tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 16 de febrero de 2014

Árbitro y ‘sheriff’ contra la piratería

Los titulares se los llevaron los de siempre (Google, las entidades de gestión, las webs de enlaces, los secretarios de Estado…), aunque el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que pasó el viernes por el Consejo de Ministros, contase con un protagonista tapado, como esos secundarios que acaban robándole el plano a la estrella cuando menos se lo espera. La entidad administrativa sobre la que más funciones nuevas han recaído con este cambio legislativo es la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Su nombre no resulta precisamente sexi, pero si el texto pasara el trámite parlamentario tal cual, el órgano colegiado, dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por cuatro vocales, “profesionales de reconocido prestigio” y no necesariamente funcionarios, pintaría mucho en la propiedad intelectual.
La Sección Primera es la llamada a mediar si los agregadores de noticias (Google News y el resto) no llegan a un acuerdo sobre el concepto y el alcance de la ya famosa “compensación equitativa” a los editores de contenidos. O si las entidades de gestión no logran en el plazo legal previsto de cinco meses crear un organismo privada que sirva de ventanilla única a los usuarios de contenidos sujetos a derechos de autor. También tiene el mandato de controlar las tarifas que imponen las entidades de gestión, aunque esa labor quedará mermada por el hecho de que no pueden efectuar esa supervisión por iniciativa propia, sino solo cuando medie conflicto.
La Sección Primera intervendrá en las tarifas solo en caso de conflicto
Una de las objeciones más recurrentes que se escucha estos días entre los afectados por la ley es si el órgano no acabará tomando demasiado protagonismo, cuando no resultará sepultado por una montaña ingobernable de trabajo. También, si sus nuevas atribuciones no serán más propias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. “Los miembros de la Sección Primera son expertos en derechos de la propiedad intelectual”, justificó Lassalle. “Hasta ahora todo lo decidían las entidades de gestión sin ningún control por parte del ministerio. Este cambio supone más seguridad jurídica. Todo ello contribuirá a vencer el recelo social hacia las entidades”.
No es ese el único recelo que, según fuentes de la industria cinematográfica, ha preocupado a los redactores de la ley. La aspiración de endurecer la persecución contra la piratería, otra de las “medidas estrella” del proyecto, obedecería a la presión (una vez más) de la industria estadounidense. Chris Dodd, lobbysta de reputada trayectoria y consejero delegado de la MPAA (algo así como la patronal de Hollywood), se reunió en noviembre, siempre según esas fuentes, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para trasladarle (de nuevo) la preocupación de la Administración de Obama por el problema de la piratería en España, una inquietud que también abordó el presidente de EE UU en su encuentro con Rajoy. En el horizonte está la divulgación anual de la lista 301, que elabora la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) con la intención de afear la conducta de “los países más piratas”. España se salvó el año pasado de reingresar en ella.
En el horizonte está la publicación de la nueva ‘lista 301’ de países más ‘piratas’
Las nuevas normas podrían evitar el bochorno en este 2014, confían en Cultura. Para que las buenas intenciones se conviertan en hechos la Secretaría de Estado ha prometido más recursos para la Sección Segunda, que adquiere ahora un protagonismo inédito en la legislación española en la lucha contra la piratería cultural.
En el punto de mira estarán las webs de enlaces, que desarrollan una “labor activa y no neutral”. Y si bien no alojan contenidos sujetos a derechos de autor, sí guían a otras páginas que los alojan masivamente con fines de lucro. A partir de ahora, la comisión dispondrá de una vía civil más rápida para identificar a los responsables de esas webs.Llegado el caso, también podrá imponer sanciones, que van de los 30.000 euros a los 300.000, aunque, según aseguraron fuentes de la Secretaría de Estado, casi nunca se llegará a esos extremos. La mayor parte de los expedientes abiertos por la comisión acaban con la retirada del contenido vulnerador de la propiedad intelectual denunciado; cuando el infractor recibe un primer aviso rara vez ceja en su empeño. De las 404 solicitudes aceptadas en sus dos años de vida, 152 acabaron en retirada de los enlaces, a cinco páginas con dominio .es se les canceló este y 16 cerraron completamente.
Para los más contumaces, la ley prevé medidas nuevas, como la posibilidad de multar a quienes se anuncien o cursen pagos electrónicos para las páginas web infractoras y se nieguen a colaborar en el estrangulamiento del negocio. Solo en última instancia, se podría llegar al “bloqueo del servicio por parte de los proveedores de Internet”. A estas medidas hay que añadir la reforma en curso del Código Penal, que prevé penas de hasta seis años.

¿Y cómo quedan los usuarios?

Ha sido norma en la regulación española en materia de protección de la propiedad intelectual y el anteproyecto que ahora pasa a su tramitación parlamentaria no es una excepción. Las medidas de lucha contra la piratería contempladas en el articulado no se dirigirán en ningún caso contra los usuarios.
¿Cambiará eso en el futuro? No, garantizó el viernes durante una entrevista con este diario José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura.
¿Quiénes serán perseguidos por la nueva LPI? Aquellos que masivamente y con finalidad lucrativa faciliten sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. También, aquellas webs de enlaces dedicadas a enseñar el camino a páginas que alojen contenidos fraudulentos, como los llamados ciberlockers, que no pueden ser perseguidas pues tienen residencia legal en el extranjero. En todos los casos, para merecer persecución el resultado de esas acciones tienen que suponer una vulneración significativa y a gran escala de los derechos de autor.
¿Se irá contra los internautas por compartir enlaces fraudulentos? No, si se entiende que no concursa el ánimo de lucro ni se causa perjuicio económico. Se entiende que en esos casos la labor del usuario no es activa, sino neutral.
¿Habrá que pagar a los editores por compartir noticias en las redes sociales? No. Los agregadores de noticias están obligados a remunerar a los editores, pero los motores de búsqueda, no, porque se entiende que ofrecen un menú de enlaces en una labor de mera intermediación técnica. Poner un enlace en Facebook o Twitter se asimila a ese supuesto.

Las elecciones europeas tienen efectos secundarios

“¿Sabes ya algo, Miguel?”, le preguntó un diputado socialista a Miguel Arias Cañete el pasado miércoles antes de que este compareciera en el Congreso. “No me han dicho nada todavía, pero tengo todas las papeletas”, le vino a contestar el ministro de Agricultura. Al acabar la comparecencia, Cañete avivó aún más las especulaciones sobre su posible candidatura a las elecciones europeas porque se empeñó en hacerse fotos con los diputados que forman parte de la Comisión de Agricultura, casi dando a entender que sería la última vez que acudiría en su condición de ministro. Sobre él recaen todas las miradas en el PP para encabezar la lista europea, pero Mariano Rajoy mantiene su silencio, sin dar pistas sobre su decisión.
La capacidad de decidir en solitario del presidente del Gobierno ha quedado acreditada esta semana con su dedazo sobre Juan Manuel Moreno para encabezar el partido en Andalucía, puenteando hasta a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. “Ni Aznar en sus mejores tiempos”, sostiene un veterano dirigente del PP para referirse a esa autoridad de Rajoy.
Si Cañete es el elegido, Rajoy tendrá que hacer el primer cambio en su Gobierno desde diciembre de 2011 y está por ver si afecta solo a Agricultura. El 25 de febrero se celebra el debate sobre el estado de la nación y el 6 de marzo se reúne en Dublín el Partido Popular Europeo (PPE). Es decir, en ese intervalo de tiempo el PP debería presentar su cabeza de lista, aunque técnicamente podría esperar hasta finales de abril.
Antes de que al actual portavoz en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, anunciara su retirada de la carrera europea, un sector importante del partido presionaba a Rajoy para que nombrara ya al aspirante. Pero ahora el escenario ha cambiado. Ya no hay tanta prisa, a pesar de que el PSOE haya movido ficha esta semana con la propuesta de Elena Valenciano como candidata para las europeas, dando idea de cuál es su apuesta. Porque la posible candidatura de Mayor Oreja era un foco de tensión interna que la dirección del partido tenía que resolver con celeridad. Y porque casi todos en el PP dan por hecho, salvo sorpresas, que Rajoy y la dirección apurarán los tiempos.
Varios cargos consideran que esta estrategia ofrece una mala imagen del partido con vistas al congreso del PPE cuando la práctica totalidad de las formaciones hermanas en Europa ya tienen candidato. Aun así, muchos minimizan el impacto de Valenciano y consideran que esperar hasta el final tiene sus ventajas. “Cuando llegue el próximo gallo, en el corral todos se olvidarán del que estaba y empezarán a hablar del nuevo”, resume un miembro del Comité Ejecutivo. “Que Valenciano aproveche este momento”. Mientras tanto, el PP, preocupado por las encuestas y el clima de división interna, ha dejado claro esta semana cuál va a ser uno de los ejes de su precampaña. Esto es, fijar un enemigo común. Y ese enemigo es la vicesecretaria general del PSOE. Los populares difundieron el viernes un documento interno que arremete contra la aspirante socialista con tono áspero, al igual que hizo el jefe del Ejecutivo con Alfredo Pérez Rubalcaba en su discurso de clausura de la convención nacional de Valladolid.
El argumentario carga contra la candidata y trata de ironizar con que los socialistas “reconocen que no tenían una candidata mejor para encabezar la lista de las europeas que la señora Valenciano”, lo que, en palabras del secretario de Organización del PSOE, Óscar López, supone “un arranque de campaña pobre para un partido como el PP, incapaz de poner un candidato ni un plan sobre la mesa”.
El futuro del PSOE y del propio Alfredo Pérez Rubalcaba dependen en gran parte de esas elecciones, casi como primarias de las primarias. Rubalcaba no ha decidido aún si se presentará a esas primarias o si abandonará, pero, en todo caso, la conclusión de su reflexión depende de ese resultado. Si gana el PSOE puede pensarse continuar, pero si pierde tendrá muy difícil optar a las primarias de noviembre: quedaría muy debilitado y hasta podría precipitarse algún movimiento interno para quitarle de la secretaría general. Es decir, el líder del PSOE quema todas las naves y apuesta todo lo que tiene para esas elecciones.
Los socialistas aseguran que les beneficia el hecho de que estas elecciones siempre son malas para los que gobiernan, porque castigar al Gobierno no tiene repercusión en La Moncloa. Es obvio que en este momento el PP de Rajoy está muy tocado y está por ver que los anuncios de rebajas de impuestos que concretará el presidente en el debate del estado de la nación y los apuntes de recuperación económica sean percibidos y valorados por los ciudadanos.
El calendario legislativo y el futuro del aborto están en juego
El PSOE intenta plantear una campaña muy ideológica. Por un lado, aprovechará el enorme espacio que le ha regalado el PP al abrir el debate sobre el aborto. La candidatura de Valenciano gana fuerza y sentido con ese asunto sobre la mesa. Sirve también para diferenciar las posiciones de PP y PSOE y poner en cuestión el “todos son iguales” que tanto lastra a los socialistas.
Por otro lado, los socialistas pretenden identificar Europa y el Parlamento Europeo como el lugar desde donde vienen los males de los ciudadanos o, sobre todo, los recortes y sacrificios. El voto, según planteará el PSOE, será contra la derecha europea de Angela Merkel, por simplificar. Los dos partidos se enfrentan en estas elecciones entre ellos, como es lógico, pero también en conjunto contra un enemigo común: la crítica al bipartidismo. Todas las encuestas, especialmente, las de Metroscopia muestran un pronóstico ajustado y una caída de la suma de los dos partidos en favor de otras opciones y, sobre todo, en favor de la abstención.

También marcará el calendario legislativo y su contenido. Alberto Ruiz-Gallardón se juega de alguna forma poder mantener su apuesta de reforma del aborto. Es consciente de que un resultado pésimo bloquearía el anteproyecto de ley porque muchos verían en él la causa directa de la debacle.Por eso, el reto de ambos es movilizar a los suyos y superar la barrera del 60% de participación. Por supuesto, les va la vida en que las opciones nuevas no capitalicen esa supuesta crisis del bipartidismo. Y que IU y UPyD tampoco lo hagan. El resultado tiene para el Gobierno, según reconoce un destacado ministro, un efecto determinante para lo que queda de legislatura. Porque, además, un año después habrá elecciones municipales y autonómicas, en las que muchos barones y candidatos regionales y locales se la juegan. Una derrota llevaría a una situación similar a la del PSOE en 2011, cuando ningún cabeza de lista quería compartir actos con José Luis Rodríguez Zapatero porque estaba en decadencia.