tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 21 de abril de 2013

enchiladas huastecas veracruzanas


Un vasco de turista en Pyongyang

SE llama Aitor Durán López y es de Gasteiz. Acaba de volver a Pekín procedente de un viaje a un destino muy peculiar: una semana en Corea del Norte en medio de las amenazas nucleares. Recomienda el viaje a ojos cerrados para que la gente pueda conocer una cosa muy diferente, que no van a conocer en ninguna otra parte del mundo, y también para ver, "una sociedad organizada de forma única y que además funciona perfectamente".
Antes este geólogo, que trabaja en Madrid desde que se trasladase allí en 1999 para terminar sus estudios de Geología en la Universidad Complutense, tenía el concepto de que en cualquier sistema político comunista o relacionado con el comunismo, al final la gente pasaba hambre o terminaba sufriendo la pobreza, por lo que, al final el comunismo no era un buen sistema.
Ahora no lo tiene tan claro y se pregunta si quizá es lo que nos han vendido, o quizás si es a lo que han tendido otros sistemas porque han acabado por corrupción. "Pero en el caso de Corea del Norte la corrupción tampoco existe, ya que el que se atreve a robar aunque sean cinco euros tiene que reconocerlo en público, ante sus compañeros y su familia, y esto supone una vergüenza absoluta, y además se despide de un buen futuro laboral".
Para Durán, así se da un buen ejemplo a la población y los dirigentes cumplen con lo que están vendiendo y esto hace que los ciudadanos confíen más en el sistema, mientras que en otros países no ves así las cosas y sólo se percibe a los líderes viviendo a un nivel de vida diferente.
Lo que ha visto en Pyongyang es que, "allí no se estila tanto el tema de qué es cada uno y se piensa más en el bien común del país. Si el país va bien, pues entonces todos van bien. Es una organización de la sociedad diferente, que nos ha sorprendido y realmente vemos que funciona muy bien, probablemente no funcionaría en muchos otros sitios, pero en Corea del Norte es un gran ejemplo de que es un comunismo de este tipo y lo tienen muy bien".
De padre extremeño y madre gasteiztarra, este vasco explica en la entrevista a DEIA que el viaje a Corea del Norte es sobretodo sorprendente porque "te esperas un poco lo que vienes viendo y oyendo por todas partes y no se parece mucho, la verdad".
"una sociedad bien organizada" Se sorprendió de encontrarse con una sociedad absolutamente normal y tranquila. Normalidad en el sentido de que "por las calles ves a la gente que va a trabajar o a estudiar, todo muy ordenado, todos trabajan en común, todo muy bien organizado y nada como me imaginaba", argumenta.
Hoy regresará a Madrid, a donde se lleva "un poco todo". Les han enseñado desde hospitales, a monumentos, la frontera con Corea del Sur, zonas de ocio como un gimnasio con más de 150 máquinas, una pista de patinaje nueva, un espectáculo musical y también un espectáculo en un delfinario.
Hasta han podido salir por las noches a dar un paseo, pero siempre en compañía de un guía. "Quieren tener todo controlado, sobre todo a un occidental, por el temor al qué puede estar haciendo, qué puede estar fotografiando", comenta.
Le gusta explicar con detalle cada dato o curiosidad que ha aprendido o vivido en el viaje organizado por Alejandro Cao de Benós, el delegado español especial honorario de Corea del Norte y delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero.
"Allí vienen de una crisis importante y aparte de recuperarse de las guerras que han pasado, también están recuperando muchas zonas, construyendo muchas cosas nuevas a un ritmo muy elevado porque esperan un crecimiento importante en los próximos años", explica Durán.
Con su grupo de veinte turistas extranjeros en total, comprobaron que se estaban haciendo muchos monumentos al padre del líder actual, Kim Jong-un, porque en vida no quería los monumentos.
En Corea del Norte, la gente al principio le miraba un poco extrañada por el mero hecho de que no están acostumbrados a ver a occidentales, lo cual ocurre en la mayoría de los pueblos y algunas ciudades de muchos países asiáticos, ya que les llama la atención las caras occidentales con ojos y narices grandes, pero tras un primer saludo, le recibieron con muchas sonrisas y amabilidad.
Durán no hace una sola crítica a Corea del Norte en toda la entrevista, ni a su gasto en el programa nuclear, y se asemeja a un norcoreano más por su tranquilidad y serenidad.
Explica que la comida norcoreana es más parecida a la occidental que a la china, con una dieta rica en arroz y kimchi, hecho a base de verdura fermentada y con sabor salado y picante. Durán considera que en Corea del Norte el problema es que no tienen muchas zonas donde cultivar, ni donde puedan pastar y tener animales, por lo que tampoco tienen leche, por lo que suelen tomar yogur de cabra, ya que la cabra come cualquier cosa del campo. Y en agricultura, por ejemplo, les falta fruta porque no tienen frutales. "El problema de este país es que al tener un bloqueo tan fuerte desde fuera pues les es complicado adquirir estos productos. Tienen que buscar acuerdos muy específicos con países y no es tan sencillo", comenta.
no existe el paro "Hambre no se pasa", añade, ya que según ha visto él, a cada persona se le asigna medio kilo de arroz al día, además de huevos y tofu, incluso cerveza, y con ello toda la alimentación básica está garantizada. Además, subraya la ausencia de paro, ya que la población elige entre la educación, el trabajo o el Ejército y así siempre cuenta con un salario.
Este joven cree además, que la sociedad norcoreana apoya incondicionalmente a su líder Kim, en el que confían para dejar en sus manos tanto las decisiones militares, como la forma de tratar el conflicto nuclear. "Me parece que es el sitio de donde más mentiras se cuentan por los intereses", recalca Durán, para quien los norcoreanos "están un poco aislados, pero tienen un sistema que funciona muy bien y lo quieren preservar del capitalismo, no quieren que el capitalismo entre y corrompa esta sociedad tan bien creada que tienen".

El gobierno español (en el fondo) no ha rectificado



Primero fue don Margallo, el Ministro de Exteriores. Dijo lo que dijo sobre los resultados electorales del 14 de abril (¡la fecha la tienen atragantada las derechas españolas!). Más tarde, algunos empresarios con negocios e intereses en América Latina le llamaron un poco al orden, dijo otra cosa y rectificó sin reconocer que hubiera rectificado. Fue un malentendido señaló.
Vale, vale, de acuerdo, fue eso. No nos pongamos exquisitos.
Pero han vuelto a hablar. Y sin malentendidos esta vez. El gobierno de don Mariano ha decidido rebajar el nivel de la representación de España en la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente venezolano. ¡Pretende castigar a la revolución bolivariana, con el apoyo unánime de los medios de intoxicación hispánicos y la dura reacción neofranquista! No irá Felipe de Borbón, el hermano de doña Cristina, la imputada, sino la tercera autoridad del Estado, el presidente del Congreso de Diputados.
Los ciudadanos venezolanos bienintencionados acaso puedan pensar que teniendo en cuenta el antecedente de aquel infame “por qué no te callas”, el gobierno ha tenido un átomo de consideración. No quieren meter la pata de nuevo; incluso ellos tienen sus límites.
Nada de eso. A pesar de que la Monarquía borbónica española es una institución en neta y cabalgante descomposición (el nivel de rechazo popular he llegado a sus máximos históricos), la decisión –tomada tras largas y numerosas reuniones- está directamente relacionada con el sendero conservador de siempre: abonar los nudos más serviles y reaccionarios de la política internacional. Como está mandado, como el Imperio dicta y ordena. Está en su ADN político, en todas sus bases.
Los antecedentes y características de la tercera autoridad del Estado están al alcance de todos. Wikipedia es una de las fuentes posibles (poco crítica por supuesto). Como si no fuéramos, como si el gobierno español no quisiera estar presente… aún estando presente para guardar las apariencias. ¡Que se lo guisen y se lo coman, y para ellos solitos! ¿Y doña Cospedal sin ilustraros con algunas de sus sesudas reflexiones sobre nazis, escraches, hipotecas y sacrificios?
Eso sí. Nos queda una carta de afable “venganza” política para los próximos meses (no hablo ya de años): en la toma de posesión de la presidenta (¡tiene que ser una compañera ciudadana!) de la III República de Sefarad, otra república democrática de trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía española, con el apoyo de todas las nacionalidades y regiones hermanadas, espera gozosa y conmovida la presencia del presidente de la Venezuela bolivariana, el compañero Nicolás Maduro. ¡Hasta pronto presidente!
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)

Elecciones en Venezuela: y a usted ¿quién le ha engañado?


comiendotierra.es

Usted, amable lector y lectora, tiene, seguro, una opinión construida sobre las elecciones venezolanas. Incluso cuando quiere ser amable con los procesos de América Latina, se le hace cuesta arriba asumir el resultado electoral que da ganador a Nicolás Maduro. El 100% de los medios escritos, las radios, las televisiones han sembrado en toda la gente de bien, cuando menos, dudas. Ni una voz disidente. Tertulianos, columnistas, blogeros, presentadores de televisión y hasta el Gran Wyoming tienen claro el veredicto: el chavismo es culpable.
Este viernes, el diario ABC, en su edición de Andalucía, dispara contra el gobierno del PSOE y de Izquierda Unida con un titular en portada: “La Junta alimentará a escolares con un plan copiado de Venezuela”. El diario ABC, en esta ocasión desde Madrid, cuelga en su página web un artículo de su corresponsal en Caracas, Ludmila Vinogradoff. Una foto acompaña la crónica: la policía de Caracas apaleando y arrastrando a una mujer, casi desnuda y desesperada. ¿Quién honesto no puede solidarizarse con la víctima? Desde Miami, Walter Oppenheimer, el más influyente periodista del establishment, escribe en El nuevo Herald un artículo (el último hasta la fecha sobre su bestia negra preferida, Venezuela) para cerrar cualquier duda. Lo titula, para que no quede género de dudas en la gente honrada: “Las preguntas que Maduro no contesta”. Ahí nos instruye con contundencia, y entre otras preguntas similares, interroga: “¿por qué no acepta el recuento de votos pedido por su rival, tal como había prometido hacerlo en su discurso de victoria de la noche de las elecciones? (…) Por qué el CNE organizó una ceremonia relámpago de proclamación para instalar a Maduro en la presidencia el lunes, el día después de las elecciones, en vez de esperar varios días como estaba originalmente planeado? (…) Si el proceso electoral fue justo, ¿por qué Maduro no permitió que los observadores internacionales electorales de la Unión Europea y de la OEA no pudieran monitorear el proceso electoral, incluyendo el acceso igualitario al tiempo televisivo? (…) ¿Por qué Maduro sólo autorizó a “acompañantes” electorales de organizaciones amigas, que llegaron poco antes de la votación? (…) Los documentos de Capriles de más de 3,200 casos de violaciones electorales en el día de la votación —incluyendo fotos de gente hablándole al oído a los votantes mientras estos emitían su voto— son fraguados, ¿por qué el gobierno no aceptó al menos una investigación de estos casos por observadores internacionales aceptados por ambas partes?”.
Para cerrar esta ópera bufa, el candidato Capriles comparece en rueda de prensa pública (donde no se permite el acceso a ningún medio público venezolano y tampoco a TeleSur. Repito: donde no se admite a ningún medio público venezolano, tampoco a TeleSur, y no se admiten preguntas sino de medios amigos), y presenta su cuaderno de quejas. Una vez más, grita con convencimiento: ¡Queremos que se recuenten los votos! ¿Qué persona honrada, comprometida con la democracia, no escucharía esta reclamación?
El diario ABC quitó unas horas después, tras armarse un zafarrancho en las redes, la foto que acompañaba la crónica de su corresponsal Vinogradoff (por cierto, Ludmila Vinogradoff fue corresponsal del diario El país en Venezuela durante el golpe de 2002. Fue despedida por brindar información falsa y por tomar partido por los golpistas manipulando a los lectores españoles. Hoy está apadrinada por el Director de Opinión del ABC, de infausto apellido Maura). La razón por la que la terrible foto de la policía chavista golpeando a una mujer indefensa fue retirada  es porque la foto era de Egipto. Un pequeño detalle.
En la edición andaluza de ABC el diario amenaza con la que le va a caer a los vecinos del sur: “el gobierno de José Antonio Griñán y, particularmente, su socio, Izquierda Unida, ha pasado en pocas semanas de proclamar su admiración hacia el legado social de Hugo Chávez a importar algunas de las medidas más populistas del difunto comandante”, “Otra medida populista”, “copia a Chávez un plan”, (el gobierno pone en marcha una medida). “emulando las ‘casas de alimentación’ bolivarianas. La medida en concreto es terrible: que todos los niños de Andalucía hagan al menos tres comidas al día (desayuno, almuerzo y merienda) debido a que “seis de cada cien niños de la comunidad están en situación de pobreza extrema”. Que los niños coman tres veces al día. Maldito Chávez que contamina nuestra democracia. Si la medida, como quiere IU, se extiende a ancianos y jubilados ¿adónde vamos a parar?
Durante la IV República (el tiempo que va de 1959 a 1989, regido por la Constitución de 1961), se dio un turnismo en Venezuela que recuerda mucho al que protagonizaron liberales y conservadores, Sagasta, Cánovas y compañía, en el XIX español. La propia ciencia política venezolana ha incorporado conceptos del decir popular que tienen que ver con esas artimañas que vulneraban el resultado popular y siempre -siempre- daban la victoria al partido pactado entre las dos grandes formaciones políticas -la socialdemócrata Acción Democrática y la democristiana COPEI-. “Acta mata voto”, donde las actas manuales finales, controladas por los grandes partidos, invalidaba cualquier contabilidad de los votos, la “operación morrocoy” -tortuga-, que consistía en frenar o invalidar la votación, colocándose militantes de los principales partidos los primeros para votar en aquellas mesas donde siempre ganaba la izquierda, o impidiendo el acceso a las urnas a los sectores populares.
La Constitución bolivariana de 1999 estable la exigencia del derecho “a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”, así como el derecho al “voto libre”. La ley electoral desarrolló posteriormente el voto automatizado, donde cada elector, tras identificarse electrónicamente -para evitar duplicaciones en el voto o el voto de personas fallecidas, una constante en la IV República- y después de elegir a su candidato en un ordenador, obtiene una papeleta donde aparece impreso el voto elegido. Una vez verificado que el voto elegido coincide con el de la papeleta, el propio elector deposita esa papeleta en una urna. El ordenador manda al Consejo Nacional Electoral el voto de manera electrónica. Y por ley, el 54% de las urnas se audita, comprobándose que coinciden las papeletas en la urna con lo que ha mandado el ordenador. El 100% de los resultados auditados ha sido correcto. El 100% de la observación electoral internacional (donde había incluso diputados del PP) estableció que las elecciones habían sido limpias y transparentes. Sin embargo, la oposición y sus periodistas insiste en el “conteo manual”, un sistema abandonado precisamente para evitar el fraude que era una constante en los gobiernos anteriores. Oppenheimer calla antes estos hechos.
Capriles no quiso aceptar el resultado. Acostumbrado a revolcones de 11 puntos para arriba, el 1’8%, 273.000 votos, le parecieron pocos y decidió desconocer el resultado. Por ese porcentaje y menos ganó Bush a Gore, Kennedy a Nixón, Aznar a González, Calderón a López Obrador o Caldera a Barrios. Pero la derecha parece tener derecho a decidir cuál es el porcentaje que aceptan. Además, con trampa añadida. La denuncia de Capriles tuvo lugar exclusivamente en los medios de comunicación. Tres días incendiando la calle pero solamente a través de los medios y sin presentar la denuncia correspondiente en los organismos judiciales o electorales correspondientes. ¿Cómo iban a actuar los jueces o el CNE si no existía denuncia formal? Pero Capriles no la presentaba porque lo que le interesaba era que la calle ardiera.
Capriles, en rueda de prensa, dice que hay más de 3000 irregularidades. Escoge las que cree más evidentes. Una es su estrella. La del municipio Cuica. Dice en la televisión que tiene las pruebas -y Oppenheimer las airea-: como consta en acta -y la muestra a las cámaras-, han votado 700 electores, pero sólo hay inscritos 500. Conclusión: ha habido fraude. “Y así en 3200 casos” dice Capriles. Pero, una vez más, miente. Ha mostrado solamente la Mesa 2 de Cuica, donde, efectivamente, hay 500 electores. Falta la Mesa 1, donde hay registrados otros 500. En total, 1000 electores potenciales y 700 que ejercieron el voto. Mentiroso. Ese es el gran fraude aireado por Capriles y por el que mandó a pelear en la calle la noche del 14 de abril. Resultado: 8 chavistas muertos. Pero Oppenheimer sigue callado. Por fortuna, en Venezuela se siguieron los plazos y Maduro asumió, frenando la intentona golpista.
En esa vorágine, el diario opositor Nuevo País (en contra del gobierno, como el 90% de los medios en Venezuela) saca en portada una foto de cuerpos de seguridad quemando material electoral. Los votantes de la oposición se soliviantan. Un pequeño detalle: la foto era de 2010 y el material que se estaba quemando correspondía a elecciones anteriores (¿o es que en España se guarda el material electoral de elecciones pasadas?). Capriles y sus seguidores hicieron creer a los suyos -y, de paso, a los lectores occidentales- que el Gobierno de Maduro estaba quemando material electoral con intenciones fraudulentas. ¿Seguimos?
Fue presentar la petición de auditoría y en menos de 24 horas el CNE accedió a la petición. No a un simple conteo manual, que podía dar lugar a manipulaciones y a la deslegitimación del CNE buscada por la oposición. La aceptación de Maduro de contar los votos significaba precisamente eso: auditar el 100% de las mesas con el mecanismo recogido en la ley electoral y en un sistema que, al decir del Centro Carter, es “el más fiable del mundo”. Y Venezuela no es una colonia donde tenga que haber “observadores”. ¿Los tiene EEUU pese al fraude que hizo Bush en Florida? ¿Los tenemos en España? ¿Dónde está escrito que en Venezuela tenga que haber otra cosa que acompañantes? El resultado final es evidente y, como han demostrado algunas grabaciones, la oposición sabía desde un principio que había perdido. Sólo quería ganar tiempo y hacer ruido.
La irresponsabilidad de Capriles, azuzada por otros miembros de la Mesa de la Unidad – compuesta por 27 partidos que van de un nominal marxismo a la extrema derecha, unidos tan solo por su voluntad de sacar del poder al chavismo y colocarse ellos-, se zanjó con ocho muertos, sedes del PSUV quemadas, Centros de Diagnóstico Integral devastados, militantes golpeados, familiares de miembros del Consejo Nacional Electoral amenazados de muerte y zarandeados. Todos los medios de comunicación que han alimentado estos hechos, están detrás de estos muertos. Sin embargo, a todos nos han construido un veredicto claro sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
A usted, amable lector, le corresponde responder a una pregunta: ¿hasta cuándo va a tolerar que los medios de comunicación sigan mintiéndole? Mientras tanto, la democracia española, nacida de la Inmaculada Transición, goza de una calidad inigualable.

150.000 personas han registrado su testamento vital en España

Un ictus cerebral dejó a Margarita postrada en una cama. Tenía 78 años y nunca volvió a despertar. Su hijo Carlos cuenta que su madre, pequeña y delgada, siempre dijo que prefería “irse” de manera natural. “Mi padre había muerto de cáncer cinco años antes y los últimos meses vivió una agonía hospitalaria tremenda y sin sentido. Ella no quería eso”, dice. Y lo había dejado por escrito: no quería sondas, ni tratamiento si la situación era irreversible. Y lo era. Sus hijos lo sabían y los médicos fueron informados. La mujer, que ya estaba muy delicada de salud antes de sufrir el ictus, murió sedada poco después. “Y se fue en paz”, asegura su hijo.
Como hizo Margarita, unas 150.000 personas han registrado en España un documento con sus instrucciones previas o testamento vital. Un texto, revocable en cualquier momento, en el que una persona puede especificar qué tratamientos y cuidados quiere recibir si llega una situación en la que no sea capaz de expresarlo personalmente: reanimar o no, sondar, donar los órganos... 12 años después de que la Ley de Autonomía del Paciente regulase la expresión de las voluntades anticipadas (como también se conoce), el uso de este derecho aún no ha cristalizado en la sociedad. El testamento vital sigue siendo algo desconocido para los ciudadanos. También, reconocen los expertos, lo es para los profesionales sanitarios. Barreras a las que se añade la oscuridad que rodea en España lo relacionado con la muerte, donde culturalmente se es reticente a hablar del fin de la vida.
Cualquier persona mayor de edad —en algunas regiones también los menores emancipados— puede redactar un testamento vital o tomar como modelo los textos de las autonomías, asociaciones como Derecho a Morir Dignamente o incluso la Conferencia Episcopal. El documento se puede confiar a un notario, firmarlo ante tres testigos —sin relación de parentesco, patrimonial ni matrimonial— que deben conservar una copia, o entregarlo en el registro de su comunidad. Desde hace unas semanas y por primera vez, todos los registros autónomicos están conectados con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Llegado el caso, los médicos pueden consultar el testamento vital de un paciente, independientemente de dónde lo registrase.
A pesar de eso, apunta Ana María Marcos, profesora de Filosofía del Derecho de la UNED e investigadora principal de un proyecto sobre el testamento vital, un gran número de sanitarios desconoce el sistema. Un problema que reconoce el presidente de la
Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, quien critica que no ha habido una estrategia para impulsar el documento. “En los hospitales tienen una clave para consultar si hay voluntades anticipadas. Pero no todos los saben”, explica Marcos. De hecho, afirma Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid, pocos revisan el sistema.
A lo que se suma el rechazo de algunos sanitarios al concepto del testamento vital. “Consideran que quienes mejor deciden en ese momento son ellos, que para eso son profesionales”, dice Pablo Simón, de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Un escudo que rodeó la muerte de Antonio hace un mes. Falleció de cáncer a los 76 años tras un breve —y doloroso, cuenta su amigo Federico— paso por el hospital. “A pesar de que mostramos que había hecho un testamento vital en el que especificaba que no quería medidas externas ni procesos dolorosos, los médicos insistieron en que se hiciera pruebas que le causaron sufrimiento”, se lamenta. “Es como si su opinión valiera sobre nuestra vida”, remarca. Y es que no es infrecuente, explica Fernando Marín, ver a médicos que no diferencian entre esta herramienta para evitar un encarnizamiento terapéutico y la eutanasia. Confusión que se palia con información. Una gran carencia, dice Marín, del sistema español.
Sí se inician medidas para facilitar que los sanitarios sepan si su paciente ha declarado sus voluntades anticipadas. Algunas autonomías, como País Vasco, incluyen una mención en la historia clínica electrónica si lo han hecho. El Ministerio de Sanidad estudia ahora, según el informe sobre el Registro Nacional de Instrucciones Previas al que ha tenido acceso este diario, las condiciones legales para que los profesionales autorizados puedan acceder desde la historia clínica al testamento vital a través de un vínculo.
La base de datos estatal registra ya los documentos de todas las regiones
Pero la cantidad de documentos registrados es aún ínfima. Menos de un 1% de los españoles han redactado sus voluntades anticipadas, frente al 9% de los alemanes, por ejemplo. Las diferencias entre regiones, además, son grandes. Cataluña y Andalucía son las autonomías con más documentos inscritos. Murcia y Ceuta y Melilla (hay solo dos textos registrados), las que menos. Las mujeres son mayoría en toda España, según los datos de Sanidad.
Como si ellas fueran más partidarias de pensar en el momento de la muerte. O de hablar de él. Algo poco habitual en España. “El testamento vital es un consentimiento informado anticipado. Dar instrucciones por escrito de qué quiero que me hagan y qué no en el momento en el que no vaya a recuperar la conciencia”, explica Marcos. Es esa anticipación y el rechazo a pensar en el fin de la vida lo que lastran la extensión del documento. “La cultura española es renuente a hablar sobre la muerte. La propia y la de los seres queridos. Se considera tétrico”, apunta Pablo Simón. Además, el contexto en el que se manejan las decisiones al final de la vida es, en España, muy familiar. Las personas entienden que sus familiares tomarán las mejores decisiones cuando ellos estén enfermos. Aunque precisamente el testamento vital, incide Fernando Marín, facilita y clarifica esas decisiones. Porque ahí es donde el paciente dejó claro lo que desea.
Los expertos, sin embargo, apuntan que la mejor manera de afrontar el tema es que las personas hablen de sus deseos. Con sus médicos, con su familia. Es lo que se llama planificación anticipada de decisiones al final de la vida, concepto que va ganando terreno en todo el mundo. En España, aunque cada vez se quiere tener más control sobre el proceso de morir, falta mucho para que se hable de ello de manera natural.

Paraguay, el paraíso de la corrupción electoral

La tradición de comprar voluntades a cambio de prebendas no nació en Paraguay. Pero en pocos lugares el negocio de la compra de votos alcanza tal grado de masificación y naturalidad. El domingo se celebran unas elecciones presidenciales en Paraguay en la que se han batido récords de observadores internacionales. A causa de la destitución como presidente de Fernando Lugo el pasado junio, la Unión Europea ha desplazado a 111 observadores, que se suman a los más de 300 enviados por otros organismos internacionales. Pero eso no ha impedido que se siga comprando votos. El precio mínimo son 50.000 guaraníes, equivalentes a unos 12,5 dólares. Pero no sólo se compra el voto, sino también la abstención.
Esta semana una cámara captó al senador del Partido Colorado Silvio, Beto, Ovelar, negociando un “trato apu’a” (acuerdo redondo), un “trato de caballeros”, con dos dirigentes campesinos del Partido Liberal, en la localidad de Coronel Oviedo. El liberal le ofrecía un asentamiento de 200 personas. Y el senador estaba dispuesto a pagarle unos 100.000 guaraníes (25 dólares) por cada voto y también por cada liberal que no votase. Para eso, Ovelar exigía las cédulas de ellos y que se les entintase el dedo. En Paraguay, como en muchos países de Latinoamérica, la acción del voto conlleva el entinte del dedo índice. Por tanto, al mancharlo con antelación, se tiene la garantía de que esa persona no votará. El Senado votó el viernes la suspensión por dos meses de Silvio, Beto, Ovelar.
“El sábado a la noche es cuando se efectúa el gran operativo de compra de votos”, indica el analista Alfredo Bosccia. “Sale gente con mucho dinero en efectivo recorriendo las casas de los opositores. Se les pide las cédulas de identidad y al terminar la jornada electoral se les devuelve. Como la gente ya ha aprendido las reglas de este negocio, consiguen dos, tres y hasta cuatro cédulas de identidad. El negocio es tan antiguo como la transición democrática que inició este país hace más de 20 años. Y sigue gozando de buena salud”.
El jesuita Francisco de Paula Oliva, de 84 años y nacionalidad española y paraguaya, opina que buena parte de la culpa de esta perversión de la democracia la tienen los observadores internacionales. “Suelen venir cada cinco años y concluyen que todo está en orden porque hay listas de partidos y cuartos oscuros donde la gente vota sin que nadie le vea. Pero no suelen denunciar estas compras de las que todo el mundo habla. La gente no solo cobra por votar sino que algunos exigen que los lleven en coche, aunque el lugar donde votan está solo a cuatro cuadras. Para acabar con todo esto necesitamos ayuda internacional”.
Tommaso Caprioglio, observador jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, indica que es la primera vez que la UE envía una misión a Paraguay. “No tenga duda de que si vemos irregularidades las vamos a denunciar. El problema es que nosotros solo evaluamos hechos, no rumores ni comentarios”.
El negocio de la compra y venta de voto se volvió más complejo. Y ahora hay quien sólo paga una vez que se ha votado, y exigen prueba de fotos o vídeos grabados con el móvil. En las zonas rurales habitadas por indígenas la compra tiene su propia idiosincrasia. Ahí se suele registrar la práctica conocida como el “corralón”, que consiste en conducir a un grupo de varias decenas de personas a un determinado lugar, a resguardo de los políticos rivales, y mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar.
“En el Alto Paraguay los políticos han caído en su propia trampa y se encuentran con el problema de que todo el mundo les pide mucho dinero por el voto”, explica el sacerdote salesiano Martín Rodríguez, quien nació en Salamanca y lleva 35 años en Paraguay. Martín Rodríguez habla en conversación telefónica desde la localidad de Puerto Casado, de 6.000 habitantes, en la región del Chaco. “Este año la campaña ha estado muy tranquila. Probablemente es porque se han reservado la plata para gastarla la última noche en la compra de votos”.
Otra cuestión distinta es el transporte de los votantes, que en Paraguay se conoce con el ilustrativo nombre de “arreo”. Una encuesta encargada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que en las presidenciales de 2008 el 24,5% de los votantes reconoció que lo habían “arreado” para votar. La diferencia es que el arreo es legal y la compra de votos no, por más extendida que sea su práctica.
“Aquí se está pagando 300.000 guaraníes (75 dólares) por voto y la misma cantidad por la abstención”, informa Nelly Servil, estudiante de derecho de 34 años, en la localidad de Mariscal Estigarribia, a 520 kilómetros de Asunción. “Pero el negocio no trata solo de dinero. También depende de la astucia del operador de cada partido. En 2008 un candidato acorraló a 600 indígenas. Y un indígena de otro partido se coló entre ellos y compró toditas las cédulas. Al día siguiente, los indígenas no pudieron votar”.
“Es indignante escuchar a los operadores estos días. Uno le dice a otro: ‘Yo tengo 500 monos. Y vos, cuántos monos tenés?’ ¿Y quién cree que son los monos? Los indígenas”.

Giorgio Napolitano, de 87 años, reelegido presidente de Italia

A las 18.20, en el momento en que Laura Boldrini, la presidenta de la Cámara de Diputados, leyó el voto número 504 para Giorgio Napolitano, Pier Luigi Bersani bajó la cabeza, se llevó la mano derecha a la frente y lloró. El hemiciclo abarrotado prorrumpió en aplausos y en el rostro siempre bronceado de Silvio Berlusconi se dibujó una sonrisa. La política italiana, incapaz de ponerse de acuerdo en la formación de un nuevo Gobierno y en la elección de un nuevo presidente de la República, había optado por renovar el encargo a Giorgio Napolitano, quien a sus 87 años se conjuró para superar “una prueba difícil en un momento crucial”. La decisión de todos los partidos tradicionales de acudir al palacio del Quirinal y pedir a Napolitano que siguiera al frente de la jefatura del Estado enfureció al Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, que habló de “golpe de Estado” y llamó a sus simpatizantes a tomar el centro de Roma.
Nada más confirmarse el resultado de la sexta votación —Napolitano logró 738 de los 1007 posibles—, Bersani materializó su dimisión junto a toda la cúpula del Partido Democrático (PD), con Rosy Bindi, su presidenta, a la cabeza. No solo no habían logrado sacar provecho de su exigua victoria del 24 y 25 de febrero, sino que las luchas internas habían arruinado las posibilidades de que dos de sus viejas glorias, el exsindicalista Franco Marini y el ex primer ministro Romano Prodi, alcanzaran la presidencia. La conducta errática de Bersani —intentó pactar primero con Grillo y luego con Bersluconi— había terminado por romper el espinazo de un partido hecho de jirones, acomplejado ante la sintonía popular del Movimiento 5 Estrellas y la incombustibilidad de Silvio Berlusconi.
Después de la tragedia vivida la noche del viernes —101 parlamentarios del PD hicieron de francotiradores y votaron por sorpresa en contra de Romano Prodi—, Bersani subió el sábado por la mañana a ver a Napolitano y le pidió que recapacitara su decisión de no volver a ser presidente de la República. Lo mismo hicieron Silvio Berlusconi y Mario Monti. El jefe del Estado, cuyo primer mandato expiraba oficialmente el próximo 15 de mayo, recibió también la llamada de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y de algunas cancillerías europeas. Después de unas horas de reflexión, y mientras en la Cámara de Diputados se producía una quinta votación en falso, el presidente Napolitano difundió un comunicado aceptando el envite: “Consciente de las razones que se me han presentado, y en el respeto de las personalidades que hasta ahora se han sometido al voto para las elecciones del nuevo jefe del Estado, considero que tengo el deber de ofrecer la disponibilidad que se me ha pedido”.

Una vez que la sexta votación confirmó el triunfo de Napolitano frente al candidato del Movimiento 5 Estrellas, el prestigioso jurista Stefano Rodotà, el presidente dedicó su comparecencia a agradecer los apoyos y a señalar que mañana, durante su toma de posesión, podrá explicar ante diputados y senadores sus planes. “Allí diré”, anunció Napolitano, “cuáles son los términos por los que he considerado aceptar, con absoluta limpieza, la petición de las fuerzas políticas. El objetivo de mi nuevo encargo será reforzar las instituciones de la República”.
Algunos medios especulan con la posibilidad de que, a cambio de aceptar un nuevo mandato, el antiguo comunista haya obtenido de los partidos el compromiso firme de pactar un Gobierno para, al menos, llevar adelante las reformas que necesita el país —en especial la de la ley electoral— antes de convocar unas nuevas elecciones. Ante esta posibilidad, el Movimiento 5 Estrellas de Grillo volvió a hablar de los “chanchullos de La Casta”. El cómico publicó en su blog que “desde la posguerra, en los momentos más oscuros de la República, no ha habido nunca un contraste tan claro e impúdico entre las instituciones y los ciudadanos”. Mientras cientos de manifestantes rodeaban el palacio de Montecitorio —sede del Parlamento—, los principales líderes políticos, incluidos la presidenta de la Cámara y el presidente del Senado, afearon a Grillo llamar “golpe de Estado” a una votación legal y democrática. Incluso su candidato a presidente de la República, Stefano Rodotà, se desmarcó del exceso.
Más allá de los análisis políticos o de la capacidad de Grillo para rentabilizar el pacto transversal entre enemigos acérrimos, las lágrimas de Bersani y la sonrisa amplia de Berlusconi dejan muy claro quién gana y quién pierde —otra vez— en el embrollo eterno de la política italiana.

“Hay que publicar las marcas que vendieron carne de caballo”

Su mandato será solo de año y medio, pero en los cinco meses que lleva como comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg (Malta, 1957) ha ido encadenando polémicas. Llegó a la Comisión Europea en circunstancias excepcionales, después de que su antecesor dimitiera por un caso aún no aclarado de presunto tráfico de influencias. Sus declaraciones ultraconservadoras estuvieron a punto de frustrar su nombramiento. Y a los pocos meses le estalló el escándalo de la carne de caballo.
Pregunta: Esta semana hemos sabido que un 5% de las muestras comercializadas como vacuno contenían carne de caballo. ¿Cómo pudo pasar?
Respuesta: Tenemos una de las mejores normas de etiquetado de comida del mundo.
P. ¿Y entonces cómo se explica lo ocurrido?
R. Porque estamos en un mercado libre. No es un asunto de seguridad alimentaria, sino un escándalo basado en un beneficio económico ilícito y un fraude a los consumidores. Me comprometí a publicar los resultados de las pruebas porque la transparencia es la única forma de restablecer la confianza de los consumidores. El resultado del 5%, pese a ser muy bajo, para mí es demasiado.
P. ¿Qué proponen para que no vuelva a ocurrir?
R. Que las multas sean disuasorias, que igualen al menos el beneficio económico. Si no, el crimen merecería la pena. Y que la Comisión pueda obligar a hacer las pruebas, no solo recomendarlas.
“Soy católico y rechazo el aborto, pero defiendo los derechos de los gais”
P. Varias asociaciones de consumidores españolas han protestado por la negativa del Gobierno a publicar el listado de empresas que vendieron carne de caballo.
R. Los países deben publicar los nombres como muestra de transparencia. No fue una contaminación accidental, sino algo intencionado. Luego las empresas podrán argumentar que no fue su culpa, sino de sus suministradores de carne.
P. En la mayoría de los casos fue así.
R. Sí, pero lo importante es que quede constancia de que alguien hizo algo erróneo.
P. Es cierto que en el 5% no hubo un problema de seguridad alimentaria, pero sí en el 0,5% de las muestras que contenían fenilbutazona, un antiinflamatorio prohibido en animales destinados al consumo.
R. Es un porcentaje muy bajo. Para que alguien contraiga una enfermedad por esa sustancia tendría que comer cientos de hamburguesas de caballo. Pero es cierto que está prohibida. Y eso muestra que alguien ha falsificado el pasaporte del caballo.
P. Pese a las críticas recibidas por el sector, la directiva sobre consumo de tabaco trata de reducir el consumo un 2% en los próximos cinco años. No parece un objetivo muy ambicioso.
R. Es realista. Pero la reacción de la industria muestra que vamos en la buena dirección para reducir el número de fumadores. Si hubiera sido neutral, no habría tenido estas críticas.
P. Las críticas también llegaron de algunos Gobiernos.
R. Algunos Estados han mostrado su preocupación por la pérdida de empleos y de actividad industrial. Como comisario de Salud, debo preocuparme por lograr una sociedad más sana. Pero además, no estoy de acuerdo con el daño económico, porque todos los Gobiernos ahorrarán miles de millones en el cuidado de los fumadores. Y el exfumador invertirá el dinero que se ahorra en otros sectores para crear empleo.
“Mi objetivo es reducir el número de fumadores un 2% en cinco años”
P. Finalmente no se han prohibido, como se especuló, las máquinas de vending o la promoción en los puntos de venta. ¿Triunfó la industria?
R. Si el tabaco se comercializara ahora por primera vez, probablemente lo prohibiríamos. Pero hicimos una propuesta que no fuera demasiado ambiciosa, porque el Consejo no la habría aprobado, ni tan débil que no supusiera una diferencia. La primera vía para reducir el consumo es convencer a los jóvenes de que no empiecen a fumar. La industria trata de hacer la experiencia más agradable a través de cigarrillos mentolados o sin humo. Por eso decimos que el tabaco tiene que parecer tabaco y saber a tabaco.
P. Su departamento asesora a otros comisarios sobre cómo recortar en salud sin dañar el servicio. ¿Cómo?
R. Sería naif pensar que los presupuestos sanitarios no se van a tocar. Se van a cortar hagamos lo que hagamos. Lo importante es que los recortes vayan a los extras, no a las cuestiones básicas.
P. ¿Cómo se logra eso?
R. Hay nuevos métodos para reducir a través de las tecnologías. Por ejemplo, Grecia, pese a la crisis, tiene uno de los mejores sistemas de prescripción de la UE. Gastar menos no significa necesariamente menos servicios sanitarios ni de peor calidad.
P. En España hay ahora más de medio millón de pacientes en lista de espera para ser operados, un 28% más que un año antes.
R. No se puede relacionar necesariamente con los recortes de gasto. Hay ineficiencias que se deben corregir.
P. ¿Cuál es su papel?
R. El principio de la subsidiariedad en el sistema sanitario es muy fuerte. La prestación de servicios queda en manos de los países. Podemos ejercer presión pero no tenemos jurisdicción que vincule a los Estados miembros.
P. Durante su nombramiento como comisario estuvo muy presente su ideología. ¿Aún cree que el aborto debe ser considerado un crimen o que las parejas gais deben ser excluidas de ciertos derechos por no ser una relación de interés nacional?
“Malta es diferente a Chipre, pero la quita a los depósitos generó miedo”
R. Hubo una confusión. Sobre el aborto no seré hipócrita. Soy católico practicante y estoy en contra. Lo que no supone que vaya a interferir en mi trabajo como comisario. Todos los programas en marcha continuarán y no interferiré en decisiones de los Gobiernos que quieran permitir o no permitir el aborto. Otra cosa es que yo tenga mis puntos de vista, que son los de millones de europeos también. Sobre la comunidad gay, nunca estuve en contra de la regulación de los derechos de las parejas gais y voté a favor de una norma en este sentido en Malta.
P. Pero sí se mostró contrario a que las parejas homosexuales se beneficiaran de una directiva de libertad de movimientos.
R. Lo que dije es que no estaba a favor de una norma que beneficiara de forma retroactiva a los gais cuando sus derechos no estaban regulados. No creí que fuera justo.
P. También votó en contra del divorcio en el Parlamento maltés.
R. Me opuse por una cuestión de protección al cónyuge más débil, pero eso tampoco afecta a mi labor como comisario.
P. Si llegara el momento, ¿dejaría a un lado alguna convicción en su trabajo como comisario?
R. No soy el comisario católico en la Comisión Europea. Soy el comisario de Salud, que resulta que es católico.
P. Viene de una pequeña isla en la que el sector bancario y los depósitos de los no residentes tienen un gran peso. ¿Cómo vivió el rescate a Chipre y la quita a sus ahorradores?
R. Hay muchísimas diferencias entre Chipre y Malta. Pero cuando se crea un impuesto sobre los depósitos, la gente tiene miedo de que afecte a todos los depósitos y es más difícil que la inversión extranjera llegue a la UE. Esa decisión la tomó el Eurogrupo, no la Comisión Europea.

La ley del matrimonio gay recrudece la homofobia en Francia

La ministra francesa de Justicia, Christine Taubira, nacida en Cayena (Guyana Francesa) y amante del Derecho, la poesía y la oratoria, ha citado esta semana en la Asamblea Nacional al poeta René Char y la letra de la canción Tiempo de cerezas para advertir a la oposición conservadora contra la deriva violenta que ha generado el debate sobre la ley que garantizará —el texto definitivo se vota el martes— el derecho a casarse y adoptar a las personas del mismo sexo.
Taubira previno el miércoles pasado a la derecha contra “los escupidores de odio” y luego miró al futuro y citó de memoria unos versos de la canción escrita en 1886 por Jean-Baptiste Clément para rendir homenaje a la Comuna de París. En ese momento, en las puertas del Palacio de Bourbon cientos de integristas católicos rezaban, protestaban y gritaban “Taubira, cabeza de rata” y “Taubira a Cayena”, y al mismo tiempo en Lille y en Burdeos se registraban sendos ataques contra homosexuales, extendiendo la violencia a provincias tras la brutal paliza que recibió la semana anterior una pareja gay en París.
Escuchar los magistrales discursos de Taubira defendiendo la ley que llevará su nombre como un simple avance del lema que inspira la República ha sido un placer para sus compañeros de partido y muchos observadores neutrales. Pero cuanto más sensata, lírica y republicana se ponía la ministra, más se exacerbaban los ánimos de los diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), y más subía la tensión en las calles.
Desde el otoño pasado, la cruzada contra el matrimonio gay impulsada desde los obispados ha ido sumando efectivos, y hoy aglutina a un colectivo heterogéneo, que rompe las fronteras entre el centroderecha y la extrema derecha, y en el que militan movimientos integristas como Civitas; obispos y curas más o menos tradicionalistas, neonazis y cargos electos de la derecha moderada, dirigentes y militantes del Frente Nacional, exmilitares y simpatizantes de la vieja OAS, el grupo terrorista contrario a la independencia de Argelia, de inspiración fascista; monárquicos, adolescentes, niños, padres y abuelos.
El colectivo antibodas gais es heterogéneo y rebasa las fronteras de la extrema derecha
Al principio nadie dio mucha importancia a la contestación, pensando quizá que la fuerza de los números en el Parlamento y el tradicional respeto de la derecha francesa por los valores de la República acabarían reduciendo su impulso y su fe. Si en España, el país vecino exfranquista y católico, la ley del matrimonio gay se solventó sin violencia y hoy se aplica en plena normalidad constitucional, la laica y docta Francia no podía ser menos, se pensaba.
Curiosamente, ha sido al revés. En las últimas tres semanas, a medida que el obstruccionismo de la UMP iba perdiendo eficacia en el Parlamento, el movimiento callejero Manif pour tous, liderado por la excómica Frigide Barjot, iba radicalizándose cada vez más hasta generar incidentes y protestas diarias por todo el país, una evolución que la ministra Taubira ha definido como “un mal spaghetti western”.
Barjot ha pedido a Interior que identifique a los violentos, intentando tomar distancia, y los antidisturbios han empezado, tras meses de complaciente pasividad denunciada por los activistas gais, a atajar los incidentes y los insultos homófobos, visibles sobre todo en los aledaños de la Asamblea Nacional y en las redes sociales. Según cuenta la periodista Judith Silberfeld, militante y cofundadora del diario digital Yagg, “los insultos y los ataques en Twitter y en la calle son cada vez más habituales”.
Hasta el sábado, la policía había realizado dos centenares de arrestos. El jueves, François Hollande condenó por fin los “actos homófobos y violentos”. Y la derecha decidió olvidarse de un debate que ya da por perdido y llamar a la gente a salir a las calles. Varios diputados llegaron a las manos después de que un parlamentario de la UMP enarbolara una bailarina perdida por una manifestante para quejarse de la violencia policial y demostrar que la protesta no es cosa de ultras sino de “jovencitas”. Y el jueves, un compañero de partido poco conocido, llamado Philippe Cochet, se hizo famoso en unos segundos al acusar a los socialistas de querer “asesinar a los niños”, al permitir que sean adoptados por homosexuales.
El líder de la UMP, Jean-François Copé, ha atribuido los altercados a “grupúsculos” de extrema derecha. La Iglesia sigue diciendo que la ley es indefendible y guarda silencio sobre el clima de homofobia que destila el país. Y, este domingo, dos manifestaciones, una a favor y otra en contra de la ley, recorrerán París.

La oposición de Bahrein demuestra su fuerza en la calle antes de la Fórmula Uno

La oposición bahreiní ha reforzado su presencia en las calles, pese al masivo despliegue policial, con la esperanza de atraer la atención a sus protestas contra el régimen antes de la disputa este fin de semana en Bahrein de Fórmula Uno.
Miles de personas respondieron al llamamiento de la Coalición 14 de Febrero -principal instigadora de las protestas- de bloquear las calles e interrumpir el tráfico para mostrar el rechazo al gran premio y su disposición a perturbarla.
Los manifestantes han cortado con neumáticos ardiendo y piedras intersecciones clave como las carreteras que conducen al circuito de Sakhir y al aeropuerto.
Algunos grupos incluso llegaron a incendiar un vehículo para bloquear un puente en la localidad de Sitra, al sur de la capital Manama.
Estas acciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que detuvieron a un número indeterminado de personas.
La oposición, formada principalmente por grupos chiíes y liberales, ha convocado manifestaciones diarias desde hace una semana y llamado a sus partidarios a salir en masa mañana, viernes, y también durante la carrera.
Se espera que la protesta del viernes atraiga a decenas de miles de personas, con el objetivo de aprovechar la gran presencia de medios de comunicación para recordar sus reivindicaciones de reformas políticas.
Los opositores consideran que las autoridades bahreiníes quieren aprovechar la Fórmula Uno para ocultar la situación real que vive el país, con represión de las protestas y violaciones de derechos humanos, y presentar una imagen de normalidad al mundo.
En esa línea de normalidad, el presidente del Circuito Internacional de Bahrein, Zayed Alzayani, dijo hoy que las medidas de seguridad en el circuito no eran diferentes que en carreras anteriores.+

Extreman la seguridad

"No siento que hay una amenaza directa a la pista ni hemos recibido ninguna amenaza", dijo Alzayani, aunque la carretera que conduce al circuito está salpicada por vehículos policiales y varios puestos de control.
La portavoz del Gobierno bahreiní, Samira Rajab, dijo el lunes que las autoridades ha tomado medidas estrictas de seguridad con motivo de la carrera y acusó a "un grupo con una agenda especial" de propagar informaciones de disturbios para evitar la celebración del gran premio.
Los grupos de derechos humanos han expresado sus temores. Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer de que hay un gran riesgo de que se repitan o incluso aumenten las prácticas represivas de las autoridades contra la oposición de cara al gran premio.
"No vemos más que represión y gestos simbólicos para limpiar la imagen del país", dijo Hasiba Hadj Sahraui, subdirectora para Oriente Medio y el Norte de África de AI.
El principal partido opositor bahreiní, el chií Al Wefaq acusó también esta semana a las autoridades de intensificar la represión contra los manifestantes antes de la carrera y denunció que casi un centenar de personas han sido detenidas en las primeras dos semanas de abril.
Bahrein es escenario desde febrero de 2011 de protestas para pedir reformas políticas, lideradas por la mayoría chií contra la minoría suní gobernante.
El año pasado, miles de personas se manifestaron para pedir reformas y expresar su oposición a la Fórmula Uno, en unas protestas que fueron reprimidas por la policía y en las que murieron al menos dos personas.

Una carta de amor, escondida 300 años

Los muros de una antigua vivienda del casco histórico de Toledo han escondido durante 300 años una carta de amor, al parecer prohibido, que escribió con pluma de ave un enamorado caballero a una mujer toledana.
La misiva, que salió a la luz hace unos treinta años con las obras de remodelación de la vivienda y que ahora ha sido documentada, recoge toda una declaración de amor de don Alfonso de Vargas y Montes a su "muy amada" doña María de Sierra.
"Es mi afición tanta a vuesa merced que me abraso en amores", escribe en un castellano antiguo sobre papel verjurado (de grosor variable) don Alfonso, quien también alaba la caligrafía de su amada al afirmar no haber visto letra "mejor de mujer", lo que evidencia que existía correspondencia entre ambos.
Pero este amor debía ser prohibido y, de hecho, la carta, fechada el 29 de octubre de 1700, apareció escondida en una viga de madera e introducida en ella a través de una grieta en la pared, según explica la propietaria de la vivienda que alberga la misiva, Marina Riaño.
Riaño desvela que la carta estaba enrollada como un canutillo y atada con un hilo ya descompuesto -nada más tocarlo se deshizo- a una espiga de centeno o trigo, que la dama había utilizado para empujar la carta hasta el interior del muro.
"Aquí está el tesoro, aquí está", gritaron al encontrar la carta los albañiles, ya experimentados en obras de viviendas del centro de la ciudad y acostumbrados a los hallazgos, lo que ayudó a que la trataran con delicadeza para evitar su rotura.
Marina Riaño, profesora de francés jubilada que ha sido recientemente nombrada Hija Adoptiva de Toledo, guardó la carta entre dos cristales para facilitar su conservación.
Después, su hija intentó sin éxito localizar en el archivo municipal al autor de la misma, algo impensable en el caso de la dama porque en aquella época las mujeres no estaban censadas.
La familia guardó en el domicilio la misiva hasta que hace un tiempo Manuel Palencia, historiador de 'Cuéntame Toledo', organización dedicada a ofrecer rutas por la ciudad, vio la carta y decidió descifrarla.
Aún la familia intenta averiguar quiénes eran los dos amados e incluso Riaño no descarta que fuese una religiosa, pues en el catastro la vivienda aparece documentada como parte de las antiguas casas del seminario y podía estar ocupada por monjas.
Lo que si está claro, según se deduce de su lectura, es que doña María había hecho un favor a don Alfonso, a quien supuestamente consiguió unos papeles y él se lo agradecía : "he estimado mucho el favor de haberme alcanzado los papeles".
Además, le dice: "nací para servir a vuesa merced, pero no para mandar" y hace referencia a otras dos personas, que debían ser conocedoras de la relación y afirma: "a Pepita, cuando vuesa merced la bese, le dará dos besos más, uno por mí y otro por Don Juan".
"Por haber escrito deprisa, no se explica más mi afectuoso amor para con vuesa merced. Para mañana, siendo Dios servido, espero la respuesta", finaliza la carta don Alfonso.
Lo que no se sabe, de momento, es si doña María respondió a su amado.

Las aceiteras se jubilan

Hay aficionados al aceite de oliva que las buscan y las exhiben. Y desde el año que viene se convertirán seguro en objeto de colección, porque las aceiteras, esos recipientes que suelen ir emparejados con la correspondiente vinagrera, ya no se verán en las barras de los bares ni en las mesas de los restaurantes españoles.
La prohibición llega directamente de Bruselas porque es la Unión Europea la que ha decidido erradicar el uso de estos pequeños contenedores de aceite en lugares públicos. La retirada de las aceiteras de los establecimientos públicos de hostelería forma pate de un paquete de medidas más amplio, dentro del plan de lucha contra el fraude en el aceite de oliva, un proyecto apoyado formalmente por España.
En el fondo, los motivos de la prohibición no son muy diferentes a los que han hecho desaparecer las botellas de bebidas alcohólicas de alta graduación rellenables, al margen de que algunos siempre busquen las vueltas a la normativa para seguir haciendo fraude y apuntarse al garrafón. Las aceiteras son rellenables con cualquier tipo de aceite y el consumidor no sabe qué está tomando. Ni siquiera si realmente es aceite de oliva o, por ejemplo, de orujo, si no es un experto catador.
Sí se permitirán, sin embargo, los envases de aceite monodosis, así como que se deguste el aceite desde botellas, también las de pequeño tamaño, pero que sean irrellenables. En otros países, como Portugal, ya se había descartado el uso de aceiteras en la hostelería desde el año 2006 y en Italia, otro país de tradición aceitera, ya se está aplicando esta retirada.

Otras medidas


Esta medida de las retiradas de las aceiteras habría sido analizada por el propio Ministerio español de Agricultura hace dos años ante las demandas del sector productor, aunque sin desarrollar ninguna normativa en concreto. Sin embargo, este programa de lucha contra el fraude en el aceite llega unida a otra serie de medidas como el control del etiquetado en el envasado, de general buena acogida.
La Unión Europea va a poner en marcha un ambicioso Plan de Acción del Olivar con numerosas y variadas iniciativas. Además de la retirada de las aceiteras, una de las medidas más solicitadas por los productores para preservar la buena calidad de los aceites de oliva y evitar engaños ante el consumidor pasa por reforzar la investigación científica para poder detectar "prácticas ilegales" muy complejas de detectar en la actualidad.
Otra de sus demandas ante la Comisión Europea pasaría por prohibir la mezcla de aceites vegetales, mientras no existan análisis con total rigor científico que determinen con exactitud la cantidad de cada tipo de aceite mezclado.
Un envase monodosis. | M. CuevasLos productores y cooperativistas representados de los países representados en la Comisión Europea, a través del comité Copa-Cogeca, habrían sido los principales defensores de estas medidas ante el actual comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos.

Rechazo en la hostelería

La Federación de Cooperativas Agroalimentarias, incluyendo su sección aceitera, se ha mostrado a favor de la medida y asegura que con ella se evitará que los clientes confundan la calidad de algunos aceites con otros de gama superior. Pero no en todo el sector hostelero ha caído bien esta prohibición.
La nueva normativa presenta un problema para las pequeñas cooperativas aceiteras al gasto extra que les supondrá el envasado en esas monodosis para seguir comercializando aceite en el canal Horeca (Hostelería y Restauración), mientras que para las grandes marcas no les supondrá ninguna dificultad.
Desde el punto de vista de consumidor, habrá que esperar a ver si esta propuesta encarece algún menú, aunque no parece probable y menos en plena crisis y descenso de las comidas fuera de casa. Si acaso, se perderá la costumbre de añadir aceite a la ensalada al gusto, algo que tal vez disguste a los olivareros pero satisfaga a los dietistas.

Jaén lo acepta

En una provincia tan significativa en la producción de aceite de oliva como Jaén, ya se ha pronunciado el presidente de la Asociación provincial de Bares, Cafeterías y Restaurantes, Gabriel Archilla, valorando muy positivamente la resolución de la Unión Europea. Considera que Jaén debe ser un ejemplo para los demás y ser los primeros en dar un paso al frente.
Archilla ya anunció que la Asociación planteará a la Diputación de Jaén la creación de una comisión en que estén representadas todas las partes, empresarios, administración, consumidores y fabricantes, para anticiparse a los acontecimientos y ser los primeros en 'desterrar' las aceiteras rellenables.
"Hay que buscar soluciones asumibles desde el punto de vista económico, pero también se puede plantear una acción promocional que sitúe a Jaén como punta de lanza", añade el presidente de los hosteleros jienenses. "Ahora mismo, en el caso de Jaén, lo normal es que los negocios se aprovisionen directamente en cooperativas y almazaras".
El sector hostelero y el aceitero parece ser que se están preparando y asumen la decisión europea. A partir de enero de 2014 la vinagrera se quedará sola.

Una juez detiene un desahucio hasta que acabe el curso escolar de los niños

Una juez ha paralizado el desalojo de una mujer y sus tres hijos de su casa, de la que es propietaria la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMV), que ha promovido el desahucio por impago, hasta que los menores terminen el año escolar y la Comunidad de Madrid les garantice una vivienda digna.
"El lanzamiento no podrá en ningún caso llevarse a cabo antes de que los menores hayan finalizado el presente curso escolar", ha decidido en su auto la juez de Madrid Lourdes Menéndez González-Palenzuela, la misma que en sentencia acordó el desahucio.
Es decir, la juez sentenció a favor del desahucio porque a ello obliga la ley, pero lo paraliza ante la existencia de un bien superior al interés económico de la EMV, que los menores tengan un techo.
En el mismo escrito la magistrada libra oficio a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid "para que en plazo de treinta días informen al Juzgado sobre las medidas concretas que adoptarán" cuando se produzca el desahucio.
La juez recuerda a la Consejería que, "en caso de lanzamiento de esta demandada y sus hijos de la vivienda propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A.", deberá "garantizar el derecho de estos menores de edad a una vivienda digna y adecuada".
"Con el resultado de la información que proporcionen estos organismos públicos se resolverá lo preciso sobre la prosecución de la presente ejecución de título judicial", añade.

'Suspensión del lanzamiento'

Así, la juez decide acoger la demanda de la madre "pidiendo la suspensión del lanzamiento previsto para el próximo día 11 de abril, al que acompaña documentos que prueban que tiene tres hijos menores de edad, de 12 años, 11 años y 11 meses; que tiene reconocida su situación de familia numerosa por la Comunidad de Madrid; y que sus ingresos en una empresa de limpiezas importan 403,76 euros netos al mes".
La juez da "particular relevancia" a que "la parte actora sea precisamente la EMV"
En su auto la juez otorga "particular relevancia" a que "la parte actora sea precisamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo", la cual explica en su página web que "es una sociedad anónima con capital 100 por 100 municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid".
Esta empresa pública dice en su web, recuerda la juez, que "no sólo facilita el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social".
"Cierto es que la EMV facilitó en su día a la hoy parte ejecutada el arrendamiento de una vivienda de protección pública" y "cierto también que la demandada no atendió el pago de la renta a partir del día 1 de octubre de 2010, lo que ha determinado la estimación de la demanda de desahucio", reconoce.

Pagó hasta que no pudo

"Pero no lo es menos" que la desahuciada "atendió el pago de la renta durante más de seis años e incumplió sus obligaciones arrendatarias en el momento en que resultaron absolutamente incompatibles con sus ingresos mensuales", añade.
Y concreta que el pago por la vivienda de la EMV era de 582,61 euros mensuales más otros 55,64 euros en concepto de gastos de comunidad.
Para poner por encima el derecho de los menores de la ejecución del desahucio que ella misma, en cumplimiento de la ley, acordó, la juez se remite a la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a la Constitución Española.
Esas y otras normas de carácter orgánico obligan a "los poderes públicos a garantizar el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones" y a toda autoridad que detecte "una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, a comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise".