tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 19 de junio de 2013

AUGIRONA CINE : GANGSTER SQUAD (2013)

Para ver la película pica en la imágen

Una serie de artículos periodísticos dan cuenta de la labor de un equipo especial de policías cuya misión es atrapar a Meyer Harris “Mickey” Cohen, un poderoso gánster judío de los años 40.

ARROZ CON POLLO EN PAELLA


Mexicano de 11 años de edad estudiará Física Cuántica

México, 18 jun (PL) Un mexicano de 11 años de edad, Roberto Ramírez, estudiará en el próximo curso la carrera de Ingeniería Física Cuántica en la universidad estadounidense de Harvard, trascendió hoy aquí. El niño prodigio tiene un coeficiente intelectual de 152 y 160, equiparable al del genio Albert Einstein (1879-1955), informó el Sistema de Radio y Televisión del estado de Michoacán.

Ramírez, nacido en el municipio Zamora, en ese territorio, desde los cinco años aprendió el inglés y actualmente, de manera autodidacta, estudia el francés y el chino mandarín.

En un llamado que hizo a los jóvenes, el superdotado los exhortó a que estudien para que sean alguien en la vida.

Ejecutan a exfuncionario chino condenado por violar 11 menores

Beijing, 19 jun (PL) Un exfuncionario del Partido Comunista de China (PCCh) en Yongcheng fue ejecutado por la violación de 11 niñas menores de edad, informaron hoy fuentes de la Corte Provincial de Justicia de Henan. Li Xingong fue detenido en mayo de 2012 acusado de violar varias adolescentes desde mediados del año anterior y la corte intermedia popular de justicia de la ciudad de Shangqiu, también en Henan, le surpimió sus derechos políticos y lo condenó a muerte.

Li, quien perdió su apelación ante la Corte Suprema y fue ejecutado el martes, era exvice secretario general del PCCh en la localidad de Yongcheg. El caso ocasionó un escándalo y grandes condenas cuando fue revelado por las redes sociales de este país.

Recientes casos de abusos sexuales contra niños provocaron que la Corte Suprema Popular de China diera a conocer el pasado mes que todos los juzgados de la nación serán severos frente a delitos contra jóvenes y tendrán tolerancia cero hacia quienes cometan esos actos.

Google solicita a la Justicia poder revelar datos específicos sobre el espionaje

La compañía californiana Google ha presentado una petición al FISA, tribunal que supervisa las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en el exterior, para revelar estadísticas más detalladas sobre su relación con las actividades de espionaje estadounidense.
Según la documentación judicial, Google busca el visto bueno de la corte para presentar datos que están protegidos por seguridad nacional con el fin de reparar su reputación que "ha sido dañada por informaciones falsas o equívocas en los medios de comunicación".
La empresa invoca la primera enmienda de la constitución, la que defiende la libertad de expresión en Estados Unidos, para argumentar que tiene derecho a ser específico sobre su relación con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). "Se necesita más transparencia, así que hemos pedido publicar un agregado numérico de las solicitudes de seguridad nacional, incluidas revelaciones de asuntos protegidos bajo la ley (de vigilancia) FISA, separadamente", dijo un portavoz de Google en un comunicado.
Google considera que difundir de forma conjunta las peticiones de información que recibe por motivos de seguridad nacional junto con las que se centran en asuntos delictivos es un "paso atrás" para los usuarios.
La empresa trata así de aclarar su papel en relación con el programa PRISM, orquestado lejos de la mirada de la opinión pública en Estados Unidos, que autoriza al espionaje estadounidense a acceder a los datos de los servidores de las compañías de internet más importantes de ese país, entre ellas Microsoft, Yahoo o Apple, además de Google.
Google insistió en que toda la información entregada a las autoridades en el marco de PRISM se hizo tras recibir las respectivas solicitudes por parte de las agencias de inteligencia, que carecen de acceso directo a sus servidores.

Assange, un año de refugiado

Hoy se cumple un año desde que Julian Assange, fundador del web de filtraciones wikileaks, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Cruzó la puerta para pedir asilo tras ordenar un juez británico su extradición a Suecia, donde está acusado de abusar sexualmente de dos mujeres en agosto de 2010. Por tal acusación pende una orden de arresto sobre él. Ecuador le dio asilo político pero el gobierno británico mantiene que será arrestado tan pronto como ponga un pie en la calle.
En una entrevista concedida a distintas agencias el periodista, informático y antiguo hacker afirma que no abandonará la embajada, incluso si la justicia sueca retirara la orden de arresto no la abandonaría, por el temor de que exista un plan por parte de los Estados Unidos para capturarlo, extraditarlo y juzgarlo por espionaje.
"Mi abogado tiene motivos para sospechar de que existe una acusación secreta [emitida por un juez de Virginia] para arrestarlo, a no ser que el gobierno británico me diera un salvoconducto", declaró Assange. "Sabemos que hay una investigación en marcha en los Estados Unidos y que soy un objetivo del jurado federal. Hay un 99,97% de posibilidades de que sea arrestado.
Simpatizantes de Assange piden su liberación en Londres. | Reuters

Simpatizantes de Assange piden su liberación en Londres. | Reuters
Así que, aunque el gobierno sueco retirara su petición [de extradición], yo no abandonaría la embajada. Mis abogado me han advertido de que no debo dejar la embajada por el riesgo de ser arrestado y extraditado a los Estados Unidos". Permanecerá en la embajada hasta que le garanticen que esto no sucederá.
El lunes se reunieron en Londres el ministro de exteriores británico, William Hague, y su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño, que viajó especialmente desde Quito para buscar una solución. Le pidió a Hague un salvoconducto para que Assange pudiera llegar hasta el aeropuerto y coger un avión hacia Ecuador, donde le darían asilo. Hague insistió en que no le dejarían marchar sin llevar a cabo la orden de arresto procedente de Suecia. Sin embargo, acordaron crear un grupo de trabajo legal para tratar de encontrar una solución.

Wikileaks, el origen

Una persona sujeta un cartel que dice: 'No disparen al mensajero'. | EfeAssange, de 40 años, experto en física y en matemáticas, fundó la web Wikileaks en 2006 que permitía la publicación de documentos por parte de cualquiera. En el año 2010 publicaron 92.000 documentos secretos filtrados sobre la guerra de Afganistán y de Irak en los cuales se exponían torturas, violaciones y asesinatos sistemáticos que pusieron en jaque al Pentágono. Los Estados Unidos la definieron como la mayor filtración de documentos de su historia y culparon a Assange y Wikileaks de poner en peligro la seguridad nacional. Los documentos fueron filtrados por el soldado Bradley Manning, de 25 años, que fue arrestado y desde este 3 de junio está siendo juzgado en los Estados Unidos por espionaje y ayudar al enemigo, cargos por los que podría ser condenado a cadena perpetua.
Una persona sujeta un cartel que dice: 'No disparen al mensajero'. | Efe
Tras la filtración de los cables, se inició un acoso a Wikileaks y trataron de cerrar la web. Entonces llegaron las acusaciones de violación de dos mujeres por parte de la justicia sueca. Assange, que se encontraba en Londres entonces, fue detenido. Llevó a los tribunales su extradición. Finalmente, el año pasado el juez británico ordenó su extradición a Suecia. Fue entonces cuando Assange se refugió en la embajada de Ecuador, país involucrado en un cable diplomático confidencial de 2009 en el cual la embajada estadounidense en Quito afirmaba que "la corrupción es generalizada en la policía". El gobierno expulsó del país a la embajadora.
Julian Assange ha pasado toda la vida de un sitio a otro, desde que era un niño y sus padres eran actores ambulantes, primero viajando y luego escondiéndose. El periodista australiano asegura que no se arrepiente de haberse refugiado en la embajada ecuatoriana y que "estratégicamente ha pasado lo que esperaba". Reconoce que preveía pasar entre medio año y dos años recluido en el interior del edificio antes de que se resolviera su caso. "Y sigo dentro del plazo". También niega los rumores que dicen que padece problemas de salud, aunque admite que "no es sano que no te toque la luz del día". El ministro ecuatoriano aseguró el lunes que Assange le había dicho que podría pasarse cinco años más encerrado en la embajada.
El aniversario de la reclusión de Assange coincide con la filtración del programa espionaje de ciudadanos de los servicios secretos estadounidense. Assange calificó de "héroe" al confidente, el ex trabajador de la CIA Edward Snowden, quien está escondido en Hong Kong. Además, le recomendó que se marchara a América Latina y pidiera asilo allí.

Berlusconi, contra las cuerdas

Silvio Berlusconi está nervioso. Il Cavaliere, que hasta ahora siempre ha conseguido salir airoso de sus numerosos procesos, se enfrenta al periodo judicialmente más agónico de toda su vida. Desde hoy mismo, y durante las próximas dos semanas, varios tribunales emitirán un total de cuatro sentencias fundamentales en las que se juega su fortuna, su reputación y su carrera política.
Se trata de cuatro sentencias que marcarán a fuego el destino del tres veces primer ministro y que también pueden tener un importante impacto en el Gobierno que lidera Enrico Letta: al fin y al cabo, si Berlusconi es condenado podría decidir retirar su apoyo al Ejecutivo y hacerlo caer.
La primera cita, probablemente la más importante, tiene lugar hoy. Los jueces del Tribunal Constitucional están llamados a pronunciarse sobre si Berlusconi en 2010, siendo primer ministro y a causa de sus compromisos institucionales, se vio legítimamente impedido a defenderse como debía en el llamado Proceso Mediaset. En este caso, Berlusconi está acusado de un gigantesco fraude fiscal en la compra venta de los derechos televisivos de numerosas películas adquiridas por su compañía, Mediaset , y ya ha sido declarado culpable en primera y en segunda instancia, siendo sentenciado a cuatro años de cárcel (que no tendría que cumplir porque se le quedarían en uno) y a cinco de inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos que sí se se vería obligado a acatar.
Si los magistrados del Tribunal Constitucional aceptan hoy la reclamación de los abogados de Berlusconi, el juicio deberá rehacerse y para Il Cavaliere será un respiro. Pero si, tal como indican los rumores, los magistrados del Constitucional fallan en su contra, Berlusconi habrá gastado su última bala para tratar de detener ese proceso. Y dado que ya ha sido condenado en primera y segunda instancia, se calcula que en menos de un año llegará la condena definitiva que le obligaría a abandonar la política.
Pero, por si eso no fuera suficiente, ocho días depués llegará la sentencia del caso Ruby, en el que Berlusconi está acusado de prostitución de menores y abuso de poder. La fiscal Ilda Bocassini ha pedido que sea sentenciado a seis años de cárcel y a la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos. El lunes 24 los jueces del Tribunal de Milán se pronunciarán al respecto. De nuevo, se espera que a Il Cavaliere le caiga una condena. Pero, más allá del daño a su imagen, sería una condena de primera instancia, por lo que Berlusconi aún tendría dos oportunidades de recurrir la sentencia.
Y el día 27 de este mes, doble frente judicial para Berlusocni. En Nápoles arrancará la audiencia preliminar del juicio por la presunta compra en 2007, a golpe de billetera, del senador Sergio De Gregorio para que abandonara las filas del centro izquierda (que tenía una agónica mayoría en la Cámara Alta) y se pasara al centroderecha.
Y ese mismo día en Roma tendrá lugar el último acto del proceso Mondadori-Fininvest, en el que Berlusconi ya ha sido condenado en primer y segundo grado a indemnizar al empresario Carlo De Benedetti con 750 millones de euros, reducidos posteriormente a 560 millones, por haberse adjudicado la editorial Mondadori tras sobornar a un juez.

Hungría acusa a un nazi de 98 años de deportar a 12.000 judíos

Lajos Laszlo Csatary, de 98 años, ayudó supuestamente en la deportación de 12.000 judios húngaros de un gueto en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. De eso, al menos, es de lo que ahora le acusa la Fiscalía de su país, Hungría. Su portavoz, Bettina Bagoly, ha asegurado que la Justicia tiene 90 días para comenzar el juicio.
Los fiscales aseguran que Csatary, que ha estado bajo arresto domiciliario durante un año, comandó, como jefe de la Policía Real Húngara, un campo de concentración en el gueto de Kassa, entonces ciudad húngara y que hoy, con el nombre de Kosice, pertenece a Eslovaquia. La población judía de la ciudad fue apiñada en un gueto tras la invasión alemana, ocurrida después de que el gobernante fascista, el almirante Miklós Horthy, fuese depuesto por Hitler. Lucía Kollarova, portavoz de la Federación de Comunidades Judías del país asegura que la organización prefiere que el acusado sea extraditado a Eslovaquia."No creemos que sea sentenciado debido a su edad".
Csatary llegó a liderar la lista de los criminales nazis más buscados por el Centro Simon Wiesenthal, que ha mostrado su satisfacción ya ha dicho que se envía "un mensaje importante, que la gente como Csatary son delincuentes y no héroes patrios". Asimismo, el antiguo agente de policía fue juzgado en ausencia en 1948 y un tribunal checoslovaco lo condenó a muerte, aunque posteriormente la Justicia eslovaca conmutó la pena a cadena perpetua. Las autoridades eslovacas, no obstante, no han pedido a Hungría la extradición.
Tras la guerra Logró evadir a las autoridades y se marchó a Canadá, país en el que trabajó en el negocio del arte y cuya ciudadanía, que le había sido concedida, le fue retirada en los años 90. Después de aquello volvió a Budapest, donde ha estado viviendo tranquilamente hasta que, hace dos años, la Justicia empezó a investigar su caso. El diario británico The Sun ayudó a que se despertará el interés por su caso tras seguir la pista del anciano y publicar una fotografía suya en julio del pasado año.
En los últimos años se han producido casos semejantes, como el de John Djemanjuk, muerto en un asilo el año pasado y que fue deportado de EE UU en 2009 y sentenciado en Alemania, en 2011, a cinco años de prisión por su complicidad en 28.000 asesinatos.
En el veredicto contra Djemanjuk se estableció que el hecho de haber trabajado en un campo de exterminio era ya motivo de complicidad en el cargo de asesinato, algo sin precedentes en Alemania y que abrió la puerta a otras 50 investigaciones de presuntos exguardias de Auschwitz.
El mes pasado fue arrestado en Alemania un antiguo guardia de dicho campo de exterminio y a quien el Centro Simon Wiesenthal identificó como Hans Lipschis, de 93 años, quien dijo a las autoridades que su labor por aquel entonces fue la de cocinero, no guardia.

Estrasburgo condena a España por separar a una hija de su madre

No hubo violencia ni maltrato físico o psíquico hacia la niña. Tampoco fue víctima de abusos sexuales y jamás se ha constatado ningún déficit afectivo o de salud de la menor ni un desequilibrio psíquico por parte de sus padres. Pese a ello, los servicios sociales de la Junta de Andalucía separaron a Cristeta M. S., una jornalera de La Porrosa (Chiclana de Segura, Jaén), de su hija de tres años. Se la arrebataron el 23 de agosto de 2005 tras presentarse con ella en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y un alojamiento”. Después la trasladaron a un centro de acogida y, sucesivamente, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.
Tras ocho años en que Cristeta no ha podido ver a su hija, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón y ha declarado que la madre fue privada injustamente de todo contacto con ella, lo que vulnera su derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo le ha concedido una indemnización de 30.188 por las graves faltas de diligencias de la Junta y de los jueces españoles al considerar que debieron poner los medios para que madre e hija volvieran a estar juntas. El tribunal asegura que las autoridades españolas han contribuido “de manera decisiva a la ausencia de toda posibilidad de reagrupación familiar” entre Cristeta y su hija, a la que vio por última vez el 27 de septiembre de 2005. Ahora, la menor tiene ya 11 años y hace casi ocho que vive con su familia de acogida, lo que hace la situación “muy difícilmente reversible”, según los magistrados.
Acudió 17 veces al centro de acogida sin saber que la niña no estaba allí
La sentencia relata el calvario de esta mujer que, desde que le quitaron a su hija y la privaron de visitarla, no ha dejado de luchar por que se la devuelvan y los intentos desesperados de Cristeta por volver a ver a la menor sin que nadie la escuchara. Tras serle arrebatada, la madre fue informada de que la niña, ya bajo tutela de la Junta, fue alojada en un centro de acogida de Granada, pero poco tiempo después, fue trasladada a otro de Loja (a 58 kilómetros de esa capital) sin que nadie dijera nada a la progenitora, que había pedido que la llevaran a una instalación más cercana a su domicilio, en la provincia de Jaén. Ese desconocimiento provocó que Cristeta se presentara hasta 17 veces en el centro de acogida de Granada sin saber que la niña ya no se encontraba allí.
La trabajadora social encargada del caso justificó la retirada de la tutela y su traslado al centro por “la actitud incorrecta, irrespetuosa, violenta y agresiva de la madre”, que según un informe del 4 de octubre de 2005, “había intentado herirse y tuvo que ser conducida al hospital cuando fue separada de su hija”. Ese documento relataba igualmente que durante las tres únicas veces que se le permitió visitar a su hija, Cristeta se quejó de que el centro no trataba correctamente a la menor, a la que hablaba “de forma compulsiva e incoherente”. La funcionaria estimaba en su informe que esas visitas “perturbaban la estabilidad y la evolución” de la niña, por lo que propuso que se suspendieran, algo que la Junta solicitó formalmente al juez.
La abogada de Cristeta, María José López Góngora, recuerda cómo ese informe sirvió a la Junta y a los jueces para desestimar todas las peticiones de la madre. Esos argumentos fueron los que se utilizaron para declarar el desamparo de la niña, suspender las visitas de la madre y entregar a la menor a una familia en acogimiento previo a la adopción, desoyendo en cada caso los argumentos de la progenitora.
España pudo auxiliar a Cristeta cuando pidió ayuda, según el tribunal
Sin embargo, Estrasburgo considera que la única razón por la que la privaron de su hija fue su situación de indigencia, “sin que se tuviera en cuenta su evolución posterior”. El problema era “una carencia material que las autoridades españolas habrían podido compensar con la ayuda de otros medios que no fueran la separación total de la familia”. “El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales que recabar la tutela de la menor”, mantienen los magistrados que recuerdan que los servicios sociales deben “ayudar a las personas en dificultades, guiarlas en sus trámites y aconsejarlas sobre las diferentes ayudas disponibles o cómo conseguir alojamientos sociales”, justo la asistencia que Cristeta había solicitado el día que la privaron de su hija.
De padre guineano y madre española, esta mujer de unos 40 años vive en la finca de su abuela junto a sus otros dos hijos y otros familiares. Cristeta trabaja regularmente como jornalera para la Junta de Andalucía, una actividad que alterna cada año con los viajes a Francia para la vendimia. Ha sido allí donde ha recibido la noticia de que la separación forzada de su hija fue injusta. Una decisión que le otorga una indemnización, pero que, previsiblemente, no se la devolverá.

La Vall d’Aran espera restablecer hoy los servicios básicos

"La prioridad es realojar a las personas y valorar el daño en las infraestructuras", ha afirmado esta mañana desde Vielha el consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler. La situación en La Vall d'Aran ha mejorado y con la disminución del caudal del Garona se podrá valorar los daños en puentes, carreteras y viviendas una vez baje el nivel de agua. Protección Civil de la Generalitat mantiene la fase de emergencia del Plan Inuncat. Los servicios de emergencia se centran en restablecer totalmente los servicios básicos -1.400 abonados siguen sin luz- y la movilidad. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) colaboran con Endesa en el transporte de grandes grupos electrógenos que permitan restablecer el fluido eléctrico. Sin embargo, el punto más conflictivo será recuperar las comunicaciones viarias.
Cuatro carreteras de la zona continúan cortadas, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Las vías son la C-147, de Esterri a Alòs d'Isil; la C-28, de Garòs a Gessa; la N-141, desde Bossòst a la frontera francesa, y la N-230, desde Vielha. "El objetivo es evitar que el agua siga circulando por la carretera y así poder conectar Vielha con Bossòst", ha explicado en TV-3 esta mañana el síndico de Aran, Carles Barrera. El río ha formado a la salida de Vielha un brazo que se apodera de la carretera en un kilómetro. Las máquinas trabajan esta mañana para reencauzarlo. Durante la noche, al no llover, el nivel del agua bajó un metro y medio a su paso por Vielha.
Respecto a la previsión meteorológica, no se prevé  que durante la mañana llueva, pero que sí lo haga por la tarde, aunque no con la intensidad que lo hizo ayer. Un total de 323 personas han pasado la noche fuera de sus hogares en la Vall d'Aran y el Pirineo de Lleida, de las poblaciones de Vielha, Bossòst, Arties, Llavorsí, Espot, La Pobla de Segur y Llers.
Otra de las prioridades será abrir la carretera C-28 en dirección a la estación de Baqueira, para poder llevar provisiones a los vecinos que ayer quedaron aislados. Otro de los puntos difíciles se sitúa entre Bossòst y Les donde el río se comió literalmente la carretera. Cientos de vecinos de La Vall d’Aran vivieron ayer con el corazón encogido por el desbordamiento del río Garona, aunque no hubo que lamentar daños personales. El episodio de lluvias y el deshielo de la nieve acumulada en las montañas provocaron situaciones límite que recordaron las vividas hace 31 años, cuando una crecida del mismo río tuvo consecuencias catastróficas.

El ‘número dos’ de la sanidad catalana contrata con firmas que representa

Las intensas relaciones entre el sector público y el privado de la sanidad catalana tienen en Josep Maria Padrosa, número 2 del Departamento de Salud, el último y más llamativo ejemplo. Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud —CatSalut, organismo público con el que la Generalitat financia a hospitales y servicios sanitarios— es a la vez apoderado de seis empresas privadas que en 2012 facturaron al propio CatSalut más de 14 millones de euros. Este hecho, que podría vulnerar dos leyes catalanas sobre incompatibilidades, cuestiona además los duros recortes aplicados por el CatSalut desde la llegada al cargo de Padrosa. Las medidas de ahorro, que han llegado al 20% en algunos hospitales desde 2011, no han superado el 9% en las empresas de Padrosa, que ya trabajaban anteriormente para el Gobierno catalán.
Este último caso de presuntas irregularidades en la sanidad catalana se remonta a diciembre de 2010, tras la primera victoria de Artur Mas (CiU) en las elecciones catalanas. Mas eligió como consejero de Salud al presidente de la patronal, Boi Ruiz, quien se llevó con él al departamento a la cúpula de la Unión Catalana de Hospitales. Padrosa ocupaba un cargo en la Unión como director de Corporación Fisiogestión, holding de empresas dedicado a la fisioterapia, rehabilitación y logopedia.
Su actividad choca con la ley de incompatibilidad de altos cargos
Padrosa era director general del holding y apoderado de 16 de sus empresas, que tienen a las Administraciones públicas como principal y casi único cliente. En 2010, último año que Padrosa dirigió Corporación Fisiogestión, seis de sus empresas —Fisioterapia SA, Fisio Girona SA, Servicios de Fisioterapia SA, Instituto Logopédico de Barcelona SA, Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia SA y Kinesiterapia SA— facturaron al Cat Salut 15,74 millones. Según datos del Registro Mercantil, esta cantidad supuso la práctica totalidad de la cifra de negocios de las seis empresas.
El año 2011 resultó duro para las empresas del grupo, al igual que para toda la sanidad catalana. La facturación de las seis empresas al CatSalut —en ocasiones en solitario, otras formando parte de uniones temporales de empresas (UTE) en las que casi siempre son mayoritarias— cayó hasta los 14,31 millones, un 9,1% menos. El recorte para el conjunto de la sanidad fue ese año del 10%.

Dos años y medio de escándalos

►La sanidad pública catalana se ha visto sacudida, desde la llegada de Boi Ruiz al cargo, por una sucesión de casos de supuestas irregularidades que ahora investigan los juzgados o la fiscalía.
►‘Caso Manté’. Dos de los máximos dirigentes de la sanidad catalana en las últimas dos décadas, Josep Prat y Carles Manté, fueron detenidos el pasado 27 de febrero por el pago desde la empresa municipal de Reus (Innova, dirigida por Prat) de 720.000 euros a Manté por trabajos que, según el Ayuntamiento, no existen. Prat dirigió el CatSalut entre 1998 y 2003 y Manté entre ese año y 2007.
►‘Caso Bagó’. Ramon Bagó, exalcalde de Calella por CiU, es dueño del grupo Serhs, que cuenta con varias empresas dedicadas a la restauración de colectividades. La Oficina Antifraude de Cataluña ha remitido a la fiscalía un informe que constata que Bagó utilizó sus cargos en la sanidad pública para ayudar a sus empresas a conseguir contratos en hospitales públicos.
►‘Caso Sant Pau’. Una denuncia del comité de empresa dio origen a una macroinvestigación judicial que mantiene imputados a prácticamente todos los directivos del hospital en los últimos 15 años. El juez investiga pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones irregulares. Los beneficiados son gestores próximos a CiU y PSC, además de constructoras.
►‘Caso Crespo’. El diputado de CiU en el Parlamento catalán Xavier Crespo obtuvo más de 200.000 euros de forma irregular de una empresa filial de dos hospitales públicos, a los que causó unas pérdidas de 2,4 millones. El caso, investigado por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, fue ocultado por el primer organismo y el propio Departamento de Salud de la Generalitat.
►‘Caso Innova’. Además de los pagos investigados en el caso Manté, un juzgado de Reus investiga cobros irregulares y la gestión de Josep Prat al frente de Innova, empresa municipal del Ayuntamiento de Reus que gestiona dos hospitales y decenas de centros sanitarios en la provincia de Tarragona. Prat también está imputado.
Más llamativo fue lo ocurrido al año siguiente, en 2012. Mientras los recortes siguieron en el conjunto del sistema —el CatSalut vio reducido su presupuesto un 4,76% adicional, según datos de la Generalitat—, las empresas de Padrosa apenas notaron las tijeras y redujeron su facturación al CatSalut en solo 20.000 euros hasta los 14,29 millones (un 0,1% menos).
Padrosa dejó la dirección general del grupo tras ser nombrado director del CatSalut, pero los poderes en sus empresas no le fueron revocados, admite el administrador del holding, Carlos Núñez. “Nuestra práctica administrativa es la de no derogar los poderes, porque los custodiamos nosotros y podemos asegurar que Padrosa no los ha utilizado”, explicó ayer. Pese a ello, Núñez reconoce que “visto con la perspectiva del tiempo, es evidente que se ha podido cometer un error”. Padrosa, por su parte, declinó ayer atender a EL PAÍS y el Departamento de Salud se limitó a asegurar que “en todos los concursos y procedimientos se ha cumplido la ley”.
La doble situación de Padrosa, sin embargo, puede violar dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán. La primera, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Generalitat, establece en su artículo 3: “Los altos cargos deben ejercer su función con dedicación plena y no pueden compatibilizar su actividad con el ejercicicio de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial de carácter público o privado por cuenta propia o ajena”. La Ley de Ordenación Sanitaria, por su parte, fija en su artículo 13.3: “La condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.
Andrés García, miembro de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) considera que “este es un nuevo caso de perversión del servicio público por personas con evidentes intereses en el sector privado”. “Esto ha sido una constante desde la llegada de Boi Ruiz, expresidente de la patronal, al frente del departamento de Salud. Prácticamente todos los cargos relevantes que ha nombrado son personas que proceden del sector privado y ven en lo público una fuente de financiación del engranaje privado del que proceden”, añadió.
En la estructura de la Generalitat de Cataluña, el CatSalut ocupa un lugar clave. Depende del Departamento de Salud y acapara casi todo su presupuesto: un 97,9% de los 8.685,01 millones en 2012. El organismo financia la red asistencial pública: hospitales, centros de salud, ambulancias, centros sociosanitarios, de rehabilitación... Entre los equipamientos sanitarios financiados por el CatSalut están los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ocho hospitales y 400 centros sanitarios gestionados por la Generalitat. El ICS se vio salpicado hace un año por otro caso de incompatibilidades: su presidente, Josep Prat, hoy imputado y también nombrado por Boi Ruiz, compatibilizaba el cargo con la vicepresidencia del grupo privado USP Hospitales y la dirección de Innova, empresa del Ayuntamiento de Reus con intereses en el sector sanitario.