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martes, 18 de enero de 2011

AUGIRONA VIRTUAL STADIUM : LA Vago´S CUP EN DIRECTO



Partidos de la Jornada : Augirona te recomienda verlos en Veetle
Martes 22 horas Sevilla vs Villarreal

Pechugas mozárabes



Vaticano en 1997 rechazo el llamamiento a denunciar curas pederastas

El papafofilo Juan Pablo II abraza un niño con oscuras intenciones pedofilas

Ha salido a la luz que en una directriz de 1997, el Vaticano rechazó la recomendación hecha por la Iglesia Católica irlandesa en el sentido de que los curas que abusaban de niños debían denunciarse a las autoridades civiles.

Estos hechos se revelan en un documental de RTE que va a ser retransmitido esta noche, y en el cual también se informa de que un obispo irlandés describió la directriz del Vaticano como “una orden . . . de que se oculten los delitos de un cura”.

En una carta de enero de 1997 dirigida a cada uno de los obispos irlandeses, y que llevaba la inscripción “estrictamente confidencial”, el Vaticano decía que apoyaría el recurso de apelación de cualquier cura apartado del sacerdocio por la Iglesia irlandesa en relación con un caso de abuso de menores. Así ocurrió en varios casos, lo cual dio lugar a que un arzobispo irlandés amenazar con dimitir.

En una reunión que se celebró en Roma en 1999, un alto funcionario del Vaticano recordó a la jerarquía irlandesa en su conjunto que ellos eran, “en primer lugar, obispos, no policías”.

El programa sostiene que el Vaticano, y el propio Benedicto XVI, no aplicaron las normas del derecho canónico a los casos de abusos sobre menores, una de las principales críticas que el papa le hace a los obispos de Irlanda. El Vaticano no aplicó el derecho canónico en relación con dos curas de EEUU, y el papa no lo hizo en relación con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

En su carta del pasado marzo dirigida a los católicos de Irlanda, el Papa Benedicto dijo a sus “hermanos obispos” que “vosotros y vuestros predecesores habéis fallado, en ocasiones de forma grave, a la hora de aplicar las normas del derecho canónico, establecidas hace mucho tiempo, al crimen del abuso de menores”.

El Vaticano se opuso a una recomendación incluida en el “Libro verde” de los obispos irlandeses, que constituyen unas directrices sobre protección infantil, publicadas en 1996, en la que se decía que todos los casos de supuestos abusos sexuales de niños por parte del clero debían comunicarse a las autoridades civiles.

En el programa, del periodista Mick Peelo, también se muestra una carta “estrictamente confidencial” que el Vaticano envió, un año más tarde, en 1997, a los obispos irlandeses, en la que se expresan “reservas de naturaleza canónica y moral” en relación con la obligatoriedad de comunicar estos delitos a las autoridades civiles.

Un obispo irlandés confirmó al programa, escudándose en el anonimato, que en su momento redactó una nota en la que describía esta carta como “una orden de ocultar los delitos de los sacerdotes”.

En el programa también se informa de que en una reunión en 1998 con el Cardenal Castrillón Hoyos, prefecto de la Congregación del Clero (de 1996 hasta 2006), el entonces arzobispo de Dublín, Desmond Connell, dio un puñetazo en la mesa por la frustración que le supuso que el cardenal insistiera en la política del Vaticano de defender los derechos del sacerdote acusado por encima de todo.

El mes pasado, el Arzobispo de Dublín Diarmuid Martin dijo que en el pasado “la mayoría de los obispos irlandeses consideraban que las relaciones con la Congregación del Clero eran desastrosas”.

Jóvenes comunistas lanzan una campaña poniendo nombre y apellidos a los culpables de la crisis

Lejos de asumir el discurso de que las reformas y recortes a los derechos de los trabajadores son inevitables, las Juventudes Comunistas lanzan una campaña “digital” identificando a los grandes empresarios de este país como los culpables de la crisis y haciendo paralelismos entre las indecentes cifras de beneficios de dichas empresas con los alarmantes datos de paro y precariedad que padece la población española, especialmente la juventud.

Bajo el nombre de “Sabes quienes son los culpables, ¡Páralos!”, esta campaña que tiene como principal vía de difusión las redes sociales, publicará a través del portal de noticias Agitacion.org, así como de los perfiles de la Unión de Juventudes Comunistas de España en diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Tuenti) un dossier sobre cada uno de los empresarios que se reunieron el pasado 27 de noviembre con Zapatero.

La campaña comienza con el perfil de José Manuel Entrecanales ex-Presidente de Vodafone España, Endesa y actual presidente de Acciona, persona que en estos tiempos de crisis entre otros méritos tiene el haber cobrado una indemnización de 9,6 millones de euros al salir de Endesa.

En palabras de José León, Secretario General de la UJCE: “Desde hace años se ha eliminado la progresividad del sistema fiscal, se sigue mirando para otro lado con el fraude fiscal de las grandes fortunas y nada se reclama a quienes presentan indecentes cifras de beneficios en estos últimos años. Detrás de la tan socorrida frase de que 'todos debemos apretarnos el cinturón' se encuentra la más cruel de las mentiras, mientras una minoría es cada vez más rica y tiene menos responsabilidades con el resto de la sociedad, miles de familias viven auténticos dramas generados por la ausencia de empleo y los despiadados recortes neoliberales”.

De esta manera, desde el referente juvenil del PCE pretenden evidenciar que con los recortes del Gobierno lejos de avanzar por la senda de la justicia social y el reparto de la riqueza, afianza y protege los intereses de una minoría social que acumula e incrementa cada vez más sus beneficios aún en tiempos de crisis.

Además de la campaña en internet, se han editado 7.000 ejemplares del nº9 de la revista “Agitación”, también bajo la consigna en portada“Sabes quienes son los culpables, Páralos”.

Cuatro detenidos por robar tarjetas de crédito de los buzones

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores del hurto de centenares de tarjetas de crédito de buzones aprovechando que las entidades enviaban de forma masiva las nuevas tarjetas con lector de chip. La estafa podría superar los 200.000 euros y afectar a más de 150 personas.

La investigación se inició en agosto tras detectarse una serie de denuncias donde las víctimas manifestaban que habían recibido llamadas telefónicas en su domicilio de alguien que se había hecho pasar por trabajador del departamento de seguridad de una entidad bancaria. Esta persona les informaba que su tarjeta había sido utilizada de forma fraudulenta y que para darla de baja tenían que facilitar su número PIN, y días después se daban cuenta que alguien había realizado extracciones de sus libretas.

Tras apoderarse de las nuevas tarjetas, principalmenteeneldistritodelEixample deBarcelona,conseguían el teléfono del domicilio de las víctimas, a los que llamaban haciéndose pasar por personal de seguridad. Para dar confianza a las víctimas facilitaban el número de la tarjeta -que la víctima podía comprobar con la antigua- e informaban que, para darla de baja, tecleasen su DNI y su número PIN en el teléfono, que luego el grupo descifraba con un aparato electrónico.

El grupo extraía el dinero en cajeros automáticos del Baix Llobregat, y en alguna ocasión habían llamado a la entidad emisora con el DNI para intentar aumentar el límite de la tarjeta. Al acabar el envío por parte de las entidades bancarias de las nuevas tarjetas, el grupo cambió de modus operandi y dos de ellos se hacían pasar por comerciales de una empresa de telecomunicaciones e iban por los domicilios intentando captar clientes, y una vez en el domicilio aprovechaban un descuido para sustraerle las tarjetas.

En los registros de los domicilios, además de tarjetas,los agentes también localizaron dos plantaciones de marihuana, una en cada uno de los domicilios, con un total aproximado de 200 plantas. A los cuatro detenidos, de entre 19 y 28 años y que quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, se les atribuye los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, hurtos, robos con fuerza y contra la salud pública.


Megaupload acusa a France Télécom de restringir su tráfico

Megaupload ha denunciado públicamente que la operadora France Télécom (Orange) restringe su tráfico. La opradora ha replicado que el problema está en los proveedores de tránsito que emplea el sitio. La polémica se desata cuando las estadísticas demuestran que los internautas franceses emigran hacia sitios de descarga o streaming para evitar la vigilancia sobre las redes P2P ejercida por las autoridades francesas para perseguir las descargas de contenidos protegidos.

Entre el 12 y el 13 de este mes, los clientes de la operadora que se conectaban a Megaupload contemplaban un aviso del servicio, una "alerta de conectividad", en el que literalmente se afirmaba que si apreciaban lentitud en el servicio era porque probablemente su operadora restringía intencionadamente el tráfico. "Nuestras estadísticas de reclamaciones indican que la mayoría de los usuarios con problemas tienen el acceso a Internet vía France Télécom, a menudo bajo la marca de Orange".

La compañía francesa ha calificado de denigrante el comunicado y atribuye los problemas a la propia infraestructura de Megaupload. FT no descarta iniciar acciones legales por lo que califica de difamación y porque considera que el mensaje incita a los clientes a contratar otra compañía. FT considera que los contenidos suministrados a los abonados de Orange por el citado servicio están albergados en empresas como Cogent y Tata, "que no son conocidas por la calidad de sus prestaciones. Es Megaupload quien las ha escogido y es ella la que debe modificar los acuerdos para asegurar unas buenas condiciones de uso".

La réplica de Megaupload ha llegado desde lepoint.fr. Un portavoz de la empresa ha afirmado que FT asegura a sus clientes que compran combustible de alta calidad, pero en realidad se les ofrece diesel malo. "Los clientes de Orange quieren tener acceso a nuestros populares sitios con alta velocidad de transferencia, pero no pueden porque sus operadores no se lo permiten". La empresa asegura que FT quiere hacer pagar a Megaupload por una mejor conectividad de ADSL.

En una encuesta reciente, en un año, las visitas a Megaupload han crecido un 35% en Francia y tiene 7,4 millones de usuarios en este país.


La 'ley Sinde' entra en punto muerto

La ley Sinde entró ayer en su semana crucial y, lo que resulta más preocupante para el Gobierno, en estado de punto muerto. PP y PSOE negocian contra reloj para salvar en el Senado la norma que persigue el cierre de webs que sirven sin autorización legal contenidos sujetos a derechos de autor. Y aunque nadie quiere levantarse, sobrevuela en la mesa cierto clima de pesimismo; el plazo para presentar enmiendas termina hoy y el rescate tras el sonoro batacazo que la ley sufrió en el Congreso no parece asunto fácil.

El Gobierno y el PP solicitarán la prórroga del plazo de presentación de enmiendas hasta el próximo lunes, según confirmaron fuentes de ambos bandos. La negociación, lejos de aparcarse, se intensificará para intentar la salvación de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Las claves de la negociación giran en torno a los plazos previstos en la ley para el cierre de páginas, la introducción de un sistema de arbitraje, el nivel de intervención judicial y un cambio en la regulación del canon digital que el PP considera insoslayable. Los dos últimos puntos son los más peliagudos. "Estamos dispuestos a a flexibilizar nuestras posiciones, pero sin desvirtuar el espíritu de la ley", señalan fuentes socialistas.

Y se desvirtuaría, según la percepción de los socialistas, si se atiende el requerimiento del PP para alargar los plazos del cierre de las páginas y se deja todo en manos de los jueces. "La ley no servirá para nada si la resolución de un conflicto se prolonga durante un año", señalan las fuentes consultadas. Tampoco se puede aceptar la práctica supresión del canon digital, como pide el PP, "porque ese no es el espíritu de la sentencia del Tribunal Europeo [del pasado 21 de octubre]", argumentan los socialistas. En principio, el Gobierno estaría dispuesto a ampliar los colectivos que estarían exentos del canon, pero no parece dispuesto a llegar tan lejos como desean los populares.

Tras el fracaso en el Congreso del pasado 21 de diciembre, el Gobierno volvió su mirada a la bancada del PP, aunque durante la tramitación en el Congreso solo se dirigió a ellos en el último momento. Fue pocas horas antes de la votación, y tras el fracaso negociador con CiU, grupo en el que el Ejecutivo tenía puestas todas sus esperanzas después de que el PNV y Coalición Canaria les retiraran su apoyo. "Han venido a nosotros en los últimos dos minutos y como segundo plato", denunció el portavoz del PP, González Pons.

Las conversaciones entre ambos se reanudaron tras el parón navideño. Después de que el Gobierno, directamente La Moncloa y singularmente el jefe de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano, tomaran las riendas de un asunto que acabó por convertirse en un problema inesperado. Junto a Serrano, la dirección del Grupo Socialista en el Senado, cuya portavoz es Carmela Silva, ya está también sobre la ley.

No es el rescate de la ley Sinde el único asunto crucial de esta semana clave para la protección de la propiedad intelectual, que comenzó con una intervención ayer de Teddy Bautista, presidente de la SGAE, en el Foro de La Nueva Cultura. La patronal de empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación y las sociedades de gestión de derechos de autor se reúnen hoy con autoridades de los Ministerios de Industria y Cultura para fijar las bases de la negociación sobre el nuevo canon digital. Juntos buscarán adecuar el gravamen por copia privada a las exigencias de la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que consideró indiscriminada la aplicación del canon en España.


Desmantelado en Madrid el "mayor laboratorio de cocaína de Europa"

La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid el que considera como el mayor laboratorio de cocaína de Europa. En la Operación "Colapso" han sido arrestadas un total de 25 personas y han participado más 10 unidades policiales. Los agentes se han incautado 300 kilos de droga (lista para distribuir), 33 toneladas de productos químicos, dos millones de euros en efectivo, vehículos de lujo y activos financieros por valor de 50 milllones de euros.

Los detenidos adulteraban la cocaína antes de distribuirla. Entre los arrestados hay ciudadanos colombianos y españoles, entre los que se encuentra todo un bufete de abogados de la capital. Se trata de dos hermanos abogados y otros trabajadores del despacho que confeccionaban contratos de modo que las ganancias del narcotráfico parecían ligados a pagos de un grupo empresarial, según fuentes policiales.

Las medidas de seguridad de la organización han sorprendido a la policía. Empleaban "escoltas" para dar cobertura a sus integrantes y utilizaban micrófonos direccionales. Además se han encontrado 470 móviles y una extensa infraestructura de inmuebles de seguridad armarios dobles.

El laboratorio se encontraba situado en una finca de la localidad madrileña de Villanueva de Perales. De los 25 detenidos, 20 ya se encuentran en prisión. Se han hecho 22 registros y la investigación patrimonial permanece abierta.

La operación, que se inició el pasado 7 de diciembre, ha corrido a cargo de Unidad Central contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.


Temen que los sucesos de Murcia se propaguen a otros lugares



Los recortes sociales llevados a cabo por el Gobierno murciano que preside el señor Valcárcel, han desencadenado una fuerte respuesta de la población que, en el mes de diciembre, llegó a marchar en manifestación espontánea hasta su domicilio particular donde arrojaron huevos y, según Valcárcel, golpearon a una hija suya.Sí fueron increpados y zarandeados algunos cargos del PP.

Pero la agresión sufrida el sábado pasado por el consejero de cultura, han disparado las alarmas. Valcárcel la relaciona con intereses partidistas y señala que los culpables están entre sus socios del PSOE; sin embargo tertulianos radiales y televisivos, comienzan a mostrarse alarmados, citan a grupos antisistemas y hablan de que en las redes sociales se están haciendo llamamientos “a la revolución”.En definitiva, temen que lo que surgió como un enfrentamiento por la poltrona, se convierta en algo más.

Todo apunta a que están inquietos ante la posibilidad de que Murcia se convierta en una especie de pequeña Túnez, y punta de lanza que propague el descontento generalizado a otras regiones del Estado; por tanto claman que Madrid actúe con mano dura ante lo sucedido. Saben que en esa Comunidad existen grupos de ciudadanos que empiezan a organizarse en plataformas para defenderse de los desmanes de banqueros, políticos y rateros de guante blanco que han esquilmado las arcas públicas.

Por esa razón el ministro de la Presidencia, el “socialista” Ramón Jáuregui, ha condenado la agresión contra el consejero diciendo que "nunca nada justifica que nadie agreda a nadie, y menos a un cargo público". Es decir, quienes no sean cargos públicos son ciudadanos de segunda y, en consecuencia, sujetos de la represión “democrática”. Más claro, agua.

El gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas medidas sobre Cuba

Juventud Rebelde

Aunque las medidas son positivas, se quedan muy por debajo de esos justos reclamos, tienen un alcance muy limitado y no modifican la política contra Cuba


El 14 de enero del 2011, el Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas sobre Cuba. Aunque habrá que esperar por la publicación de las regulaciones para conocer su verdadero significado, de acuerdo con la información preliminar dada a conocer por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, las medidas consisten en:

-Autorizar los viajes de norteamericanos a Cuba con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos.

-Permitir a ciudadanos norteamericanos enviar remesas a ciudadanos cubanos en cantidades limitadas.

-Autorizar a los aeropuertos internacionales de EE.UU. a solicitar permiso para operar vuelos charter directos a Cuba bajo determinadas condiciones.

La adopción de estas medidas es el resultado del esfuerzo de amplios sectores de la sociedad norteamericana que durante años han reclamado mayoritariamente el levantamiento del genocida bloqueo contra Cuba y la eliminación de la absurda prohibición de los viajes a nuestro país.

Es expresión también del reconocimiento del fracaso de la política de los Estados Unidos contra Cuba y de que busca nuevas vías para lograr sus objetivos históricos de dominación de nuestro pueblo.

Aunque las medidas son positivas, se quedan muy por debajo de esos justos reclamos, tienen un alcance muy limitado y no modifican la política contra Cuba.

El anuncio de la Casa Blanca se limita, en lo fundamental, a restablecer algunas de las disposiciones que estuvieron en vigor en la década del noventa bajo el gobierno del presidente Clinton, y fueron eliminadas por George W. Bush a partir del 2003.

Las medidas solo benefician a determinadas categorías de norteamericanos y no restituyen el derecho a viajar a Cuba de todos los ciudadanos norteamericanos, que seguirán siendo los únicos en todo el mundo que no pueden visitar nuestro país libremente.

Estas medidas confirman que no hay voluntad para cambiar la política de bloqueo y desestabilización contra Cuba. Al anunciarlas, los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos dejaron bien claro que el bloqueo se mantendrá intacto y que se proponen usar las nuevas medidas para fortalecer los instrumentos de subversión e injerencia en los asuntos internos de Cuba. Esto confirma la denuncia expuesta en la declaración del MINREX del 13 de enero pasado.

Cuba siempre ha favorecido los intercambios con el pueblo norteamericano, sus universidades, sus instituciones académicas, científicas y religiosas. Todos los obstáculos que entorpecen las visitas de los estadounidenses a Cuba siempre han estado, y siguen estando hoy, del lado del gobierno de Estados Unidos.

Si existiera un interés real en ampliar y facilitar los contactos entre nuestros pueblos, Estados Unidos debería levantar el bloqueo y eliminar la prohibición que hace de Cuba el único país al que los norteamericanos no pueden viajar.

El problema de los precios en la actividad por cuenta propia



En uno de los comentarios que ha recibido el artículo Cuba 2011: la eliminación de los subsidios y la asistencia social , un lector que se firma como Eliseo Álvarez del Toro expresa su preocupación por el alza de precios que pueden decidir los trabajadores por cuenta propia en sus producciones y servicios, motivados por la eliminación de subsidios a determinados artículos, con la cual se gravaría aún más a la población, pero de forma indirecta.

Álvarez del Toro afirma que el día 3 de enero los espirituanos amanecieron con un aumento del 300 % en el pasaje de los coches tirados por caballos.

En opinión del lector, en la ciudad de Sancti Spíritus existe una dependencia muy alta de los coches para el movimiento de la población, inclusive de los trabajadores.

“Si a este aumento de los precios en los coches usted le suma los artículos de aseo personal y el alza de la tarifa eléctrica para los que convivimos en un núcleo numeroso (+ de 160 Kw), es para preocuparse.”

Me parece que las ideas que ha planteado el lector en su comentario son interesantes, capaces de inspirar el debate y el razonamiento económico, aun cuando no podamos saber hasta qué punto la información que ofrece sobre el precio de los coches se ajusta a la realidad.

Son planteamientos interesantes porque Cuba se adentra como nunca antes después de medio siglo, en las complejidades del mercado para que rija un universo significativamente grande y creciente de actividades económicas y lo hará enfrentando un sinnúmero de debilidades y no pocas barreras mentales aunque, sin dudas, con un capital humano privilegiado por una cultura superior a la media de cualquier país con un desarrollo económico similar.

Se trata, junto con buscar el beneficio de incrementar la oferta de productos y servicios, de propiciar una vía de empleo que contribuya a la ubicación de decenas de miles de trabajadores y de liberar al Estado de la responsabilidad y el patrocinio de actividades de la microeconomía en las cuales está prácticamente condenado a la ineficiencia.

Es previsible que en el camino que comienza se trate de proteger en lo posible el desarrollo natural de la ley de la oferta y la demanda en la pequeña economía privada que no tiene significaciones estratégicas, puesto que la experiencia general de las economías centralizadas y la de Cuba en particular, ha demostrado que en esas áreas el intento sistemático de regular los precios suele con frecuencia desalentar la oferta de productos y servicios, contraer la eficiencia y alimentar las acciones ilegales.

Sin embargo ni en las economías capitalistas más rancias y más neoliberales del planeta han dejado de utilizar la regulación estatal (directa o indirecta) para manejar la oferta, la demanda y los precios.

El gobierno cubano no cometería pecado alguno si ejerciera su facultad de regular en algunos casos determinados precios, sobre todo en aquellos nichos del mercado donde más difícil resulte la acción competitiva, un elemento capaz de actuar en beneficio de los precios.

Sabemos que en la Cuba actual no se encuentran todos los elementos que hacen funcionar armónicamente un sistema monetario-mercantil, pero desde ahora sería bueno tener presente que es ley del mercado, en su forma más pura e ideal, que así como el comprador busca siempre la más alta calidad al menor precio, los que ofertan necesitan, en la competencia con sus pares por prevalecer en el mercado, satisfacer la demanda en calidad y precio, sin dejar de maximizar sus ganancias por la vía de la eficiencia en la producción o el servicio.

Si los cocheros de una ciudad cubana decidieran de un día para otro triplicar los precios de los servicios que prestan a la población, no estaríamos presenciando un caso de competencia entre transportistas, sino más bien el resultado de una práctica bien ajena al comportamiento de la oferta y la demanda, algo así como que se pusieran de acuerdo para dictar un superprecio para una superganancia, aunque sacaran del mercado a montones de usuarios que no podrían afrontar semejante costo para ir al trabajo o para ir a un hospital a ver un enfermo. De esa forma, contrayendo la demanda, los cocheros trabajarían menos ganando más, pero la eficiencia de otros sectores económicos y de la vida social se lastimaría.

Yo no veo que la subida de los precios de los artículos de aseo, de las tarifas de electricidad o del combustible, incluso el aumento de los impuestos, pueda ser causa real de una supuesta y loca subida de precios en los servicios que prestan los cocheros. Esa es una actividad que no consume energía eléctrica ni combustible y no hay caballo que se bañe con jabón o se lave la boca con pasta dental.

Tampoco los impuestos, que evidentemente disminuyen el margen de ingresos netos, ni de lejos han sido elevados al nivel que según el lector habrían alcanzado en Sancti Spíritus los precios del transporte en coche.

De todas formas, si en algún territorio del país se diera un caso similar al que aquí se ha descrito, es decir, que de pronto se lleve a cabo una descomunal subida de precios sin causa económicamente fundamentada dentro de una actividad socialmente importante, siempre habrá que pensar muy detenidamente lo que se debe hacer para resolver el entuerto.

Lo primero es dialogar con los que subieron concertadamente el precio de sus producciones y servicios.

Luego quizás vendría a la mente la posibilidad de establecer un precio máximo que fuera suficientemente ganancioso y estimulante para los que ofrecen un producto o un servicio, sin que llegue a ser demasiado abusivo para los usuarios.

En definitiva situaciones como esas se resolverán del mejor modo solo cuando haya un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, cuando aumente la producción y/o lo servicios a un nivel significativo.

Pero eso lleva tiempo. Ya se sabe que en los primeros momentos no contará el país con los suficientes insumos que necesitan los cuentapropistas para, por ejemplo, fabricar más bicitaxis, los que puestos en servicio reforzarían una opción válida de transporte local en competencia con los coches.

Con estas notas quizás se haya visto, al menos un poquito, cómo el comentario del lector Eliseo Álvarez del Toro podía sugerir algún razonamiento, aun sin poseer todos los matices y verificaciones de la información que nos brindara.

Anonymous en el banquillo

Jaque Perpetuo


1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.

Del artículo 264 del Código Penal español, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010

La adolescencia es una edad complicada, especialmente en aquellos casos patológicos en que se prolonga durante décadas. Quien más quien menos tiene un pasado en archive.org, la web que conserva la historia de Internet, esa historia que todo aprendiz de Stalin querría poder modificar. De momento, algunos se conforman con intentar eliminar enlaces, pero todo se andará.

Disculpen, ya me estoy desviando del tema. Les hablaba de la adolescencia, esa edad tan divertida, en la que el derecho penal no se aplica con todo su rigor. Si contamos más o menos desde 1994-1995, años en que los primeros proveedores españoles empezaron a comercializar el acceso a Internet al gran público, podemos concluir que la Red española todavía es menor de edad. Le queda poco para ser plenamente imputable, pero aún es menor de edad. Son cosas que tiene que tener en cuenta un abogado, sobre todo en aquellos casos en los que tiene que pedir clemencia para el reo. “Mírelo, Señoría: si todavía tiene cara de niño. No lo envíe a la cárcel por una travesura.”

Hoy no vengo aquí a filosofar, sino a defender, y sobre todo a intentar comprender. Verán, mi postura sobre los ataques de denegación de servicio es plenamente conocida, y me costó muchos insultos que doy por bien amortizados. A nivel político, y desde la óptica del ciberactivismo, e incluso hacktivismo, sigo pensando exactamente lo mismo: cuando se lucha contra la censura no se puede ser censor. Las leyes de censura de Internet se combaten abriendo webs, y no cerrándolas.

Estratégicamente es un error atacar a un PP en plena reflexión contable sobre cuántos votos podrán ganar o perder de apoyar el Proyecto Serrano. Y las webs de Serrano, 75, o de la plaza de la Marina Española, no son precisamente objetivos militares críticos, al menos en domingo por la tarde. Pero bueno, igual algún pequeño sociópata puede exhibir galones con ello, y consigue ligar sin salir de Facebook. Personalmente, me resulta más preocupante que mis hijos me levanten la tarjeta para conseguir habbocréditos: eso sí que es jaquear el sistema a su más tierna edad.

En fin, a lo que iba: cuando te bajas de la columna y te pones la toga, las prioridades son distintas, porque las broncas patriarcales no sirven de nada cuando la Fiscalía y la Guardia Civil se ponen a trabajar. Ha llovido mucho desde el 31 de octubre de 1997, fecha en que un grupo de hackers modificó la web del Congreso de los Diputados. El Código Penal ha sido actualizado, y el nuevo artículo 264 incluye la paralización de sistemas informáticos como delito penado con hasta tres años de prisión, siempre que el resultado fuese grave. Y esa mayor o menor gravedad va a ser la primera baza de la defensa.

Hay un segundo argumento para solicitar, Señoría, que estos Anonymous con IP pública no ingresen en prisión provisional. Seguramente el Ministerio Fiscal tendrá mucho más frescas que yo las teorías del delito imposible y de la tentativa inidónea, pero claro, no las va a mencionar hoy aquí. Las intenciones de los acusados están bien claras: haber dolo, haylo, porque no se tira una web por simple imprudencia, como quien le da un golpe a una farola. Pero… ¿es suficiente la acción de un solo acusado? ¿No nos han dicho los peritos que es necesario sumar un número considerable de usuarios utilizando LOIC de forma simultánea? ¿Por qué hay tan pocos acusados en el banquillo, Señoría?

Si me he pasado años intentando evitarles la cárcel, no seré yo quien les empuje ahora a ella. Fueron hackers los que construyeron Internet, y quién sabe, quizás alguno de ellos cometió una travesura en su juventud. A lo mejor la Red fue su condena sustitutiva a la prisión, su gran trabajo en beneficio de la comunidad.

Absuélvalos, Señoría. Muchas gracias.

La mujer de Ben Ali sacó del Banco Central de Túnez 1,5 toneladas de oro


La mujer del derrocado presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Ali, sacó de un banco 1,5 toneladas de oro poco antes de que su esposo huyera al exilio, según aseguró hoy el diario francés 'Le Monde', citando informaciones de los servicios secretos franceses.

Según el periódico galo, Leila Ben Ali acudió personalmente al Banco Central en Túnez para reclamar la entrega del oro y después abordó un avión, probablemente con destino a Dubai, con barras de oro por un valor de unos 45 millones de euros (60 millones de dólares).

Al parecer, Leila se ha reunido ya con su esposo en la ciudad portuaria saudí de Yiddah, a orillas del mar Rojo.

'Le Monde' señala que, al principio, el director del banco no quería entregar el oro a Leila Ben Ali y sólo aceptó hacerlo después de que ella pidiera a su esposo que interviniera telefónicamente. Sin embargo, el director general de la caja y de los sistemas de pago del Banco Central, Maaledj Habib, ha desmentido esta versión y ha manifestado que no recibió orden ni verbal ni escrita de entregar el oro. "Nuestro stock de oro no se ha movido", ha declarado.

Leila Ben Ali pertenece a la familia Trabelsi, que tiene fama de ser corrupta y estar implicada en varias maquinaciones criminales. A raíz de la caída del presidente, el pasado viernes, varios tunecinos enardecidos saquearon sistemáticamente las mansiones de los Trabelsi, en los elegantes suburbios de Túnez capital.

Un sobrino de Leila, el hombre de negocios Imed Trabelsi, considerado un símbolo de la corrupción, murió acuchillado por personas desconocidas.

Tras un mes de violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden público, Abidine Ben Ali abandonó el país, poniendo fin definitivo a su mandato de 23 años. Sin embargo, el ex presidente tunecino no se pensaba que su caída sería tan rápida.

Según informa Le Monde, tenía grabada una nueva alocución que no tuvo tiempo de difundir. De hecho, no se fue voluntariamente del país sino que habría sido destituido, según estas informaciones.

El jefe del Estado Mayor, que se había negado a disparar a la multitud, habría jugado un papel esencial a la hora de la marcha de Ben Ali, ya que le ordenó que se marchara del país.

LA SGAE no volverá a actuar contra particulares

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tendrá un código de buenas prácticas, nombrará un defensor del cliente y no realizará acción alguna de carácter penal contra usuarios individuales personas físicas en el ámbito digital. "Únicamente se actuará contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo".

Bautista no ha aclarado si esta nueva línea de actuación implicará la renuncia al caso que la SGAE interpuso contra Jesús Guerra Calderón, al que acusa de la "comunicación pública y la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por la SGAE". Su demanda, que fue desestimada en marzo del pasado año por el titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona (el juez estableció entonces que no sólo que las páginas de enlaces son legales, sino que reafirma la legalidad de las propias redes de intercambio P2P), fue recurrida por la SGAE. Un tribunal de Barcelona reabrirá el caso la semana que viene, según informa Pablo Romero.

Estos son algunos de los puntos de su programa diseñado para 2011, según ha anunciado este lunes Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la entidad de gestión en el desayuno informativo del Foro de la Nueva Cultura. Asimismo, Bautista advierte que la entidad está en un "proceso de cambio total".

Bautista ha explicado que el citado código de buenas prácticas estará en línea con las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia en lo que se refiere a las relaciones con empresarios que usan su repertorio.

Por otra parte, propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante "en la litigiosidad que todavía existe".

Junto a estos asuntos, la SGAE solicitará y propondrá que la Administración Pública, a través de agencia especializada, continúe en el examen de la eficacia de los órganos administrativos, AEVAL y mantenga la línea de Auditorias de su gestión del año. Esta Auditoria se añadirá a la que ya se realiza por auditores independientes anualmente y a la que anualmente realiza AENOR.

En ese decálogo de intenciones, la SGAE pretende intensificar la información (o transparencia) de sus sistemas de reparto con una explicación detallada de las reglas que se aplican para garantizar que el dinero que se cobra por el uso de las obras llegue a sus dueños, los autores.

Junto al resto de entidades de gestión colectiva propondrá constituir "una entidad única que aligere los trámites y trabaje de común acuerdo en los términos de las modificaciones que se lleven a cabo para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la Sentencia del año pasado", apunta Bautista.

El menú del día: tóxicos de primero, de segundo y de postre

El hallazgo de dioxinas en los piensos y en la carne y los huevos de Alemania ha generado la emergencia sanitaria en la UE, donde en los últimos años se han sucedido divervas alarmas por contaminaciones diversas de la cadena alimentaria. La sustancia protagonista en la actual crisis es un veneno viejo y conocido. En el año 2004, el candidato a la presidencia de Ucrania Viktor Yushchenko fue envenenado. Cuando salió del hospital, todo el mundo pudo ver su rostro terriblemente desfigurado. Habían intentado matarle con dioxinas, la misma sustancia que ha aparecido en los pollos, los huevos y los cerdos en Alemania causando la alarma sanitaria en la UE y forzando el cierre de miles de granjas.

Las dioxinas son uno de los peores tóxicos fabricados por el hombre

La alarma no es para menos. Las dioxinas se consideran como uno de los peores tóxicos fabricados por el hombre. Son cancerígenas y afectan de forma grave al sistema hormonal. Eran un componente del agente naranja, el defoliante que EEUU usó en la guerra de Vietnam y que hoy sigue provocando el nacimiento de miles de niños con malformaciones en aquel país.

La pregunta es cómo ha podido llegar una sustancia así a las granjas. Y la respuesta de los expertos es que lo hacen porque están en nuestro entorno. Las generamos como residuos de las industrias del cloro, de los pesticidas y de los plásticos. Y las emitimos al quemar residuos. Una vez liberadas, quedan en el ambiente y se incorporan a la cadena alimenticia y a nuestro cuerpo.

La explicación oficial es que lo ocurrido en Alemania es un fraude aislado. Los fiscales investigan si la compañía Harles and Jentzsch distribuyó a los fabricantes de piensos grasas industriales que no eran aptas para el uso alimenticio.

La punta del iceberg

Pero la opinión de expertos en nutrición y de toxicólogos es que no se trata de la acción puntual de algunos piratas, sino de un mal generalizado. El catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Porta, afirma: "No es un caso aislado. Numerosos estudios han documentado que la contaminación con dioxinas y otros compuestos orgánicos persistentes es habitual en piensos y alimentos".

'La contaminación con dioxinas y otros compuestos orgánicos es habitual en piensos y alimentos'
Miquel Porta

De la misma opinión es Dolores Romano, coordinadora del área de Riesgo Químico del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS), una fundación promovida por CCOO. "Ya llevamos varios escándalos que muestran el fracaso del sistema de gestión y control de los contaminantes químicos. Una vez que una sustancia química peligrosa se fabrica o se genera como una emisión, acaba llegando al medio ambiente, a la cadena alimentaria y a las personas. Hay una incapacidad del sistema para evitar y prevenir esto".

Más dura es aún María Dolores Raigón, catedrática de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia. "Las alarmas como ésta de Alemania son la punta del iceberg. Si profundizáramos en las técnicas intensivas de producción de alimentos frescos y elaborados nos sorprenderíamos de lo poco que transciende y de la exposición tan alta a la que nos encontramos".

Para Carlos de Prada, presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, es "tremendo" lo que ocurre, ya que la alarma por dioxinas en los piensos ha saltado varias veces en los últimos años en diversos países.

'Hay todo un tráfico ilegal de sustancias destinadas al ganado'
Carlos de Prada

"Como nos hizo ver el caso de las vacas locas, donde descubrimos que estábamos alimentando al ganado vacuno con restos triturados de ovejas muertas, padecemos un fenómeno de desnaturalización de la producción. Hay hormonas que se aplican al ganado y fármacos y antibióticos preventivos para que no enfermen y todo un tráfico ilegal de sustancias destinadas al ganado".

Abusos del mercado

Según Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana, que lleva 35 años defendiendo la salud ambiental y los alimentos ecológicos, "estas cosas pasan cada dos por tres en el sector de alimentación convencional donde los controles son pocos y mal hechos. Si hubiera más controles y si éstos fueran más estrictos, sólo Dios sabe con lo que nos encontraríamos. Un dato: según la OMS, el 80% de las enfermedades de la civilización tienen que ver con una dieta muy contaminada y errónea".

Una granja de pollos. | AFP

Una granja de pollos. | AFP

Ángeles Parra añade: "El mundo capitalista es un mundo en el que la actividad económica tiene unas reglas morales muy laxas. En ese contexto, una y otra vez, tanto en el sector alimentario como en otros, las empresas llevan a cabo estrategias de recortes de costos que tienen consecuencias nefastas en la salud de los consumidores y en los aspectos ambientales".

Para la doctora Romano, es necesario tener un mejor sistema de inspección y de control que evite que residuos industriales puedan acabar en la alimentación animal y de ahí en la humana, pero también es fundamental que dejemos de producir residuos peligrosos como las dioxinas, usando productos alternativos que ya hay en el mercado y prohibiendo las fuentes de emisión: "La incineración de residuos es la primera fuente de generación de dioxinas y por tanto habría que prohibir la incineración, como se ha prohibido en su día la quema en vertedero", afirma.

Asunto prioritario

Lo cierto es que la presencia de contaminantes químicos en la comida es un asunto prioritario para la UE, que apoya el trabajo de un grupo de investigación denominado CASCADE. Éste agrupa a 200 científicos de nueve países que estudian desde 2004 la presencia de tóxicos en los alimentos.

'Todo el mundo científico y político reconoce que hay que sustituir esos supertóxicos, pero no se toman medidas'
Dolores Romano

Uno de sus principales objetos de escrutinio son los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP), entre los que se encuentran las dioxinas. Los COP son sustancias fabricadas por el hombre con un largo ciclo de vida. A su potencial tóxico unen dos propiedades que las hacen más dañinas: no se descomponen y tampoco se eliminan del cuerpo. Es el efecto bioacumulativo: cuanto mayor es una persona más crece su exposición a los COP. Como además se acumulan en las grasas, la dosis crece en función de la grasa ingerida. También son bioacumulativos otros tóxicos como los metales pesados, con letales efectos para la salud y cuya presencia en alimentos como el pescado es cada vez mayor.

Los peores COP conocidos están incluidos en el Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional aprobado en 2004 por el que los países se comprometieron a dejar de fabricar una lista de 13 sustancias que luego se ha ido ampliando hasta incluir toda la familia de las dioxinas y otros compuestos, en su mayor parte insecticidas y pesticidas que se han usado con toda normalidad, antes de descubrirse su efecto letal.

Papel mojado

Pero ese convenio es papel mojado. "Todo el mundo científico y político, las organizaciones sociales y empresariales reconocen que hay que sustituir esos supertóxicos, pero no se toman medidas para hacerlo", asegura Dolores Romano.

Y mientras tanto, siguen presentes en el medio ambiente. Hace seis años, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, colaboró con una campaña de sensibilización de la asociación WWF y se prestó a hacerse análisis de sangre junto a miembros de su equipo. De las 103 sustancias de siete familias químicas que se analizaron, 52 estaban en la sangre de los altos cargos del Ministerio. Entre ellas había dioxinas y sustancias químicas presentes en pesticidas, productos de limpieza y plásticos.

'No se han hecho estudios de los efectos de dos compuestos ni del cóctel de varios'
Nicolás Olea

Aquel singular gesto de denuncia cayó en saco roto. "El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo lleva años prácticamente parado", afirma Miquel Porta. "Hace pocos días un grupo de científicos y 40 organizaciones sociales pedimos a Zapatero que vuelva a poner en marcha el plan de lucha contra los COP, que lleva en la vía muerta desde que cesó a Cristina Narbona", añade.

Para Carlos de Prada, estamos rodeados de productos químicos ideados por la industria para todo tipo de aplicaciones, pero apenas se han llevado a cabo estudios sobre el efecto que causan en nuestra salud. No se estudia el efecto individual de cada uno de ellos y mucho menos el efecto combinado que tienen en nuestro cuerpo, a pesar de que hay evidencias de que el peligro aumenta cuando interactúan. Es el "cóctel de tóxicos" que nos rodea, según afirma De Prada.

En el mismo sentido, el catedrático de Medicina Interna del Hospital de Granada Nicolás Olea, que forma parte de los investigadores europeos del grupo CASCADE, ha advertido en otras ocasiones que hasta ahora "se ha analizado la toxicidad individual de cada sustancia química por separado, pero no se han hecho estudios de los efectos de dos compuestos ni del cóctel de varios".

Cóctel de sustancias

Ese cóctel no para de aumentar. Se estima que en 1930 el hombre producía un millón de toneladas de productos químicos al año. Ahora estamos produciendo 400 millones de toneladas y no dejamos de poner en circulación sustancias nuevas.

Nadie sabe cuántas sustancias químicas diseñadas por el hombre circulan

Por increíble que parezca, nadie ha regulado todo eso. Hasta ahora, la industria ha lanzado moléculas sin tener que dar explicaciones y sin estudiar sus efectos en la naturaleza y en la salud. De hecho, nadie sabe cuántas sustancias químicas diseñadas por el hombre circulan. Hasta tal punto es así que hace sólo tres años que la UE puso en marcha una directiva llamada REACH para controlar los productos químicos que se fabrican en la UE. La fase preliminar acaba de terminar y ha dado una lista de 140.000 moléculas. "El panorama es desalentador. Es que no sabemos ni lo que hay ni para qué se usa", explica Dolores Romano.

Carlos de Prada apunta algunos compuestos que están en el centro de las críticas por sus potenciales efectos cancerígenos y sobre el sistema endocrino. Entre ellos están los parabenos (que se emplean en cosmética y limpieza), los compuestos bromados, usados como retardante de llama en tejidos y electrodomésticos, y los ftalatos, empleados para ablandar los plásticos.

Envoltorios y aditivos

Algunos conservantes, antioxidantes y demás aditivos han tenido que retirarse al demostrarse inapropiados

Lo preocupante es que muchas de esas discutibles sustancias están en las tiendas de alimentación. Se usan para envolver la comida o como aditivo alimentario. Así, señala Dolores Romano, el estireno empleado en las bandejas de comida; el bisfenol A que se usa en el recubrimiento de latas y envases de comidas preparadas y los ftalatos, presentes en el PVC de embalaje de comida, son disruptores endocrinos que dañan la salud.

Y el peligro también está en los propios alimentos. Algunos de los conservantes, antioxidantes, colorantes, aromatizantes y demás panoplia de aditivos que aparecen como una E- seguida de un número en las etiquetas han tenido que retirarse al demostrarse inapropiados para el consumo humano.

Entre ellos está el edulcorante ciclamato (E-952) prohibido en EEUU por cancerígeno. Otros aditivos conflictivos son los seis colorantes (E-104, E-110, E-124, E-102, E-122 y E-129) que según un estudio publicado en la revista médica The Lancet están asociados al síndrome de hiperactividad en niños. Su efecto aumenta en presencia del conservante benzoato de sodio (E-211), corroborando la tesis del cóctel tóxico que defiende De Prada.

Olga Cuevas, directora del Instituto de Formación Profesional Sanitaria Roger de Llúria, lamenta el uso de ese tipo de productos: "No necesitamos ningún aditivo de la industria porque tenemos acceso a los alimentos frescos y naturales. Los están añadiendo para vender más, para tener mejor aspecto y porque cuando un alimento se conserva durante tiempo pierde sus cualidades organolépticas".

Ante este panorama, ¿qué se puede hacer al ir a la compra?, los expertos sugieren varias vías: comprar productos frescos, productos con el menos envase posible y consumir alimentos con certificado bio y eco cuyos estándares de producción avalados por controles oficiales aseguran que la química artificial no ha intervenido en el proceso.

Brasil pone en marcha un sistema de prevención de desastres naturales


La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se ha propuesto evitar que los desastres naturales vuelvan a causar una tragedia como la que atraviesa desde la semana pasada la región serrana de Río de Janeiro, donde 672 personas han muerto y más de 200 siguen desaparecidas. El Gobierno federal anunció este lunes un nuevo sistema nacional de alerta y prevención que debería dar sus primeros resultados en los próximos meses, si bien admitió que su pleno funcionamiento podría retrasarse hasta 2015.

"El plazo máximo [de implantación] es de cuatro años, pero esperamos respuestas para el próximo verano [del hemisferio sur]", aseguró el ministro de Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante, uno de los siete miembros del Gabinete convocados en Brasilia por la jefa de Estado para afrontar las consecuencias de la mayor catástrofe sufrida por el país a lo largo de su historia.

Áreas de riesgo

El Ejecutivo ha constatado varios puntos débiles del sistema actual, en especial los problemas en la recogida de informaciones meteorológicas y la carencia de un mapa detallado que identifique las áreas de riesgo.

Según Mercadante, cinco millones de brasileños viven todavía en unas 800 zonas amenazadas por inundaciones o deslizamientos de tierra, fenómenos que causan casi el 70% de los desastres naturales en el país.

Con las mejoras prometidas por el Gobierno, esos habitantes podrían ser advertidos con al menos seis horas de anticipación para garantizar su evacuación a tiempo. "No acabaríamos con las pérdidas materiales, pero reduciríamos o acabaríamos con las víctimas", explicó el ministro.

Más radares

Mientras tanto, para corregir las deficiencias en la previsión del tiempo, el Instituto nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe, por sus siglas en portugués) recibió el mes pasado un superordenador que aumentará la precisión de los datos al reducir las áreas analizadas hasta los cinco kilómetros cuadrados, desde los 20 actuales.

A esa adquisición deberá sumarse la compra de 700 radares meteorológicos y la interconexión de esos aparatos a escala nacional para perfeccionar el cruzamiento de informaciones.

Bajo el control de Defensa

Con todo, cada año Brasil seguirá enfrentándose a catástrofes naturales que exijan poner en marcha complejas tareas de rescate como las que se realizan estos días en las montañas embarradas de Río. En esos casos, no sólo intervendrán las Fuerzas ArmadasFuerza Nacional cuando lo soliciten los gobiernos regionales y locales, sino que el propio Ministerio de Defensa podrá tomar el control de las operaciones si lo aprueba Dilma. o la

"En áreas aisladas, por ejemplo, el Ministerio de Defensa puede asumir el mando", señaló el titular de esa cartera, Nelson Jobim, también presente en la reunión en Brasilia. "La actuación ocurrirá a petición de las autoridades locales y con la autorización de la presidenta de la República. En el caso de Río, estamos en una operación de apoyo", agregó.