tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

.

.

jueves, 21 de octubre de 2010

El triunfo de Ana María Méndez contra los chorizos de la SGAE


"Tenía miedo, mucho miedo". Ana María Méndez es una mujer valiente, pero hoy tenía pánico de una sentencia adversa. Y se ha quedado en casa, esperando el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le ha dado la razón.

Con voz todavía temblorosa confiesa que está muy contenta. "Hasta el último momento no las tenía todas conmigo. He vivido tantas sorpresas con esta historia en los últimos seis años que todavía no me creo que hayan considerado que el canon es indiscriminado y abusivo".

Ella siempre lo ha sostenido. Desde junio de 2004 cuando la entidad de gestión SGAE reclamó a Méndez, copropietaria de la tienda barcelonesa de informática Traxtore, 48.000 euros en concepto del canon sobre los CD y DVD vírgenes. Méndez se negó a pagar, SGAE la demandó y en marzo de 2006 un juez sobreseyó la causa. Una semana después la entidad volvía a reclamar judicialmente, por otra vía, el pago de la compensación por copia privada por los CD, DVD y reproductores MP3 que había comercializado entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.

Su empresa, Padawan, alegó que la aplicación indiscriminada del canon "sin distinguir la finalidad a la que van destinados" los productos contradecía la directiva europea. El juzgado de primera instancia dio la razón a la SGAE, pero la tienda recurrió y la Audiencia de Barcelona, antes de dictar su resolución a las partes, planteó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ana María sabe que ha ganado una batalla, "pero ahora empieza otra". La sentencia devuelve el caso a la Audiencia de Barcelona. Méndez quiere que este tribunal declare "nula la auditoría, realizada por una empresa de la SGAE, en la que pretendían cobrar por todo de manera retroactiva, cuando todavía no se había publicado la ley ni dictado sus tarifas. ¿Cómo quieren que cobre por algo que todavía no existe?".

En cualquier caso, hoy dormirá más tranquila. "He ganado mi lucha personal y eso ya nadie me lo quita".


Menos equidad en salud: la amenaza del “co-repago”

En los embates de esta crisis económica cuyo alcance real todavía queda mucho por descubrir, los poderosos, aliados con algunas autoridades responsables de políticas concretas (entre ellas las de salud), están superando todas las formas al uso para utilizar la crisis en su provecho, cargando los costes del ajuste sobre las personas con menores recursos, más desprotegidas, con menor poder de negociación…

Por ejemplo, aunque de hecho se trata de un impuesto o tasa sobre la enfermedad, el intento de introducir nuevas aportaciones de las personas enfermas para financiar el servicio público de salud se ha ido recrudeciendo en la misma medida que se afianzaban las propuestas neoliberales para hacer frente (o beneficiarse) de la crisis económica, poniendo al descubierto que los servicios públicos, y en concreto la sanidad y la enseñanza, se han constituido en un auténtico botín que va más allá de los cruentos ataques por una redistribución regresiva de la renta.

La ya cansina discusión sobre el copago [1] encubre de hecho una privatización de los servicios públicos de sanidad y un "adelgazamiento" de la responsabilidad pública en un tema clave para la equidad y la disminución de desigualdades. Tiene lugar, además, cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está hablando de todo lo contrario, de "incluir la salud en todas las políticas" dándole un papel de primer orden en la agenda de lo público. En la propia OMS se encuentra abundante bibliografía que denuncia la amenaza que para la equidad suponen medidas de ese tipo. Los "ahorros" sociales que puede suponer el hecho de que realmente desincentive algunas visitas no del todo necesarias no compensan en manera alguna el riesgo personal y social en que se incurre por la barrera clasista y económica que el copago representa (Camprubí, 2010) [2]. La documentación contrastada y la evidencia científica demuestran que, en sus distintas fórmulas, el copago reduce siempre, sin discriminar, tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, afectando a la salud en general y a la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

En este sentido, la OMS debería recuperar su independencia, imponiendo sus criterios en todos los temas relacionados con la salud a las demás organizaciones internacionales que aplastan a la inmensa mayoría de la población bajo el dictado de las patentes y el supuesto "librecomercio" (OMC) o las finanzas (Fondo Monetario Internacional, FMI).

Justificaciones que sonrojan

En España, además, esta discusión aparece día sí y otro también en los medios de comunicación, siempre desde una supuesta "imparcialidad" que acaba por propugnar de forma injustificada la necesidad del "copago". Durante los último meses, para mayor sonrojo, este tema aparece acompañado del decreto de congelación de pensiones, disminución de salarios y plantillas del funcionariado.

Toda una amplia ofensiva, que en la Unión Europea abarca diferentes frentes y modalidades, y con los que se pretende acabar con los últimos vestigios de un pacto social europeo surgido de la II Guerra Mundial en una correlación de fuerzas que se olvida demasiado a menudo y que se suplanta por un "modo de vida americano" (que no es otra cosa que el "modo de explotación" americano, con derechos sólo para los ricos, y salud para quien se la puede pagar). No debe olvidarse que la crisis se usa también, de manera oportunista, no sólo para incrementar en mayor grado la regresiva redistribución de la renta entre los factores de producción (trabajo y capital), sino para debilitar también las resistencias sindicales y las defensas de las organizaciones sociales.

En ese sentido, todo ataque al sistema público de salud, y la propuesta del copago en particular, es especialmente lesiva para mujeres y las personas inmigrantes. Por un lado, supone confiar los "flecos" del ajuste en lo cotidiano a la aparentemente infinita capacidad de asumir trabajos y tensiones de las mujeres (lo cual se está demostrando que ya está llegando a un límite) y, por otro, porque, tal como se plantea por parte de los sectores más reaccionarios de la población, la disputa social por unos servicios públicos que se hacen más escasos por la crisis despierta y da aliento a una xenofobia que puede causar graves problemas de convivencia, en especial en las comunidades con menores recursos.

Pero no acaba aquí el campo donde el copago vierte su cizaña y pretende crear enemigos inexistentes: también las personas jubiladas y las que padecen enfermedades crónicas son objetivo de las falsas críticas y "rencores" entre personas usuarias, ayudando a escudar y eludir responsabilidades a la todopoderosa industria farmacéutica y a la administración pública, que no se atreve a hacerle frente.

El copago supone, por tanto, todo un despliegue de prepotencia con las personas más débiles bajo el supuesto amparo de argumentos "técnicos", y con la involuntaria complicidad de una parte de las personas usuarias del sistema que sufren las amenazas de insostenibilidad, listas de espera abusivas… También influye la postura de parte del personal médico, absolutamente desbordado de trabajo, que se apunta a esa falsa solución como "mal menor", cuando su carga excesiva de trabajo se debe a la falta crónica de profesionales y es responsabilidad de la Administración, no de los pacientes.

Asumir derechos

La única manera de resolver con equidad el mayor gasto sanitario consiste en asumir (por derecho humano y de ciudadanía) que todas las personas que residen en un país deben tener pleno derecho a la atención sanitaria, al margen de su legalización formal. Para ello, el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas correspondientes deben disponer en los Presupuestos partidas suficientes mediante un sistema fiscal realmente redistributivo. España está todavía muy por debajo del gasto sanitario medio de los países de la UE y es absurdo hablar de copagos (que de hecho significan "repagos") cuando desde los Presupuestos queda mucho trecho todavía para alcanzar la media europea. Todo ello, sin hablar de la racionalización del gasto, contención de las transferencias al sector privado, etc.)

Por el lado del gasto, la experiencia nos demuestra que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado, la entrega al sector farmacéutico, la no existencia o deficiencias en investigación y formación desde el sector público, encarecen de manera desmesurada e incontrolada el gasto sanitario, al tiempo que son responsables de una peor atención sanitaria que llega, en muchos casos, a suponer graves riesgos para la salud de las personas atendidas. En atenciones a la salud toda intervención necesaria que se demore o se haga de forma incorrecta acabará pasando factura, irremisible y a veces irreversiblemente, tanto en términos de salud como económicos y sociales.

Àngels Martínez i Castells es doctora en Ciencias Económicas. Ha publicado textos sobre economía, feminismo y democracia, y durante 30 años ha sido profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Es también portavoz de Dempeus per la Salut Pública (http://dempeus.nireblog.com).

Este artículo ha sido publicado en el nº 44 de la Revista Pueblos, septiembre de 2010.

Notas:

[1] El copago es una medida que representa un nuevo impuesto o tasa, con el pretexto de contribuir a reducir el déficit de la sanidad y “moderar su demanda”. Se barajan distintas modalidades posibles: visita al médico de cabecera, atención en urgencias, un incremento de lo que ya constituye copago por medicamentos... Ver: angelsmcastells.nireblog.com

[2] Camprubí, LL: "Privatización, copago y equidad". Universitat Pompeu Fabra, 2010.

Más información:

Campaña estatal de recogida de firmas y movilizaciones contra el copago: www.casmadrid.org

El discurso de Obama sobre Iraq, un ejercicio de cobardía y de engaño

El discurso del presidente Barack Obama retransmitido a todo el Estado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado jueves [27 de agosto de 2010] fue un ejercicio de cobardía y de engaño. Fue decepcionante para el pueblo de Estados Unidos y de todo el mundo en su caracterización de la criminal guerra contra Iraq. Y fue cobarde en su prosternación ante el ejército estadounidense.

El discurso no podía sino inspirar disgusto y desprecio entre quienes lo vieron. Obama, que en gran medida debe su presidencia al sentimiento en contra de la guerra del pueblo estadounidense, utilizó el discurso para glorificar la guerra a la que erróneamente se había considerado que él se oponía.

El pasaje más espeluznante llegó al final del discurso de 19 minutos cuando Obama declaró: “Nuestras tropas son el acero de nuestro barco de Estado” y añadió: “Y aunque nuestra nación navegue por aguas tempestuosas, nos dan confianza de que nuestro rumbo es bueno”.

El miserable discurso de Obama merece ser recordado por esta declaración más que por todas ambigüedades acerca de la retirada de tropas. Era una retórica apropiada para una república bananera gobernada por los militares o para un Estado fascista. El ejército (y no la Constitución, ni la voluntad del pueblo o las instituciones ostensiblemente democráticas del país) constituyen el “acero” en el “barco de Estado”. Se supone que los derechos democráticos del pueblo son un lastre que se puede arrojar por la borda cuando sea necesario.

El motivo del discurso fue el plazo artificial fijado por el gobierno de Obama para lo que el presidente llamó el “final de nuestras misiones de combate en Iraq.” Ésta es sólo una de las innumerables mentiras incluidas en sus breves comentarios.

Unas 50.000 personas pertenecientes a las tropas de combate siguen desplegadas en Iraq. Aunque se les ha cambiado el nombre por el de fuerzas “transitorias” dedicadas supuestamente a “adiestrar” y “aconsejar” a las fuerzas de seguridad iraquíes, su misión sigue siendo la misma.

Es más, apenas una semana después de que los medios convirtieran el repliegue de Iraq de solo un batallón Stryker en un “hito” que señalaba la retirada de las últimas tropas de combate, se envió de vuelta al país ocupado desde Fuerte Hood, Texas, a 5.000 miembros del Tercer Regimiento Acorazado de Caballería.

Washington no tiene intención de acabar con su presencia militar en Iraq. Sigue construyendo bases permanentes y está determinado a seguir con la agenda original después de que gobierno de Bush iniciara la guerra en marzo de 2003: la imposición de la hegemonía estadounidense en el rico en petróleo Golfo Pérsico.

El discurso de Obama fue tan incoherente como humillante. De forma deshonesta, el presidente trataba ganar crédito por cumplir su promesa de campaña respecto a Iraq. Cuando era candidato había prometido retirar las tropas de combate estadounidenses del país en el plazo de 16 meses desde que llegara al poder. Al final se limitó a adoptar el calendario y el plan diseñados por el Pentágono y el gobierno de Bush para una retirada parcial que deja 50.000 soldados de combate en Iraq.

Bajo la apariencia de rendir tributo a “nuestros soldados” el residente demócrata se sentía obligado a distorsionar y lavar la imagen de todo el carácter de la guerra a la que fueron enviados a luchar describiendo uno de los capítulos más negros de la historia estadounidense como una especie de esfuerzo heroico.

“Mucho ha cambiado” desde que Bush emprendió la guerra hace siete años y medio, afirmó Obama. “Una guerra para desarmar a un Estado empezó una lucha contra toda insurgencia” en la que los soldados estadounidenses combatieron calle por calle para ayudar a Iraq a aprovechar la oportunidad de un futuro mejor”.

El discurso se elaboró como si el presidente se dirigiera a una nación de amnésicos. ¿ Creía realmente que nadie recuerda que fue una guerra que se emprendió basándose en mentiras? Se le dijo al pueblo estadounidense que era necesaria la invasión de Iraq porque el gobierno de Sadam Husein había desarrollado “armas de destrucción masiva” y se estaba preparando para ponerlas en manos de al-Qaeda para hacer estallar “nubes en forma de hongo” sobre todas las ciudades estadounidenses.

No había “armas de destrucción masiva” ni había relación alguna entre el régimen iraquí y al-Qaeda. Eran invenciones de un gobierno que estaba decidido a llevar a cabo una guerra de agresión para hacer avanzar los intereses estratégicos imperialistas estadounidenses.

Estas mentiras se expusieron minuciosamente y contribuyeron a hacer que entre el pueblo estadounidense aumentara una hostilidad generalizada hacia la guerra. Todo esto tiene que ser olvidado, descalificado y reducido a detalles insignificantes.

Obama presentó al pueblo iraquí como el afortunado beneficiario del auto-sacrificio y heroísmo estadounidense, que le otorgó la “oportunidad de abrazar un nuevo destino”.

Apenas se podría imaginar que más de un millón de iraquíes han perdido la vida a consecuencia de esta guerra estadounidense que no fue provocada, ni que la violencia ha expulsado de sus hogares a unos cuatro millones de personas obligadas a exiliarse o bien desplazas dentro del propio país devastado por la guerra. Cada institución y componente esencial de la infraestructura social de Iraq fue arrasado por la invasión estadounidense, que desencadenó lo que con toda propiedad se podría calificar de sociocido, el asesinato de toda una sociedad. La devastación causada por el militarismo estadounidense ha dejado una destrozada nación de viudas, personas sin hogar, parados y heridos.

Aunque se pudo lograr una reducción temporal de la resistencia armada a la ocupación estadounidense cometiendo una sangría entre el pueblo iraquí, lo que ha quedado es una sociedad y un sistema político inviables, dominados por divisiones sectarias y eclipsados por la continua presencia estadounidense.

Entre las secciones del discurso de Obama que más revolvían el estómago estaba el tributo gratuito a su antecesor, George W. Bush. Aunque reconoció que habían “estado en desacuerdo respecto a la guerra” (un desacuerdo que no tenía ganas de explicar en detalle), Obama insistió en que “nadie podría dudar del apoyo del presidente Bush a nuestros soldados, o de su amor al país y su compromiso con nuestra seguridad”. Esto demostraba, continuó, que “había patriotas que apoyaban esta guerra y patriotas que se oponían a ella. Y todos nosotros coincidimos en nuestro reconocimiento a nuestro hombres y mujeres soldados”.

Bush emprendió una guerra que era ilegal según el derecho internacional. Él y otras figuras dirigentes de su gobierno (Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice) arrastraron al pueblo estadounidense a un crimen de guerra, esencialmente el mismo acto por el que los nazis fueron juzgados y condenados en Nuremberg: planear y emprender una guerra de agresión.

Obama dijo a su audiencia que había hablado con Bush aquella tarde, aparentemente para expresar su solidaridad a un criminal de guerra que debería ser juzgado en La Haya.

Inevitablemente, a este crimen esencial le sucedieron toda una serie de otros crímenes. Los “hombres y mujeres soldados” estadounidenses, cuyo honor se invoca constantemente para justificar el asesinato masivo, se convirtieron en partícipes de estos espantosos crímenes.

Al pueblo estadounidense y al mundo entero le asquearon las imágenes procedentes de Abu Ghraib. Pero el gobierno Obama ha intervenido ante los tribunales para impedir que se expongan las pruebas de otros actos criminales que son aún más atroces.

Los propios soldados fueron víctimas de esta guerra. Casi 4.500 han perdido la vida en la agresión emprendida por el gobierno de Bush y otros 35.000 más han resultado heridos. Cientos de miles han padecido traumas psicológicos a consecuencia de ser arrojados a una sucia guerra colonial.

“La grandeza de nuestra democracia es nuestra capacidad para movernos más allá de nuestras diferencias y aprender de nuestras experiencias mientras hacemos frente a los desafíos que tenemos ante nosotros”, continuó Obama. ¡Menuda farsa!

La reputación de la democracia estadounidense se construyó sobre principios y derechos constitucionales que fueron destrozados por el gobierno Bush en nombre de una “guerra global contra el terrorismo”. El gobierno de Obama ha aceptado completamente estos ataques a los derechos democráticos y ha defendido el espionaje interno, los juicios extraordinarios, el encarcelamiento sin cargos o juicio, e incluso arrogar al ejecutivo el derecho de considerar a ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo y ordenar su ejecución extrajudicial.

El retorcido camino del discurso de Obama llevó de Iraq a Afganistán. En este caso afirmó que era una guerra que podría ser apoyada por “estadounidenses de todo el espectro político” porque supuestamente se emprendió contra al-Qaeda, que “sigue tramando contra nosotros”.

Señaló que la “retirada de Iraq” había permitido que se dedicaran mayores recursos a esta guerra con el resultado de que “casi una docena de dirigentes de al-Qaeda” habían sido “asesinados o capturados por todo el mundo”.

No se explicó qué tiene esto que ver con triplicar el número de soldados estadounidenses desplegados en Afganistán desde que Obama entró en la Casa Blanca. Según altos cargos y agentes de la inteligencia estadounidense, hay menos de cien miembros de al-Qaeda en Afganistán, que ahora está ocupado por casi 100.000 soldados estadounidenses y otros 40.000 de la OTAN y otros soldados extranjeros.

Obama continuó reconociendo que las fuerzas estadounidenses “están luchando para romper el impulso talibán” sin molestarse siquiera en exponer los argumentos a favor de una relación entre esto y “eliminar” a miembros de al-Qaeda por todo el planeta. La realidad es que en Afganistán las fuerzas estadounidenses están luchando contra afganos que resisten a una ocupación extranjera. El objetivo no es derrotar el “terrorismo”, sino establecer el dominio estadounidense en Asia Central, con su importancia geoestratégica y sus vastos recursos de energía.

Por último, tras reconocer que la guerra de Iraq había contribuido a llevar al país a la quiebra, Obama sugirió que el cambio que ha ordenado en el despliegue militar en Iraq está relacionado en algún modo con una determinación por parte de su gobierno de cambiar su centro atención hacia resolver la crisis a la que se enfrentan más de 26 millones de trabajadores estadounidenses que o bien están en paro o son incapaces de encontrar un empleo a tiempo completo.

“Hoy, nuestra tarea más urgente es restaurar nuestra economía y hacer que los millones de estadounidenses que han perdido su empleo vuelvan a trabajar”, afirmó. “Para fortalecer a nuestra clase media debemos dar a todos nuestros niños la educación que merecen y a todos nuestros trabajadores las habilidades que necesitan para competir en una economía global”.

Ésta es otra mentira. Mientras que el gobierno ha entregado billones de dólares para rescatar a Wall Street, ha dejado claro muchas veces que no hará nada para crear empleo para los parados. Por lo que se refiere a la educación, el gobierno federal sigue recortando los fondos, despidiendo a profesores y cerrando escuelas.

Tras su retórica artera el discurso ha subrayado una cosa: las decisiones respecto a Iraq y Afganistán las han dictado los altos cargos militares y la Casa Blanca de Obama las ha implementado obedientemente. Éste es un gobierno que no tiene una política independiente y mucho menos convicciones. Implementa unas políticas elaboradas en otra parte (en Wall Street y dentro del Pentágono) y está entregado a la defensa de la aristocracia financiera a expensas del pueblo estadounidense.

Fuente: http://www.wsws.org/articles/2010/sep2010/obam-s01.shtml

Cuando la derecha chilla, el camino es el correcto

No se trata de un juego de palabras, sino de conseguir ejemplificar especialmente y de la forma más simple posible, a quienes desde las filas del movimiento popular y revolucionario, y que indudablemente han sido parte y actores de las luchas del pueblo boliviano, en contra de las dictaduras por recuperar la democracia y luego, contra el neoliberalismo, a que todos juntos consigamos identificar de forma inequívoca, al enemigo principal.

Hoy en día cuando el pueblo boliviano, en su gran mayoría producto de esa rica experiencia y acumulación de largos años de luchas y como resultado de la insurrección popular en el 2005, el movimiento popular junto a sus organizaciones revolucionarias, derrotó al neoliberalismo, y decidió darse un gobierno elegido en las urnas con una absoluta mayoría que comenzó a escribir una nueva historia en nuestro país.

La derecha boliviana en obediencia ciega al imperio norteamericano abanderado del capitalismo global, alzó el grito al cielo por las medidas que el gobierno de Evo Morales debió implementar, en obediencia al voto popular que expresó, que quiere avanzar hacia la independencia económica y la liberación nacional. y durante casi todo este tiempo, en la primera gestión de gobierno, hizo todo lo posible por desestabilizar el proceso con medidas subversivas y asonadas golpistas, como las del año 2008, que son de conocimiento general. Hechos plagados de racismos, separatismo con terrorismo fascista importado, intolerancias y masacres, como la ocurrida en el departamento de Pando.

Es cierto que no estamos viviendo en un periodo de gobierno socialista, ni que las medidas que se han adoptado hasta el presente, en el orden económico, social, o que las leyes orgánicas, sobre el poder judicial, electoral, ley anticorrupción etcétera o como la cuestionada ley contra el racismo, sean socialistas, ni tampoco son un pasaporte hacia el comunismo, como fuera mi gran deseo personal o de todo verdadero revolucionario, pero tampoco nada tienen con ser medidas reaccionarias, peor de ser fascistas ni revisten un peligro inminente, para los pobres y explotados que son las mayorías de este país.

En este nuevo periodo de gobierno de Evo Morales, ratificado nuevamente con dos tercios de la votación nacional (2009), la derecha copio el mensaje y esta siendo más cautelosa y en verdad hay señales claras de que pretenden arteramente querer una paz con impunidad con el gobierno, o el gobierno se acerca a derecha, al parecer hay intereses internos de que así suceda, creyendo en la “honestidad” de la derecha.

Cuando el gobierno muestre síntomas de desviarse del mandato popular expresado en las urnas y en las calles, y se pretenda no avanzar más en este proceso de cambios conforme al mandato de la agenda de octubre, escrito con sangre por el pueblo insurgente, en la ciudad del Alto, departamento de la Paz y el País, y finalmente quisiera tranzar con la derecha, por un sistema de gobierno de “capitalismo normal”, será una obligación de las mayorías y del movimiento revolucionario en general, el denunciar, y rechazar con todas las fuerzas a su alcance, para evitar un retorno al pasado y una frustración más al pueblo boliviano.

Este proceso no es propiedad exclusiva del compañero Evo Morales ni del c. García Linera, es herencia de una larga lucha de los trabajadores, mineros, campesinos y pueblo en general.

Mientras responda a los intereses populares, es incorrecto no diferenciarse de la derecha de este país, al juzgarlo ligeramente de “dictadura”, de “violador de las libertades”, de “enemigo de la libertad de expresión”, este gobierno es progresista y patriótico, y tiene el apoyo mayoritario del pueblo, no diferenciarse en la acusación de los enemigos de clase, eso en todos los idiomas y en su esencia, es hacerle coro a la derecha, en sus permanentes planes de querer volver a saquear al país.

Construir el socialismo, camino al comunismo, no es solo tarea de Evo Morales, sino de todos los revolucionarios que sean capaces de conducir a los pueblos hacia ese objetivo histórico de la clase obrera. Pongámonos de acuerdo todos de una buena vez en algo fundamental, a diferenciar correctamente al enemigo principal. La derecha criolla en todos sus estamentos, como agentes del imperio norteamericano poder del capitalismo global.

Cuando una nueva medida de este gobierno o de cualquier otro, golpea los intereses de la derecha y sus amos, como es el caso presente de la Ley en contra del racismo, la derecha chilla igual como lo hizo con anteriores medidas de recuperación de nuestros recursos naturales y de empresas del estado y de la dignidad nacional, y es la mejor señal que el camino hacia la construcción de una nueva sociedad, es el correcto y más aún cuando las mayorías apoyan esta clase de medidas, si no fuera así, prefiero equivocarme con ellas.

José Justiniano Lijerón es ex Dirigente de la Central Obrera Boliviana

Partidos latinoamericanos condenan la inhabilitación de la Sen. Piedad Córdoba

La senadora colombiana Piedad Córdoba, vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), inhabilitada ilegal y arbitrariamente por el procurador general de su país, Alejandro Ordoñez, para ejercer el cargo y participar en política por 18 años, según señalaron en Buenos Aires varios legisladores locales, recibió el respaldo de esa organización parlamentaria, del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de todos los organismos de derechos humanos, durante una breve estadía en esa capital.

El presidente de la Copppal, senador peronista Antonio Cafiero, advirtió que la acción contra Córdoba es un grave hecho de criminalización de una larga lucha por los derechos humanos, la democracia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que afectan la región.

Pérez Esquivel sostuvo que comenzó una campaña de respaldo a Córdoba y varios premios Nobel asistirán a un encuentro en Buenos Aires, a mediados de diciembre próximo, para respaldar a la senadora en su derecho de mantenerse en el cargo para el cual fue elegida por voluntad popular.

Los organismos humanitarios deploraron que en el mismo país en el cual funcionarios gubernamentales y militares crearon los llamados falsos positivos –eufemismo para reclutar jóvenes pobres con ofertas de trabajo y luego asesinarlos y ponerles ropas de guerrilleros, cobrar altas recompensas y lograr ascensos, en una de las acciones más perversas y dramáticas de una forma de terrorismo de Estado encubierto–, hayan actuado de esta manera con una senadora de la república. Además se mencionaron los asesinatos de políticos, sindicalistas, alcaldes, candidatos presidenciales, campesinos, indígenas y otros para los que no ha habido justicia.


En la reunión que luego realizó la Copppal en su sede local, se destacó la larga lucha de la senadora Córdoba por la paz, las minorías, las mujeres, los pobres y por la democracia auténtica. Ahí estuvieron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos humanitarios y sociales junto a legisladores de la Copppal y otros representantes de diversos sectores políticos. Ernesto Moreau, integrante de la Asociación Americana de Juristas, dijo a La Jornada que ese organismo había detectado fallas graves en la resolución publicada por el procurador, quien además no puede resolver en esta situación sin violar la propia Constitución colombiana y la legislación regional en aspectos parlamentarios.

En charla con La Jornada, la senadora colombiana resaltó el apoyo recibido por diversos sectores en su país, América Latina y el resto del mundo, y expresó su decisión inclaudicable de seguir luchando por la paz en Colombia, por el diálogo y una solución negociada a un largo conflicto que ha dejado miles de muertes. También dijo que estaba de acuerdo en que esta decisión en su país significa obstaculizar el camino de la paz verdadera y duradera, y que a pesar de todas las amenazas que la rodean continuará en su misión pacificadora. He recibido una solidaridad emocionante y hay juristas en todo el mundo que estudian este caso porque es una lamentable afrenta a todo proceso de democratización. Nunca se ha llegado a la paz con muerte y más muerte.

La Copppal también decidió mantener su apoyo al diálogo y la negociación en Colombia como la única iniciativa real para la solución a un conflicto que dura ya casi medio siglo. Es lamentable que se interrumpan los procesos de paz que pueden salvar miles de vidas para que los guerreristas justifiquen sus políticas de dominación y control sobre nuestros pueblos. Vamos a hacer una campaña en todo el mundo. No podemos dejar pasar este momento histórico, en que podemos ayudar a la paz y a la vida en un pueblo que ha sufrido tanto como el colombiano, dijo Pérez Esquivel.

COMUNICADO COPPPAL

La compañera Piedad Córdoba es vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Como congresista, ha estado comprometida desde hace 20 años con la defensa de la democracia, la justicia, el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos y la política puesta al servicio del bien colectivo. Es integrante del grupo colombianos y colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo. Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones de varios rehenes a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.

Llamamos al Gobierno de Colombia y demás fuerzas políticas a velar por al respeto del voto popular por el cual la COPPPAL ha luchado a lo largo de su historia, con la convicción de que no existe democracia posible sin el justo respeto a las libres decisiones y a la voluntad del pueblo.

Expresamos nuestra solidaridad con la compañera Piedad Córdoba y exigimos el respeto a su libertad personal, a su integridad física y la seguridad de su familia.

Obama promoverá un mayor control de las escuchas telefónicas (VoIP)

Nación Red


El FBI ha convencido a la Administración Obama para endurecer la legislación sobre escuchas telefónicas. Lo paradójico es que la reforma legislativa que preparan va dirigida a sancionar a las grandes compañías telefónicas que innoven, creen nuevos servicios o los mejoren sin tener en cuenta que “todo” debe ser controlado por el gobierno.

Lo desvela hoy The New York Times: “Se deberá asegurar que cualquier cambio tecnológico no va a alterar la capacidad del gobierno de controlar las comunicaciones y en concreto las escuchas telefónicas (incluyendo VoIP)”.

Un grupo de trabajo que incluye a funcionarios de Justicia, el Departamentos de ComercioCALEA. El polémico programa de asistencia de aplicación de la ley de comunicaciones (CALEA) que enmedó el título 18 del United States Code que ha permitido al FBI gozar prácticamente de barra libre para “escuchar”. (piratería, amigos) y el FBI , sobre todo el FBI , trabaja en este proyecto de ley para fortalecer y ampliar

CALEA se “modernizó”, bajo la Administración Bush, ampliando su lesiva discrecionalidad a todas las comunicaciones realizadas a través de la red (incluyendo VoIP). ¿Por qué el FBI , obviamente el Pentágono, y el departamento anti-piratería quieren que Obama vaya más allá que Bush?

Porque las compañías telefónicas y los servicios de telefonía IP (Skype, por ejemplo) no paran de innovar y presentar programas y aplicaciones mientras que las orejas de la administración son las que son y necesitan como en los viejos tiempos de la colaboración de las telefónicas. En este caso exigirán que vayan al ritmo de la administración.

De tal manera que las compañías que ofrezcan servicios telefónicos deben frenarse “un poquito” y garantizar siempre que esos servicios, antes de salir al mercado, son susceptibles de ser “escuchados” o hablando en propiedad: controlados por el gobierno. Faltaría más.

Las compañías deben diseñar sus servicios de tal manera que desde el primer día el gobierno pueda comenzar a realizar sus labores de vigilancia. Albert Gidari Jr., un abogado que representa a las empresas de telecomunicaciones, ha explicado que la intervención del gobierno podría tener repercusiones graves e importantes para la industria en términos de inversión, gasto, innovación y competitividad.

La respuesta del gobierno es no implementar nuevos servicios y esperar hasta que el gobierno se ponga al día. Pero no es así como esto funciona. Muchos servicios se desarrollan muy rápidamente y hay demasiados jugadores en este momento

“El impulso gubernamental para ampliar la ley de 1994 es el último ejemplo de un dilema sobre cómo equilibrar la libertad en Internet con las necesidades de seguridad en una era de rápida evolución tecnológica. La cuestión tiene mucha importancia porque las tecnologías de vigilancia desarrolladas por los Estados Unidos para cazar a los terroristas y los traficantes de drogas también pueden ser utilizadas por los regímenes represivos a la caza de disidentes políticos”. Recuerda hoy The New York Times.

El incendio social francés



Por segunda ocasión, Nicolas Sarkozy ha provocado un incendio social en Francia. La primera fue hace cinco años, cuando el entonces ministro del Interior alimentó con su insensibilidad y su torpeza el descontento juvenil que cunde en los barrios de la periferia parisina, poblados en buena proporción por descendientes de inmigrantes magrebíes y africanos en general. En aquel entonces la magnitud de las protestas, protagonizadas por adolescentes que no tenían (ni tienen) un lugar definido en su propio país y son objeto automático de sospecha y de atropello policial, llevaron a la suspensión de garantías, al toque de queda y, lo más grave, a una fractura de la sociedad a partes iguales. Fue una revuelta contra el racismo estructural y la marginación.

Hoy, por razones diferentes, las acciones de Sarkozy desde la Presidencia han suscitado una ola de protestas que incluye a la mayor parte de los franceses. El empeño presidencial por imponer una ley que aumenta la edad mínima de jubilación –de 60 a 62 años, y de 65 a 67 para quienes pretendan cobrar la pensión completa– ha unificado en su contra a más de dos tercios de la población y ha generado una confluencia política y generacional sin precedente desde las jornadas de mayo de 1968: a los paros diarios promovidos por las centrales sindicales se han unido las protestas de organizaciones estudiantiles y juveniles de diversas localidades francesas, y se ha creado, así, una doble crisis: mientras los primeros han afectado severamente los transportes ferroviarios y aéreos y han provocado un desabastecimiento generalizado de gasolina, las segundas han desembocado en violentos enfrentamientos con la policía, con el cierre de numerosos planteles y con bloqueos y barricadas.

El problema de fondo es la intención del gobierno francés de pasar la factura por la crisis económica a los asalariados: ante el declive en las finanzas estatales, se pretende optar por una reformulación del sistema de pensiones que, en última instancia, despoja a los beneficiarios del monto equivalente a dos años de su jubilación. Se trata de una típica acción depredadora de las que caracterizan a la escuela neoliberal, como muchas de las que han sido aplicadas en América Latina y en México, en particular, y se traducen en un incremento de las desigualdades sociales.

Paradójicamente, el empecinamiento del gobierno de Sarkozy en hacer aprobar las modificaciones legales correspondientes ha puesto en evidencia una gran capacidad de articulación de la sociedad francesa en defensa de conquistas sociales históricas, así como la conciencia laboral y la visión de futuro –que hasta hace pocos días resultaban insospechadas– de que es dueña una generación de jóvenes que ni siquiera ha ingresado al mercado de trabajo.

Ante la magna convulsión social causada por sus políticas, el mandatario no ha tenido más iniciativas que anunciar medidas emergentes para regularizar el abastecimiento de gasolina y amenazar a los manifestantes con la adopción de medidas represivas.

Pero, a una semana de iniciados los paros sindicales, y ante la profundización, extensión y masificación de las protestas –se calcula que en la jornada de ayer más de tres millones de personas participaron en las marchas de protesta–, la situación política de Sarkozy empieza a ser angustiosa, y lo será más en tanto no se normalice la vida pública. Si las mayorías francesas permanecen movilizadas, el gobernante no tendrá más remedio que echar marcha atrás en su iniciativa de despojo a los pensionistas. Cabe esperar que así sea.

El Gobierno británico anunció un recorte drástico del gasto. Se perderán 500.000 puestos de trabajo

El gobierno británico anunció el ajuste fiscal más drástico de la Unión Europea (UE). El ministro de Finanzas, George Osborne, indicó a la Cámara de los Comunes que habrá una reducción del gasto público equivalente a unos 130.000 millones de dólares y una pérdida estimada de medio millón de puestos de trabajo. “El objetivo es equilibrar las cuentas fiscales en cinco años”, explicó Osborne.

Como muchos otros países de la Unión Europea, el Reino Unido tiene una complicada situación fiscal a raíz de la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente recesión económica. El déficit fiscal ronda el 11 por ciento, la deuda pública es alrededor de un 70 por ciento del Producto Interno Bruto y el pago de intereses es de unos 190 millones de dólares diarios o unos 70.000 millones al año. La coalición conservadora-liberaldemócrata busca reducir este déficit de alrededor de un 11 a un 2 por ciento en 2015. Según la coalición, la alternativa es Grecia, el fantasma más invocado este año por gobiernos del bloque.

Salud y Ayuda Internacional son los únicos ministerios que quedaron excluidos del ajuste. Cancillería tendrá una reducción del 24 por ciento, con la eliminación de empleos en Londres y en las embajadas. En Defensa, el recorte es del 8 por ciento y contempla la desaparición de 40.000 puestos entre personal civil y militar. En Interior será un 6 por ciento, con una caída anual del gasto policial del 4 por ciento. Ni la BBC ha quedado excluida del ajuste: su presupuesto fue congelado, con una reducción real estimada en un 16 por ciento. Pero el golpe más fuerte fue para el sistema de seguridad social, que consume unos 300.000 millones de dólares anuales. La reducción del gasto en este segmento será de unos 45.000 millones.

En el Parlamento, el ministro de Finanzas en la sombra, el laborista Alan Johnson, condenó el ajuste fiscal. “Están jugando con los puestos de trabajo y poniendo en peligro la incipiente recuperación económica. Es una apuesta temeraria”, dijo Johnson. Los laboristas coinciden con el gobierno sobre la necesidad de recortar el gasto, pero están a favor de una reducción más gradual y con un equilibrio mayor entre reducción del gasto y aumento impositivo. “Me parece que ni el primer ministro ni su ministro de Finanzas se dan cuenta del impacto que esto tendrá sobre la gente”, señaló Johnson. En una reciente investigación, el Financial Times identificó ciudades en el norte y sur de Inglaterra en las que el Estado constituye entre el 33 y el 43 por ciento de la economía.

La clave de esta “apuesta temeraria” de la coalición será la economía misma. Los críticos señalan que esta estrategia llevará a una nueva recesión que hará peligrar el objetivo que se proponía alcanzar –la reducción del déficit– por la inevitable caída de la recaudación impositiva y el aumento del gasto por el desempleo. Por su parte, los economistas ortodoxos estiman que no habrá una nueva recesión y que el sector privado reemplazará al sector público en la generación de empleo.

Políticamente es una apuesta a todo o nada. Si el Reino Unido sobrevive a estos recortes sin una nueva recesión, la coalición podrá llegar a las elecciones en 2015 con un recorte impositivo bajo el brazo para ofrecer al electorado por los sacrificios prestados. Si no, el espejo no será Grecia, sino la República de Irlanda. Hace dos años, Irlanda también decidió que la prioridad era domar el déficit fiscal a toda costa. Hoy se encuentra sumergida en una profunda recesión y anda por su cuarto ajuste fiscal. En este caso la apuesta de la coalición podría terminar con un final anticipado del gobierno.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-155406-2010-10-21.html

El fantasma griego

Por Marcelo Justo

La estrategia del miedo para forzar la guadaña al gasto público es una vieja táctica. En la Unión Europea todos han invocado el fantasma griego: el gobierno británico también. Tanto desde la izquierda como desde la derecha han criticado este paralelo. Según William Keegan, editor económico del dominical de centroizquierda The Observer, la comparación es exagerada. “La deuda actual británica tiene un promedio de vencimiento de 14 años, mucho mayor que la de países como EE.UU. y Alemania, que es de nueve años. Existe muchísimo tiempo para lidiar con el problema”, señala. Grecia estaba al borde de la bancarrota porque no tenía cómo financiar vencimientos de deuda que comenzaban en mayo y continuaban el resto del año. Algo similar expresó ayer el director de la financiera Fidelity, Trevor Greetham. “Un país con su propia moneda puede devaluar o emitir dinero para financiar su gasto público. Es una ironía pensar que estos recortes pueden llevar a un aumento del déficit público si conducen a una nueva recesión”, señaló Greetham.

La reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas



La reforma del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) ha sido un punto crucial del debate internacional en las últimas dos décadas. El hecho de que la composición actual del órgano más poderoso de la ONU sea un símbolo de la realidad imperante al final de la Segunda Guerra Mundial y no refleje la actual correlación de fuerzas económicas y políticas en el mundo, es una razón importante de su falta de legitimidad. De ahí las permanentes presiones en pos de su transformación por parte de la gran mayoría de la comunidad internacional.

Atribuciones y procedimientos del Consejo de Seguridad de acuerdo con la Carta

El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de la ONU. Está compuesto por quince miembros: cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, Francia, Reino Unido y China) y otros diez miembros no permanentes que son elegidos por la Asamblea General, por un plazo de dos años, atendiendo a su contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la distribución por zonas geográficas.

Cada miembro del Consejo de Seguridad detenta un voto. Las decisiones sobre temas de procedimiento se adoptan con el voto afirmativo de nueve miembros. Todas las demás decisiones también deben ser aprobadas con el voto afirmativo de nueve miembros, pero tienen que contar además con el voto positivo de los cinco miembros permanentes (artículo 27). Esta cláusula confiere de facto una exclusiva capacidad de veto a los miembros permanentes en la discusión de las cuestiones más trascendentales dentro del Consejo de Seguridad. Indudablemente el veto es un privilegio y un símbolo de poder para los países que lo detentan.

La Carta de la ONU asigna al Consejo de Seguridad la responsabilidad primaria del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (artículo 24) y le otorga una serie de poderes específicos para llevar a cabo tales propósitos.

En particular, el capítulo VII expone las facultades del Consejo de Seguridad para responder a las amenazas y rupturas de la paz y actos de agresión. Entre éstas se incluyen la interrupción parcial o total de las relaciones económicas y de las comunicaciones, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. (artículo 41) Estas atribuciones son más conocidas bajo el término de sanciones. Sin embargo, es el artículo 42 el que da luz verde al Consejo de Seguridad para llevar a cabo acciones a través de fuerzas armadas por aire, mar y tierra, si son necesarias para el mantenimiento o restauración de la paz y el que legitima al Consejo de Seguridad para declarar la guerra en contra de los estados agresores del derecho internacional.

Con el paso del tiempo el Consejo de Seguridad ha conducido una creciente cantidad de su trabajo en consultas privadas e informales, alcanzando más decisiones por consenso que por votaciones formales. El método del Consejo de Seguridad de realizar negociaciones a puertas cerradas despierta un extendido resentimiento entre los miembros de la ONU. La práctica tradicional de las “consultas informales” no produce informes. Además los cinco miembros permanentes frecuentemente se reúnen en privado, excluyendo a otros miembros del Consejo de Seguridad, mientras planean las resoluciones y deciden efectivamente el resto de los asuntos del Consejo de Seguridad. Los miembros no permanentes, incluso aquellos que actúan como Presidente del Consejo de Seguridad, frecuentemente no tienen tampoco avisos de antemano, asisten a las reuniones del Consejo y la resolución es puesta ante ellos por los cinco permanentes como un hecho consumado.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad usan presiones e intimidaciones para conseguir sus objetivos en las deliberaciones. Los estados poderosos, sobre todo EE.UU., recurren a las amenazas y al chantaje hacia los Estados más pequeños. Los métodos de presión o soborno pueden consistir en la retirada o la aprobación de ayuda económica, la suspensión o entrega de ayuda alimentaria, el establecimiento o cancelación de acuerdos comerciales o de inversiones, el bloqueo u otorgamiento de préstamos a nivel bilateral o a través de organismos multilaterales (BM y FMI), la concesión o corte de ayuda militar, la entrega de equipamiento militar, el perdón de la deuda, etc.

Otro tipo de táctica es la amenaza de los miembros poderosos del Consejo de Seguridad de adoptar acciones por su cuenta si el órgano no aprueba una decisión. EE.UU. ha usado frecuentemente este enfoque en años recientes. Otras veces los miembros permanentes amenazan con usar el veto en consultas a puertas cerradas como un medio de lograr sus objetivos. Esta práctica es conocida como “veto cerrado”.

El debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad

Desde la conclusión de la Guerra Fría el número de reuniones formales de consultas, declaraciones y resoluciones del Consejo creció dramáticamente respecto a los decenios precedentes. El Consejo de Seguridad ha despachado en las últimas dos décadas más misiones de mantenimiento de la paz que en sus primeros 45 años de existencia y ha incrementado el monitoreo de elecciones y el despliegue de fuerzas de policía, amén del número de sanciones económicas, inspecciones de armas y medidas de desarme.

El renovado activismo del Consejo de Seguridad ha despertado los recelos de muchos países que vieron su gestión como despótica y no democrática, incentivando las demandas por una reforma del mismo.

Aunque el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de los últimos dos decenios ha tenido distintas fases importantes, ninguna de ellas ha podido arribar a resultados concretos. Existen factores diversos que explican las dificultades para avanzar en las transformaciones necesarias de ese órgano internacional.

Primeramente, reestructurar el Consejo de Seguridad implica modificar la Carta de la ONU, lo cual requiere el voto mayoritario favorable de los dos tercios de los Estados que integran la Asamblea General de la ONU y dentro de ellos la inevitable aceptación de los cinco miembros permanentes. Ninguna propuesta de reforma ha logrado superar hasta el momento este obstáculo.

Por otra parte, tampoco hay un consenso mayoritario sobre la cantidad de miembros que incorporaría una eventual ampliación del Consejo de Seguridad, ni sobre las categorías de esa membrecía (miembro permanente o no permanente) y sobre todo acerca de los países específicos que pudieran ocupar los nuevos puestos de ese órgano.

Además las propuestas de reformas en juego se excluyen mutuamente (1). Hasta el momento la ambición de diversos países por representar el liderazgo de sus respectivas regiones mediante un puesto en el Consejo de Seguridad ha primado sobre la búsqueda de un amplio consenso que posibilite el apoyo mayoritario a una proposición concreta que facilite los cambios.

Todas estas rivalidades han facilitado el objetivo de los cinco miembros permanentes, que aspiran a mantener el statu quo sin pagar el precio político de oponerse públicamente a la reforma del Consejo de Seguridad. Teniendo en cuenta todos estos elementos, la introducción de cambios en el órgano más poderoso de la ONU continuará siendo seguramente una asignatura pendiente en el plazo inmediato.

"De ninguna manera un banco español puede perseguir bienes en Ecuador"

La preocupación de las autoridades ecuatorianas por los casos de impagos de sus emigrantes en España llevó al embajador de ese país, Galo Chiriboga, a invitar el pasado mes de julio a Madrid a la superintendenta de Bancos de Ecuador, Gloria Sabando, para conocer la situación de primera mano. Sabando (Puerto Viejo, Ecuador, 1955) preside la máxima autoridad reguladora del país. Sabando, que atiende a EL PAÍS por teléfono desde Quito, se reunió aquí con altos cargos del Banco de España y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Pregunta. ¿Qué información les llega de la situación de sus compatriotas en España?

Respuesta. Para nosotros ha sido motivo de mucha preocupación el endeudamiento de los compatriotas en España. Ellos emigraron en busca de mejores días, en busca de una realización personal y profesional. Tuvimos muchas reuniones en Madrid. Se dejó claro que la preocupación de Ecuador se centra en encontrar soluciones sistémicas a problemas que surgieron de un esquema que impulsó el crecimiento del sector inmobiliario por encima de las realidades mismas del mercado, haciendo análisis financieros y de riesgo superficiales, en los que no se tomó en cuenta la capacidad de pago real de los deudores. En las reuniones me di cuenta de que hay un interés sincero de las autoridades españolas a encontrar soluciones de fondo. La magnitud de la crisis ha obligado a explorar vías para mantener la solvencia del sistema financiero, pero hay que considerar que las sociedades española y mundial se encuentran en un periodo de ajuste.

P. ¿Cuál es el caso tipo que han conocido?

R. La persona que ha tenido un nivel de ingresos mayores en el momento de adquirir la obligación y que luego se quedó sin su trabajo. Lo pueden volver a contratar, pero no con las mismas condiciones que antes. No puede cumplir sus obligaciones. Otro caso es aquel que se quedó sin trabajo y con una obligación. No puede cumplirla y entrega la hipoteca, valorada en un inicio en una cantidad, pero que en este momento ha deflactado su precio.

P. ¿No detectaron un sobreendeudamiento? ¿No era raro que algunas personas pudieran adquirir deudas millonarias?

R. No. No es responsabilidad del organismo de control y supervisión de Ecuador asumir un monitoreo de entidades foráneas. Lo que se veía era un progreso por parte de ellos. Nosotros hemos perdido grandes artesanos o trabajadores de la construcción o la agricultura, que han entregado lo mejor que saben al país en el que residen.

P. ¿Calificaría estas hipotecas como subprime? ¿En qué se diferencia de la situación en EE UU?

R. Es equiparable a la crisis de EE UU porque es un problema más económico y financiero. Deriva de aquel crecimiento y de la liquidez que tuvo el sistema financiero y que creó esa necesidad de colocación [de crédito] fácil, o laxa, en la que el riesgo no se midió de acuerdo a lo que la técnica exige. Sí, son subprime, pero son generadas por el mismo mercado. El usuario se acerca y manifiesta su necesidad y el mercado se lo dio de la manera más fácil.

P. ¿Qué le parece la ley española, que no considera cancelada la deuda con la entrega del bien hipotecado?

R. Las organizaciones sociales han planteado que se acepte la dación en pago. Nosotros nos permitimos apoyar la propuesta. Para ampliar el debate, la delegación ecuatoriana planteó otras opciones como reestructuración de los créditos, concesión de periodos de gracia y aplazamientos. Cuando estuvimos allá, las autoridades españolas hablaban de una fórmula de permitir un arrendamiento de la propia vivienda hasta que el deudor pueda nivelar sus ingresos. La situación que nos preocupaba es que los bienes hipotecados hayan perdido su precio. Porque la deuda sigue siendo la misma. Esto no quiere decir que en algún momento estas viviendas no vuelvan a recuperarse y ese es un tema que considerar también en esta problemática. El negocio de los bancos no es llenarse de activos.

P. Esta situación condena a muchos de sus compatriotas a vivir en la marginalidad o a regresar a su país.

R. Podemos decir que lo han perdido todo. Nuestros migrantes tendrán siempre el apoyo por parte del Gobierno actual para que puedan tener una reinserción laboral que les permita volver a empezar. Se les ayuda en el traslado de sus activos, tienen un tratamiento especial de aduana. Y también créditos del Banco Nacional de Fomento para que puedan emprender una nueva actividad [al volver]. Muchos han adquirido conocimientos allá.

P. ¿Un ecuatoriano tiene garantizado que la deuda se termina si vuelve a su país?

R. Un contrato es privado, entre la persona y la institución. Queda a responsabilidad de ellos cancelar esa deuda, bien a su vuelta o en España. De ninguna manera el banco español puede perseguir a esta persona en Ecuador. El compromiso se adquirió allá y fue calificado por el Banco de España. La responsabilidad es de ambas partes, no solo del deudor. También del que concedió el crédito. Quiero reiterar que la opción de una internacionalización de las deudas no es posible porque no existen acuerdos internacionales que lo permitan. Es un contrato privado. Además, la ley ecuatoriana no contempla que las deudas contraídas en el extranjero por un ecuatoriano se cancelen con bienes de ecuatorianos en el país. Es en España donde debe resolverse cualquier litigio, de no mediar cláusulas contrarias acordadas entre las partes.

P. Cuando vino a Madrid, ¿qué le dijo el Banco de España?

R. Fue un diálogo en torno a una problemática con tintes sociales, dada la influencia de fenómenos como el desempleo, que está en el 20% y que merma la capacidad de pago de los consumidores, especialmente inmigrantes con puestos de trabajo altamente expuestos a las fluctuaciones del mercado. Mencionaron que estaban abiertos a regular la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para regular la dación en pago. Pero dejando claro que su labor es de supervisión y control. Lo que yo pregunté fue si habían sido revisado los porfolios de los bancos con estos altos índices de morosidad. Porque yo entiendo que su responsabilidad está en revisar que los porfolios respondan a los principios de prudencia. Esa es la responsabilidad de un organismo de control. Pregunté si de la revisión que ellos hicieron podían decir si las instituciones financieras cumplieron con las normas de crédito y de valoración de riesgos del Banco de España. No todo es responsabilidad del deudor. Dijeron que entendían que fue un problema macroeconómico. Que todo se derivó de la bonanza de la liquidez en esos momentos. Es decir, mientras más liquidez, más laxo el crédito. Hay datos que evidencian que el precio de la vivienda en España ha ido reduciéndose, pero aún, de acuerdo con informes de la Unión Europea, se mantiene una sobrevaloración de más de dos dígitos, lo que evidencia que el mercado siempre estuvo por encima de un comportamiento adecuado a los intereses de los consumidores y de las propias instituciones financieras.


Los sindicatos franceses convocan nuevas protestas contra Sarkozy

Los sindicatos franceses han convocado hoy dos nuevas jornadas de protesta los próximos 28 de octubre y 6 de noviembre contra el plan del Gobierno de reformar las pensiones. En la primera fecha, los sindicatos llaman a la huelga contra el plan del Ejecutivo de Nicolas Sarkozy mientras que en la segunda la convocatoria consiste en otra jornada de manifestaciones.

La decisión ha sido anunciada tras la reunión celebrada en París dos días después de la última huelga y mientras continúan los paros en diversos sectores de la economía, entre ellos el del abastecimiento de combustible.

El presidente francés confiaba en que con la aprobación del proyecto se pusiera fin a las protestas. Sarkozy ha asegurado hoy "que los violentos no tendrán la última palabra" y ha tildado de "escandalosos" los altercados que se han producido en los últimos días durante las protestas. Sarkozy ha lanzado una advertencia a los alborotadores: "Serán localizados, arrestados y castigados, tanto en Lyon como en otros lugares, sin ninguna debilidad. Porque en nuestra democracia hay un montón de maneras de expresarse, pero la violencia más cobarde, la más gratuita, no es aceptable".

Según el ministro del Interior, Brice Hortefeux, 1.300 jóvenes, la mitad menores de edad, han participado en los saqueos y la destrucción de comercios y mobiliario urbano en Lyon. Hortefeux ha añadido que, en total, desde el 12 de octubre han sido arrestadas 1.901 personas y 1.412 han permanecido detenidas.

El Gobierno de Sarkozy quiere acelerar el proceso de tramitación de la reforma y ha pedido esta tarde que se emplee el procedimiento de "voto único" con el fin de concluir los trámites en el Senado y que no afecte a las enmiendas presentadas por la oposición que no ha aceptado.

Sarkozy ha vuelto a defender una vez más hoy su proyecto de reforma del sistema de pensiones, que eleva la edad mínima para jubilarse de los 60 a los 62 años, y de los 65 a los 67 para cobrar la pensión completa. "No hago esto por motivos ideológicos, lo hago porque es mi deber", ha asegurado el mandatario francés. "Lo que se les está diciendo a estos estudiantes es que la reforma se hace por ellos (...). Gracias a la reforma de las pensiones, no tendrán que pagar dos veces, una por ellos y otra por sus padres", ha concluido.


Las gafas Oakley y otros detalles que no necesitabas saber del rescate minero

El rescate de los mineros chilenos no es que sea un Trending Topic. Es que tiene todo lo que se le puede pedir a una historia: drama, emoción, nombres propios, peligro. Un espacio cerrado y una situación límite mantenida en el tiempo: el hijo perfecto entre un reality y una película de catástrofes pero ¡de verdad! ¡en directo! ¡en español! Desde ChinaMansión Playboy, estamos pendientes de los medios como homínidos que escuchan por primera vez un cuento alrededor de una hoguera.

hasta la Gafas


Pero claro, aunque nosotros sigamos siendo monos, la hoguera a estas alturas se nos ha ido de las manos. La
cobertura del rescate chileno ha pulverizado los récords logrados con Haití. Mil millones de audiencia y 2.000 periodistas desplazados a la mina San José recuerdan que siempre se puede ir un poco más lejos. Cuando un trending topic es tan trending topic se profundiza en detalles como estos que he encontrado por ahí y sin los cuales la humanidad podría haber seguido adelante:

1. Todos llevan al salir las mismas gafas de sol de la marca Oakley (vía Irene Serrano). Fueron donadas por la marca, pero se ha calculado que el valor publicitario de su aparición en medios alcanza los 41 millones de dólares.

2. Existe un grupo en Facebook que se llama "Mineros chilenos emergiendo de las entrañas de la tierra como Kylie Minogue"

3. La comida favorita del minero Carlos Mamani es el rabo de toro. Lo ha twitteado Rory Carroll, corresponsal de The Guardian.

4. El ministro de minería de Chile se llama Laurence Golborne y le gusta Serrat. "Buen día! Como dice Serrat "hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte ti", ha twitteado. (Detalle cortesía de Mari Luz Peinado).

5. La BBC (que ha enviado 25 periodistas al terreno) ha escrito un artículo explicando por qué enseñan la cara de los mineros y no la de los indígenas mapuches en huega de hambre en Chile.

6. Entre los regalos que les esperan en la superficie está ver al Madrid en el Bernabéu.

7. Alejandro Sanz le ha tenido que explicar a una fan que los mineros subían afeitados no por ninguna conspiración mediática sino porque probablemente se habían afeitado en la mina. Justin Bieber, Kim Kardashian o la Tigresa del Oriente también se han pronunciado.

8. La primera dama de Chile Cecilia Morel le dijo a la mujer del minero infiel que su decisión de no ir al rescate de su marido porque iba la otra "no era mala".

9. Son rescatados el mismo día, 13 de octubre, en el que se estrelló el avión de la tragedia de Los Andes.

10. El presidente chileno Piñera ha dicho que "Hoy es 13/10/10. Sumen los números. Es 33. Es un número mágico" (¿?)

11. Algunos pidieron abrillantador de zapatos para el momento de su salida de la mina.

12. Los periodistas ávidos de noticias han sufrido 17 accidentes de tráfico en los alrededores de San José.

Serie Parques de Girona nuevas fotos : Pla de Socs ( Salt City)

Para ver esta serie de fotos pica AQUI

Receta de un postre llamado ''imposible "o "Choco flan "

México Una estudiante de 20 años es nombrada jefa de una policía municipal del Valle de Juárez


Se llama Marisol Valles García y sólo escribir su nombre provoca respeto y miedo. A sus 20 años, ella acaba de dar el paso adelante que ningún hombre se atrevió a dar, el de asumir la jefatura de la policía de un municipio de 3.400 habitantes situado junto aCiudad Juárez , en la frontera de México con Estados Unidos, en pleno Valle de Juárez, el territorio que desde hace tres años se disputan dos de los cárteles más peligrosos de México.

El municipio se llama Práxedis G. Guerrero, está en la mismísima línea fronteriza, pertenece al Estado de Chihuahua y dista un centenar de kilómetros de Ciudad Juárez, la plaza más violenta de México , donde cada año son asesinadas 2.600 personas sin que la Policía Federal ni el Ejército alcancen a averiguar de dónde vienen las balas. Por si son necesarios más datos, sólo apuntar que esta misma semana fueron asesinados el comisario municipal de El Porvenir -un pueblo que pertenece a Práxedis?y su hijo. El padre, Rito Grado Serrano, tenía 59 años, y su hijo Rigoberto, 37. Del asesinato sólo se conoce lo que los peritos de la fiscalía del Estado de Chihuahua encontraron junto a los cadáveres: 22 casquillos percutidos por fusiles AK-47, también conocidos aquí como cuernos de chivo. ¿Quién los mato? Casi nunca se sabe. Pudieron ser los sicarios de Vicente Carrillo -jefe del cártel de Juárez?o tal vez los del Chapo Guzmán -jefe del cártel de Sinaloa-. ¿Por qué? Eso sí que es demasiado preguntar. Tal vez porque no había forma de corromperlos. O tal vez porque lo corrompió el cártel rival. Además de su dosis de plomo, los muertos del narcotráfico se llevan a la tumba su correspondiente dosis de sospecha.

Pues bien, para ese lugar no del todo recomendable buscaba el alcalde de Práxedis, José Luis Guerrero, un jefe de policía. Como en las películas del Oeste, el alcalde se fijó primero en los más machos del lugar, pero todos miraron para otro lado. El problema no era hacerse cargo de los 19 agentes de la plantilla policial, nueve de ellos mujeres, sino, sencillamente, continuar con vida en un lugar donde no vale nada. Fue entonces cuando Marisol Valles, de 20 años, casada, estudiante de último curso de Criminología en Ciudad Juárez, dijo sí. ¿Una mujer sin miedo? Tal vez no. A tenor de sus declaraciones, simplemente una mujer valiente: "Aquí toda la gente tiene miedo, todos tenemos miedo, pero vamos a cambiar ese miedo por seguridad".

Para contagiar de ese valor a sus vecinos, la nueva secretaria de Seguridad Pública de Práxedis se dejó fotografiar ayer junto a su mesa de trabajo, a cara descubierta. Si el narcotráfico ya tiene a sus heroínas reales o ficticias -la reina del Pacífico que entrevistó Julio Sherer o la Teresa Mendoza que inventó Arturo Pérez Reverte-, desde el martes, en un pueblo perdido del Valle de Juárez, el lado bueno de la Ley tiene a una muchacha de 20 años llamada Marisol Valles. Sólo escribir su nombre provoca respeto. Y miedo también.

La Generalitat organizará todo el tráfico ferroviario excepto los AVE

El 1 de enero próximo el Gobierno catalán unirá a la gestión de Rodalies la de los trenes regionales que circulan por las líneas de ancho ibérico. Con ello, solo los trenes de largo recorrido y los que circulen por las vías de ancho europeo y con alta velocidad quedarán fuera de su competencia. El pacto para este traspaso fue firmado ayer en Barcelona por el presidente del Gobierno catalán, José Montilla, y el ministro de Fomento, José Blanco. Ambos destacaron que la medida da cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto. "Es nuestro Estatuto", enfatizó Blanco, y añadió: "Nosotros lo votamos".

El mecanismo seguido es el mismo empleado para el traspaso de Rodalies, hasta el punto de que la Generalitat proyecta la integración a medio plazo de todo el sistema ferrroviario. El servicio de regionales mueve 800 trenes cada semana, con unos 11 millones de viajeros cada año.

Son siete las líneas que se traspasan. Desde Barcelona hacia el norte, la que enlaza con Girona, Portbou y Cerbere (4,7 millones de pasajeros cada año). Por el sur, la que tiene mayor número de usuarios es la Barcelona-Tortosa (2,1 millones), que se ve reforzada por una segunda línea que une Barcelona con Castellón y Valencia, con parada en L'Aldea, que transporta 792.000 pasajeros cada año. También por el sur, la línea Barcelona-Reus-Riba-roja da servicio a unos 900.000 usuarios anuales. En la misma vía, se ofrecen unos cuantos servicios que superan Riba-roja para dirigirse a Zaragoza, con 1,3 millones de viajeros. A estas líneas hay que añadir las dos interiores: la que une Barcelona con Lleida por Manresa, con medio millón escaso de pasajeros, y la que va de Zaragoza a Lleida por Monzón, que tiene solo 72.500 pasajeros al año.

El traspaso deja fuera los trenes Avant que viajan entre Lleida, Tarragona y Barcelona por la línea de alta velocidad a 220 kilómetros por hora, un servicio que es utilizado por unos 400.000 viajeros cada año, y subiendo. El motivo, explicó ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, es que tienen una estructura tarifaria distinta, de modo que su gestión se aplaza hasta que entre en funcionamiento la línea de Girona, lo que permitirá una reforma general de todos los servicios ya que todos los trenes de larga distancia y prácticamente todos los que enlacen las cuatro capitales catalanas pasarán a las vías de alta velocidad, permitiendo aumentar las frecuencias de los cercanías y otros regionales.

El pacto deja pendiente la valoración económica, aunque se trata de un asunto menor porque, mientras que Rodalies es un servicio deficitario y su traspaso exigía compensaciones de Fomento a la Generalitat, las tarifas de los trenes regionales cubren prácticamente el coste.