tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 10 de abril de 2014

LOS MEJORES BARES DE ZARAGOZA

CHILE : Un Juez hace entrega parcial del archivo incautado en la ex Colonia Dignidad



Luego de ocho años de mantener bajo secreto las 39 mil fichas incautadas en la ex Colonia Dignidad, el juez Jorge Zepeda ha entregado este archivo con informaciones sobre la represión dictatorial y crímenes de lesa humanidad cometidos por la DINA y personal del propio predio alemán, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y copia al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Londres 38, espacio de memorias, mantendrá su campaña No Más Archivos Secretos hasta conseguir la apertura total y sin restricciones de aquellos conjuntos de archivos con información sobre la represión de la dictadura cívico militar.
La sola entrega del archivo a estos organismos del Estado es un paso importante para conseguir más verdad y justicia sobre los crímenes, pues mientras se han mantenido en secreto solo han facilitado la impunidad, al punto que ningún personero de la ex Colonia Dignidad ha sido juzgado por los crímenes políticos que se cometieron en ese lugar que funcionó como apéndice de la DINA y que fue usado como un centro de detención, tortura y exterminio.
No hay razones ni excusas para haber mantenido bajo secreto durante ocho años estos documentos que registran los delitos de una organización criminal. Tampoco hay razones para que los organismos del Estado que hoy tienen el conjunto de los documentos (las 39 mil fichas) no adopten medidas rápidas y transparentes para facilitar el libre acceso de la ciudadanía y sus organizaciones a esta información.
El juez que tenía este archivo entregó hace una semana a las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria 407 fichas con informaciones a detenidos desaparecidos. Esa información es parcial y de reducida utilidad, toda vez que no se puede analizar en su contexto y porque además es posible constatar que hay otros conjuntos de archivos relacionados a este incautado en 2005.
El Estado debe comprometerse a buscar los otros archivos reseñados en el capturado en la ex Colonia Dignidad, así también como impulsar medidas que permitan abrir todos los archivos disponibles que contienen información sobre la represión, tales como los archivos de las comisiones Rettig y Valech, los que fueron construidos por los organismos de inteligencia de las distintas ramas de las FFAA y las policías, así como de los organismos represivos DINA y CNI.
No más archivos secretos

Venezuela es independiente, no ingobernable

Prensa República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España


Tal como están las cosas en el mundo, no es difícil entender que sea tildada, de ingobernable –por un medio que responde a los intereses de las bolsas internacionales— una nación que ha desarrollado en los últimos 14 años un profundo proceso de cambios socioeconómicos y políticos por la vía democrática, logrando disminuir vertiginosamente la pobreza, las desigualdades (somos el país menos desigual de América Latina) –sólo la matrícula universitaria pasó de 400 mil a 2 a millones 600 mil (aumentó 550%)- y escalar velozmente en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, gracias a la recuperación de la soberanía sobre sus recursos naturales. No en vano la recuperación del control del Estado sobre los recursos naturales permitió que las mayores reservas petrolíferas del mundo fuesen reconocidas como tales y no vendidas a precio de carbón o que las empresas trasnacionales pagarán más de 1% de regalía por la explotación de dicho recurso.Sin embargo, con tan escandaloso título, es mi deber tranquilizar a la opinión pública española, la República Bolivariana de Venezuela goza de plena estabilidad institucional y sus poderes públicos continúan tomando decisiones y gerenciando las áreas bajo su responsabilidad con total normalidad. Ni siquiera en los municipios gobernados por la oposición, en los cuales se ha auspiciado la violencia (menos del 2% del total de los municipios del país y sólo en urbanizaciones de clase media y media alta), es posible hablar de ingobernabilidad, porque a pesar de que algunos alcaldes no han cumplido con sus responsabilidades, los poderes públicos nacionales están actuando para que se respete la Ley y se garantice el bienestar de la ciudadanía.
La imagen que intenta proyectar el editorial de un país sumido en “las protestas y la represión”, no es coherente con la realidad de una nación que viene de realizar dos procesos electorales en el último año –en los cuales ha aumentado, significativamente, el respaldo al gobierno del presidente democrático y constitucional, Nicolás Maduro– y que, según la última encuesta privada chilena Latinobarómetro (2013), es el país de la región que cuenta con más apoyo de su ciudadanía a la democracia.
Lo único que refleja con honestidad el artículo es que la unidad de la oposición está resquebrajada entre el sector que plantea una estrategia violenta para derrocar a un gobierno democrático; y el sector más racional que analiza lo equivocado de esta estrategia inconstitucional y los riesgos que supone para la paz social y la popularidad de la propia oposición.
En este sentido, es preocupante la simpatía mostrada por algunas corporaciones mediáticas, como PRISA, hacia la acción de sectores violentos de la ultraderecha en Venezuela. Sectores que han llamado a la salida inconstitucional del gobierno y que impulsan acciones claramente terroristas –llamadas guarimbas— entre las cuales destacan quema de instalaciones educativas, hospitalarias y de otras instituciones y servicios públicos, como unidades de transporte de pasajeros y/o alimentos; el levantamiento de barricadas con empleo de cócteles molotov, armas de fuego y todo tipo de trampas en las vías, además de asesinatos con francotiradores, el envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales.
¿Cómo se puede hablar de represión en un país en el que un sector de ultraderecha llama a derrocar al gobierno democrático e impulsa acciones terroristas, y los efectivos del orden público responden con proporcionalidad y control para devolver la tranquilidad a los ciudadanos, mientras la Fiscalía actúa de manera ejemplar aplicando la Ley a los implicados en hechos violentos o irregulares, incluso en los casos excepcionales donde se han determinado responsabilidades de efectivos del orden por violaciones de derechos humanos?
Llama la atención que El País olvida mencionar que estas protestas violentas han dejado en dos meses un lamentable saldo de 39 víctimas mortales, de las cuales las investigaciones ya señalan que los llamados guarimberos tienen la responsabilidad directa de más de la mitad. Sin embargo, hasta el 27 de marzo sólo había 168 detenidos, por la gravedad de los casos criminalísticos en los que están implicados. ¿Cuál sería el resultado de la acción de las fuerzas del orden y las instituciones de justicia en países de Europa Occidental si un sector extremista pretendiera la salida por la fuerza del gobierno constitucional y provocara acciones de violencia y terrorismo en algunas ciudades, durante dos meses? ¿Cómo lo cubriría El País?
¿Cómo se puede decir que sufre un desastre económico, Venezuela, un país que creció en 2012 un 5,5% y en 2013 un 1,6%, que tiene una relación deuda externa/PIB del 18%, una tasa de paro en 7% o que entregó en los últimos dos años más de 500 mil viviendas sociales? No se trata de eludir los retos que tiene nuestra nación en el área económica, pero parece que la escandalosa deuda del grupo PRISA, por las aventuras financieras y empresariales de sus directivos, influye cada vez más en su forma de plasmar la realidad.
¿A qué apuesta El País cuando descalifica la Conferencia Nacional de Paz convocada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha sido apoyada por todos los organismos de la región, desde Unasur hasta la OEA, y ya ha producido importantes acuerdos con sectores empresariales y de la oposición democrática? ¿Por qué no cuestiona la voluntad política de la oposición violenta en un país donde la Constitución establece la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio a mitad de mandato? ¿Por qué reitera la idea sin sustento de que los simpatizantes del chavismo son violentos?
¿Quiere re-editar El País su nefasto editorial del 13 de abril de 2002 “Golpe al caudillo”, cuando creyendo que había triunfado el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, intentaron justificar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela?
Ya decía algún otro medio –igualmente de derechas— hace poco, que el principal directivo de El País ha estado con el franquismo, la República, la Monarquía y ahora sólo busca que le echen “una mano para reducir la deuda de PRISA”… Quizás sea El País el que deba rectificar sus políticas editoriales, por respeto a los ciudadanos que todavía creen en él… Mientras tanto el pueblo venezolano y su gobierno democrático, constitucional y revolucionario seguiremos siendo independientes, aunque algunos nos llamen ingobernables.

Desinformar como la CIA



Un conflicto entre la senadora Dianne Feinstein, que preside la poderosa Comisión Selecta de Inteligencia del Senado estadounidense, creada tras el escándalo de Watergate, y la CIA debido a que se ha descubierto la existencia de un informe que muestra que la agencia espió y mintió a los miembros de la comisión, ha permitido conocer el sistema por el que los servicios secretos rendían cuenta a los representantes políticos.
En un indignado discurso de Feinstein, una defensora habitual del amplio programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, explica que "la CIA comenzó a enviar documentos en formato electrónico a los miembros de la Comisión en un establecimiento alquilado por la CIA a mediados de 2009. El número de páginas llegó a ser rápidamente de miles, decenas de miles, cientos de miles, y luego millones. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Era una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y tratar de interpretar".
Es decir, la CIA había descubierto que el mejor sistema para no tener desinformados a los legisladores no era ocultarles la información, sino sepultarlos en documentos. En realidad es el mismo modo con el que se nos mantiene desinformados a los ciudadanos gracias a la borrachera de medios, internet, redes sociales, blogs, chats y todo tipo de formatos y soportes.
De un oligopolio en el que una exclusiva élite tenía el privilegio de informar a la opinión pública, y de ahí la facilidad para que desde el poder se pudiera controlar la información, hemos pasado a una marabunta informativa en la que este poder ha tenido que replantear el modo en el que siga manteniéndonos desinformados. Y parece que lo ha encontrado, ha descubierto que si quería que no encontráramos una aguja, en lugar del método poco elegante de esconderla en una caja fuerte y no darnos la llave, era más “democrático” dejarla en un pajar y señalarnos que se encontraba allí (además junto con otras agujas falsas).
En contra de lo que muchos piensan, un grupo de investigadores de la Universidad de Londres ha alertado sobre el aumento de la desigualdad informativa en el sistema actual (Juan Varela, Periodistas 21, 6-5-2013). Hasta ahora el mundo se dividía entre los que tenían acceso a la información y los que no. Hoy la diferencia está entre quienes saben desenvolverse en la vorágine, seleccionar las fuentes adecuadas, organizarse en las búsquedas y jerarquizar los resultados; y los que viven perdidos en un torbellino sin diferenciar lo que se ha quedado viejo de lo actual, lo valioso de lo inservible, lo riguroso de falso. De eso se sirve la CIA enterrando a los senadores en documentos y el resto de los poderes enterrando a los ciudadanos entre paja. El reto entonces debe ser aprender a seleccionar, jerarquizar y elegir la información. Y los medios que no nos ayudaban a informarnos antes, tampoco esperemos que lo hagan ahora.

El asesino terrorista 'Billy el Niño' denuncia que le siguen para atentar contra su vida

El ex inspector de la Brigada Político Social del franquismo Antonio González Pacheco, el temible Billy el Niño, ha asegurado este jueves durante su vista de extradición que "es objeto de seguimientos y amenazas con el objetivo de atentar" contra su vida, y ha presentado un certificado del secretario técnico de la Policía Científica que así lo acreditaría.
"Por motivos de seguridad personal y familiar" se ha opuesto a que se tomasen imágenes de su rostro durante la audiencia pública, posición que ha sido apoyada por la Fiscalía y finalmente resuelta en ese sentido por la presidenta del tribunal, Concepción Espejel.
La Sala ha retirado asimismo las medidas cautelares que pesaban sobre él -comparecencias quincenales y retirada del pasaporte- tras solicitarlo su defensa y respaldado el fiscal, ya que ambos razonaron que su única finalidad era asegurar su presencia en la vista. Después,Billy ejerció así su derecho a la última palabra: "Mi nombre es Antonio González Pachecho, nunca me he llamado José Antonio ni Juan Antonio, y tampoco me puse yo ese apodo".
El fiscal ha rechazado la entrega a Argentina de Billy el Niño, reclamado en aquel país tras ser denunciado por supuestas torturasen España durante el franquismo. El representante del Ministerio Público ha mantenido la postura que ya sostuvo la semana pasada durante la vista de extradición del ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas: la de que su enjuiciamiento por los tribunales españoles sería posible para "satisfacer ese deseo de Justicia" de las víctimas de la dictadura, que sea escuchado su relato sobre su presencia ante el Tribunal de Orden Público y "contar, al menos, con una resolución judicial que reconozca la ilegalidad de sus detenciones".
Concretamente, expuso que el Estado argentino debería presentar una querella ante los juzgados de Madrid, localidad en la que habrían sucedido los hechos.

Prescripción de los delitos

Sin embargo, entre los argumentos que ha utilizado el fiscal está el de la segura prescripción de los posibles delitos que se atribuyen a Billy el Niño, tanto conforme al Código Penal argentino como a cualquiera de los españoles que se tenga en cuenta. Una hipotética causa penal en nuestro país tendría, por tanto, escaso recorrido.
Entre los razonamientos jurídicos del representante de la acusación pública no se incluyó ni la más mínima mención a la Ley de Amnistía, que al menos en apariencia sería aplicable al caso y que, de hecho, fue invocada por la Fiscalía cuando se opuso al arresto de Billy el Niño y Jesús Muñecas y adelantó "la probable concurrencia de una causa de denegación de la extradición".
La vista provocó una notable y ruidosa presencia de simpatizant pores de los afectados por los crímenes de la dictadura, algunos llegados desde Argentina, que inicialmente tuvieron que mantenerse a más de 100 metros de la sede judicial. Ya en la sala, Billy el Niño apenas tuvo que responder a dos pregunta del fiscal Pedro Martínez Torrijos: primero, se limitó a rechazar que tuviese algún tipo de vínculo con el país que lo reclama.
Después, admitió que "hace muchos, muchos años" tuvo algún problema judicial "por algo de malos tratos". "Pero creo que no fuimos condenados", concluyó.
El aspecto físico de Billy el Niño ha cambiado notablemente desde su juventud: su rostro achiquillado sigue siendo el mismo, cubierto ya por las arrugas, pero sus ojos saltones se esconden tras unas gafas y donde antes lucía una melena leonina brilla ahora una calva lustrosa. Hoy ni siquiera pendía de su cabellera la colgeta grisácea con la que fue fotografiado recientemente haciendo running, instantánea que fue publicada por este diario.
Su defensa negó que participase en los hechos concretos que se le imputan: el ex inspector de la Brigada Político Social del régimen franquista, que ahora tiene 67 años, está reclamado por supuestas torturas que habría cometido entre 1971 y 1974 sobre 13 personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas antes de su traslado a las cárceles madrileñas de Yeserías y Carabanchel o al Tribunal de Orden Público, cuando Billy era el terror de la Ciudad Universitaria.

'¡Yo estuve 62 días!'

Uno de los denunciantes, presente en la sala, protestó a viva voz por lo que consideró "una mentira". El abogado había dicho que no se podía creer que los supuestos torturados hubiesen pasado 30 días en atención médica: "¡Yo estuve 62 días!", le recriminó desde las sillas del público, siendo llamado al orden por el tribunal.
La juez argentina María Servini instruye a partir de una querella de víctimas del franquismo un procedimiento por genocidio y crímenes contra la Humanidad cometidos en España desde la asonada militar del 18 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
La Constitución argentina se atribuye jurisdicción universal sobre esos delitos en los casos en los que las autoridades del país en el que tuvieran lugar no hayan iniciado una investigación efectiva sobre los mismos, que es lo que la juez considera que ocurre en España.
Manifestantes con fotos de víctimas del franquismo frente a la Audiencia. Julien / Afp
No obstante, Argentina ni siquiera se ha personado en las vistas de extradición, aunque se le ha dado la oportunidad expresa de hacerlo. Países como México, por ejemplo, lo hacen siempre sin excepción cuando reclaman a un presunto delincuente.
El informe del fiscal consideró esta vez que sí es posible que las denunciadas de torturas de Billy el Niño pudieran calificarse como un delito de lesa humanidad, que es lo que pretenden los querellantes: pero en ese hipotético caso, estarían igualmente prescritas.
Recordó, en este sentido, la sentencia del Supremo que absolvió a Baltasar Garzón por su causa contra el franquismo, en la que, no obstante, el Alto Tribunal concluyó que, "aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia, que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno, tiene una aplicación de futuro y no es procedente aplicarle una interpretación retroactiva".
Esto es: que la imprescriptibilidad no puede aplicarse a delitos cometidos antes de 2010, año en que España la introdujo en su Código Penal.
Antes de iniciarse la vista, la presidenta del tribunal dio por recibido un escrito de los periodistas que cubren la información judicial en el que muestran su rechazo por la negativa que ya había manifestado la juez a que se tomasen imágenes del rostro de Billy el Niño.
La magistrada Espejel preguntó entonces al reclamado si aceptaba expresamente que se hiciera, a lo que él se negó. El fiscal apoyó su postura con el argumento de que, al contrario de lo que ocurrió la semana pasada con el ex capitán Muñecas -a quien si se le grabó de frente-, éste no había alegado ningún motivo de seguridad.