del SAT Diego Cañamero, quien considera que “está claro que una parte importante del pueblo catalán quiere un cambio sustancial de la estructura del Estado. Hay gente de todas las condiciones sociales y de todas las edades”.
Cañamero ve una oportunidad en el proceso soberanista: “Hace falta abrir un proceso constituyente en todo el Estado y romper con el 78. Si Cataluña avanza en esta línea, nos ayudará a hacerlo al resto de los pueblos”.
La manifestación del 11-S también ha contado con el apoyo de una veintena de representantes madrileños de las Marchas de la Dignidad. Víctor Jiménez, del barrio de Vallecas, destacó la importancia de que el proceso fomente “la unidad de clase y que sea un proceso realmente liberador. Si no, no será válido”.

Bachelet anuncia la nulidad de la Ley de Amnistía chilena

Justamente en el aniversario 41 del golpe de Estado de 1973, el primero que le toca vivir a Michelle Bachelet en su segundo mandato, la socialista ha dado una señal inédita en materia de derechos humanos: su Gobierno ha anunciado que pretende anular la Ley de Amnistía que fue promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1978 y que permitió que los crímenes cometidos entre 1973 y esa fecha quedaran impunes.
El Ejecutivo pedirá suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que existe en el Congreso desde 2006 sobre esta materia, presentado por un grupo de senadores oficialistas, y que busca anular los cinco artículos que componen la normativa del régimen militar. Según ha explicado a CNN Chile uno de los autores del proyecto, el senador Guido Girardi, la medida tiene un alcance retroactivo, lo que permitirá abrir juicios que la Justicia consideraba terminados y juzgar a quienes se beneficiaron de la ley.

La medida ha sido anunciada este jueves por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, y el titular de Justicia, José Antonio Gómez, en una ceremonia en el Palacio de La Moneda. La iniciativa deberá ser debatida en el Congreso, pero es altamente probable que se apruebe, dada la mayoría que Bachelet tiene en ambas Cámaras. "Lo relevante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el Parlamento", ha señalado Gómez.

Bien avanzada la democracia, los tribunales comenzaron a investigar los crímenes cometidos por la dictadura entre 1973 y 1975, pese a la Ley de Amnistía, por considerarlos delitos de lesa humanidad, que no prescriben. En el momento de fallar, sin embargo, se encontraban con la normativa, que hizo imposible que en Chile se condenara a los responsables de los abusos cometidos en los primeros cinco años del Gobierno de Pinochet.

Uno de los casos icono fue el del juez Carlos Cerda, el primer magistrado que estableció que la dictadura utilizaba la desaparición forzada como método para eliminar a los opositores. El magistrado investigó a las cúpulas de los servicios represivos, desafío la Ley de Amnistía, pero eso el valió un enfrentamiento con sus superiores en la Corte Suprema, que ahora el propio magistrado integra.

La decisión de la presidenta socialista ha sido valorada por las agrupaciones de Derechos Humanos, que desde el regreso de la democracia en 1990 habían convertido la nulidad de la ley en una de sus banderas de lucha. Pero también ha provocado fuertes críticas: "El Gobierno debería preocuparse del terrorismo y del desempleo. Los chilenos quieren pensar en los temas de futuro, no de pasado, y cuesta entender que Bachelet lo transforme en una prioridad. Va a reabrir las heridas", ha señalado Ernesto Silva, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Mas: “Votaremos seguro; otra cosa serán las condiciones”

Menos de 24 horas después de la manifestación multitudinaria de la Diada ayer en Barcelona, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho esta mañana que su plan sigue adelante. "Votaremos seguro; otra cosa serán las condiciones que no dependen solo de nosotros", ha asegurado Mas en una entrevista en RAC1. El líder de CiU ha insistido en la importancia de legitimar la consulta en el exterior y ha reclamado garantías democráticas como, por ejemplo, "que participen los del Sí y los del No".
"Si no hacemos bien la consulta, será como un bumerán que caerá  sobre nosotros", ha alertado. El presidente catalán ha querido subrayar dos cosas: tras las reiteradas exigencias de ERC y la ANC, Mas dice que es también su gobierno quien quiere sacar las urnas el próximo 9 de noviembre y que lo importante ahora son las garantías democráticas de la votación: "Quiero poner las urnas el 9N de forma que se entienda el resultado en todos los lugares. Ahora tenemos pregunta y fecha. Nos falta la respuesta. Tenemos que ser capaces de tener una respuesta y que no se pueda poner en cuestión el resultado. Esto es responsabilidad de todos los implicados. ¿De que serviría haber hecho todo esto si después la respuesta no es válida o aceptada?".
"Presidente, saque las urnas a la calle", le exhortó ayer en medio de una ovación Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, organizadora de la manifestación junto a Òmnium Cultural. La principal preocupación de las entidades es que el proceso soberanista siga adelante aunque el Tribunal Constitucional vete la consulta. Los organizadores optan por la desobediencia civil, que también defienden Esquerra. Mas no quiere entrar en la cuestión de la desobediencia. "Urnas no lo dice ERC, lo decimos todos. El primer interesado en que estén las urnas el 9N soy yo. El Estado puede decir que no, pero no puede evitarlo todo. Este reto se resolverá votando, tenemos los mecanismos", ha explicado Mas. En el caso de que "las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de otros", Mas ha reiterado que consensuará qué respuesta hay que dar con todos los partidos que apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.
El presidente de la Generalitat ha lamentado de nuevo, como viene haciendo en los últimos meses, la postura "inmovilista" del Gobierno de Mariano Rajoy: "Tengo pocas esperanzas, pero el Gobierno español todavía está a tiempo. La única estrategia que tiene en estos momentos es la del miedo y el no a todo". Y se ha referido también a la tercera vía: "No depende de nosotros, sino del Estado. O la ponen ellos o no existe. Se habla pero la tercera vía no está".
El calendario que baraja Mas para los próximos días no ha variado: "la semana que viene se celebrará el pleno en el Parlament y se aprobará la ley de consulta. En los días siguientes firmaré el decreto de convocatoria de la consulta: tenemos todo el dispositivo trabajado y a punto para poder votar el 9 de noviembre. El plan no varía sino que se refuerza".

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