tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 3 de abril de 2012

Llegó el destape a New York...

Fotos Panorámicas

TIRADITO DE LENGUADO



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Evidencias inculpan a victimario de joven negro en EE.UU.


George Zimmerman junto a su víctima Trayvon Martin
Washington, 2 abr (PL) Nuevas evidencias auditivas incriminaron hoy en Estados Unidos al vigilante nocturno George Zimmerman, quien había alegado defensa propia en el polémico caso del asesinato del joven negro Trayvon Martin, en Florida. (Audio PL )

Los analistas informáticos Tom Owen y Ed Primeau confirmaron que los gritos de auxilio escuchados en una grabación pública del día del incidente no son precisamente de Zimmerman, y más bien parecen proceder de Martin o de una tercera persona.

El guardia de seguridad, de 28 años, había argumentado que el muchacho lo persiguió, lo amenazó y finalmente lo golpeó en la cabeza y cara. Debido a leyes especiales sobre defensa propia en el sureño estado ha sido imposible arrestar al victimario.

La semana anterior la cadena ABC News también divulgó un video policial donde Zimmerman aparece completamente sano y sin moretones o huellas de pelea, minutos después de haber matado al chico de 17 años en plena calle.

Con anterioridad a estas revelaciones, una fiscal de Florida indicó que sería muy difícil inculpar legalmente al individuo que disparó contra el joven afroestadounidense, desarmado el 26 de febrero en la comunidad sureña de Sanford.

La magistrada Angela Corey, quien lidera las investigaciones contra el vigilante Zimmerman, explicó que a tenor de la controvertida ley floridana conocida como "dispara primero" será casi imposible plantear una acusación oficial.

Varios estados norteamericanos permiten a cualquier persona enfrentar de manera letal a un potencial agresor con un arma de fuego cuando considere que su vida puede estar en peligro.

El abogado de Zimmerman invocó el criterio de defensa personal y alegó que la noche del suceso su cliente y Trayvon Martin forcejearon, el primero quedó con una herida en la cabeza mientras que el adolescente recibió un disparó en el pecho.

Este incidente -interpretado por muchos ciudadanos como un crimen de odio racial- ha desatado una ola de protestas públicas, sobre todo en el llamado Estado del Sol, y el Departamento de Justicia junto al Buró Federal de Investigaciones iniciaron pesquisas independientes.

Líderes de la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles, la Federación para el Progreso de la Gente de Raza Negra, y el Gremio Nacional de Periodistas Negros demandaron al gobernador Rick Scott y a la Casa Blanca el arresto del atacante.

Una barbarie actos contra manifestantes en EE.UU., dice Fidel Castro


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La Habana, 2 abr (PL) El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, calificó de barbarie los actos de represión policial contra los manifestantes en las ciudades más importantes de Estados Unidos y Europa. (Audio PL)
Muestran al mundo las cobardes acciones que se cometen contra los derechos y la vida de los ciudadanos de sus propios países, expresó el líder revolucionario en su reflexión El mundo maravilloso del capitalismo, divulgada hoy por los medios de prensa.

Son constantes batallas campales entre los manifestantes y la policía bien entrenada y alimentada, con carros blindados y escafandras, repartiendo golpes, patadas y gases contra mujeres y hombres, torciendo manos y cuellos de jóvenes y viejos, describió.

¿Hasta cuándo pueden durar semejantes barbaries?, se preguntó Fidel Castro, al señalar que esas tragedias se irán presentando cada vez más por la televisión y la prensa en general, y serán como el pan que cada día se niega a los que menos tienen.

Tras recordar los pormenores del descubrimiento de la energía contenida en el átomo, desarrollada por Estados Unidos tras entregarla su descubridor, afirmó que aquel país "impone al mundo la más brutal y peligrosa tiranía que ha conocido nuestra frágil especie".

La búsqueda de la verdad política siempre será una tarea dura, aun en nuestros tiempos cuando la ciencia ha puesto en nuestras manos un gran número de conocimientos, destacó.

Uno de los más importantes, continuó, fue conocer y estudiar el fabuloso poder de la energía contenida en la materia.

En otra parte de su escrito comentó las posibilidades brindadas por una tienda de artilugios electrónicos en Londres, que pretende vender televisores de un millón de dólares y hasta submarinos de una y dos plazas.

Quizás nosotros seamos culpables de que cada ciudadano no tenga un submarino particular en la playa, significó Fidel Castro.

"Son ellos (la prensa) y no yo quien mezcló en este mismo saco a los jeques árabes y los directivos de las grandes transnacionales con los futbolistas. Al menos estos últimos entretienen a millones de personas y no son enemigos de Cuba. Debo aclararlo", subrayó.

Grecia pretende detener y deportar a extranjeros por razones de salud pública

La policía griega podrá detener a los extranjeros residentes en Grecia por cuestiones de "salud pública" si prospera una propuesta de ley que deberá ser votada en el Parlamento.

"La detención de no nacionales, tanto si han solicitado asilo político como si no, está prevista bajo la actual enmienda si suponen un riesgo para la salud pública", dice el proyecto de ley presentado esta semana por el Gobierno que dirige el exbanquero Lukás Papadimos, y publicado hoy por varios medios helenos.

El texto incluye, como ejemplo de tales eventuales casos, personas con enfermedades infecciosas o pertenecientes "a grupos de riesgo como usuarios de drogas intravenosas, trabajadores del sexo o gente que vive en condiciones que no alcanzan los estándares higiénicos mínimos".

Inspecciones de salud obligatorias

Añade que "los sujetos serán sometidos a inspecciones de salud obligatorias y al necesario tratamiento", y aquellos que se nieguen a cooperar con las autoridades podrán ser deportados.

Los ministros de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, y Sanidad, Andreas Loverdos, ya habían anunciado el pasado fin de semana que tomarían medidas contra la "bomba para la salud" que, a su juicio, suponen los inmigrantes que viven en Grecia sin documentos.

La medida llega, además, después del fiasco que ha supuesto la llamada "macro operación contra la ilegalidad" del Ministerio de Protección Ciudadana (Orden Público), por la que durante la pasada semana fueron detenidos unos 2.000 extranjeros.

De ellos, sólo se pudo hallar cargos contra 420, de los que en 234 casos fue por no poseer documentos de residencia en regla, lo que implica que más de 1.500 fueron detenidos sin ningún tipo de acusación o sospecha válida.

El Gobierno ha anunciado la transformación de 30 antiguas bases militares en campos de reclusión para unos 30.000 inmigrantes indocumentados.

Varias ONG se han quejado de estas medidas, que muchos achacan a la proximidad de las elecciones, en las que se prevé un gran aumento del voto a los grupos ultraderechistas que hacen campaña exclusivamente con la cuestión de la inmigración.

Críticas de las ONG

"Es especialmente preocupante que aquellos que tienen derecho a protección internacional se enfrentan a la detención. Inmigrantes y refugiados no son criminales y no deberían ser tratados como tales", se quejó ayer Amnistía Internacional en un comunicado.

"Las autoridades griegas deberían retirar inmediatamente este tipo de medidas, que sólo exacerban el estigma hacia los inmigrantes y refugiados en el país", añadió.

De acuerdo con un estudio del grupo ("think-tank") ELIAMEP, en 2011 residían en Grecia 1,1 millones de inmigrantes, de los cuales 400.000 no disponían de documentos en regla.

Según los datos de la agencia europea de control de fronteras (FRONTEX), que dispone de una misión para ayudar a Grecia en la materia, en 2011 se registraron 57.000 entradas ilegales de inmigrantes en el país mediterráneo.

Brasil endurece los criterios de entrada a turistas españoles por reciprocidad

Desde hace más de cuatro años los turistas brasileños y su Gobierno se quejan de que España tiene unas condiciones de entrada tan duras en la frontera que muchos nacionales que vienen a ver a familiares, o de visita, o a estudiar —incluso con matrícula pagada en un máster o doctorado—, son devueltos a Brasil de forma arbitraria. El país sudamericano ha decidido, finalmente, aplicar las reglas de reciprocidad y exigir a los españoles exactamente los mismos requisitos que España pide a sus nacionales para poder entrar. Desde ayer, aquellos que quieran viajar a Brasil de turismo tienen que enseñar el billete de vuelta y acreditar medios económicos suficientes para su estancia (unos 80 euros al día) y una reserva de hotel o, en su defecto, una carta de invitación firmada ante notario brasileño por algún nacional que se haga responsable de que el turista va a estar alojado en su casa y que, cuando acabe las vacaciones, regresará a España sin demora. Lo mismo que tiene que hacer el brasileño que viene a nuestro país.

Los turistas brasileños se quejan especialmente de algunos requisitos, como la carta de invitación, que exige al que la suscribe aportar múltiples datos, como la nómina o un certificado de residencia. Y se quejan también de que, cuando llegan a España, nunca pueden estar seguros de si lo que traen le va a resultar suficiente al funcionario de turno. El último caso, ampliamente difundido en los medios de comunicación brasileños, ha sido el de una mujer de 77 años, Dionisia Rosa da Silva, que permaneció tres días en Barajas por no disponer de carta de invitación cuando venía a ver a su hija y a su yerno. La anciana se convirtió en el último gran icono de la ola antiespañola que crece al ritmo que regresan los brasileños rechazados en Barajas. Las autoridades españolas aclararon que en este caso fue determinante el hecho de que su hija y su yerno vivieran en España en situación irregular, pero ni esto pudo acallar a la prensa brasileña, que convirtió en caso en un episodio más del rifirrafe entre Brasil y España.

El malestar existente ha provocado numerosas protestas públicas en los últimos años. Aparte de múltiples gestiones diplomáticas entre ambos países, mandos policiales españoles han viajado al país para tratar de calmar los ánimos, explicar los requisitos que se exigen en la frontera e intentar convencer a los brasileños de que son sencillos y exactamente los mismos que los que se piden a países como Venezuela o Argentina —país cuyos nacionales también han presentado alguna airada queja por el trato recibido en Barajas—. El último en hacerlo ha sido el comisario general de Extranjería nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que viajó recientemente a Brasil y trató, entre otras, esta cuestión.

A pesar de las gestiones, Brasil se ha decidido al final por aplicar la regla de la reciprocidad: mientras España exija cartas de invitación y reservas de hotel, Brasil hará lo mismo. Es una política habitual. Su Gobierno también exige a los nacionales de EEUU, Canadá o México, por ejemplo, las mismas condiciones que estos países piden a los brasileños para entrar.

La medida del Ejecutivo brasileño fue anunciada a principios del pasado febrero. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Patriota, en una entrevista concedida a este diario, expresó en esos días “la seria preocupación” de su Gobierno por este tema y advirtió: “Si nosotros empezáramos a exigir lo mismo a los españoles, les pondríamos serias dificultades para entrar en Brasil”. El ministro aseguró que en España se producían “situaciones arbitrarias” que afectaban a “personas que tienen la documentación en regla y que son llevadas a una sala aparte del aeropuerto para ser investigadas por la policía”. “Por ejemplo”, añadía, “tienen que demostrar que su tarjeta de crédito tiene un límite, que están en posesión de un seguro de salud, que tienen reserva de hotel y que pueden pagar la factura de la estancia”.

El Ministerio del Interior español siempre ha aducido la misma explicación: los requisitos que se exigen a los brasileños, que no requieren de visado para entrar en España. Son los que vienen determinados por los países que pertenecen al espacio Schengen, y que España aplica con rigor. No es esa, sin embargo, la percepción de los brasileños, que consideran que tienen muchos más problemas cuando tratan de entrar en España que cuando lo hacen en otros Estados del espacio Schengen y, señalan, además, que en el caso español todo depende mucho del funcionario concreto que esté en ese momento verificando los requisitos de entrada.

Una avería de Movistar deja sin móvil a 16 millones de argentinos

Una avería ha dejado hoy sin servicio de telefonía móvil a unos 16 millones de abonados de la compañía española Movistar en Argentina. Durante al menos cinco horas se ha caído el servicio por un problema técnico, lo que ha motivado múltiples protestas en redes sociales.

A través de un comunicado de prensa, Telefónica reconoció que, "a raíz del inconveniente de orden técnico en su red, durante la mañana de hoy de vieron afectados los servicios de voz y de datos de la compañía".

Tras un corte de cinco horas, a media tarde (hora local) Movistar informó que los servicios de voz y datos de la compañía comenzaron a "restablecerse en distintas áreas" de la red y que en las zonas en las que aún no hay servicio, se irán "normalizando de forma gradual en el transcurso de la tarde".

La Comisión Nacional de Comunicaciones declaró que el fallo de Movistar "se debe a una falla en el software de Telefónica, en particular del sistema de señalización, que es el que permite realizar llamadas, afectando la telefonía móvil y en algunos casos también la fija".

Por tanto, agregó el organismo en un comunicado, la Comisión analiza el problema y "en caso de corresponder", la posible aplicación de "duras sanciones en el marco la legislación vigente".

El mercado argentino de telefonía móvil alcanza a unos 50 millones de líneas, diez millones más que la cantidad de habitantes de este país, en el cual Movistar compite con la mexicana Claro, Personal (de capitales argentinos e italianos) y la estadounidense Nextel.

Argentina mantiene en vilo a Repsol

El 2 de abril transcurrió de forma más pacífica de lo que se preveía. El día en que Argentina conmemoraba el 30º aniversario del inicio de la guerra de las Malvinas las expectativas de los medios locales no se centraron en las relaciones con Reino Unido, sino en la supuesta renacionalización de Repsol-YPF que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, podía anunciar este lunes en Ushuaia. Por los despachos de algunas autoridades circularon borradores de un proyecto de ley por el cual el Gobierno asumiría el control de más de la mitad de las acciones de la empresa. Pero aunque algunos medios argentinos informaron de que la presidenta anunciaría la nacionalización durante el discurso sobre la guerra perdida, finalmente Fernández se limitó a hablar de las Malvinas.

Tras apelar al diálogo con Reino Unido e indicar que el viernes solicitó a la Cruz Roja Internacional que le ayudase en la identificación de los caídos, Fernández dijo: “Todos merecen tener su nombre en una lápida y cada madre tiene ese derecho inalienable de enterrar a sus muertos”. Y añadió: “Es una injusticia que en pleno siglo XXI subsistan enclaves coloniales como los que tenemos aquí, a pocos kilómetros”.

Ni mencionó a la petrolera ni habló sobre el déficit energético que padece el país. Pero la batalla contra la mayor compañía española, y por tanto contra el Gobierno español, continúa.

El pasado 1 de marzo, durante el discurso que pronunció la presidenta con ocasión de la apertura del año legislativo, se esperaba también un anuncio de nacionalización. Pero Fernández también evitó entonces mencionar ninguna medida drástica. Parecía que una llamada del rey Juan Carlos y el viaje relámpago que emprendió a Buenos Aires el ministro de Industria español, José Manuel Soria, surtieron efecto aquella semana. Tal vez sí o tal vez no.

Pero el Gobierno argentino continuó después de aquel discurso hostigando a Repsol. Conminó a los gobernadores a que rescindieran contratos con Repsol-YPF, ellos obedecieron y el valor bursátil de la compañía siguió descendiendo en Wall Street como lo venía haciendo desde enero, cuando comenzaron las hostilidades contra la empresa. Y este lunes volvieron a caer sus acciones. En Argentina muchos analistas consideran que la estrategia de Fernández de Kirchner consiste en erosionar el patrimonio de la compañía lo suficiente como para que le sea factible comprar más del 50% de las acciones. Pero nada se sabe con certeza todavía.

En el último mes le han sido retiradas a Repsol-YPF varias áreas de explotación bajo el pretexto de que la empresa no invertía lo suficiente en ellas. La última medida de hostigamiento la efectuó el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, al anunciar el pasado fin de semana que pensaba retirar la concesión de Manantiales Behr, un yacimiento que, según Buzzi, concentra el 10% de la producción petrolera de todo el país.

Pocas voces o ninguna se han elevado desde los escaños de la oposición en el Congreso. Tampoco se ha manifestado en público ningún empresario. Cuando el Gobierno habla de recuperar la “soberanía energética nacional” sabe que está empleando palabras que despiertan el apoyo incondicional de la mayoría de los argentinos, como cuando se habla de las Malvinas.

Durante los más de cien años de historia de YPF, bajo la sombra de esas tres letras se construyeron hospitales, carreteras, escuelas y ciudades. En el imaginario colectivo ese nombre sigue asociada a un momento de la historia argentina en la que la firma YPF producía casi todo el petróleo que el país necesitaba. Pero la compañía se fue achicando año a año. En 1954 el propio Juan Domingo Perón llamaba “nacionalistas de opereta” a quienes se oponían a su privatización. Después, en los noventa, YPF arrastraba la fama de ser la única petrolera en el mundo que generaba pérdidas. Y cuando Repsol la compró en 1998, la operación contó con el apoyo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Ahora, Repsol ha accedido a dejar sus beneficios en el país, a invertirlos en recapitalizar la empresa. Pero Fernández quiere más, mucho más.

Los españoles votaron a la derecha y se quedaron sin derechos...

La agenda reformista de los 100 primeros días de Gobierno de Mariano Rajoy ha dado lugar a una batería de controvertidas medidas.

Reforma laboral:

  • Despido más barato. La reforma laboral abarata el despido por tres vías. Primera: la indemnización por despido improcedente del contrato indefinido ordinario se rebaja de 45 días por año trabajado a 33 días (y un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42). Segunda: el despido procedente por causas económicas (20 días de indemnización), cuya extensión ya había facilitado el PSOE en 2010, se facilita aún más: las empresas podrán usar esa modalidad de despido, la más barata, alegando nueve meses seguidos de caída de ingresos. Y tercera: se crea un nuevo contrato, con un periodo de prueba de un año (ahora es de seis meses) durante el cual se puede despedir sin indemnización.
  • Bajada unilateral de los salarios. Según el decreto ley, el empresario podrá rebajar los sueldos (y jornada) de los trabajadores de forma unilateral, ponga lo que ponga en sus contratos, con el único límite del suelo de salario que fije el convenio colectivo. Bastará con que el empresario avise con 15 días de antelación y alegue razones económicas, técnicas o de “competitividad”. Si el trabajador se niega, podrá ser despedido con una indemnización de 20 días por año.
  • ERE sin permiso administrativo. Los despidos colectivos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) no requerirán ya el permiso del Gobierno central o autónomo. Eso recortará los plazos y reducirá el margen de los sindicatos para negociar mejores condiciones. Además, la prórroga de los convenios vencidos se limita a un máximo de dos años; a partir de ese plazo, regirá el sectorial.

Alza fiscal:

Aumento temporal del IRPF para los ejercicios 2012 Y 2013 de entre el 0,75% y el 7% en función de los ingresos por rentas del trabajo y entre el 2% y el 6% para las rentas del ahorro.

Amnistía para los defraudadores:

Regularización fiscal para aquellos que no declararon rentas y lo quieran hacer ahora a cambio de pagar un 10% de lo defraudado.

Subida del impuesto de sociedades:

Aunque no se toca el tipo impositivo, se eliminan deducciones que suponían un ahorro fiscal muy importante para las empresas.

Recorte de gastos en los Presupuestos Generales del Estado para 2012:

Reducción de un 35% en los presupuestos del ministerio de Fomento (caída de la inversión en infraestructuras), eliminación de una partida (casi 300 millones de euros) de atención a dependientes destinadas a las comunidades autónomas; reducción a la mitad de los fondos de cooperación al desarrollo; rebaja de los fondos destinados a I+D; reducción del presupuesto de los ministerios un 16% de media; congelación salarial de los funcionarios; subida mínima de las pensiones (que en un porcentaje importante de pensionistas ha quedado neutralizada por la subida del IRPF, con lo que han perdido dinero respecto a 2011).

La amnistía fiscal es inconstitucional, según los inspectores de Hacienda

La amnistía fiscal que ha anunciado el Gobierno para que los particulares o empresas que hayan defraudado a Hacienda puedan blanquear su dinero negro, sacarlo a la luz, sin sufrir ningún castigo —pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— es “éticamente impresentable”, un “atentado contra el Estado de derecho” y, además, “contrario a la Constitución”. Lo dice la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que, según su portavoz, agrupa al 95% de los 1.500 inspectores de España.

El cuerpo de funcionarios responsable de perseguir el fraude —integrado también por más de 8.000 técnicos y subinspectores— teme que la amnistía fiscal —“regularización extraordinaria”, en expresión del Gobierno— debilite su trabajo y provoque un “derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario”. La campaña de la renta empieza este mes.

El artículo 31 de la Constitución dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Eso va radicalmente en contra de una política fiscal que “a los que pagan impuestos, se los sube” y, “a los que no, se los perdona”, sostiene la IHE en una nota. “La amnistía deslegitima al Estado a la hora de cobrar los impuestos. ¿Con qué cara vamos a ir nosotros ahora a reclamar a un ciudadano que no ha declarado una colaboración a una revista, o cualquier pago, cuando se está aprobando un perdón legal a los grandes defraudadores?”, inquiere un portavoz de la asociación. El PSOE también ha encargado un estudio jurídico para averiguar si la amnistía es constitucional.

Los funcionarios temen un “derrumbe” de la conciencia de los ciudadanos

Esta no es la primera amnistía fiscal que se aprueba en España. Antes, ya con la Constitución en vigor, hubo otras dos: en 1984 y 1991, ambas bajo Gobierno del socialista Felipe González. Desde la asociación de inspectores admiten que “no hay una diferencia fundamental entre aquellas dos amnistías y la de ahora”, aunque la del PP, aseguran, es “más brutalmente explícita, más clara”.

El PSOE argumenta, por su parte, que en aquel momento no existía la Agencia Tributaria (se creó en 1992) y se estaban poniendo las bases de “importantes cambios normativos y organizativos tributarios que aconsejaban que los ciudadanos pudiesen ponerse al día”. Aquello fue un “mensaje contundente de última oportunidad” para los defraudadores antes de instaurar el moderno sistema fiscal español, señalan fuentes del PSOE. La amnistía del PP en 2012 es “una medida muy injusta que roza lo inmoral”, dijo ayer Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido. “Son momentos diferentes. Con la creación de la Agencia Tributaria se puso el contador a cero”, alegó.

El PSOE alega que sus regularizaciones se hicieron antes del actual sistema fiscal

Hace dos años, en 2010, Hacienda fue informada por Francia de la existencia de cientos de cuentas opacas de españoles en el banco HSBC en Suiza. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero instó a sus titulares —incluido Emilio Botín, presidente del Banco Santander— a que regularizaran su situación. En ese caso, también hubo un trato de favor, que consistió en avisar a esos defraudadores para que hicieran una declaración a posteriori y eludir así otras sanciones y el castigo penal pagando un recargo, explican desde la IHE (aunque el caso de Botín sí acabó al final en los tribunales). “Pero al menos no se perdonaron impuestos. Ya entonces dijimos que aquello rozaba la amnistía fiscal, porque a nadie se le avisa de esas operaciones. Fue bochornoso, pero está claro que todo se puede superar...”, se lamenta el representante de la asociación.

Los inspectores preguntan también cómo se evitará que el Gobierno acabe blanqueando dinero del narcotráfico u otras actividades criminales —“aunque se exija que se aclare la procedencia del dinero, ¿se va a comprobar que lo que se dice es verdad?”—, y temen que haya incluso quien quiera acogerse a la amnistía haciendo pasar por dinero negro lo que no lo es, para pagar solo un 10%. “Dice el Gobierno que va a ingresar 2.500 millones. Pero los efectos negativos, a corto y a largo plazo, de una medida que infringe el principio rector de la fiscalidad en España, ¿cómo se computan?”.

Las Diputaciones vascas se niegan a aplicar el perdón a los defraudadores

PEDRO GOROSPE, Bibao

No estaban obligadas a hacerlo, pero en tiempos de recaudaciones a la baja, podrían haber mirado para otro lado. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, del PNV, abanderó ayer la frontal oposición de los nacionalistas a aplicar la amnistía fiscal de Rajoy, que calificó de “eufemismo” para “blanquear capitales” de manera oficial.

Aunque la competencia exclusiva de las Diputaciones vascas para regular IRPF y Sociedades ha hecho que a veces adopten medidas al límite de la legalidad, como los pagarés forales en la década de los noventa, o las actuales sociedades de promoción de empresas (SPE), y la han sobrepasado claramente en otras, como las vacaciones fiscales —rebajas en el impuesto de sociedades consideradas ayudas ilegales de Estado por la UE—, Bilbao se negó ayer a perdonar a los defraudadores por motivos de “ética y conciencia”.

“No da igual” que su dinero “proceda de la droga, del tráfico de armas o del pelotazo inmobiliario. No vale todo”, dijo el diputado, pese a que extender la medida le podría haber supuesto a Euskadi unos 156 millones de euros, que salen de aplicar el 6,24% —el teórico peso que se atribuye a la economía vasca en el concierto nacional— de los 2.500 millones que estima recaudar Rajoy.

La negativa de las Diputaciones vascas se extiende a regularizar los beneficios de las filiales —ubicadas en paraísos fiscales— de empresas españolas en caso de que decidan repatriarlos, con un único pago del 8%.

La postura de Bilbao y del PNV cierra la puerta a que Bizkaia y Álava apliquen la medida. En Bizkaia el PNV tiene mayoría absoluta y, aunque en Álava gobierna el PP, lo hace en minoría, y sin el apoyo del PNV —el PSE también la rechaza— no puede aplicarla. En la Diputación de Gipuzkoa, la coalición abertzale Bildu, que gobierna con mayoría, tampoco la va a aplicar.

Con esta medida, el PNV se aleja del PP en Euskadi, pese a que ha sido su aliado en materia fiscal para frenar la reforma tributaria del lehendakari.