tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

.

.

lunes, 3 de febrero de 2014

La antigua guerrilla se queda al borde de la victoria en El Salvador

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la exguerrilla izquierdista convertida en partido político, que actualmente gobierna en El Salvador, se ha quedado este domingo al borde de la victoria en las nuevas elecciones presidenciales.
Según los datos que ofrecía sobre las once de la noche (hora local) elTribunal Supremo Electoral, con cerca del 80% del voto escrutado el FMLN ha conseguido el apoyo del 49% de los electores. Esta cifra no es mayoría suficiente y por lo tanto, a falta de que el escrutinio total confirme la tendencia anunciada por el tribunal, habrá una segunda vuelta el 9 de marzo.
El derechista Arena ha logrado un 39% del voto. Ha sido la segunda fuerza más votada, por lo que irá con el FMLN a la segunda vuelta. El tercero ha sido Unidad (11,4%), un nuevo partido de centroderecha fundado por Elías Antonio Saca, que fue presidente con Arena entre 2004 y 2009 y luego se salió del partido para hacer política por su cuenta.
La participación ha estado en torno al 52% del censo electoral. Esto supone un bajón con respecto a las presidenciales de hace cinco años, en las que participó el 60%.
El FMLN, que ganó las presidenciales por primera vez en su historia en 2009 después de tres comicios consecutivos con victoria de Arena tras los Acuerdos de Paz que cerraron en 1992 la guerra civil, aspira en este proceso electoral a renovar su mandato.
Esta noche sus simpatizantes y militantes se reunieron en el Redondel Masferrer, una glorieta de tráfico de San Salvador, la capital, para festejar que su partido ha sido el más votado, aunque se haya quedado corto para vencer.
Carlos Peraza, un simpatizante de 44 años, vestido con una playera roja, el color del FMLN, decía que pese a no haber ganado en primera vuelta su convicción era que la segunda solo será un paso más hacia lo inevitable: “Victoria, victoria siempre, victoria rotunda”.
Por uno de sus costados, al Redondel Masferrer se llega subiendo una cuesta larga y empinada. Por allí aparecieron a paso ligero y ajetreado media docena de muchachos portando un ataúd de cartón con una foto de Norman Quijano, el candidato de Arena, pegada a la tapa.
Sonaban muchas vuvuzelas, aquellas cornetas de ruido loco que se hicieron tan famosas en el mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. Las vuvuzelas, en el Redondel Masferrer, eran del color rojo. Eran rojas también casi todas las camisetas de los cientos de personas que estaban allí, la mayoría jóvenes.
Esta ha sido la quinta vez que El Salvador ha votado para elegir presidente desde que terminó la guerra entre la guerrilla del FMLN y la dupla formada por el Ejército y el poder político-empresarial derechista tradicional.
Actualmente, las principales preocupaciones en este pequeño país centroamericano son la epidemia de asesinatos ligada a la guerra entre pandillas y el tormento que sufren muchos por las extorsiones de las bandas. El otro reto es la pobreza, la inequidad social. En El Salvador un 34,5% de sus seis millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, y según Naciones Unidas un 60% de las viviendas tienen carencias básicas.
Durante esta jornada electoral no se han registrado sobresaltos en los centros de votación, pese a que en los últimos días había circulado el rumor de que las pandillas podrían ejercer la violencia en algunos lugares para favorecer al Frente.
Este sábado, el candidato de Arena, el odontólogo Norman Quijano, de 67 años, decía en un acto que las bandas “están del lado” del partido gobernante y hacía ver que la seguridad no estaba garantizada: “Tenemos que confiar en Dios y en nuestra autoridad policial”.
Diversos observadores internacionales, entre ellos miembros de la Organización de Estados Americanos, han supervisado el funcionamiento de las elecciones. Durante el día han informado de que los comicios han sido “tranquilos y seguros”.
La gran baza electoral del Frente para intentar renovar su mandato son las políticas sociales que ha puesto en marcha durante los últimos cinco años, sobre todo una: darle útiles escolares y uniformes a los niños para alentar a las familias pobres a que no los saquen de la escuela. El encargado de impulsar este programa ha sido el candidato del FMLN en estas elecciones, Salvador Sánchez Cerén, de 69 años, excomandante guerrillero y vicepresidente en el gobierno actual.
Arena ha centrado su campaña en proponer una lucha severa contra las pandillas. Su candidato, Norman Quijano, ha dicho que si gana él podría decretar el estado de excepción para “militarizar” la seguridad pública, lo que según sus explicaciones se traduciría en potenciar el papel del Ejército en el combate contra las bandas y en usar instalaciones militares para trasladar ahí a reos “poco peligrosos” con el objetivo de desahogar las saturadas cárceles del país.
Además, Quijano ha dicho que esas eventuales instalaciones, a las que llama “granjas militares”, valdrían también para internar y disciplinar a aquellos jóvenes entre 18 y 30 años que no estudian ni trabajan y que son susceptibles de entrar en pandillas.
La violencia de las bandas ha marcado el mandato del FMLN. En los primeros tres años (2009-2011) los índices de homicidios fueron de los más altos del mundo: en torno a 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero en marzo de 2012 los líderes de las pandillas pactaron desde la cárcel una tregua a cambio de beneficios penitenciarios, petición que el gobierno facilitó con la intención de que bajasen los homicidios. Desde entonces los índices de asesinatos han descendido notablemente, hasta los 39 por 100.000 de media en 2013.
Arena ha afirmado que si llega al Gobierno no apoyaría la tregua. El FMLN no cambiaría los términos actuales del pacto con las pandillas. En ninguno de los dos casos, si la tregua se corta o si permanece, se sabe a ciencia cierta cómo evolucionará el problema de la violencia, cuyas raíces se hunden en problemas de marginación socioeconómica que El Salvador no está cerca de solucionar.

La reforma de la jurisdicción universal del Partido Popular es un ejemplo de cinismo político

Lo peor que puede suceder a un Gobierno es que mienta de forma sistemática a los ciudadanos, pretextando que con ello garantiza sus derechos. El último ejemplo, pero no único, lo tenemos en España. En esta ocasión el Gobierno no ha tenido el valor suficiente para cometer el atropello de propia mano y ha utilizado al partido que lo sustenta para presentar la reforma de la jurisdicción universal (JU). Ante este hecho la pregunta es: ¿hasta dónde es posible que un partido democrático se preste a generar espacios de impunidad cuando se trata de combatir los crímenes más graves contra la humanidad, con la excusa de la defensa de las víctimas, a las que, sin el menor pudor, se las categoriza o clasifica según el interés político o económico que convenga?
Cuando el Partido Popular apoyó la invasión de Irak, a pesar de que se trataba de una manifiesta guerra ilegal y no le tembló la mano por las decenas de miles de muertos inocentes que siguen esperando justicia; cuando se opone al reconocimiento de la verdad y justicia para las víctimas de los crímenes franquistas, discriminándolas con las del terrorismo, y cuando ahora, a golpe de taconazo chino, atendiendo a motivos económicos, degrada la JU hasta hacerla desaparecer, solo consuma una estrategia que lleva en las entrañas contra todos aquellos que luchamos contra la impunidad. Poco importa que la JU pretenda amparar a las víctimas universales de crímenes masivos o que España fuera pionera en la conquista de aquella, porque la ausencia de valor económico la convierten en material biodegradable. La sensación de vacío que produce esta iniciativa legislativa genera auténtico pavor. Todo parece posible en este descenso hacia lo más oscuro de la democracia. Contrariamente a países como Francia o Argentina que han reforzado ese ámbito sagrado de los derechos de las víctimas frente a crímenes internacionales, España ha decidido, de la mano del PP, consolidar la impunidad en aras a una buena respuesta de los mercados, un adecuado tratamiento de la deuda y una soportable prima de riesgo, olvidando el derecho de los ciudadanos a estar protegidos de quienes les asesinan, desaparecen o torturan, a veces desde el propio Estado.
Todo parece posible en este descenso hacia lo más oscuro de la democracia
Con esta reforma pasan a ser material de desecho lo defendido por la ONU sobre la obligación de investigar por los Estados; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; la convención contra la tortura; la de desaparición forzada de personas o el Estatuto de Roma. El Gobierno español, a la cabeza del ranking de incumplimientos de obligaciones derivadas del Derecho Internacional olvida las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de la ONU y se mofa de las víctimas de tan despreciables crímenes y, fiel a esa dinámica, el partido que lo sustenta propone la limitación más grosera y burda de la JU, apoyándose en el propio Derecho Internacional que quebranta.
De la necesidad, aceptada universalmente, del principio de JU como herramienta imprescindible para acabar con la impunidad de los crímenes atroces y de la obligación internacional de que los Estados ejerzan, obligatoriamente, su jurisdicción sobre los mismos, derivada del principio de complementariedad establecido en el preámbulo del Estatuto de Roma, se pasa a la negación de los derechos de las víctimas. En esta legislatura, es evidente la pérdida de espacios de seguridad jurídica consolidada, pero la demolición del edificio de la JU es lo más vergonzoso para España porque hemos acabado con el principal aporte al Derecho Internacional, con el que también contribuíamos a la “marca España”. Nunca habíamos sido tan respetados internacionalmente como cuando España plantó cara a la impunidad de crímenes atroces.
El proyecto de reforma de la JU, presentado por el PP, es un ejemplo de cinismo político en el que se miente desde la misma exposición de motivos hasta el final; contraviene el sentido de lo dispuesto en los convenios internacionales de los que España es parte; no amplía la lista de delitos a investigar por los tribunales españoles, limita el ámbito objetivo de aplicación de los mismos y restringe el ejercicio de la acción penal con la exclusión de la acusación popular en los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra, y, sin embargo, con base a esos mismos principios, mantiene la competencia española para delitos de terrorismo, narcotráfico, entre otros, sin percibir que con el texto propuesto genera mayor espacio de impunidad que el calculado, también en este espacio, y con ello hace dejación en las investigaciones trasnacionales de criminalidad organizada.
Finalmente, se establece que “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. Se busca la certeza de que estos requisitos se apliquen desde la entrada en vigor de la ley para acabar con las causas en trámite, lo que evidencia la razón política de una reforma lesiva para las víctimas.En los casos de delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional solo se permitirá abrir una investigación “contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”, con lo cual, si no se hubiera pedido esa extradición, la impunidad será absoluta. Se excluyen los supuestos en los que el presunto autor se encuentre en territorio nacional en tránsito u otra situación temporal y aquellos en los que el autor sea extranjero y se encuentre fuera del territorio nacional. En el caso de torturas y desaparición forzada, realmente se opta por los principios de personalidad activa y personalidad pasiva, exigiendo que el “procedimiento se dirija contra un español” o “existan víctimas que tuvieran nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”, excluyéndose los supuestos en los que la víctima sea española y el presunto autor se encuentre fuera del territorio nacional (todos los secuestros de Al Qaeda, entre otros, quedan fuera). Y ello a pesar de que las convenciones contra la tortura y la desaparición forzada imponen a los Estados el principio aut dedere aut judicare (“o persigues o juzgas”) obligación que han reiterado a España tanto el Comité contra la Tortura como el Comité contra la Desaparición Forzada de personas.
Los casos Tíbet y Guantánamo son la causa próxima de la presentación de esta proposición, pero la onda expansiva no ha sido calibrada por el ansia de acabar con el principio de JU (jefes de narcotráfico, de tramas de crimen organizado, de violencia sexual contra menores, de terrorismo que estén fuera de España, quedarán impunes). Con esta iniciativa, el PP se ha superado a sí mismo y se ha convertido en el máximo exponente de una reforma que nos sitúa, ahora ya sí (caso de ser ley la proposición), como los guardianes del oasis de la impunidad en España no solo para los crímenes contra la humanidad, sino de aquellos que conforman lo que se conoce como la criminalidad organizada universal.

La reforma de la justicia universal impedirá perseguir a maltratadores

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno del PP para reducir al mínimo el alcance de la llamada justicia universal no solo afectará a las causas más conocidas y que más quebraderos de cabeza diplomáticos causan al Ejecutivo —como el proceso al régimen chino por el genocidio en el Tíbet o la investigación de la muerte del periodista José Cousoa manos de soldados estadounidenses—. La modificación legislativa elaborada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y tramitada por la vía más urgente y más alejada del debate de expertos posible (la proposición de ley del PP en el Congreso) afectará severamente, según fuentes jurídicas, a la investigación de delitos más cotidianos, como el tráfico de drogas, la violencia de género o la pederastia, entre otros.
La apresurada reforma legal, que admitió a trámite el Congreso el pasado 24 de enero, estrecha aún más los supuestos en los que los jueces españoles pueden investigar delitos cometidos en el extranjero, y no solo en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o tortura. En el caso de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad (pedofilia o pederastia) cometidos fuera de España, el texto establece que los jueces españoles solo podrán entrar a investigar si el acusado es ciudadano español o extranjero con residencia habitual en España. También se podrá abrir una instrucción si la víctima del delito tiene nacionalidad española, pero en este caso se pone una condición: que el supuesto agresor se halle en suelo español.
De este modo, si un niño o niña español es agredido sexualmente en un país extranjero por una persona de otra nacionalidad y el Estado donde se cometió el delito no lo investiga, el crimen quedará impune. Con la norma actual, basta con que la víctima sea española o tenga un “vínculo de conexión relevante” con España para que un juez de la Audiencia Nacional pueda perseguir a su agresor.
En el caso de la violencia contra la mujer, las condiciones que establece la reforma que prepara el PP son similares: solo se investigará si la víctima es española o tiene la residencia legal, siempre y cuando quien cometa el delito se encuentra en España. Así, si una mujer española es agredida por su pareja en un país en el que no se respetan los derechos de la mujer, el ataque puede quedar sin castigo, según fuentes jurídicas. Las limitaciones que más inquietan a los magistrados tienen que ver con delitos de crimen organizado como el tráfico de droga o la trata de seres humanos. En el primero de ellos se reduce la investigación de los jueces españoles básicamente al intento de introducción de drogas en España o cuando el delito se cometa en naves de bandera extranjera inspeccionadas por autoridades españolas con permiso del Estado de su pabellón.

Estábamos al frente en la defensa de los derechos humanos”, lamenta un fiscal
Fuentes jurídicas creen que esta reforma supone aplicar los mínimos recogidos en diversos tratados internacionales ratificados por España y tiene un efecto perverso: “Corremos el riesgo de tener que sobreseer actuaciones de operaciones conjuntas con otros países, la forma más eficaz para luchar contra el tráfico de estupefacientes”, dice un fiscal. Y pregunta: “¿Quién va a confiar en nosotros si estamos atados de pies y manos con obstáculos procesales?”. Las limitaciones que el PP quiere incorporar al texto legal coinciden con los mínimos que establecen los convenios internacionales ratificados por España para la persecución de los distintos delitos que configuran la jurisdicción universal, según fuentes jurídicas. “Es una copia literal de lo que establecen los convenios, pero con circunstancias de perseguibilidad mucho más restrictivas”, afirman fuentes fiscales.
El sector de la Audiencia crítico con la reforma legal apunta una razón para no tocar la jurisdicción universal que entra en el terreno de lo diplomático. “Con la aplicación de la justicia extraterritorial, España se había colocado a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Teníamos una primacía que vamos a ceder a los franceses, que están cambiando su legislación para que se asemeje a la que tenemos nosotros actualmente. Esto también forma parte del prestigio de la Marca España”, opina un representante del ministerio público. “Se lamina la jurisdicción universal en pro de la impunidad; estamos entregando entera una baza diplomática de primer nivel que tenía España”, dice.

Nuevos requisitos


La actual Ley del Poder Judicial fija en su artículo 23 los límites de la jurisdicción universal. El punto 4 de ese artículo enumera los delitos cometidos fuera de España que pueden investigar los jueces españoles y pone como condición de todos ellos que haya víctimas españolas o “algún vínculo de conexión relevante con España”, o bien que los presuntos autores del delito se encuentren en España y ningún otro país o tribunal internacional competente haya abierto procedimiento contra ellos.
El nuevo texto que propone el PP fija un requisito para investigar cada delito. Así, por ejemplo, para el genocidio es necesario que el presunto responsable sea un español o un extranjero que se halle en España y su extradición haya sido denegada. Para investigar delitos de terrorismo será preciso que el autor sea español o un extranjero que resida en España, o bien que haya víctimas españolas o el objetivo haya sido una institución de la UE en España o un buque o aeronave con pabellón español o una instalación oficial española. En casos de torturas será requisito que el responsable sea español o  que la víctima fuese española en el momento de los hechos y el responsable esté en España. Los delitos sexuales contra menores y la violencia contra mujeres solo podrán perseguirse si el autor es español o reside en España, o bien si la víctima es española o residente pero siempre que el imputado se halle asimismo en España.

España, a la cabeza de Europa en percepción de la corrupción

Los españoles figuran entre los europeos más convencidos del alto nivel de corrupción que les rodea. Un 95% de los ciudadanos considera que esas prácticas están generalizadas en todo el país, según el primer estudio sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y cuyos resultados se presentan hoy en Bruselas. Solo Grecia, con un 99% de respuestas positivas, e Italia, con el 97%, superan la cifra española, que se iguala a la de Lituania y República Checa. España se sitúa así entre los cinco países comunitarios donde reina una mayor sensación de corrupción, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La magnitud del problema se comprueba al observar la media europea: tres de cada cuatro europeos comparten esa certidumbre de corrupción generalizada.
Hay dos elementos en los que España se sitúa a la cabeza de toda la UE. Al valorar si el nivel de corrupción ha crecido en los tres últimos años, un 77% de los españoles considera que sí, por encima de los otros 27 socios comunitarios. Y casi dos de cada tres encuestados creen que esas prácticas les afectan en su vida diaria, más que en ningún otro país. El sondeo, realizado entre febrero y marzo de 2013, llega en un momento en que la corrupción empaña la imagen pública de las grandes instituciones del país: Gobiernos, partidos, sindicatos y hasta la propia monarquía. Esa acumulación de casos ha elevado la consciencia del problema que muestra la población.
Al valorar si el nivel de corrupción ha crecido en los tres últimos años, un 77% de los españoles considera que sí
El estudio revela que la corrupción está más extendida de lo que parece en el continente, o al menos los europeos lo perciben así. La única excepción son los países nórdicos, modelo, en general, de comportamiento público y privado y de rendición de cuentas a los ciudadanos. En Dinamarca, una inmensa mayoría (el 75%) cree que la corrupción es excepcional. Aunque sigue siendo mayoritario, el porcentaje baja en Finlandia (64%) y en Suecia (54%).
Hasta en la recta Alemania, más de tres cuartas partes de su población señalan esta generalización de las corruptelas. La amplitud del problema lleva a la Comisión Europea a asegurar que los instrumentos legales que existen en todo el continente arrojan resultados que “no son satisfactorios” en la UE. Las conclusiones son claras: “Las declaraciones de intenciones están demasiado alejadas de los resultados concretos y la verdadera voluntad política para erradicar la corrupción parece muchas veces ausente”.
En el caso concreto de España, el Ejecutivo comunitario detecta “cierto número de deficiencias”. El mayor reto, según este análisis, es la corrupción política y la falta de evaluación, “principalmente en el gasto público y en los mecanismos de control en el ámbito regional y local”. Bruselas insiste en estos dos ámbitos. “Las irregularidades en las contrataciones públicas en los niveles regional y local deberían abordarse con más intensidad”.
Bruselas recomienda reforzar la rendición de cuentas públicas
El trabajo dedica también un capítulo especial a la percepción que tienen las empresas de este fenómeno. Los resultados son similares a los de los ciudadanos. Tres de cada cuatro compañías constatan esa corrupción generalizada. En el ámbito empresarial, España obtiene resultados aun peores: el 97% de sus compañías lo viven así, un porcentaje igualado por Italia y solo superado por Grecia (99%).
El punto más débil de la encuesta ciudadana llega a la hora de preguntar por su propia experiencia. Solo un 8% de los interrogados aseguran haber experimentado o sido testigos de un caso de corrupción. Y, de ellos, apenas el 12% lo denunciaron, un dato muy ilustrativo del grado de tolerancia (o al menos de impotencia) que la ciudadanía concede al aprovechamiento de recursos comunes en beneficio de unos pocos.
Sin competencias para adoptar medidas, la Comisión Europea expresa su preocupación ante los resultados de este primer trabajo y se compromete a colaborar con los Estados miembros en la adopción de medidas concretas. Entre ellas, Bruselas recomienda reforzar la rendición de cuentas públicas, intensificar los mecanismos de control en las autoridades, mejorar las políticas que pretenden atajar los conflictos de interés, asegurar que no se obstruyen los procedimientos abiertos contra cargos políticos electos y ofrecer protección a los filtradores de estas prácticas.