tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 20 de octubre de 2013

Clamatos preparados

El escándalo Snowden incita a los europeos a sacar sus datos de EE UU

“Hay una gran desconfianza” hacia EE UU “y muchos buscan alternativas” para poner sus metadatos a buen recaudo. En pocas palabras Francisco Ginel, director de seguridad de la división grandes empresas de Telefónica, resume la situación que atraviesa el sector tras la conmoción provocada por Edward Snowden.
Este consultor tecnológico desveló en junio cómo a través de cuatro programas (PRISM, XKeyscore, Bullrun y Social Graph) dos agencias (NSA y CIA) espiaban desde los correos electrónicos hasta los datos almacenados pasando por las redes sociales.
Fuente: Cloud Security Alliance. / EL PAÍS
El goteo de revelaciones aún continúa. La semana pasada el diario The Washington Post informaba de cómo en un solo día del año pasado la NSA se adueñó de las agendas asociadas a 689.246 cuentas de correo. A este ritmo se podría apoderar en un año de 250 millones de agendas.
El llamado caso Snowden está teniendo no solo consecuencias políticas sino económicas para las empresas de las tecnologías de la información (IT) sometidas a la legislación estadounidense; al Patriot Act y al Cispa, dos leyes que otorgan amplios poderes a los servicios secretos.
Las empresas e incluso las instituciones públicas de medio mundo tienden a evitar contratar con compañías estadounidenses que ofrecen correo, almacenamiento etcétera para no ser tan vulnerables a la intrusión.
“El fenómeno está muy acentuado en Alemania”, señala Ginel. “Sí, las compañías alemanas están preocupadas”, confirma Roberto Valerio, fundador de CloudSafe en Hamburgo. “La legislación alemana les hace responsable del buen uso de los datos que acopian de clientes, empelados etcétera”, prosigue. “Si no cumplen pueden ser multadas”.
Una encuesta efectuada en julio por la Cloud Security Aliance, una asociación que fomenta las buenas prácticas en la nube de Internet, indicaba que sobre un total de 207 empresas no americanas más de la mitad (56%) es reticente a utilizar servicios de proveedores de EE UU. Un 10% habían incluso cancelado proyectos relacionados con ese país.
Fuente: Cloud Security Alliance. / EL PAÍS
Las reticencias no afectan solo al sector privado. En verano la agencia sueca de protección de datos pidió a varios ayuntamientos que revisen sus contratos con Google o dejen de utilizarlo porque no respetan la legislación. Más llamativo aún, Brasil anunció a principios de semana la creación de un servicio de correo público seguro para que su Gobierno esté a salvo del espionaje.
“Las políticas se seguridad de EE UU son perjudiciales para sus intereses nacionales”, asegura David Castro, analista de la Fundación Tecnologías de la Información e Innovación en Washington. “El Gobierno de Obama debe más transparente sobre cómo obtiene y procesa los datos”, advierte.
Eso es lo que pidieron, en agosto, seis empresas norteamericanas dedicadas a las tecnologías de la información en un memorándum enviado a la Casa Blanca. Prevén que si no se cambia la legislación perderán oportunidades de negocio por 25.600 millones de euros de aquí al 2016. Preguntados uno por uno, ninguno de los grandes del sector, desde Google hasta Yahoo, reconocen, por ahora, haber perdido clientes.
Las empresas europeas y de países emergentes van ahora a tratar de arrebatar ese botín multimillonario a sus rivales norteamericanos. “Las últimas revelaciones crean una oportunidad para que las compañías europeas marquen diferencias con sus competidores de EE UU”, afirma David Castro.
Spamina es uno de esas pymes españolas que trata de atraer usuarios inquietos por la inseguridad en EE UU. “En Spamina creemos en el modelo de nube multi-nodo que permite garantizar a nuestros clientes que leyes como la Patriot Act no tienen vigor en nuestros datacenters”, reza la presentación en su web. “La mayoría de los que ahora llaman a nuestra puerta es por este motivo”, explica Jordi Vilanova, director de marketing de esta pyme catalana.
“Desde que estalló el escándalo el número de nuestros clientes aumentó en cerca de un 25% porque solo almacenamos datos en Alemania”, indica Valerio. En Europa son, sin embargo, las empresas suizas las que hacen un mayor esfuerzo de captación —Artmotion incrementó sus clientes en un 50%— argumentando que en la Confederación los datos estarán tan seguros como el dinero.
A medio plazo los directivos europeos del sector se muestran, no obstante, escépticos. “Sospecho que los gobiernos europeos tienen intenciones similares del de EE UU y acabarán recurriendo a los mismos métodos”, vaticina Valerio resumiendo una opinión bastante generalizada.

España en lo alto del pódium

IGNACIO CEMBRERO
España es uno de los cuatro países más seguros del mundo a la hora de proteger la privacidad de sus ciudadanos. Lo indica BackgroundChecks.org, una consultora que evalúa las garantías legales que salvaguardan los datos intercambiados y almacenados por particulares y empresas.
Los otros tres países que se sitúan en lo alto del pódium son Noruega, Islandia y la República Checa. Los menos garantistas son, en cambio, Bahrein, Irán, Nigeria, Siria y Malasia.
La ley orgánica española de protección de datos de 1999 y su posterior desarrollo normativo —por el que vela una agencia estatal (AEPD)— constituyen la buena base legal, según reconocen las empresas de tecnologías de la información (IT) que operan en España, la mayoría de ellas en Barcelona y Madrid.
“El sector está creciendo, pero habría que hacer algo más para aprovechar nuestra buena fama y los recelos que suscita EE UU”, afirma Jordi Vilanova, director de marketing de Spamina, una pyme catalana dedicada a las IT.
“El Gobierno tendría que tomar iniciativas innovadoras que pongan el foco en España y hagan ver a los que buscan seguridad nuestra ventaja competitiva”, añade Vilanova. La Comisión Europea va a proponer, por su parte, una regulación de datos más garantista.
El que sí va a poner el foco en España es Gleen Greenwald, el periodista británico que ha explotado la documentación proporcionada por Edward Snowden, el consultor tecnológico de dos agencias estadounidenses (CIA y NSA), que reveló cómo espiaban a particulares y empresas. Greenwald anunció la semana pasada en Brasil que estaba trabajando para publicar informaciones relacionadas con el espionaje de EE UU a España y Francia.

Los alcaldes del PP hacen cola en los juzgados POR CORRUPTOS

Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial. Elsuperdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la devolución del dinero.
Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.
Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.
Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.
Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente disciplinario.
Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.
Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial.

El detective de la talidomida

"No quiero el premio ese que dan los suecos, sino el Guinness a la investigación más barata y eficaz”. Aunque el nombre engaña, a sus 85 años Claus Knapp es puro madrileño. Y las indagaciones a las que se refiere son las que le llevaron, junto a su compañero de la Clínica Universitaria de Hamburgo Widukind Lenz, a descubrir el origen de las malformaciones que, a partir de 1959, empezaron a ver en recién nacidos. “Eran casos terribles; niños que nacían sin brazos ni piernas”, recuerda, mientras enseña la cruda foto de uno de aquellos bebés en sus manos, solo un tronco. “Murió a los 11 días”.
 “Cuando me llegaron los primeros casos pensé: ‘Tenemos que hacer algo”. Y, tras consultarlo con Lenz y con su jefe, del que ambos eran adjuntos, iniciaron el trabajo. Fueron poco más de tres semanas. Hace justo 52 años de aquello. El pasado lunes se veía en Madrid la última sesión del juicio contra la farmacéutica alemana Grünenthal por la venta de la talidomida en España.
  “Teníamos casi 30 casos, pero nos dijeron que en Münster había más. Al final, vimos más de 500”, relata Knapp.
Durante aquellos días, hicieron doble jornada. Por la tarde, tras salir de la clínica, cogían el coche de Knapp y visitaban una a una a las madres de esos niños. “Era muy duro porque estaban muy afectadas”, recuerda. Lenz era “el inteligente, yo el listillo”, resume Knapp. Tan inteligente era el alemán que, pese a que hicieron el trabajo al alimón, él fue el que quedó en la memoria. “No me importa. Yo estaba esperando un hijo y lo que quería era volver a España”. Pero Knapp también era “el meticuloso, algo que había aprendido en el Colegio Alemán de Madrid, donde estudié antes de la Guerra Civil”. Pese a la formación de Lenz, pronto descartaron el factor genético. “Los casos aparecían en familias sin antecedentes. Y no había antecedentes: solo encontramos un caso similar, en un libro de dibujos de 1806 de Geoffroy Saint-Hilaire”.

El médico colabora ahora con los afectados españoles para acreditar el origen de sus malformaciones
Las dos primeras semanas no dieron fruto. “Hicimos una historia clínica amplísima. Le preguntábamos a las mujeres de todo: qué habían comido, qué postres compraron. Pero nada”. También, obviamente, preguntaban por los fármacos. “Los médicos empezaron a cogernos manía, porque les pedíamos las historias clínicas y se veía el descontrol que había. Todos daban medicamentos sin apuntarlos”, cuenta.
A las dos semanas de trabajo, una de aquellas visitas les dio la pista definitiva. “Fuimos a casa de un matrimonio. Él era psicólogo, y llevaba un control exhaustivo del embarazo. Fue tajante: ‘Esto es de la talidomida; es lo único que ha tomado”, recuerda Knapp que les dijo. “Habíamos visitado ya una veintena de casas, y ninguna mujer nos lo había dicho. Pero aquel hombre parecía muy seguro. Lenz y yo nos miramos. Y, entonces, hice la que considero mi mayor aportación al trabajo. Le dije: ‘Hay que volver a empezar”. En los siguientes días volvieron a visitar a las mujeres, pero ampliando el cuestionario. “No queríamos preguntarles por la talidomida, porque podían haber dicho que la investigación estaba dirigida. Queríamos que nos lo dijeran ellas”.
No fue tan fácil. Una de las primeras a la que volvieron a visitar, después de preguntarle, recordó que su vecina le había dado algo para el dolor de cabeza. Fueron a verla. “La mujer trabajaba en una fábrica de válvulas, y era ahí donde conseguía las medicinas. Según nos contó, las trabajadoras estaban sentadas en círculo, y en medio tenían una especie de frutero lleno de pastillas. Como tenían que estar tan concentradas, a todas les dolía la cabeza, y cada una cogía lo que le parecía. Así llegó la talidomida hasta su casa”.
Poco a poco, los casos se fueron confirmando. En un artículo que escribieron en 1962 Lenz y Knapp, el que dejó zanjado el asunto, describen varias situaciones en las que no bastó con preguntar. Muchas de aquellas mujeres seguían sin mencionar la talidomida, pero, entonces, se dirigieron también a los médicos de cabecera. “Ante nuestra sorpresa, la mayoría de las historias se volvieron positivas”, cuentan. Por ejemplo, relatan la de un niño que nació el 18 de septiembre de 1961. “Sus padres declararon con toda determinación que la madre no había tomado ningún medicamento somnífero ni sedante”, relatan. “Pero una caja olvidada en un neceser de viaje que hacía de botiquín familiar” desmontó esa versión. Al volver a preguntar al seguro de la mujer, se supo que un sustituto se la había recetado.


Knapp, hace cinco días en Madrid, con los historiales de las madres con bebés afectados. / ULY MARTIN
“Otra vez la madre no recordó que había estado ingresada por apendicitis. Creía que eso había sido antes del embarazo. Había recibido talidomida durante el ingreso”, cuenta Knapp. “En otra casa, el frasco estaba escondido, en un cajón aparte del resto de los medicamentos. La madre había aconsejado a la hija embarazada que no le dijera al marido que estaba tomando cosas para los nervios. Eso estaba mal visto”.
Cuando ya tenían casi todos los casos verificados, hicieron un último esfuerzo para no dejar ningún cabo suelto. “Había una mujer que negaba y negaba que hubiera tomado nada. Pero teníamos que conseguirlo. Así que un día fui con mi mujer al hospital donde había dado a luz. Mientras ella entretenía a la enfermera, yo rebusqué en su historia clínica, ¡y ahí estaba!”.
Aquellos datos fueron recogidos uno a uno. Y los investigadores, una pareja de Sherlock y Sherlock en la que ninguno de los dos se sentía Watson, fueron más allá. “Empezamos a preguntar a colegas, e hicimos cuatro grupos: casos nuestros en los que sabíamos la fecha de la concepción, casos en los que sabíamos la de la última menstruación, y otros dos iguales con los datos que nos enviaban otros médicos”.
El volumen de datos crecía. Pero el pasado de cada uno vino en su ayuda. “Durante la II Guerra Mundial, Lenz había estado prisionero en Inglaterra. Allí, en un campo, los presos se daban clases unos a otros. Y él las recibió de estadística. Eso nos permitió estructurar todos los datos”. Knapp fue el encargado de reflejar aquella información gráficamente. Lleva aquellos pliegos consigo, y los desenrolla con mimo. Todavía, 50 años después, mantiene ocultos al periodista los nombres de las mujeres. A través del papel traslúcido se lee uno: Betina. “Antes de estudiar medicina me había presentado a las pruebas de Ingeniería de Caminos, así que yo dibujaba muy bien”, dice sin presunción.
Aquellos detallados gráficos muestran al lado del nombre de cada mujer una serie de hitos: la fecha de la concepción, la de la última menstruación, las malformaciones del bebé, su fecha de nacimiento y, pintadas con detalle, las capsulitas romboides que tomó cada una. “Estos dibujos fueron clave para el futuro de la investigación”, dice.
Cuando acabaron de volcar los datos de la primera veintena de mujeres, la conclusión era clara: todas habían tomado talidomida entre los días 37 y 50 de la gestación. “¡Lo habíamos encontrado!”, dice Knapp, y todavía se le ilumina la sonrisa al recordarlo.
Pero, con ello, no había acabado su trabajo. “Quedaba lo peor: comunicárselo al laboratorio”. Fueron a su jefe, y le expusieron sus conclusiones. “Él nos dijo: ‘Hay que llamar a Grünenthal. Pero no lo hagáis solos. Que alguien del centro sea testigo”. Knapp fue el encargado de la llamada. “Educadamente, les dije: ‘Tenemos la sospecha fundada de que su medicamento está causando las malformaciones’. Hubo un clic, y se puso un abogado. Ya debían de sospechar algo”, cuenta el médico. “Grünenthal es un laboratorio muy poderoso, así que les dijimos que vinieran y les dábamos nuestros datos. Aparecieron con tres abogados. La universidad nos apoyó con uno. Les enseñamos los papeles, pero, después de irse, nos llamaron y nos dijeron que no se lo creían”.
Fueron unos días tensos. “Los detectives pululaban a nuestro alrededor. Y decidimos que teníamos que hacer ruido. Empezamos a contárselo a los colegas, y cada vez nos llegaban más casos. Al final, 17 días después, el laboratorio retiró el medicamento del mercado. ¡Quién sabe cuántos niños nacieron a los nueve meses con malformaciones que podían haberse evitado! Nosotros contamos cuatro”, se lamenta.
La historia tiene estrambote: “Poco después, vinieron de la empresa y nos pidieron llevarse los papeles. Les dijimos que no. Como mucho, les ofrecimos hacerles fotocopias. Yo vi que intentaban llevarse los originales, pero no queríamos darle el nombre de las mujeres. Temíamos que las presionaran para que cambiaran su versión, así que ellos metían la mano, pero antes de coger la fotocopia, yo cortaba con una cuchilla el nombre. No me atreví a tacharlos por si encontraban forma de leerlos”, relata Knapp como quien cuenta una travesura.
Todavía después de ello, el laboratorio se resistió a admitir su responsabilidad, dice. “Hicieron congresos, reuniones, llamaron a la prensa para descalificarnos”. La madre de Knapp, periodista de prestigio en Berlín, fue una ayuda fundamental en aquella lucha de medios. Poco después, nació el hijo de Knapp. “Él podía haber sido uno de los niños de la talidomida”, dice. El médico y su familia volvieron a España.
En 1971, el laboratorio acordó indemnizar a los afectados alemanes. Fue la llamada sentencia Contergan, así llamada por el nombre de uno de aquellos fármacos. La batalla podía haber quedado para el recuerdo, si no fuera por la reactivación del caso por los afectados españoles. “Vinieron a pedirme que revisara sus historias, pero no llegamos a tiempo para el juicio”. Su papel ante posibles indemnizaciones futuras —186 afectados piden 204 millones— puede ser, otra vez, clave. “Aunque no puedan demostrar que su madre tomó talidomida, eso no hace falta. Viendo sus lesiones, yo puedo certificar quién es afectado y quién no. Son muy características, y sería una injusticia que no se lo reconocieran”.

Un millón de euros por el violín que sonó durante el hundimiento del Titanic

El violín que usó el director de la orquesta del 'Titanic', Wallace Hartley, para ayudar a tranquilizar a los pasajeros, mientras el enorme barco se hundía ha sido subastado este sábado tras ser expuesto en Belfast. Su precio estimado se situaba entre las 200.000 y las 300.000 libras (entre 236.000 y 354.400 euros). Finalmente, ha sido adquirido por 900.000 libras (un millón de euros).
El instrumento perteneció a Wallace Hartley, quien murió junto con otras 1.500 personas, cuando el barco se hundió en 1912. Fabricado en Alemania, que fue encontrado atado al cuerpo de Wallace después de que muriera en el hundimiento, cuenta con todos los alicientes de un objeto de leyenda.
El organizador de la subasta asegura que el violín representa todo lo bueno de la naturaleza humana. La banda del Titanic tocó el himno 'Nearer, My God, To Thee' para calmar los pasajeros que subían a los botes salvavidas, mientras el majestuoso Titanic se hundía bajo las aguas heladas, tras chocar con un iceberg.
El director de la orquesta pereció junto a los otros siete músicos. Su cuerpo fue recuperado 10 días después del hundimiento, el violín estaba dentro de un estuche de cuerdo que estaba atado a su cuerpo.
El preciado violín cuenta con una inscripción en la parte posterior que revela que fue un regalo de su prometida Maria Robinson, con ocasión de la ceremonia de compromiso nupcial: "Para Wally, con motivo de nuestro compromiso". El director de orquesta no se quiso separar del regalo que le había hecho su amada en 1910, cuando se comprometieron. La boda se iba a celebrar a su regreso.
El instrumento siempre se había dado por perdido, pero su hallazgo fortuito en el ático de una casa en 2006, fue recibido con alegría por los amantes de la historia del transatlántico 'Titanic' en todo el mundo. Las pruebas posteriores realizadas al instrumento han demostrado que es auténtico.
La venta del violín se ha llevado a cabo en la puja organizada por la casa de subastas británica Henry Aldridge and Son, especializada en objetos de colección, y que ya había sacado al mercado varios recuerdos del Titanic.
A excepción de dos grandes grietas, causadas por la humedad, el instrumento y su estuche se encuentran en perfecto estado, aunque solo conserva dos cuerdas.

La 'desaparición' del espárrago blanco español

Ir a un establecimiento de una gran cadena comercial e intentar comprar unos espárragos blancos españoles puede ser una misión imposible. Después de mirar atentamente los botes o latas, tal vez con ayuda de las gafas se encuentre una referencia al origen de los espárragos en cuestión: China o Perú en un altísimo pocentaje de probabilidades.
Más probable es encontrar los espárragos blancos, de buen calibre (grosor), en alguna tienda especializada en alimentación, bien de las denominadas 'gourmet' o en un pequeño establecimiento de barrio. Si finalmente se encuentra el ansiado 'Origen:: España' habrá que atender bien al cartel con el precio. Aproximadamente cuestan el tripleque los que llegan de Asia, de América o, a consecuencia del acuerdo comercial econ la UE, de Marruecos, producidos quizás por agricultores españoles que han arrendado tierras en el país magrebí.
Lo cierto es que el espárrago, que hace unos años fue llamado 'oro blanco', está en total retroceso en el Valle del Ebro y algunas comarcas andaluzas, que constituían las principales zonas productoras, en parte por la competencia que algunas conserveras navarras, con ayuda de la administración que puso en marcha un plan de ayudas para que inviertieran fuera de España, suponían para la producción nacional.
Los agricultores del Valle del Ebro que cultivan espárrago blanco han disminuido su número de manera alarmante. Apenas queda una décima parte de hace unos años. En cuanto a las hectáreas destinadas al cultivo han pasado de 10.000 hectáreas a unas 1.500 en apenas un lustro.
El espárrago blanco cultivado en Andalucía, que en su día alcanzó un volumen importante, también se ha quedado reducido a unos pocos municipios sobre todo de la provincia de Jaén. Allí también se ha notado la crisis del cultivo pues de las 400 hectáreas de espárrago blanco que había en Jódar hace pocos años, apenas quedan ya unas 20 en explotación. La escasa rentabilidad está desviando la producción hacia el espárrago verde, más rentable.

A precio de 'delicatessen'

Los pocos agricultores que mantienen el producto nacional también se quejan de que el espárrago blanco sea considerado una 'delicattessen' y sobre todo, que tengan un precio como tal. "El agricultor apenas percibe 2 euros por kilo de espárrago. No es admisible que una lata con medio kilo se pueda vender a a 10 ó 12 euros", explica Ignacio Gil, miembro de la comisión ejecutiva de EHNE- Coag.
Según Gil, era un dicho conocido que "una hectárea de espárrago equivalía a un puesto de trabajo", ahora ya es difícil conseguirlo. Aproximadamente suponía unos 22.000 euros, pero la reducción del cultivo repercute seriamente en el empleo agrícola.
Cuando en los buenos tiempos llegaba la campaña de recogida navarra, muchos temporeros andaluces subían a Navarra o La Rioja para trabajar en estas faenas, pero la falta de producción prácticamente ha acabado con esta emigración temporal.
Es difícil luchar con los costes de mano de obra de la competencia, porque em Perú y México se paga entre 5 y 7 euros por dia al trabajador, un salario que en China se rebaja hasta los 2 euros diarios. Así, los 60 euros por dia que reciben los trabajadores españoles eleva espectacularmente los costes. Y para colmo, Marruecos, que al igual que Grecia, otro competidor y éste dentro de la Unión Europea, comienzan su producción de espárrago blanco a la vez que España con la competencia en los mercados que eso supone.

El espárrago navarro 'emigra'

En todo caso, en Navarra también ha cambiado con el tiempo el mapa de la producción de espárragos. Del corazón de la huerta tudelana se ha tenido que ir mudando a zonas de La Rioja y Aragón, hsta el punto que la Indicación Geográfica que protege la producción también incluye ya estas zonas. Y los agricultores, ante la confusión del origen de sus productos está optando por la venta en fresco del espárrago, una iniciativa que está empezando a dar buenos resultados, según confirman desde Coag.
Otro problema añadido y que en este caso perjudica al consumidor, es la aparición en el mercado de espárragos con etiquetas engañosas, que aludiendo a términos coloquiales o imágenes que pueden recordar a los espárragos tradicionales navarros, 'cuelan' en sus envases espárrago chino o peruano.
Contra este engaño ya se han empezado a dar pasos. Concretamente un caso de etiquetado engañoso llegaba en septiembre a los tribunales y el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona ha dado la razón al Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra y ha declarado como conducta desleal la utilización del lema 'Conservas Tradicionales de Navarra' para identificar y comercializar espárragos no amparados por la IGP, por lo que la empresa tiene que "cesar en el uso en el tráfico mercantil del término 'Navarra' o similares".
La sentencia, que ya es firme, condena a la empresa a retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción y la conducta desleal, incluida la modificación de su propia página web. También se condena a la empresa infractora (los espárragos eran peruanos) a indemnizar con 30.000 euros a las tres empresasque también demandaron en concepto de daños morales. Una cifra económicamente muy asumible tras tres años de litigio.
Esta era la segunda sentencia que daba la razón a la IGP dado que en mayo de 2011, el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Logroño, condenó a la empresa Coronas de Navarra S.L. a dejar de utilizar la marca comercial Coronas de Navarra para vender espárragos no amparados en la IGP Espárrago de Navarra, provenientes de China.
Las empresas asociadas a Origen España están dispuesta a demandar cualquier caso de engaño sobre la procedencia de los productos, un fraude al consumidor que se estima suponen unas pérdidas al sector de 3 millones de euros anuales.
Ahora se abre otro capitulo sobre el origen de los alimentos con el pimiento del piquillo, que sigue las misas rutas de Perú y China hasta Europa, lo que también afecta negativamente a los productores del Valle del Ebro que sospechan que han podi entrar bajo epigrafes confusos por las aduanas, por lo cual es difícil cuantificar las cantidades.

JP Morgan pagará 13.000 millones de dólares por el fraude de las hipotecas basura

El Gobierno de Estados Unidos y JP Morgan alcanzaron este sábado un principio de acuerdo para saldar los expedientes por los abusos de la burbuja inmobiliaria. Según varios medios estadounidenses, la entidad bancaria se compromete a abonar una cifra récord de 13.000 millones de dólares. Unos 9.500 millones de euros al cambio que no eximirían a sus ejecutivos de las responsabilidades penales derivadas de las investigaciones abiertas contra el banco por fiscales de California y de Nueva York.
La cifra se comerá más de la mitad de los beneficios del banco neoyorquino, que rozaron en 2012 los 21.300 millones de dólares: unos 15.500 millones de euros al cambio actual. Un tercio de la suma acordada con el Gobierno federal se dedicará a compensar a los afectados por los desahucios y el banco podrá deducirla en sus cuentas anuales con el fisco.
El acuerdo lo cerraron durante una conversación telefónica el fiscal general Eric Holder y Jamie Dimon, cuyo mandato como presidente de JP Morgan se ha visto sacudido en los últimos meses por un rosario de escándalos financieros.
El más sonado lo protagonizó su ejecutivo español Javier Martín-Artajo, que falseó las cuentas de su departamento mientras trabajaba en la oficina londinenses de la entidad. El principio de acuerdo alcanzado por JP Morgan no se refiere a ese escándalo sino a varias denuncias presentadas por el Gobierno de EEUU para proteger a los usuarios estafados por la entidad durante los años de la burbuja inmobilaria.
El origen de la multa son varios expedientes abiertos al banco porvender a los inversores productos financieros relacionados con las hipotecas basura sin advertir del riesgo que asumían al comprarlos. También una denuncia sobre los créditos que JP Morgan vendió a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, en cuyo rescate los contribuyentes estadounidenses se han dejado unos 136.000 millones de euros.
Muchas de las investigaciones que ahora quiere saldar la entidad financiera neoyorquina los heredó al adquirir durante la crisis a su rival Bear Stearns. Un extremo que ha invocado como un posible atenuante Jamie Dimon, al que las querellas le obligaron a presentar hace unos días sus primeras pérdidas trimestrales desde que asumió la presidencia del banco en diciembre de 2006.
"Es muy doloroso para la compañía", dijo entonces Dimon sobre el goteo de multas que le tocaba asumir a la entidad. Entre ellas los 730 millones de euros que ha pagado a cinco reguladores por el fraude ideado por el español Martín-Artajo.
JP Morgan no es la primera entidad en cerrar un acuerdo sobre el fraude de las hipotecas con el Gobierno de EEUU. Antes lo hicieron Citigroup, General Eléctrica y la entidad suiza UBS, que se comprometió a abonar 885 millones de dólares: unos 646 millones de euros al cambio actual.

El fraude de las preferentes que detectó la CNMV y que ocultó a los ahorradores

A lo largo de la semana se ha publicado mucho sobre la concesión delpremio Nobel de Economía a dos investigadores que defienden posiciones contradictorias. Se trata de Eugene Fama y de Robert J. Shiller, que se han hecho famosos por sus teorías sobre cómo se forman los precios de los activos.
Según el primero, las acciones y los bonos incorporan a su precio toda la información disponible en el mercado a mucha velocidad. Por ello, resulta posible prever su evolución a través de patrones matemáticos. Dice que los mercados son "eficientes". El segundo, sin embargo, considera que, además de los condicionantes financieros, en el valor de los activos influyen otros psicológicos y sociales.
De hecho, Shiller dedica el capítulo 2 de su último libro -Las finanzas en una sociedad justa (Deusto, 2012)- a pitorrearse elegantemente de la teoría de su compañero de galardón y del concepto de "información disponible". Hay muchos ejemplos de que la información que suele estar disponible para las elites no lo suele estar para las capas de inversores más bajas: "Algunos corredores tienen información privilegiada que otros no tienen", dice el reciente premio Nobel.
Se supone que para evitar esto están los reguladores. Siempre que no sean como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El documento de este organismo que les ofrece en su integridad y en exclusiva El Mundo revela que era consciente en 2011 de que la mayoría de los integrantes del sistema financiero español estaba cometiendo irregularidades, en muchos casos muy lesivas para los ahorradores, a través de las preferentes y las obligaciones subordinadas.
El Informe sobre la revisión de la operativa de case de operaciones entre clientes de instrumentos híbridos (cursiva) fue realizado en septiembre de 2011 por el Departamento de Supervisión del regulador y fue enviado en el mes de mayo de este año a la Audiencia Nacional, dentro de la causa que investiga Fernando Andreu sobre el escándalo de la salida a Bolsa de Bankia.
Sin embargo, la CNMV remitió el documento lleno de tachones para que sólo se pudiera acceder a la información que afectaba a Bancaja.
EL MUNDO ha conseguido el informe sin tachas. En él se describe que, salvo los grandes bancos, todas las entidades cometían algún tipo de anomalía en la negociación de los productos híbridos. Clamorosos resultan los ejemplos de CAI, Caixa Penedés, Ibercaja, CAM, Caja Sol, Caja Canarias, La Caixa, Caja Cantabria, Caja Extremadura, Caja Asturias, Caja Murcia, Unimm, Catalunya Caixa, Caja España, Caja Duero, Banesto y Novacaixagalicia.

Como es conocido, tras la caída de Lehman Brothers, las cajas de ahorro, buscaron en los productos híbridos el medio para ampliar capital. Para ello convencieron a miles de ahorradores de convirtiesen sus depósitos, que estaban totalmente garantizados, a preferentes y deuda subordinada, que no estaban garantizados, pero que sí que computaban como capital. Estos productos, que cotizaban en un mercado opaco, pronto comenzaron a caer de precio.
Sin embargo, cuando un cliente quería rescatarlo, su entidad se veía en la obligación de devolverle el 100% del nominal para evitar que se destapara el fraude. ¿Cómo lo hacía? Colocándole la preferente deteriorada a otro cliente. Es lo que se llama operativa de case o de colocación.
En el fondo es como si a un cliente se le vende un coche con la falsa promesa de que no va a depreciar. Cuando el inversor quiere desprenderse de él, el banco, en lugar de comprárselo a un precio de mercado, le paga el 100% y se lo coloca a otro cliente con la misma promesa y pagándole un buen interés. Así hasta que al coche se le cae el motor y no hay a quien colocárselo. El último cliente engañado es el que se lo traga.
El informe de la CNMV describe cómo, por ejemplo en el caso de las cajas integradas en Banca Cívica, los servicios de estudios atribuían a sus preferentes "valores inferiores al 100% incluso en las emisiones con mejores condiciones. Sin embargo, todas se negocian a precios en torno al 100%". Es decir, colocaban a los clientes seats Ibiza de los noventa como si estuvieran recién salidos del concesionario.
¿Quieren más? En la CAM había emisiones que se habían deteriorado un 73% y que eran colocadas a inversores como si su precio permaneciera intacto. (Vender un Dos Caballos como si fuera un Lamborgini).
La Caixa, que fue el principal emisor de este tipo de deuda con un saldo vivo en 2011 de 12.500 millones de euros, coexistían emisiones recientes con otras que se habían depreciado hasta un 45%.

La CNMV le abrió una inspección al constatar que su sistema de cases era también por el 100% del valor nominal. Algo similar sucedían en las cajas de Unimm.
Mención aparte merecen los casos de Caja España y Caja Duero y Novacaixagalicia. En este último caso, la entidad tuvo que admitir "la existencia de un conflicto de interés en su actuación de promover compras de estas emisiones para solventar problemas de liquidez". Traducido, que eran conscientes de que estaban perjudicando a unos clientes colocándoles preferentes que otros no querían sin desvelarles su deterioro para no destapar el fraude.
En el documento adjunto pueden comprobar todos los casos. Uno por uno. Los reproches a los grandes bancos, salvo al BBVA que tenía el mejor sistema, se adscriben a falta de transparencia más que a sospechas de fraude. Sí que hay una fuerte reprimenda a Banesto: "La entidad reconoce que no ofrece al cliente información sobre el valor (de las preferentes) ni acredita o justifica de ningún modo el precio de case en sus sistemas internos sea a valor razonable".
La CNMV se puede escudar en que mandó advertencias sobre las preferentes y que hizo requerimientos a todas las entidades para que eliminaran las irregularidades. Sin embargo, ¿por qué no avisó directamente a los clientes -o llegado al extremo, a la Fiscalía- de que en muchos casos estaban siendo literalmente engañados? ¿Por qué no hizo público el documento que hoy revelamos y que evidencia que los altos intereses que ofrecían las cajas y las recompras de preferentes que realizaban al 100% del valor de emisión formaba parte, en algunos casos, de un fraude? ¿Por qué alertó a los inversores de qué cajas lo hacían bien y cuáles lo hacían mal?
Como dice Shiller, "si no hay noticias de los riesgos, los precios no cambiarán hasta que no llegue la catástrofe". En el caso de las preferentes, las autoridades conocían los riesgos, pero en lugar de exponerlos con toda su crudeza, los ocultaron. Sobre la catástrofe, de poco les puedo informar que no sepan.