tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 18 de febrero de 2014

Interview with a Hitman (2012)


Un sicario de la élite vuelve para borrar su pasado sólo para descubrir que alguien se ha metido con su futuro..

Una víctima de Billy el Niño en el franquismo: “Me detuvieron a tiros”

La causa abierta en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo sigue avanzando. Los querellantes han empezado a declarar este lunes por videoconferencia ante la justicia argentina desde el consulado en Madrid y continuarán haciéndolo durante toda la semana. Tres han declarado hoy y otros diez lo harán en los próximos días. "Es un día histórico. Hemos dado un paso de gigante", ha celebrado la portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que agrupa a un centenar de asociaciones de víctimas del franquismo y por la recuperación de la memoria histórica. Los querellantes confían en que a partir de ahora se "agilicen las investigaciones y las imputaciones" por los crímenes del franquismo. Entre otras, han solicitado la de José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El primero en declarar este lunes por videoconferencia con el juzgado de Buenos Aires, a la una de la tarde, ha sido Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT Andalucía. Gordillo fue uno de los promotores del proyectoTodos los nombres, que ha identificado a más de 75.000 desaparecidos y represaliados durante el franquismo. Durante su declaración se ha referido especialmente al "trabajo esclavo" de presos durante la dictadura.
También ha declarado por videoconferencia hoy Jesús Rodríguez Barrio, que fue interrogado y golpeado en la Dirección General de Policía de Madrid por Billy el Niño, uno de los dos expolicías para los que la juez argentina ha pedido su extradición acusados de torturas durante el franquismo. La fiscalía se opone a la extradición. No obstante, el relator de la ONU Pablo de Greiff recordó durante su reciente visita a Madrid que España está obligada a hacerlo o a juzgarle en su territorio.
Jesús Rodrìguez cuenta que fueron a buscarle a la puerta de su casa el 16 de abril de 1975. “Fui detenido a tiros”, asegura, por ser de izquierdas. Tras ser procesado por asociación ilegal, finalmente, pasó dos meses en la cárcel de Carabanchel.
También ha contado hoy su historia a la justicia argentina María Mercedes Bueno Morales, que denuncia el robo de su bebé en 1981 en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción, en Cádiz.
Tras algo menos de tres horas de declaración, los tres abandonaron el consulado argentino en Madrid, en el que a lo largo de toda la semana declararán por videoconferencia otros diez querellantes, como Hilda Farfante, cuyos padres, maestros, fueron fusilados con un día de diferencia en 1936.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina confía en que una vez desbloqueada esta vía, la justicia argentina pueda escuchar por videoconferencia los testimonios de muchas víctimas del franquismo que por su avanzada edad no pueden desplazarse a Buenos Aires para contar su historia personalmente ante la juez.

El PP impone un trámite ultraveloz para archivar la justicia universal

El PP ha decidido imponer una tramitación ultrarrápida a su proposición de ley que elimina casi por completo la llamada justicia universal. Con su mayoría absoluta hará que a finales de marzo estén archivados una docena de sumarios que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el del genocidio en el Tíbet y el de la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso.
Los populares han presentado este lunes un escrito en el Congreso para acelerar hasta el límite legal los plazos de tramitación de su proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que suprime la capacidad de la justicia para actuar fuera de España.
El Ministerio de Justicia decidió utilizar la vía de la proposición de ley del Grupo Popular, para evitar así el trámite de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, entre otros. Si hubiera usado la vía de proyecto de ley del Gobierno, la reforma no habría entrado en vigor antes de verano y, además, hubiera tenido que estar sometida a la polémica pública. La intención del Gobierno, según admite el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, es evitar conflictos diplomáticos, especialmente el abierto con China por la persecución de varios exdirigentes acusados de genocidio en el Tíbet.
Una vez finalizado el plazo de enmiendas, la reforma se incluirá directamente en un pleno para su aprobación en lectura única y remisión al Senado. Es decir, se evita el trámite en comisión, con debate y votación de las enmiendas, para ir directamente al pleno.
El artículo del Reglamento del Congreso invocado por el PP asegura que “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomado en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única”.
Añade que, “adoptado tal acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, sometiéndose seguidamente el conjunto del texto a una sola votación”. Y “si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado y se remitirá al Senado. En caso contrario, quedará rechazado”. La Cámara alta, en lugar de dos meses, dispondrá de 20 días para enmendarlo o aprobarlo definitivamente.

El cálculo del PSOE, que con el resto de los grupos rechaza la proposición de ley, es que el PP lo querrá aprobar en el pleno del 13 de marzo, para que el Senado lo pueda aprobar antes de acabar el mes.Si el PP hace lo mismo en el Senado (lectura única), el texto no se podrá enmendar, sino solo vetar con mayoría absoluta, y los plazos de enmiendas se reducirán a la mitad: ocho días para el primero y cuatro para las ampliaciones que se acuerden, aunque es probable que no se amplíe el plazo demasiado.

Según dicha reforma, los jueces españoles solo serán competentes para investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra cuando “el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.
Solo el PP votó el martes en el pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley. El PSOE anunció su intención de recurrirla al Constitucional, por considerarla contraria a los tratados internacionales, que tienen la misma fuerza que la Constitución. También ha provocado malestar en fiscales y jueces de la Audiencia Nacional, que pueden presentar cuestiones de inconstitucionalidad al verse obligados a archivar las causas afectadas.

Los cortes de agua por impago se disparan con la crisis

José María Guevara acarrea todos los días en su bici dos garrafas con 18 litros de agua a su casa de Jerez para el baño, asearse y limpiar los platos y el piso. Se la da su madre porque hace tres semanas le cerraron el suministro por una deuda de 42 euros.Casos como este cada vez son más comunes en España. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar —como hace cuatro años— un 60%, es decir, 300.000.
Este lunes el Parlamento Europeo empezó a estudiar una propuesta que pide a la UE que fije como derecho el acceso a un mínimo vital de agua potable. Es la primera iniciativa ciudadana que llega a la Eurocámara, tras lograr la firma de 1,8 millones de personas. Según Aeopas, en Europa un millón de personas no tienen acceso al agua potable y ocho millones carecen del servicio de saneamiento. Luis Babiano, gerente de Aeopas, ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa en España. “Cada día crece el número de personas que se quedan sin un suministro que es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegar”, advierte.  “La única forma de garantizar un mínimo vital a la población es mediante la gestión del agua desde un modelo público solidario”, asegura.
Aigües
En su resolución del agua como derecho humano, Naciones Unidas fijó ese mínimo vital en 40 litros por persona cada 24 horas. Pero la sociedad pública Aigües del Prat, que da suministro al municipio de El Prat de Llobregat (Barcelona) y cuenta con un fondo de solidaridad que bonifica el 100% del consumo y la cuota de servicio a abonados con problemas económicos, tiene otros cálculos. La empresa considera que el mínimo vital para un consumo sostenible debería fijarse en 100 litros por persona y día, aunque añade 50 litros más a ese umbral porque, aunque parezca contradictorio, quien más agua gasta no es quien más recursos tiene.
“La mayoría de los hogares de un nivel medio tienen instalados electrodomésticos de bajo consumo, cisternas de doble descarga y otros mecanismos de ahorro. En cambio, los hogares de un nivel social inferior, por norma general, no han podido invertir en este tipo de mecanismos. Hay familias que tienen muchos problemas para poder reparar las fugas en cisternas o grifos por falta de recursos. Hay que tener en cuenta, además, que aquellas con miembros en situación de desempleo pasan más horas en el domicilio familiar y, por tanto, el consumo de agua es superior”, explica el documento.
Aigües del Prat aprobó por unanimidad el nuevo cuadro de tarifas el pasado diciembre y está pendiente de empezar a aplicarlo. Según el gerente de esta entidad, Jordi Miró, unas 200 familias de los 30.000 abonados podrían acogerse a alguna modalidad de tarifa social. “El mínimo vital lo tienen asegurado todos los vecinos”, aclara satisfecho.
No existe una estadística nacional de usuarios sin agua por impago porque no hay un regulador único. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 9,2% de los hogares sufría el pasado año retrasos en recibos (agua, hipoteca, alquiler, gas, electricidad, comunidad u otros) relacionados con la vivienda principal, 0,8 puntos más que el año anterior. Hace seis años la tasa era de un 6%.
La presión social consigue paliar las emergencias. Igual que Guevara en Jerez, Judit Rodríguez, de 43 años, pasó en Murcia por el mismo suplicio de vivir con su pareja y sus cuatro hijos de entre 9 y 17 años sin agua. “No se podía ni comer. Tenía que pedir prestado el baño o agua a los vecinos para asear a los niños y bebíamos de botellas”, recuerda.

“No quería caridad, quería una solución”, afirma una afectada
Pero Judit, que ha trabajado en restaurantes y cuidando a personas, peleó. “No quería caridad, quería una solución”, afirma ahora que ha conseguido, con el apoyo de la Asamblea Paz Fama Vistabella, que no se corte más el agua a hogares con problemas económicos en su ciudad. El sociólogo Miguel Ángel Alzamora, miembro de este grupo, recuerda que, antes de la movilización de la plataforma, el problema afectaba a cientos de personas y se consiguió dotar un fondo social que hiciera frente a estos pagos. Aunque advierte de que estos recursos solucionan la urgencia, pero no el problema.
Los fondos sociales los crean las empresas de agua o los municipios, que suelen dotarlos con recursos que iban destinados a otras actuaciones sociales que se ven perjudicadas por la emergencia. “No se puede coger el dinero del agua y dedicarlo a otras cosas. Y tampoco se puede dotar el fondo con partidas de asuntos sociales, que son fundamentales”, advierte Francisco López, portavoz de la plataforma ciudadana de Jerez.
La jurista e investigadora María Giménez coincide en que la dotación de fondos sociales “es paliativa, pero no afronta el problema”. “El acceso al agua es un derecho relacionado directamente con la dignidad de las personas, algo incompatible con la consideración del suministro como mercancía y de los usuarios como clientes. Son personas y el acceso al agua está vinculado a esta consideración”, explica. “Muchos Ayuntamientos con gestión privada del servicio contribuyen a este drama social legalizando el corte por impago sin tener en cuenta la incapacidad económica del ciudadano, sin procedimiento de apremio y sin respeto al principio de proporcionalidad. En algunas ciudades incluso se interpreta que si el usuario no paga es porque quiere darse de baja en el servicio voluntariamente. Es urgente que se eliminen estas prácticas de todos los reglamentos municipales. Desgraciadamente el desahucio hídrico es invisible y nuestros gobernantes muestran poca voluntad política en evitarlo”, subraya.

El sobrecoste de la tarifa fija anual de la luz superará al de las subastas

Los consumidores han pagado un sobrecoste de 1.147 millones en los últimos cuatro años por la tarifa de la luz debido a las subastas eléctricas, según cálculos del Ministerio de Industria. Eso supone en torno al 3% del recibo total en esos años. El Gobierno quiere acabar con ese sobreprecio al vincular la factura al precio del mercado y da como alternativa una oferta a precio fijo durante 12 meses para quienes no quieran arriesgarse a los vaivenes. Sin embargo, fuentes de Industria admiten que lo previsible es que quienes se acojan al precio anual tengan que pagar un sobrecoste aún mayor.
Las subastas Cesur garantizaban estabilidad en el precio por periodos de tres meses, aunque variase el precio de la energía en el mercado. El sobrecoste era el precio del aseguramiento, proporcionado por entidades financieras. Ahora, las comercializadoras que ofrezcan una tarifa anual por la parte de la energía (pues la parte de peajes continuará siendo fijada por el Gobierno para todos) deberán también cubrir su riesgo y el coste de una cobertura anual será, en principio, mayor al de un aseguramiento trimestral, por lo que en el propio ministerio ven probable que el sobreprecio sea mayor que el de las subastas.
El comercializador fijará la tarifa anual libremente. La única esperanza para los consumidores es que la competencia limite ese sobrecoste y que la cobertura natural que implica la existencia de grupos integrados permita reducir ese coste de aseguramiento.
Para ello es vital que la información sea muy transparente. El Gobierno llegó a plantearse una medida como la tasa anual equivalente (TAE) que están obligados a usar los bancos y que facilita la comparación de los tipos de interés en ofertas con diferentes plazos y comisiones. Al final, Industria descartó la TAE eléctrica por la complejidad del sector, pero exigirá que las compañías publiquen sus ofertas anuales en una misma web y que esas ofertas tengan una estructura que permita comparaciones homogéneas.
Las ofertas anuales están pensadas sobre todo para pequeños negocios. Industria cree que la mayoría de los consumidores se acogerán a los precios de mercado y que con ello obtendrán ahorros frente al sistema de subastas, aunque el precio puede dar saltos de una factura a otra, que fuentes de Industria creen que no superará los 5 euros. Quienes tengan contadores inteligentes preparados para ello, pagarán la parte de energía del recibo de la luz al precio en que se sitúe cada hora. Para el resto, se aplicará el precio medio del periodo de facturación (habitualmente dos meses).
El ministerio llegó a estudiar una especia de TAE como el de los bancos para la luz
Las eléctricas y su patronal, Unesa, han presentado alegaciones contra la propuesta de Industria. Ven inviable la facturación por horas en abril por las complejidades de carácter técnico. Para la facturación por horas se aplicarán 1.464 precios diferentes (24 horas por 61 días), con lo que será casi imposible que dos clientes con el mismo tipo y volumen de consumo paguen lo mismo, lo que puede resultar, a su juicio, discriminatorio. También denuncian que el nuevo sistema será extremadamente volátil, que el consumidor nunca sabrá qué le está costando la electricidad y no podrá planificar su demanda. Las eléctricas, además, no creen que introduzca competencia, sino que supondrá un freno a la liberalización. Por último, critican que se use el pool (el mercado mayorista eléctrico) como referencia, cuando no está diseñado para ello, con lo que creen que el nuevo sistema nace viciado de base.
El Gobierno tiene aún pendiente la reforma del pool. Fuentes de Industria consideran que las compañías han aprendido demasiado sobre su funcionamiento y utilizan sus mañas para obtener el precio más alto posible. Al Gobierno le preocupa el coste de los mercados de ajuste, pero ven otras anomalías. “Tan aberrante es que una nuclear cobre 90 euros por megavatio como que cobre 0”, señalan fuentes de Industria. Entre las posibilidades está dejarlas fuera del pool, establecer un suelo y un techo o usar otros mecanismos para evitar esas oscilaciones.
El Gobierno pondrá límites a la retribución de las nucleares
Mientras, la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia publicó ayer que el déficit de tarifa, que es el desfase que se produce porque los pagos (de los peajes) no cubren los costes de la actividad regulada de las eléctricas, aumentó hasta los 4.098 millones en diciembre, lo que supone superar en unos 400 la última previsión del propio Ejecutivo. El alza se debe a los costes de la actividad extrapeninsular y las primas a las renovables. No obstante, es un dato provisional, porque quedan dos liquidaciones y la cifra definitiva se sabrá en abril.
Tras la reforma eléctrica, Industria quiere este año centrarse en la del gas, donde también hay déficit de tarifa. En el subsector del butano, planea la liberalización del precio protegiendo a los consumidores más vulnerables. El problema es que las bombonas son revendibles, con lo que uno de los factores a tener en cuenta es cómo limitar al máximo el mercado negro del butano si se establece una bombona social.

La policía detiene a un sospechoso de la matanza de los Alpes

La policía francesa ha detenido hoy a un sospechoso del cuádruple crimen de Chevaline, cometido en un aparcamiento de montaña cerca del lago de Annecy, en los Alpes franceses, el 5 de septiembre de 2012. El detenido es un hombre de 48 años, vecino de la región Alta Saboya, y según el fiscal que se ocupa del caso, Eric Maillaud, ha sido identificado gracias a los testimonios recogidos tras la difusión, en noviembre pasado, de un retrato robot de un motorista con un casco negro. El fiscal, que siempre pensó que el asesinato fue obra de más de una persona, ha dicho que podría haber más detenciones.
La matanza de Chevaline ha sido un enorme desafío para las policías francesa y británica durante cerca de año y medio. Los hechos sucedieron en un paraje idílico, a las puertas de un bosque y un lago, a plena luz del día. Un hombre, que según un testigo circulaba en una moto, disparó contra el BMW de una familia británica de origen iraquí residente en la periferia de Londres que se encontraba de vacaciones en la zona.
Tres miembros de la familia Al-Hili (el padre, Saad Al-Hili, un ingeniero aeroespacial de 50 años; su mujer Iqbal, también anglo-iraquí, de 47 años, y la madre de esta, de 77 años) murieron en el acto, mientras las dos hijas de la familia se salvaron. La mayor, Zainab, de 7 años, resultó herida de bala en un hombro y de un culatazo en la cara y tuvo que ser operada dos veces; la pequeña, Zeena, de 4 años, logró salir ilesa porque se escondió debajo del cuerpo de su madre. El cuarto fallecido fue Sylvain Mollier, un vecino que paseaba en bici por la zona y que no guardaba relación con los turistas.
La policía gala estableció desde el principio que el asesino actuó con “una brutalidad inusitada” y “absoluta determinación para matar”, y descubrió que el tirador usó un arma de coleccionista: una Luger P06 que utilizaba el ejército suizo en los años veinte y treinta. Este dato sugería que el asesino podría ser un tirador con experiencia y residente en esa zona fronteriza con Suiza. La identidad del arma fue determinada al 100% gracias a los 25 casquillos hallados en el lugar del crimen.
El informe policial afirmaba también que el asesino ejecutó su acción en apenas cuatro minutos, con una excepcional sangre fría. Según los investigadores, los disparos realizados contra el BMW atravesaron limpiamente las ventanillas del coche sin rozar apenas la carrocería. Las cuatro víctimas mortales fueron alcanzadas en la cabeza.