tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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sábado, 27 de abril de 2013

DEPORTES EN VIVO POR AUGIRONA


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Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2013

somoslibres.org


El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre FLISoL es el evento de difusión de software libre más grande en la región que desde 2005 lo promueve dando a conocer aspectos como su filosofía, alcances, avances y desarrollo.

Desde el año 2008 se adoptó su realización simultanea el cuarto sábado de abril de cada año, en esta ocasión será el 27 de abril, fecha en la que diversas comunidades locales de software libre a lo largo y ancho de Latinoamérica -20 países y más de 200 ciudades- organizan eventos en los que se instala -gratuita y totalmente legal- software libre en las computadoras que llevan los asistentes.

El encuentro es organizado por la Comunidad de Software Libre en Latinoamérica, conformada por personas y grupos de diversa índole y el apoyo de entidades principalmente educativas, además de algunos patrocinadores de los eventos en cada localidad.

FLISoL 2013 ofrece charlas, ponencias y talleres sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al software libre y sus expresiones: artística, académica, empresarial y social.

El evento es propicio para un gran espectro de público que incluye estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y personas que no poseen muchos conocimientos informáticos.

Las personas interesadas en asistir y participar de este encuentro pueden consultar en el siguiente enlace si sus ciudades se encuentran dentro de la fiesta de instalación del software libre: Ciudades sedes del FLISoL 2013.

También se puede consultar la información y ciudades que se unen a esta fiesta en países como Argentina, Chile, Brasil, México y Perú.

WikiLeaks revela cómo EE UU utiliza las ONG como instrumento de intervención



Traducción por S. Seguí para Rebelión


Los telegramas transmitidos por el exembajador de EE.UU. en Venezuela William Brownfield, filtrados por WikiLeaks, muestran el papel de respaldo de dicho embajador a grupos de la oposición opuestos al gobierno de Venezuela.
En la semana previa a las elecciones presidenciales venezolanas del 14 de abril, WikiLeaks publicó un telegrama clasificado en el que se indicaba que organizaciones de ayuda basadas en Estados Unidos estaban colaborando para derrocar al Gobierno y defender los intereses de las empresas estadounidenses en el país andino.
El telegrama, enviado desde la embajada de EE.UU. en Caracas en noviembre de 2006, detalla cómo docenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) reciben financiamiento del gobierno de EE.UU. por intermedio del organismo oficial para el desarrollo USAID (US Agency for International Development) y de la Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives - OTI). Este operativo incluye “más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana”, que van desde defensores de los discapacitados a programas educativos.
Muchas de las iniciativas tienen un cariz aparente bien intencionado, como las de apoyo a un grupo de presión medioambiental y a un programa de recogida de basura en Caracas.
Sin embargo, el apoyo de USAID/OTI a estos grupos de aspecto tan benévolo forma parte de un proyecto más amplio que tiene cuatro vertientes.
El citado exembajador en Venezuela, William Brownfield, describe los objetivos últimos de la Embajada, a saber: “la infiltración en la base política de Chávez... la división del chavismo... la protección de los intereses vitales de EE.UU... [y] el aislamiento internacional de Chávez.”
Según Brownfield, el “objetivo estratégico” de desarrollar “organizaciones de la sociedad civil [sic] alineadas con la oposición... representa la mayor parte del trabajo de USAID/OTI en Venezuela.”
Sin embargo, entre las docenas de grupos mencionados en el documento, aparecen también los sospechosos habituales del universo intervencionista estadounidense.
Según el documento, la OTI ha financiado con 1.100.000 dólares un programa de Freedom House en Venezuela, mientras que Development Alternatives Inc. (DAI) concedía a ésta subvenciones por un total de 726.000 dólares en nombre propio.
DAI tiene un largo historial de actividades destinadas a socavar a los gobiernos que se oponen a la hegemonía de EE.UU., y no es la primera vez que sus operaciones en Venezuela han planteado interrogantes.
En 2002, DAI colaboró con la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy – NED) en la financiación de una campaña de propaganda de la extrema derecha, durante el cierre patronal de la industria petrolera de 2002, dirigido a derrocar al Gobierno de Chávez.
Estos grupos están ahora siendo demandados por la familia de un subcontratista que fue encarcelado en 2009 mientras operaba en Cuba.
Alan Gross estaba trabajando en una iniciativa de USAID para instalar sistemas de comunicación por satélite para uso civil, cuando fue arrestado por las autoridades cubanas por “actos contra la integridad del Estado”, y ahora cumple una pena de prisión de 15 años.
Su esposa, Judy Gross acusa a DAI de haberlo engañarlo y de no proporcionarle una formación adecuada.
Documentos divulgados por la DAI ante el tribunal indican sin lugar a dudas que la iniciativa de USAID y DAI presentaba aspectos más oscuros que los admitidos en un primer momento.
El 18 de enero, DAI presentó documentación relativa al caso que demuestra que se estaban facilitando equipos de comunicaciones a las comunidades a fin de “proporcionar una base desde la que los cubanos pudieran desarrollar visiones alternativas del futuro.”
En su presentación ante la Corte, DAI dijo también que le causa “profunda preocupación que el desarrollo de este dosier durante la resolución de este litigio pudiera crear riesgos significativos para la seguridad nacional del Gobierno de los EE.UU. nacional, su política exterior y sus intereses en los derechos humanos”.
En otras palabras, la DAI prefiere mantener en secreto su programa en Cuba, porque la seguridad nacional tiene prioridad sobre un subcontratista encarcelado.
Como DAI, Freedom House prioriza las preocupaciones geopolíticas de Estados Unidos por encima de los derechos humanos.
Algunas de las pasadas hazañas de Freedom House incluyen su apoyo a la guerra de Vietnam, su oposición a las iniciativas de integración de EE.UU. en la Corte Penal Internacional, su no condena de Guantánamo y su recepción de fondos de grupos de extrema derecha, como el Lynde & Harry Bradley Foundation.
Sin embargo, donde Freedom House realmente muestra su excelencia es cuando se trata de interferir en las elecciones, como en 2004 en Ucrania.
Durante la campaña presidencial de Ucrania, Freedom House administró fondos de la Iniciativa de Cooperación Polonia-América-Ucrania (PAUCI, por sus siglas en inglés), que supuestamente financió grupos que hicieron campaña a favor del candidato presidencial Victor Yushchenko.
En ese momento, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. Richard Boucher, respondió a las acusaciones de que se estaban encaminando fondos públicos a la campaña de Yushchenko con las siguientes declaraciones a los medios de comunicación: “Nuestro dinero no va a manos de los candidatos. Se distribuye a las instituciones necesarias para llevar a cabo una elección libre y justa.”
Una de estas ONG financiadas por Estados Unidos era el Centro Internacional de Estudios Políticos, del cuya junta era miembro Yushchenko.
Cuando Brownfield escribió el cable de 2006 ahora revelado, Freedom House contaba con una financiación de 1.100.000 dólares en fondos de USAID/OTI para desarrollar su juego en Venezuela.
Según su sitio web, Freedom House sigue operando en Venezuela a efectos de “reforzar las instituciones democráticas con el fin de mejorar la gobernabilidad democrática.”
Entre sus actividades más recientes se incluye su oposición a los fallos de la Corte Suprema de enero y marzo.
En ambas ocasiones, Freedom House regurgitó acríticamente las interpretaciones de la Constitución de Venezuela que efectuaba la principal coalición de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Al igual que en las elecciones de Ucrania 2004, parece que Freedom House ha decidido centrar sus esfuerzos en el apoyo a su candidato preferido, en lugar de perseguir su objetivo declarado de “reforzar las instituciones democráticas.”
Como se ilustra en el documento de WikiLeaks, la relación entre la Embajada de EE.UU. en Caracas y grupos como Freedom House y DAI es estrecha.
En 2007, Brownfield fue acusado por el gobierno de Hugo Chávez de interferir en los asuntos internos de Venezuela. El 5 de marzo del presente año, el día en que Chávez fallecía, dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos fueron expulsados ​​después de que el gobierno los acusara de tratar de fomentar otro golpe.
No hay duda de que existe un imperativo común para poner fin a la revolución, ya sea a través de la violencia o de las aparentemente inocentes actividades de la “sociedad civil”.
Aunque los métodos varían, hay una constante en el enfoque de Washington hacia Venezuela: conseguir el cambio de régimen a toda costa y regresar a la relación neocolonial de los años anteriores a Chávez.

La ‘paranoia’ de los marqueses del ruido


Son las seis y media de la mañana. En la imagen, se ve claramente a una mujer con el cabello recogido en una coleta baja. Está en el patio interior de un bloque de pisos. Precavida, mira a los lados, coge una especie de palo larguísimo y con él presiona la persiana de una de las ventanas del segundo piso. Sube todo lo que puede las varillas y las deja caer, hasta que golpean contra el alféizar. Luego con agilidad deja el palo y se marcha por el bajo del que ha salido.
La mujer de la coleta es Mercedes Carandini, marquesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) grabada por un detective privado. Durante el juicio negó “tajantemente” ser la de las imágenes. Una sentencia del juzgado de lo penal 28 de Barcelona condena a Carandini y a su marido Javier Fontcuberta a dos años y un mes de prisión por un delito continuado de coacciones a sus vecinos del segundo piso entre los años 2005 y 2009, a los que sometieron a todo tipo de ruidos en las horas de descanso. La condena les obliga a ingresar en prisión.
Los marqueses vivieron obsesionados durante casi una década con la idea de que los moradores del segundo piso del número 31-33 de la calle de Doctor Carulla, en Barcelona, les habían expuesto a radiaciones electromagnéticas con el objetivo de echarles de su casa. Tanto es así que el matrimonio denunció a Roberto Sont y Cristina Colomer en el año 2003.
Entonces el juez investigó, bajo secreto de sumario, si las cefaleas, los pitidos en los oídos, las taquicardias, la presión en la cabeza y el ahogo que relataban los marqueses estaban provocados por aparatos colocados por sus vecinos. También denunciaron que la televisión y la radio se encendían solas y que por el altavoz se oían voces extrañas amenazantes y pitidos. Incluso que el teléfono tenía un comportamiento anormal.
Nunca había visto nada igual, aseguró el policía que registró la casa
El 1 de diciembre de 2003, una comitiva judicial irrumpió en el piso del matrimonio Sont-Colomer. A las ocho de la mañana, y en presencia de sus cinco hijos, registraron la vivienda, en una de las zonas más lujosas de la ciudad catalana. Pero allí no había nada. El juzgado entonces archivó la denuncia, pero eclosionó una “evidente animadversión mutua entre los vecinos enfrentados”, que terminó en una segunda denuncia, esta vez de la familia Sont-Colomer, y un segundo registro, esta vez en el primer piso.
Los marqueses, aconsejados por especialistas en daños causados por ondas, habían acorazado su vivienda. El matrimonio tenía al menos cuatro inhibidores, situados a los pies de la cama y en las ventanas. Dentro de un armario ropero colocaron un radiocasete con las salidas de audio de los altavoces pegados y enfocados hacia el techo y el volumen al máximo. Un cable les permitía accionarlo desde abajo. En el baño, instalaron también una minicadena musical, con el mismo sistema. Y colgando de un falso techo, dispusieron tres sirenas más que podían activar manualmente, según recoge la sentencia

El policía que registró el inmueble aseguró en el juicio que en sus 38 años de experiencia nunca “había visto algo igual”. Los marqueses habían pergeñado un sistema que garantizaban la falta de descanso de sus vecinos. Cuando oían llegar al matrimonio Sont-Colomer, activaban el engranaje de alarmas y ruidos. “Era verdaderamente insoportable y perjudicial para todos. Cambió su vida familiar y social. No podían invitar a sus amigos a casa porque siempre empezaban a sonar ruidos molestos a lo largo de la comida o de la sobremesa”, explica la letrada del matrimonio, Ana Costa. Ellos han declinado hablar con este diario porque desean cerrar cuanto antes este capítulo de su vida.
Un día cualquiera en el que la familia Sont-Colomer encargó mediciones, el resultado fue: ruidos a las 4.20 de la madrugada, a un nivel de 46,2 decibelios; al día siguiente, los ruidos comenzaron pasadas las seis de la mañana y alcanzaron los 52 decibelios (segun la OCDE, en el interior de las viviendas no pueden emitirse más de 35 decibelios nocturnos). Las alarmas podían sonar en cualquier momento, a las cuatro, las cinco, las dos, las tres o las seis de la madrugada...
Los marqueses batallarán de nuevo para evitar la cárcel. La familia Sont-Colomer seguirá su cruzada hasta el final.
Pero el asedio no se quedó solo en eso. El enfrentamiento derivó en insultos, gritos y desperfectos. Sont incluso evitaba ir a recoger solo el coche en el aparcamiento por temor a encontrarse a la marquesa Carandini en el camino, que le gritaba “cabrón”, según recoge la sentencia, que condena a la noble señora además a indemnizarle con 600 euros por una falta de injurias.
El fallo destaca que incluso en el caso de que la marquesa sintiese un “miedo insuperable imaginario” a las radiaciones, eso no justifica “la emisión de ruido por golpes, música a todo volumen, sirenas activas por interruptores manuales y no por detección de intrusos y todo ello en horas de descanso”. Una situación realmente insostenible, pero que no llevó a ceder a ninguna de las partes. “Mis clientes estuvieron buscando vivienda en varias ocasiones, pero no era fácil, por el precio y porque sabían que estaban vendiendo un piso envenenado”, explica Costa.
Los marqueses han preferido guardar silencio y su abogado ha declinado expresar su opinión sobre el conflicto vecinal.
El matrimonio Sont-Colomer dio el paso de denunciar después de que Roberto sufriese un infarto en 2007. “Aunque no se puede probar que fuese debido a la situación creada, está claro que contribuyó”, asegura su abogada. El 13 de enero de 2009, de nuevo una comitiva judicial se plantó en el número 31-33 de la calle de Doctor Carulla. Un mes después desaparecieron las sirenas, los ruidos y la música, y con ellos, los marqueses, que abandonaron la que había sido su casa durante años.
Hoy el primer piso de la calle de Doctor Carulla está cerrado a cal y canto. Los vecinos del inmueble no quieren dar detalles de lo ocurrido. Los del tercero sufrieron durante años la situación, incluso un día, uno de ellos, Bernd-Richard F., le recriminó al marqués el calvario que les estaban haciendo vivir y le invitó a entrar en su casa para que sintiese en sus propias carnes la tortura de los ruidos. El marqués le puso solución: llamó desde el piso de los vecinos a la marquesa y le dio instrucciones de reducir el “volumen hasta poder evitar el ruido en el tercer piso, obviamente no en el segundo”, recoge la sentencia.
Los marqueses, sin embargo, se han librado de ser condenados por un delito medioambiental con graves consecuencias para la salud. El juez no considera probado el origen de las grabaciones que la familia Sont-Colomer realizó en su casa. Aunque tampoco se ha creído la tesis planteada “torticeramente” por la defensa de que podían deberse a la “caída accidental y rotura de un vaso, tirar de la cadena o un tropezón”. Algo que posiblemente volverá a discutirse. El fiscal, que pedía cuatro años de prisión, recurrirá la sentencia. Los marqueses batallarán de nuevo para evitar la cárcel. La familia Sont-Colomer seguirá su cruzada hasta el final.

La Policía asegura que la falsificación de juegos y software supera a la de películas

La imitación o falsificación de programas, juegos y software informático ha superado a la copia y falsificación de obras audiovisuales y cinematográficas, según ha informado este viernes la Policía Nacional, que durante el año pasado detuvo a 270 personas por delitos contra la propiedad intelectual.
Por un lado, las unidades centrales especializadas en la investigación de los delitos relacionados con la copia ilegal o la falsificación de obras audiovisuales, literarias o informáticas detuvieron en 2012 a algo más de un centenar de personas en las 57 investigaciones desarrolladas a lo largo del año.
Por otro, las operaciones efectuadas por los grupos de las plantillas territoriales culminaron con 164 arrestados, casi un 50% menos que en 2011, año en el que se detuvo a 317 individuos por delitos contra la propiedad intelectual.
Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la Policía ha recordado que el artículo 270 y siguientes del Código Penal tipifican aquellas conductas que vulneran de derechos de propiedad intelectual y que suponen un fraude a la sociedad en su conjunto. Estas infracciones, ha advertido, perjudican a los creadores y ocasionan cuantiosas pérdidas al sector de las industrias culturales, con la consiguiente destrucción de empleo.

Dos grupos especializados

La Policía Nacional dispone de dos grupos especializados en este tipo de investigaciones: el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Brigada de Delincuencia Especializada de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Central y el Grupo Antipiratería de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), adscrito a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central, que investiga las acciones cometidas a través de Internet.
Este grupo de la BIT ha detectado en el último año un incremento en la imitación o falsificación de programas, juegos y software informático, que ha superado a la copia y falsificación de obras audiovisuales y cinematográficas. Los ciberagentes han alertado además de que la descarga de estas copias piratas desde la red puede conllevar la introducción en el ordenador de virus, troyanos y programas espías.

Operaciones en marcha

Durante el primer trimestre de este año, el Grupo Antipiratería de la BIT ha concluido siete operaciones sobre delitos contra la propiedad intelectual y ha detenido a siete personas. Asimismo, se han iniciado otras 13 operaciones que están en marcha.
Entre las operaciones más relevantes efectuadas durante 2012 destaca la realizada contra un 'kiosco' virtual que ofrecía todo tipo de publicaciones (periódicos, revistas y suplementos), tanto españolas como extranjeras, y que obtenía con ello unos beneficios económicos superiores a los 120.000 euros anuales.
La organización desmantelada disponía de un grupo de trabajo en Ucrania dedicado a la búsqueda de publicaciones originales para su posterior alojamiento en servidores virtuales. Esta página web había llegado a convertirse en una plataforma ilícita paralela a las editoriales originales y permitía el visionado completo de la obra sin la autorización de sus titulares, llegando a registrar un volumen de visitas diarias que podría superar el millón de usuarios.
En julio de 2012 concluía la operación 'Telenovela II', que investigó la comercialización a través de Internet de telenovelas sin la preceptiva autorización de sus legítimos titulares. Agentes de la Policía Nacional lograron desmantelar cuatro centros de producción de copias piratas de telenovelas y arrestaron a cinco personas. Las falsificaciones se comercializaban en España y en el extranjero a través de Internet y los compradores las pagaban contra reembolso en su domicilio.
En cuanto a operaciones policiales contra la falsificación física (no en la red), destaca la denominada 'Turmalina', que concluyó con la incautación en Murcia de más de 20.000 CD y DVD falsificados. Siete personas fueron detenidas y se registraron cinco viviendas utilizadas como domicilio, local de grabación, punto de almacenaje o "supermercado" para la distribución. Los agentes intervinieron 13 torres con un total de 144 unidades de grabación que funcionaban sin descanso las 24 horas.

Contenidos inapropiados

Según la Policía, la descarga de obras cinematográficas, musicales, literarias o software que se ofrecen en Internet vulnerando los derechos de propiedad intelectual puede conllevar algunos peligros para los usuarios ya que es una de las formas más comunes para la introducción de virus, troyanos, archivos infecciosos o programas espías.
Otro de los perjuicios que el internauta se puede encontrar al realizar descargas ilegales es lo que se denomina 'fake', es decir, descargarse un archivo que realmente no es el que esperaba o que esconde contenidos inapropiados.
Para evitar este tipo de riesgos, la Policía aconseja adquirir productos originales por las diferentes vías reglamentadas que existen, instalar un antivirus actualizado y no ejecutar archivos descargados que no hayan sido analizados.

La explosión de la planta de fertilizantes de West, Texas Las víctimas que los medios ignoraron


Democracy Now!

La Maratón de Boston y sus repercusiones han acaparado la atención de los medios de Estados Unidos. Sin embargo, otra serie de explosiones ocurridas dos días más tarde, y en las que el número de víctimas mortales fue cuatro veces mayor, tuvo mucho menos cobertura mediática. Fue el peor accidente industrial en años, aunque llamarlo accidente no tiene en cuenta que era evitable y que posiblemente se trate de un acto negligente, como suele suceder en muchos lugares de trabajo peligrosos.
La primera llamada al 911 llegó a las 7:29 de la tarde del miércoles 17 de abril. Una mujer que se encontraba en una plaza de juegos vio un incendio del otro lado de las vías del tren, en las instalaciones de la empresa West Fertilizer Co., en la pequeña localidad de West, Texas, cerca de Waco. Acto seguido, el departamento local de bomberos voluntarios se movilizó. Menos de 25 minutos más tarde, una enorme explosión sacudió la planta y causó ondas de choque, escombros y fuego en toda la localidad de West, provocando la muerte de 15 personas, entre ellas un médico del servicio de emergencias, ocho bomberos voluntarios y un jefe de bomberos de Dallas que estaba visitando a sus hijos y se sumó al esfuerzo de los bomberos.
El sistema de radio de emergencias recibió la siguiente llamada: “Necesitamos todas las ambulancias posibles en este momento. Acaba de explotar una bomba aquí dentro. La situación es muy grave. Muchos bomberos están en el suelo”.
Mujer: “Hay bomberos caídos. Reitero, hubo una explosión. Hay bomberos caídos”.
A esta siguió otra llamada, en la que se sentían quejas en el fondo: “La residencia de ancianos ha sufrido daños graves. Hay muchas personas inconscientes. Por favor, envíen ayuda”.
Se formó una nube en forma de hongo en el cielo. La explosión fue de una magnitud de 2,1 en la escala de Richter, equivalente a un pequeño terremoto. Las llamadas al 911 no dejaban de llegar. La gente denunciaba que había estallado una bomba, que muchos estaban heridos y otros envueltos en una nube tóxica. Entre 60 y 80 casas fueron sacudidas por la explosión.
Una semana más tarde, con el incendio extinguido y la mayoría de los funerales ya realizados, hay importantes preguntas que permanecen sin respuesta. Un equipo de unas 70 personas está investigando la fuente de la explosión. Reuters informó el sábado que la planta albergaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio, es decir 1.350 veces la cantidad mínima por la que una planta está obligada a informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS , por sus siglas en inglés) acerca de sus reservas. El nitrato de amonio es un fertilizante utilizado en la agricultura industrial a nivel mundial y es estable cuando se lo almacena en forma adecuada. Es muy inflamable si entra en contacto con el fuego, especialmente cuando se mezcla con combustible, como lo demostró Timothy McVeigh, autor del atentado de 1995 contra el edificio federal Murrah en Oklahoma City. La empresa West Fertilizer Co. nunca informó al Departamento de Seguridad Nacional acerca de sus niveles de almacenamiento de nitrato de amonio.
Este requisito se fundó en la preocupación de que posibles terroristas roben nitrato de amonio. Hay otros organismos federales y estatales que están a cargo de controlar las plantas de fertilizantes, las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y los lugares de trabajo en general. Sin embargo, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA , por sus siglas en inglés) inspeccionó las instalaciones de West Fertilizer Co. por última vez en 1985. Un informe de una inspección presentado en junio de 2011 a la Agencia de Protección Ambiental enumeraba el almacenamiento de 24.000 kg. de amoníaco anhidro, un fertilizante diferente, pero se afirmaba que no presentaba ningún riesgo grave.
La explosión de la planta de West Fertilizer sucedió apenas un día después del 66° aniversario del llamado “desastre de la ciudad de Texas”, considerado como el peor accidente industrial en la historia de Estados Unidos. Dos mil trescientas toneladas de nitrato de amonio destinado a Francia como parte del Plan Marshall para la reconstrucción y ayuda de Europa se prendieron fuego a bordo del buque SS Grandcamp. La explosión que ocurrió a continuación dejó un saldo de al menos 581 muertos y 5.000 heridos, y destruyó 500 hogares. Cabría pensar que Texas es sensible a los riesgos potenciales de este peligroso químico. Sin embargo, el gobernador Rick Perry le dijo a Associated Press: “[La población], a través de la elección de sus representantes, envió un claro mensaje de conformidad con el nivel de supervisión”. Recientemente, Perry elogió las normas ambientales de Texas, extremadamente laxas, en su intento de atraer a empresas de estados como California e Illinois a instalarse allí.
El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se celebra la Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados. En Estados Unidos, en honor a las 4.500 personas que mueren cada año en el país en su lugar de trabajo. En promedio, trece trabajadores van a trabajar cada día y nunca regresan. Tom O’Connor, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sostuvo: “mientras las empresas critican las normas y priorizan las ganancias por encima de la seguridad, los trabajadores son los que pagan el precio”.
En la explosión en West, Texas, murieron trabajadores, socorristas, jubilados y vecinos. Muchas personas mueren o resultan heridas a diario en Estados Unidos debido a que los lugares de trabajo no cumplen con las normas de seguridad, pero esto parece tolerarse como el precio que hay que pagar para desarrollar una actividad comercial. El gobernador Perry declaró a West área de desastre y pidió que se rezara por las víctimas. Eso no es suficiente. Como dijo la legendaria sindicalista Mary “Mother” Jones: “Recen por los muertos y luchen a muerte por los vivos”.