tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 29 de enero de 2014

Uno de cada tres niños españoles vive en riesgo de pobreza

En España hay 8.362.305 niños y niñas. De ellos, 2.500.329 (casi el 30%) viven bajo el umbral de la pobreza y 2.826.549 viven en riesgo de pobreza o exclusión social (el 33,8%). La cifra de niños en riesgo de pobreza se eleva hasta el 45,6% entre las familias monoparentales, al 49,2% cuando al menos uno de los padres es de origen extranjero y al 57,6% cuando los padres no alcanzaron la educación secundaria.
Es la ecuación de la pobreza que denuncia este miércoles la ONG Save the children. Uno de cada tres menores de 18 años se encuentra en riesgo de exclusión, alejado de los derechos esenciales que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño. Su informe se llama '2.826.549 razones' y pretende poner cara a la terrible estadística que deja la trayectoria de la pobreza infantil: España se empobrece por la pérdida de empleo o su precarización, la política contra la pobreza es ineficaz, los servicios sociales están desbordados, crece la desigualdad y los niños se hacen más vulnerables. Fin del trayecto. España es el octavo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza entre los niños.
La ONG ha lamentado en la presentación de su estudio que, a pesar del compromiso expresado por parte de la administración con la lucha contra la pobreza infantil, las iniciativas hasta el momento "son insuficientes" y ha exigido al Estado que cumpla con su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que se garanticen los derechos de la infancia en España.
Más allá del impacto económico y de las cifras del drama, Save the Children pretende subrayar en su nueva campaña el daño directo que la crisis provoca en los derechos de los menores, en su derecho a un nivel de vida adecuado, al más alto nivel de salud, a la educación, a ser protegido frente a la violencia, al descanso, el derecho a jugar...

A la cola de inversión

"Más que en las declaraciones, expresiones de voluntad política, políticas públicas y reformas legislativas, es en los presupuestos públicos donde más claramente se refleja el compromiso político de los gobiernos para abordar la situación de los niños y las niñas en un país. La escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños. Seguimos estando a la cola de la UE en inversión en infancia", explicaAlberto Soteres, Director de Save the Children en España.
La ONG considera "insuficiente" el fondo extraordinario de 17 millones de euros anunciado por el Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil y el llamado Plan nacional de acción para la inclusión social (PENAIN) y reclama una "política específica". En España el porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
"Las iniciativas aprobadas hasta el momento son insuficientes. No responden a la urgencia de la situación actual, ni planten medidas que partan de un análisis de la misma, ni de las causas concretas del especial impacto de la situación. No existe en España política específica para abordar la pobreza infantil", lamenta su informe.
'Los derechos humanos son líneas rojas. Garantizar la protección de los niños es obligación legal de los Estados'
La ONG denuncia (o recuerda) ahora que los niños son titulares de derechos y que el Estado es responsable de garantizarlos. Su informe recoge una consulta a 127 familias que participan en los programas de atención a niños de Save the Children. El 84% se encuentra en una situación de privación infantil. El 24% de las familias consultadas afirma que sus hijos no comen frutas ni verduras todos los días, el 42% no puede celebrar un cumpleaños, el 21% no tiene un lugar seguro para hacer los deberes o jugar en casa y un 20% admite que sus hijos no han estrenado ninguna prenda de ropa ni tiene más de un par de zapatos.
Soteres añade: "No debemos olvidar que los derechos humanos son líneas rojas que ninguna política debe traspasar. Garantizar la protección de los niños y las niñas frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza y tiene un retorno económico que será la base de una sociedad más próspera y cohesionada".
Save the Children exige al Gobierno central que, en colaboración con los gobiernos autonómicos, promueva un mejor conocimiento de la situación de pobreza infantil en España, que acuerde un marco común para "garantizar los plenamente los derechos de los niños y niñas", que aumente la transparencia de la información relativa a los recursos públicos destinados y que apruebe un Plan de Apoyo a las Familias. Expone 2.826.549 razones.

'Y a mí, ¿quién me rescata?'.

Junto a su informe, Save the Children ha presentado también la campaña 'Y a mí, ¿quién me rescata?'. El creativo Jorge Martínez ha desarrollado una campaña de denuncia social y captación de fondos que consta de tres spots en los que se entrevista a tres periodistas económicos que han colaborado desinteresadamente con la iniciativa: John Müller, columnista de EL MUNDO, Miguel Ángel Noceda, corresponsal de economía de El País y Javier Ruiz, periodista económico. La entrevista se ve interrumpida cuando un niño del público se levanta con un cartel en el que lleva escrito '¿Y a mí quién me rescata?'
El columnista de EL MUNDO John Müller es uno de los periodistas que han colaborado desinteresadamente
La campaña se completa con la página web www.yamiquienmerescata.es que cuenta con 2.826.549 microsites con dibujos que representan a los niños y niñas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Enviando un SMS uno de los dibujos desaparece y 1,20 se destinan al Fondo de Rescate a la infancia de Save the Children para proporcionar atención familiar y educativa, atención psicológica y logopedia y ayudas directas a las familias.

Pemex alivia a los astilleros gallegos con un contrato de 407 millones

Dieciséis meses después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciara un gran acuerdo con Pemex que supondría una fuerte inversión de la petrolera en la región, este martes la compañía ha anunciado que dos astilleros gallegos serán los encargados de construir dos hoteles flotantes. Las empresas españolas beneficiadas son la pública Navantia y la privada Hijos de J. Barreras, que se han presentado al concurso a través de PMI Norteamérica, filial de Pemex. Los floteles se construirán en Ferrol y Vigo y la inversión para cada uno de ellos será de 407 millones de dólares.
El anuncio de Pemex, todo un alivio para los gallegos, ha llegado después de un largo proceso. Fue un mes antes de las elecciones autonómicas de 2012 - en las que Feijóo consiguió la reelección - cuando el presidente dio a conocer el acuerdo a pesar de que no se mostró ningún contrato firmado. Pemex aclaró más tarde que la adjudicación de los llamados floteles - buques construidos para alojar a trabajadores de plataformas petrolíferas - se realizaría a través de concurso y que no había nada decidido. En la última fase de este han competido siete empresas: las dos gallegas y cinco mexicanas. Pemex se hizo con el 51% del capital de Barreras el año pasado
“Tras la presentación de las propuestas técnicas y económicas, la oferta presentada por PMI Norteamérica S.A. de C.V. resultó ganadora en ambas partidas con el precio más bajo solvente, entre las ofertas de las siete empresas que calificaron a la última fase”, dice el comunicado de la compañía que se ha publicado poco después de las 20.00 h. mexicanas (3.00 h. de la madrugada en España). 
Durante todos estos meses, la petrolera mexicana ha retrasado la decisión hasta en cinco ocasiones, aumentando la impaciencia de los trabajadores gallegos, que veían en estos contratos una tabla de salvación para un sector especialmente castigado por la crisis económica. Sin embargo, las autoridades españolas han insistido en que la inversión estaba asegurada y que los dos floteles acabarían construyéndose en Galicia. “Los tiempos de México no son los de Galicia”, dijo Feijóo en noviembre, cuando se produjo un nuevo aplazamiento. 
La noticia supone un balón de oxígeno para la región, especialmente en la ciudad de Ferrol. Después de la de la entrada de Pemex en el capital de Barreras, la adjudicación a este astillero vigués se daba casi por hecha. Sin embargo, la situación en Ferrol era casi desesperada: el astillero no cuenta con encargos y llevan esperando desde hace meses que se resuelva la adjudicación de los floteles. Hace casi un año, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, les dijo a sus trabajadores que “estarían cortando chapa” la pasada primavera. 
"Si hace tres o cuatro meses hablábamos de estar al borde del precipicio hoy estamos cayendo, nos estamos jugando si va a haber carga de trabajo", aseguraba en la tarde del martes a la agencia de noticias Europa Press Lito Blanco, secretario del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. "Si no contratamos ese buque, el flotel, este año no habrá posibilidades de tener otro contrato; o este año trabajamos en ese buque o no será en ninguno”. Los datos del Comité calculan que, desde 2011, más de 3.000 personas se han quedado sin trabajo en más de 80 empresas que dependían de Navantia. 
La petrolera mexicana ha querido zanjar cualquier polémica sobre si la adjudicación estaba decidida de antemano en el comunicado en el que ha anunciado la noticia. “El proceso, totalmente transparente y auditable, se realizó con estricto apego a las normas aplicables, y contó con la presencia de un testigo social”, dice el texto.
Los floteles son buques que se adosan a las plataformas petrolíferas y dan a estas apoyo logístico. En ellos se aloja el personal cuando no está trabajando. La compañía ha informado de que el plazo de los servicios contratados "será de 3,653 días naturales (10 años), a partir del 13 de julio de 2016, con fecha de término el 13 de julio de 2026".
El pasado mes de diciembre, cuando se materializó la entrada de Pemex en Barreras, la petrolera mexicana anunció un contrato para la construcción de un barco atunero, el primer encargo en los astilleros después de 30 meses sin trabajo. El encargo está presupuestado en 20 millones de euros. Además, los directivos que se trasladaron hasta Galicia adelantaron que existen negociaciones muy avanzadas para construir otros cuatro buques. 

Los cheques de comida, un arma de doble filo para el trabajador

Los vales de comida forman parte de la remuneración de miles de trabajadores en España, junto a otras retribuciones en especie, como el seguro médico, las aportaciones a planes de pensiones privados, el cheque guardería y los pluses de transporte. En muchas ocasiones, sobre todo en el caso de los sueldos más modestos, suponen una ayuda importante para llegar a fin de mes. Pero hasta ahora tenían una cruz: no cotizaban y cuando alguien perdía ese sueldo modesto, su prestación por desempleo o su jubilación eran menores de las que le hubieran correspondido por la retribución real. El Gobierno ha decidido que todos esos conceptos coticen. La Seguridad Social recaudará más. Lo necesita, sus cuentas están muy tocadas tras años de crisis y paro. Y, de rebote, mejorará las prestaciones futuras de esos sueldos. Pero la medida ha enfurecido a los empresarios, que advierten de que la subida de los costes laborales se traducirá en un recorte de estas remuneraciones y, en algunos casos, les llevará a despedir.
Para el Ministerio de Empleo, el beneficio está claro: aumentar la recaudación en 900 millones en un momento en el que la Seguridad Social necesita oxígeno. No cree que aumentar el coste laboral en unos seis euros de media por trabajador, según sus cálculos, ponga en riesgoempleo. “Si las empresas quieren hacer políticas sociales que lo hagan con cargo a sus beneficios, no a costa de la Seguridad Social”, ha dicho la ministra Fátima Báñez. “Si un cheque guardería es bueno para la conciliación en una empresa, lo será porque es bueno para la conciliación, no porque no cotice”.
Para los trabajadores, el aumento de la cuantía que cotizan hará que reciban una mayor prestación por desempleo y mejorará la pensión, destaca Felipe Serrano, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco. “A los trabajadores les interesa que este tipo de remuneración en especie figure como renta”, opina el experto. Y, si bien supone una subida de costes para las empresas, recuerda: “Todos queremos buenas pensiones y una Seguridad Social saneada, y hay que financiarla”.
El Gobierno coincide. “El empleado siempre gana cuando se cotiza por todas las retribuciones que recibe”, ha insistido Báñez. Un salario de 1.050 euros mensuales, donde 50 euros se reciben en especie sin cotización, supone una diferencia del 5% tanto en la prestación por incapacidad temporal o desempleo como en las futuras pensiones, según Empleo.
Pero las empresas —las únicas que pierden se mire por donde se mire— y otros expertos consultados afirman que en la práctica los asalariados perderán. La CEOE insiste en que “se destruirá empleo” y las empresas “serán menos competitivas”. Ha llegado a afirmar que se “pone en riesgo la recuperación”.
“Es un nuevo palo para los trabajadores, que ya han visto cómo les han bajado el sueldo, ampliado la jornada y ahora, además, se pueden quedar sin otras retribuciones”, alerta José Luis Tortuero, catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. “El mayor impacto será para los trabajadores con menores retribuciones, que son normalmente quienes tienen vales de comida..., no para las retribuciones más altas”, añade. La ampliación de los conceptos salariales que forman parte de la llamada base de cotización tiene una excepción: los trabajadores con salarios más altos que ya cotizan el máximo (3.597 euros al mes), que son cerca del 4% del total de 16,3 millones de asalariados. Las dietas que cobran algunos empleados siguen exentas de cotización porque están ligadas a una actividad concreta y a un día concreto.
“Hay problemas más importantes que este fraude”, señala un catedrático
La medida, de entrada, no ha gustado a CC OO. “Por las formas y, en parte, por el fondo”, precisa su responsable de Seguridad Social, Carlos Bravo, que sí resalta que con esta medida se mejoran las potenciales prestaciones futuras de los asalariados. Con las formas se refiere a que el Ejecutivo tomó la medida sin siquiera advertir a los agentes sociales de que lo iba a hacer y, obviamente, sin negociación. El fondo se refiere a que, para su sindicato, no todos los conceptos introducidos ahora en la base de cotización —vales, aportaciones a planes de pensiones— se deberían considerar estrictamente sueldo. “Cada concepto en sí mismo tiene un debate detrás. Muchas exenciones no deberían existir. Por ejemplo, lasstock options [opciones sobre acciones]. Pero otras tienen sentido. Por eso era importante que el Gobierno hubiera dialogado antes de que se aprobara la medida”, argumenta.
El rechazo de UGT a la medida ha sido frontal. Carmen López, la responsable de Seguridad Social del sindicato, pidió por carta la retirada del decreto y lamenta la confusión que ha generado. Teme esta central que la medida golpee a la negociación colectiva: “Esta modificación desincentivará al empresario a la hora de negociar estas percepciones y tendrá importantes efectos en materia salarial”. Muchos convenios contemplan y regulan estas retribuciones en especie, aprovechando las exenciones, y ahora el sindicato teme que desaparezcan sin más.
La aprobación del decreto ley por parte del Consejo de Ministros —el 21 de diciembre, entró en vigor al día siguiente y, aunque el Congreso lo convalidó sin más el 22 de enero, las empresas tienen de plazo hasta el 31 de mayo para regularizar la situación— puso patas arriba los departamentos de recursos humanos. ¿Cuál iba a ser el impacto en la nómina? Josep Ginesta, director del Área Laboral y Capital Humano de Ribé Salat Consulting, ha hecho sus cálculos. Las empresas tendrán que soportar una carga al menos del 30% de los importes dedicados a beneficios sociales, siempre que sus trabajadores no superen la base máxima de cotización. Mientras, los trabajadores verán reducidos sus ingresos un 6,35% por esos pluses. Así, el abogado estima que el coste adicional para los trabajadores oscilará entre los tres euros y los 50 y para las empresas entre los 11 y los 315, según el porcentaje del sueldo que sea en especie (el máximo permitido por la ley es el 30%). “En una empresa pequeña que ya tiene problemas para ajustar el presupuesto es mucho dinero”, dice Ginesta. 
Empleo afirma que los cálculos que se han realizado estos días son erróneos. La Seguridad Social asegura que la obligación de incluir en las bases de cotización retribuciones en especie de los salarios que hasta ahora estaban fuera aumentará una media de seis euros al mes el coste laboral para las empresas. El impacto sobre la nómina final que reciben los trabajadores será menor, de 1,09 euros.
Tanto UGT como CC OO no se creen las cifras que da el Gobierno sobre el aumento en la recaudación que supone la medida, ni tampoco el impacto que, según los empresarios, va a tener en sus cuentas. “No existe información muy clara”, afirma Felipe Serrano. Y continúa: “No me parece que el coste sea muy significativo”, teniendo en cuenta el beneficio que supondrá para los trabajadores en sus futuras pensiones. “Las bases de cotización están cayendo de forma significativa, mientras se han generalizado los incrementos salariales a través de los pagos en especie”, asegura Serrano.
Otro experto, José Luis Tortuero, cuestiona la idoneidad de la medida precisamente porque su impacto en la recaudación no va a ser “desproporcionado”. “Si es poco dinero, con más razón no hacerlo, porque además genera costes adicionales para las empresas, como los cambios informáticos, en un momento delicado económicamente hablando”, señala. “Desde el punto de vista general, la hipótesis de que esta medida sirve para luchar contra el fraude es buena, pero hay problemas mucho más importantes que este, como la contratación sumergida, los salarios en negro... Hay mucho espacio de fraude sobre el que actuar”, opina el catedrático, que insiste en que los pagos en especie suelen ser “cantidades pequeñísimas”, pero de gran sensibilidad para el trabajador.
“Creo que se tiene que cotizar por el salario real”, opina el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz, que puntualiza: “La situación es que estamos en una crisis laboral y tocar las cotizaciones en un momento como este no me parece acertado”.
Los asesores fiscales advierten de que la medida tendrá un efecto sobre el empleo porque llega en un momento de crisis en el que cualquier subida de los costes laborales puede hacer que una empresa baje salarios, recurra a despidos o deje de hacer contrataciones que tenía en mente. “Un cliente me llamó cuando conoció la medida para decirme que estaba pensando en cerrar”, afirma Adolfo Jiménez, presidente de laAsociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. “Me dijo que, después de tres años de pérdidas, esta era la gota que colmaba el vaso”, cuenta. “Muchos empresarios ajustarán plantilla, otros cerrarán y otros se plantearán pagar esos pluses en b”, explica Jiménez con alarma.
De entre todos los pagos en especie, los vales de comida son los que gozan de mayor popularidad. Probablemente porque en más de una ocasión han comido o bebido gracias a ellos tanto los beneficiarios directos del cheque como sus amigos, con lo que su uso original se desvirtúa. Incluso han desatado una guerra de cifras entre la ministra Báñez, que calcula que lo disfrutan unos 275.000 empleados, y la patronal del sector, la Asociación Española de Emisores de Vales de Comida y Otros Servicios, que lo cifra en más de 600.000 trabajadores que generan una facturación de 1.056 millones. La patronal advierte de que, tras la medida, la restauración recortará en casi 500 millones su cifra de negocio, se perderán 275.400 clientes diarios y 48 millones de comidas anuales. Incluso calcula, con una precisión propia de un relojero suizo, cuántos puestos de trabajo se perderán: 10.059. Añade que el Estado verá reducida su recaudación neta en 99 millones de euros, debido a los menores ingresos por IRPF, IVA, Seguridad Social e impuesto de sociedades.
“Somos un sector doblemente perjudicado”, asegura Miguel Gallego, presidente de la Federación Española de Hostelería y Restauración. “Va a tener un efecto negativo en un momento de repunte del consumo; es un jarro de agua fría”, añade. Gallego está convencido de que la medida llevará al cierre de establecimientos, sobre todo entre los locales más afectados, como los que se encuentran en polígonos industriales. “Si hay fraude en este tipo de retribuciones, como insinúan algunos [en referencia al Ministerio de Empleo], que los inspectores de trabajo lo persigan”, concluye.
Ahora, Empleo trabaja en la elaboración de un reglamento que desarrolle el decreto y, para ello, tiene “las puertas abiertas” a las sugerencias de los afectados.

Fiat deja Italia y se muda a EE UU

Fiat, símbolo por excelencia de la industria italiana, ha dado este miércoles un importante mazazo a la imagen del que ha sido su país durante 115 años al anunciar que se muda a Wall Street. El grupo automovilístico ha confirmado sus planes para llevar a cabo una importante reestructuración. El proceso afectará a todo la empresa, desde el nombre hasta la sede fiscal. En concreto, la compañía empezará a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque mantendrá la fábrica en Turín y una filial en el parqué de Milán. También trasladará su sede social a Holanda, mientras pagará impuestos en Reino Unido.
La decisión de mudarse era una opción que se barruntaba desde hace unos meses como una consecuencia de la toma de control por parte de Fiat del 100% de Chrysler, que a partir de ahora se une al nombre del grupo. La nueva terminología es la de Fiat Chrysler Automotive.
Fiat, símbolo por excelencia de la industria italiana, ha dado este miércoles un importante mazazo a la imagen del que ha sido su país durante 115 años al anunciar que se muda a Wall Street. El grupo automovilístico ha confirmado sus planes para llevar a cabo una importante reestructuración. El proceso afectará a todo la empresa, desde el nombre hasta la sede fiscal. En concreto, la compañía empezará a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque mantendrá la fábrica en Turín y una filial en el parqué de Milán. También trasladará su sede social a Holanda, mientras pagará impuestos en Reino Unido.
La decisión de mudarse era una opción que se barruntaba desde hace unos meses como una consecuencia de la toma de control por parte de Fiat del 100% de Chrysler, que a partir de ahora se une al nombre del grupo. La nueva terminología es la de Fiat Chrysler Automotive.
Marchionne logró además un acuerdo el primero de enero con el sindicato del automóvil en EE UU para hacerse con el control total de Chrysler y poder integrar así la compañía en Fiat para que operen como una unidad. La estructura de propiedad unificada, señaló entonces el ejecutivo italiano, permitirá que el fabricante de los Alfa Romeo opere como una compañía global.
El objetivo es poder competir con General Motors, Ford Motors, Toyota o Volkswagen. El grupo Chrysler vendió 2,56 millones de coches en todo el mundo pero su negocio se concentra en EE UU y Canadá, donde mejoró las ventas un 14% gracias a modelos como el Jepp Grand Cherokke o la ranchera Ram de Dodge. Fuera del mercado norteamericano vendió 309.000 unidades.

Google ultima un acuerdo con Bruselas para evitar ser multado

La empresa Google está ultimando un acuerdo con las autoridades de Competencia europeas con vistas a evitar una multa de miles de millones de euros por abuso de posición dominante, según han informado a Reuters en fuentes comunitarias. Según estas fuentes, el buscador habría realizado una tercera oferta al comisario del ramo, Joaquín Almunia, que rechazó las dos anteriores. En esta propuesta, que es "mucho mejor" a ojos de Bruselas, Google realiza mayores concesiones a sus rivales a la hora de dar sus resultados de búsqueda para poner fin a un proceso que se dilata ya durante tres años y que podría costarle 5.000 millones.
En su nueva propuesta, el gigante de Mountain View accede a presentar los logos de sus rivales y sus enlaces en los resultados de las búsquedas. Además, también facilitaría a los anunciantes mover sus campañas a otros buscadores como Yahoo! o Bing, de Microsoft. Almunia también exigió a Google aplicar las modificaciones no solo a las búsquedas a través de PC sino a las hechas con móviles de última generación.
Tras recibir la propuesta de Google, que hasta la fecha ha salido ganando en las otras batallas que mantiene con las autoridades comunitarias, Bruselas ha descartado consultar a cada uno de los 125 rivales que denunciaron las prácticas de la empresa dirigida por Eric Schmidt. Así, la Comisión argumenta que, tras tres años de proceso y numersosos contactos, tienen una idea clara de cuales son sus posturas al respecto.
La principal preocupación de Bruselas era que, en los resultados de sus búsquedas, Google ofrece vínculos a sus propios buscadores especializados —como Google Shopping, Google Hotel Finder, Google News, Google Finance o Google Flights— y les ofrece un trato preferente respecto a herramientas similares de sus rivales.
Si sale airosa del caso en Europa, Google sumaría su segundo triunfo tras archivarse la misma causa en Estados Unidos. En todo caso, habrá que esperar unos días para confirmar que hay un acuerdo, ya que no se trata de la primera vez que aseguran que el pacto está cerca.
Si Bruselas no da su visto bueno, iniciará el proceso con el envío en los próximos meses de un pliego de cargos. Al final del procedimiento, la Comisión podría imponer una multa de hasta el 10% de su volumen de negocios (unos 5.000 millones de euros).

El Consejo de Europa juzga ilegal excluir a los ‘sin papeles’ de la sanidad

La crisis ha laminado profundamente la protección social que reciben los ciudadanos. El Consejo de Europa, órgano que vela por el respeto a los derechos humanos en 47 países del continente, ha expresado este miércoles su preocupación por el retroceso experimentado en este terreno. España figura entre los que empeoran respecto a otros periodos, con el cierre de puertas sanitarias a los extranjeros sin papeles como uno de los principales incumplimientos sociales. La decisión del Gobierno español es contraria a derecho europeo, según este organismo.
Los Estados tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos independientemente de su estatus de residencia, asegura el documento relativo a España. Porque la salud es un requisito previo para la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos humanos obliga a preservarla. “No se les puede excluir. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tienen la obligación de respetar este criterio del Consejo de Europa”, ha asegurado Luis Quesada, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, que evalúa periódicamente el cumplimiento que hacen los países adheridos a estos estándares.
España no es el único país que viola lo establecido en la carta social europea. El comité recuerda que Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania y Letonia incurren en problemas similares, que la crisis ha acentuado. Los países desatienden el cumplimiento de ese tratado, pese a que vincula legalmente a los Estados que lo han firmado, y muchas veces el conflicto se salda en el tribunal de derechos humanos, con sede en Estrasburgo.
La evaluación española arroja un total de seis incumplimientos de 17 capítulos analizados. Pese a todo, el dato es engañoso porque precisamente la negativa a atender a extranjeros sin papeles a partir de agosto de 2012 no figura en la lista de incumplimientos. Ello obedece a que el comité solo podía considerar como contrarias a derechos las medidas adoptadas entre 2008 y 2011. Al ser una novedad de 2012, la modificación sanitaria en España se añadirá a la lista oficial de violaciones de lo firmado en evaluaciones posteriores, pero el comité ya ha adelantado su rechazo.
Los países con más incumplimientos son Albania, Georgia, Moldavia y Ucrania. Les siguen dos comunitarios: Rumanía, uno de los Estados más pobres de la UE, y Grecia, muy deteriorada por los recortes impuestos tras el rescate del país. “Las cifras han empeorado mucho. Para nosotros, es una fuente de gran preocupación. Los derechos sociales deben protegerse”, ha añadido Colm O’Cinneide, responsable del informe de 2013.
Además de la sanidad a los extranjeros, el comité objeta otras medidas que aplica España. Entre ellas, la baja cuantía de la renta mínima de inserción que se ofrece a las personas sin recursos, que apenas supera los 400 euros al mes. Solo el País Vasco y Navarra se libran de esta crítica porque tienen prestaciones superiores. También está por debajo del mínimo la cobertura económica que ofrecen las bajas por enfermedad, una medida que también ha empeorado en el periodo posterior al que analiza el Consejo de Europa. El informe la considera “manifiestamente inadecuada”.