tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 15 de abril de 2014

El equipo de Augirona se va de paseo a Llançá - Provincia de Girona - Cataluña


Fernando ( administrador ) - Pau Daniel ( ayudante )

Cuidado con el bacalao: ¡pescador encontró vibrador de 15 cm!


Ya se sabe la gastronomía de mar tiene sus riesgos. Pero a un pescador noruego se le apareció un juguete sexual de 15 centímetros.
Un pescador noruego se llevó esta semana la sorpresa de su vida al encontrar un consolador de respetable tamaño en el vientre de un bacalao. El vibrador se encontraba en el fondo del estómago del pez.
A Bjoern Frilund, de 64 años, le llamó la atención la extraña forma de un pez de 5 a 6 kilos que acababa de capturar en su red, en la costa oeste de Noruega.
“Primero salieron dos arenques y después encontré ese objeto de goma”, de color anaranjado.
Frilund estimó que el objeto tiene de “15 a 16 centímetros de largo”.
“Yo ya sabía que un bacalao traga casi todo lo que encuentra, pero no me esperaba algo así”, comentó. “Hay tantas posibilidades de que esto vuelva a ocurrir como de recibir un meteorito en la cabeza”, dijo en el diario El Mundo.
Bjoern Frilund cree que el bacalao confundió el juguete sexual con un calamar. El aparato tenía aún su motor, aunque estaba sin pilas.
Otras hipótesis sobre su procedencia: el pescador cree que pudo ser arrojado al mar desde algún navío de turismo que recorre el idílico litoral noruego, después de alguna experiencia frustrante .
El hijo del pescador, Marius, inmortalizó el hallazgo en una foto.

El tráfico de cocaína hacia EE UU y Europa se hace fuerte en la ruta del Caribe

La muestra son las últimas dos semanas. En la medianoche del miércoles 9, una patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos halló un cargamento de 1,5 toneladas de cocaína a bordo de una lancha bimotor de madera que viajaba hacia la costa sur de Puerto Rico y que, en medio de la persecución, recaló en Patillas, una municipalidad boscosa ubicada a hora y media de San Juan, la capital. En la tarde del 31 de marzo, un bote similar que transportaba 1,77 toneladas de coca fue interceptado en la costa norte de la isla a pocos kilómetros de Dorado, un pequeño pueblo turístico con cuatro campos de golf. Con esa frecuencia y así de pesados son los envíos de cocaína que circulan por el Caribe, la ruta por donde pasa el 16% de ladroga que llega a Estados Unidos desde Colombia y Centroamérica; un 2% más que en el mismo trimestre de 2013.
“Entre los últimos tres y cinco años, el porcentaje de cocaína viajando a través del Caribe se ha incrementado del 5% al 16%. Hace unos años atrás unas 70 toneladas métricas de droga pasaban por la región, y ahora son entre 90 y 100 toneladas métricas por año”. El agente especial Vito Salvatore Guarino es el jefe de la División del Caribe de la agencia federal antidrogas DEA, con base en Puerto Rico. En el año fiscal 2013, que acaba en octubre, los oficiales a su cargo decomisaron 28 toneladas métricas de esa droga y practicaron más de 1.500 arrestos vinculados con su tráfico. Solo en los primeros dos meses del año fiscal 2014, los decomisos sumaron nueve toneladas métricas y fueron 183 los sospechosos detenidos.
La mayor parte de la droga que sale de Colombia a través de la ruta del Caribe –al menos 80 de esas 100 toneladas anuales- hace una parada República Dominicana. “Viajan de noche, con los botes cubiertos, salen desde Cartagena hacia República Dominicana y Puerto Rico. Otros usan la ruta del Caribe del Este. Pero la mayoría de la cocaína viene a través de República Dominicana”, ha dicho Guarino a EL PAÍS. La mitad de la carga tiene como último destino Europa y la otra mitad, Estados Unidos; en algunos casos, el tráfico cuenta con la protección de una burocracia regional corrupta. Hace un año exacto, por ejemplo, el 8 de abril de 2013, un ex jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana, el contraalmirante Francisco Hiraldo, fue extraditado a Estados Unidos y acusado de proteger a los traficantes de drogas y de permitir el paso de al menos 25 grandes alijos a cambio de un pago de hasta 100.000 dólares por carga.
Jamaica, que ya solía ser el mayor abastecedor de la marihuana que consumen los estadounidenses, se ha convertido también en un punto de escala de la cocaína que sale de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos. Por segunda vez consecutiva, así lo señala el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2014 publicado este 4 de marzo por Washington: “Las drogas que salen de Jamaica se dirigen a los Estados Unidos, Canadá y otras naciones del Caribe. Sin embargo, la marihuana y la cocaína también se trafica desde Jamaica hacia Reino Unido, Bélgica, Alemania y los Países Bajos. Jamaica está emergiendo como un punto de tránsito para la cocaína que sale de Centroamérica con destino a los Estados Unidos, y algunas organizaciones de tráfico de drogas intercambian la marihuana de Jamaica por cocaína”.
El aumento del volumen de drogas que circula por el Caribe ya había sido previsto por las autoridades de Estados Unidos y de la Comunidad del Caribe como consecuencia de la lucha antidrogas en México y América Central, y es una de las preocupaciones de la Organización de Naciones Unidas desde 2012. Desde hace varias décadas, esta sido una ruta tradicional para el tráfico de cocaína, especialmente empleada entre 1980 y 1990, durante la era de los cocaine cowboys: una casta de traficantes que usó Miami como puerto de entrada del 80% de la droga destinada a Estados Unidos, y como campo de batalla campal. El número de embarcaciones cargadas de coca que intentan la travesía sigue siendo relativamente el mismo, solo que el peso de la carga es mayor en cada viaje.
Yury Fedotov, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ya había advertido en su reporte sobre el crimen organizado transnacional de septiembre de 2012, que el desplazamiento de las rutas de tráfico hacia el Caribe era “una amenaza”, pues los flujos de contrabando suelen concentrarse en los países que desde el punto de vista institucional son menos capaces de lidiar con el asunto. Hace una semana, este 7 de abril, Fedotov anunció en Nueva York el lanzamiento de un programa especial para ayudar a la Comunidad del Caribe (Caricom) en su lucha antidrogas y contra el crimen organizado. El presupuesto de este nuevo plan es de 11,7 millones de dólares, que serían invertidos en el periodo 2014-16, una vez que los “donantes habituales” –la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá- aporten “la financiación necesaria para empezar el programa inmediatamente”.
En su maratoniana visita a Trinidad y Tobago, en mayo de 2013, el vicepresidente Joe Biden discutió el tema con los líderes de los 15 países que conforman la Comunidad del Caribe y en aquella oportunidad recordó que Estados Unidos ha invertido 200 millones, desde 2010, en la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. Sin embargo, autoridades locales y especialistas, como el criminólogo trinitario Daurius Figuera, han criticado que Washington no comparta suficiente información sobre sus operaciones en el área.

Últimos decomisos

7 de diciembre de 2013: Autoridades de Jamaica decomisaron 400 kilos de cocaína en el puerto de Kingston, dentro de un contenedor que provenía de Venezuela y sería trasladado a Holanda.
20 de diciembre de 2013: Agentes de la DEA hallaron 332 kilos de cocaína en latas de jugos de fruta de la empresa trinitaria SM Jaleel & Company Ltd, en el puerto de Norfolk, Virginia. La primera ministro de la isla, Kamla Persad-Bissessar, dijo que la reputación de la isla en el comercio internacional no debía verse afectada por este episodio.
22 de enero 2014: La Guardia Costa de Estados Unidos y la flota real británica decomisaron 1,3 toneladas métricas de cocaína en el sur de República Dominicana.
27 de enero de 2014: Autoridades dominicanas y estadounidenses detuvieron un bote con 136 kilos de cocaína cerca de la costa de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.
20 de febrero de 2014: La Guardia Costera de Estados Unidos retuvo 171 kilos de cocaína en la localidad de San Petesburgo, en la costa oeste de Florida, sobre el Golfo de México.
16 de marzo de 2014: Dos hombres fueron detenidos por autoridades estadounidenses cuando intentaban traficar 242 kilos de cocaína en el este de St Croix, Islas Vírgenes.
31 de marzo de 2014: Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de la DEA decomisaron 1,77 toneladas de cocaína en la costa norte de Puerto Rico.

El Consejo debatirá dos informes opuestos sobre la ley del aborto

El pleno del Poder Judicial que debatirá la futura Ley del Aborto que proyecta el Gobierno del PP evidenciará más que nunca las diferentes sensibilidades de sus 21 componentes. Será movido. El informe sobre la ley del aborto que debe remitir al Gobierno ha requerido ya tres prórrogas y no es descartable una cuarta. Y es que las dos ponentes que deben redactar el informe (la progresista Pilar Sepúlveda y la conservadora Carmen Llombart) mantienen posturas diametralmente opuestas. Lo que obligará al pleno (en el que los vocales conservadores suman mayoría absoluta de votos, 11 de los 21) a decantarse por uno u otro. 
El presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido a ambas vocales que traten de limar diferencias y presenten un único informe. Pero, de momento, no parece posible. Sepúlveda quiere que la ley se retire, mientras Llombart en general la avala, aunque introduce matices técnico/jurídicos y algunas discrepancias. Entre otras cosas, entiende que hay que modificar la redacción de algunos artículos de la norma que ha elaborado el Gobierno.
El informe del Poder Judicial sobre la ley del aborto debía estar ya sobre la mesa del Ejecutivo, pero el presidente Lesmes pidió recientemente al Gobierno la tercera prórroga de un mes. Es consciente de las abismales diferencias que mantienen las dos ponentes a las que él mismo encomendó la ponencia sobre esta materia.
A día de hoy, las diferencias entre Sepúlveda y Llombart se mantienen con toda su crudeza. Y se abren varias posibilidades: que ambos informes sean debatidos en el pleno y que finalmente se remita al Gobierno el que más votos obtenga, y a ser posible lo más consensuado posible. Y que quienes discrepen formulen los oportunos votos particulares, que se adjuntarán al informe oficial. El sector conservador goza de mayoría absoluta, pero en un tema tan personal como este nadie garantiza un cierre de filas en ambos sectores.
Otra opción es que, en el seno del pleno, surja un tercer informe que recoja y mezcle consideraciones de ambos textos (el de Sepúlveda y el de Llombart). Sepúlveda ya ha presentado su informe al Consejo, en el que pide directamente la retirada de la ley y que se mantenga la actual normativa (que incluye plazos para poder abortar); Llombart no ha aportado aún el suyo, aunque, según fuentes jurídicas, sí dispone ya de un borrador en el que, en general, no ve mal la norma que proyecta el Gobierno del PP, si bien introduce matices a algunos de sus aspectos y pide una modificación del redactado de algunos de los preceptos del texto del Gobierno.
Ambas ponentes mantuvieron recientemente un encuentro en la sede del Consejo, henchido de tensión. Llombart, delante de letrados, pidió a Sepúlveda que retirase su informe preliminar, que tachó de “político” y defendió que el suyo era técnico-jurídico. Sepúlveda rehúso hacerlo, se mostró abierta al diálogo y pidió a Llombart que le dejase el suyo para buscar puntos de encuentro. Esta se negó. Y, sin ninguna prueba, acusó a Sepúlveda de haber filtrado el suyo, según fuentes jurídicas. La vocal progresista quiere que se retire la ley que proyecta el PP sobre el aborto porque entiende que "criminaliza" a la mujer que aborta y se distancia de la normativa que rige “en los países de nuestro entorno”. En opinión de Sepúlveda, implica un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer.
Ante las diferencias de criterio y la posibilidad de que los vocales progresistas (que suman ocho de los 21 votos) apoyen el de Sepúlveda y que los conservadores (que cuentan con 11, mayoría absoluta) se decanten por el de Llombart, el Consejo pensó inicialmente en enviar ambos informes al Gobierno. De todas formas, los informes del Poder Judicial, igual que los del Consejo de Estado, son orientativos, no vinculantes. Pero la opción de los dos informes ha quedado descartada. La ley impone que sea un único informe, el más votado, el que se remita al Ejecutivo. Aunque existe la casuística.
En el anterior Consejo, el que presidía Carlos Dívar, tampoco hubo acuerdo sobre la ley del aborto (la que aprobó el PSOE y que ahora pretende derogar el PP). En esa ocasión, y como hecho insólito, el Poder Judicial optó por no enviar ningún informe al Ejecutivo. El voto de Dívar, en contra de la ley de plazos, derivó en un empate a diez entre los vocales y una abstención.

El fiscal pide 26 años de cárcel para cuatro guardias civiles por torturas

“La confianza en el derecho de defensa está abolida si no se puede confiar en la actuación policial“, aseguró el fiscal Julio Cano ante la Audiencia de Palma al reclamar penas que suman 26 años de cárcel por torturas y lesiones para un sargento y tres agentes de la Guardia Civil. El acusador considerara que, en distintos momentos, durante una madrugada, los guardias y su jefe directo agredieron e intimidaron, de forma atroz, a dos británicos que habían detenido y que estaban en los calabozos del puesto de Palmanova (Mallorca)
Los hechos sometidos a juicio hasta este lunes ocurrieron en noviembre de 2009. El suboficial, para el que se le piden 11 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones y torturas, fue agredido y quedó inconsciente en un pub, libre de servicio, en una pelea iniciada por una de las dos supuestas víctimas.
El agresor del sargento y su amigo fueron detenidos y conducidos al cuartel. Tres guardias del equipo del suboficial y este, en distintas ocasiones, quisieron asustar y reprender al agresor y a su compañero. Los agentes afrontan una petición de pena de cinco años cada uno. El fiscal solicitó que se aplique para todos los reos la atenuante de la dilación indebida del caso.
Según la versión de la acusación, el sargento pasó al calabozo y la emprendió con guantes y también con una porra con los detenidos. Horas más tarde, se plantó delante de una víctima y se quedó mirándole a los ojos y respirando profundamente hasta crear una situación de pánico de aquel.
Los tres guardias con el sargento, con intención de reprender y escarmentar a los dos arrestados, según el fiscal, dieron golpes y zapatazos y se mofaron de ambos ciudadanos británicos.
El abogado del Estado, en nombre de Ministerio de Interior, y las defensas rechazaron todos los hechos. Los abogados del sargento y el de los guardias refutaron la existencia de base para mantener la condena por los dos delitos. Resaltaron la ausencia de los dos testigos acusadores y dieron a entender que estos deberían ser los juzgados por abuso de derecho.
Un letrado de los agentes tildó a las supuestas víctimas de rebeldes ante la Justicia, otro dijo que no habían querido acudir a la vista y un tercer defensor de los guardias señaló que uno de los supuestos agredidos era traficante de droga y que sabía que era investigado.

Siete huellas de porra en el cuerpo

El fiscal aludió al miedo de los testigos y a los relatos contradictorios recabados en el juicio que desdecían o emborronaban las primeras versiones. El fiscal Cano subrayó que una de las dos víctimas que han renunciado a comparecer recibió llamadas conminatorias al Reino Unido desde España.
Este caso ha sido objeto de una investigación interna de la Guardia Civil -que no llegó completa a la vista-, del atestado policial, de la instrucción judicial, de una causa en un juzgado togado militar y, además, de un juicio penal por la denuncia de los guardias contra los dos detenidos, condenados por faltas de lesiones y desobediencia leve.
La base de la prueba de la acusación del Ministerio Público se centró en las denuncias iniciales de los dos detenidos, en los partes médicos y en el relato del forense que los analizó. Además se reseñaron los informes de los psicólogos que aludieron a las situaciones de estrés postraumático de los supuestos torturados, que sentían impactos emocionales semejantes a los postbélicos.
Ambos detenidos presentaban multicontusiones, hasta siete huellas de porra en el cuerpo, sendas fracturas en los brazos, erosiones y heridas en la cara. En sus relatos, los guardias señalaron que se autolesionaron en el calabozo y que, ya antes, su detención y conducción a cuartel fue difícil y violenta. Uno de los británicos huyó al salir del coche policial, esposado con las manos atrás, y cayó y se hirió en una ceja. Durante la noche en que estuvieron detenidos fueron conducidos dos veces al centro de salud y al hospital.

La tortura en el Código Penal

El artículo 174 del Código Penal vigente señala que incurren en torturas la "autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

La salud de García Márquez es “muy frágil”, según su familia

Horas después de que trascendiera que el escritor colombiano Gabriel García Márquez, de 87 años, estaba recibiendo cuidados paliativos en su casa de Ciudad de México, la familia ha emitido un comunicado en el que reconoce que su salud “es muy frágil” y que existen riesgos de complicaciones “de acuerdo a su edad”.
En el comunicado, firmado por su mujer Mercedes Barcha y sus hijos Gonzalo y Rodrigo, los familiares agradecen las muestras de cariño que ha recibido el Premio Nobel de Literatura por parte de los amigos y los medios de comunicación. El escritor está siendo tratado por médicos y enfermeras que acuden a verle a su domicilio del barrio de San Ángel, en el sur del D.F. “La familia agradece estos gestos solidarios y pide que se respete su intimidad”, continúa el comunicado.
El escritor está recibiendo cuidados paliativos en su casa de la Ciudad de México debido al cáncer que padece, según publicó este lunes el diario mexicano El Universal. La familia del colombiano y los médicos, de acuerdo a esta información, decidieron no someter al escritor a un tratamiento oncológico por su avanzada edad y lo desarrollada que está la enfermedad. Una fuente consultada por EL PAÍS confirmó esta información.
Citando "fuentes confiables", el rotativo mexicano explica que el cáncer linfático que le afectó hace una década se ha expandido a otras partes del cuerpo como el pulmón y el hígado. La decisión de no atacar directamente la enfermedad y limitarse a mejorar su calidad de vida se tomó en base a la avanzada edad del paciente y a los órganos vitales que afecta el cáncer.
Horas después, una de las asistentas de García Márquez, Mónica Alonso, dijo en declaraciones a la agencia DPA que no le consta que el escritor padezca cáncer. “Nunca nadie nos ha hablado de eso”, señaló. Las dudas sobre el estado de salud del Nobel, que lleva residiendo en México desde hace más de tres décadas, se propagaron en redes sociales con la etiqueta #fuerzagabo.
El sábado llegó a México uno de los hijos del escritor, el cineasta Rodrigo, residente en Los Ángeles. El domingo, el médico Jorge Oseguera lo atendió en el domicilio durante una hora y cuarto. Unas enfermeras cuidan de él durante buena parte del día. Su entorno comentó durante la semana que estuvo ingresado que el periodista está de buen humor aunque un poco molesto con todo el revuelo mediático generado a su alrededor.   
El autor de Cien años de soledad fue hospitalizado a finales de marzo. Su hijo, Gonzalo García Barcha, dijo entonces que no se trataba de nada importante, tan solo de “una infección bronquial”. Cuando fue dado de alta y trasladado a su casa en una ambulancia, una portavoz del hospital en el que había estado internado, el instituto Salvador Zubirán, agregó que el escritor estaba “muy delicado” y que por el momento seguiría el proceso de recuperación en su casa de San Ángel, un barrio colonial del sur del DF. No especificó en qué iba a consistir ese tratamiento. Horas antes de la llegada de García Márquez, unos operarios llevaron hasta su hogar una cama ortopédica.

Tráfico estrena un segundo helicóptero con radar en Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrenará un nuevo Pegasus, el segundo helicóptero con un radar incorporado, que comenzará a funcionar en la segunda fase de la Semana Santa, es decir, a partir de las tres de la tarde de este miércoles, cuando se esperan más de 7,5 millones de desplazamientos –la operación salida tuvo un 11% más de viajes de los calculados-. En las próximas semanas, la institución que dirige María Seguí pondrá en servicio otros cuatro radares Pegasus, que patrullarán desde cada uno de los Centros de Gestión de la DGT en la Península y en Baleares.
El nuevo radar, que operará fundamentalmente en las carreteras secundarias, se pone en funcionamiento tras el repunte en 2014 de los accidentes de tráfico en este tipo de vías, donde se registran más del 80% de los siniestros mortales –en 2013, el porcentaje oscilaba entre el 70% y el 75%-.
El nuevo radar, que ha costado en torno a 160.000 euros -100.000 euros en gastos de instalación- se ha incorporado a uno de los 18 helicópteros de la DGT. Verificado por el Centro Español de Metrología, es capaz de operar desde una altura de helicóptero de mil pies (más de 300 metros), y hasta una distancia en línea recta con el vehículo controlado de un kilómetro.
El Pegasus consta de dos cámaras instaladas en el patín del helicóptero: una panorámica, para seguir a los vehículos y detectar su velocidad, y otra con teleobjetivo, para leer las matrículas. Cuando el radar capta un exceso de velocidad, toma tres mediciones repetidas para comprobar que el vehículo está excediendo el límite permitido. Puede llegar a detectar con extrema precisión velocidades de hasta 360 kilómetros por hora.
Si el exceso es una falta administrativa, el propio helicóptero enviará directamente la infracción al Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Estrada), en León, que gestiona la sanción y la remite al domicilio del conductor. En cambio, cuando el exceso supone un delito contra la seguridad vial —más de 60 kilómetros por hora en vía urbana y más de 80 en interurbana—, el helicóptero intentará contactar con alguna patrulla de la Guardia Civil que se encuentre cerca para que detenga el vehículo, identifique al conductor y abra diligencias judiciales. Si no fuera posible, trasladará la imagen al Grupo de Intervención en Altura (GIA) de la Guardia Civil para que inicie una investigación y determine la identidad del infractor.
1.441 conductores denunciados en un año
Durante su primer año de funcionamiento, el radar Pegasus ha realizado 428 horas de vuelo, ha controlado 8.500 vehículos y ha denunciado a 1.441 conductores por exceder la velocidad, el 59% de ellos en carreteras secundarias. “Sus resultados han sido muy buenos”, avisó María Seguí durante la presentación de la operación especial de Semana Santa.
Las denuncias de velocidad han supuesto la pérdida de 1.260 puntos. A 24 conductores, el exceso de velocidad les supuso la pérdida de seis puntos del permiso de conducir, y a otros 42, de cuatro puntos.

Los asesores de Mas desoyen a la UE sobre la exclusión de Cataluña

La Unión Europa acabará aceptando finalmente a Cataluña como un nuevo Estado miembro porque los argumentos políticos y económicos a favor pesarán más en la decisión final que el veto de España, según el Consejo Asesor de Transición Nacional. Este organismo, creado por Artur Mas para fijar la hoja de ruta de un hipotético Estado catalán, difundió ayer un informe jurídico en el que concluye que lo más razonable es que las instituciones europeas den luz verde al ingreso de Cataluña. El texto relativiza y desdramatiza el veto al que tiene derecho cualquiera de los Estado socios y desoye los reiterados avisos de dirigentes de la UE en el sentido de que la secesión podría implicar la expulsión. Es más: en su opinión, ninguna institución europea se ha pronunciado “oficialmente” sobre el caso al no haber elaborado ningún informe sobre el mismo.
Con el título Las vías de integración de Catalunya a la Unión Europea, el documento rezuma optimismo y apela a que ni el derecho internacional ni el europeo contemplan una situación como la que se plantea en el caso catalán. Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del organismo asesor, afirmó que carece de base jurídica “sólida” tanto la tesis del Gobierno español [al que no citó] de que Cataluña debería pedir su ingreso en aplicación del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que requiere la ratificación de los 28 socios, de la misma forma que avisó que es incorrecto entender que una Cataluña separada será automáticamente un nuevo miembro.
“El gran debate no es jurídico. La cuestión no es tanto la expulsión, sino cómo y cuándo se convierte Cataluña en Estado de pleno derecho”, expuso Pi-Sunyer, exmiembro del Tribunal Constitucional, que no vio lógico que el “veto” tenga tanta fuerza como para que se imponga sobre la voluntad de 7,5 millones de ciudadanos y que Cataluña acabe a la cola de los solicitantes de ingreso.

informe dibuja cuatro posibles escenarios después que Cataluña proclame su independencia del resto de España y pida permanecer en la UE. El primer supuesto es que las instituciones comunitarias acepten el ingreso que podrían canalizar a través de modificaciones en los tratados europeos. La segunda opción contempla una exclusión inicial pero se aplicaría un sistema de adhesión rápida y a medida atendiendo a sus circunstancias de los 28 años de permanencia de Cataluña como parte de España. Lo relevante es que en esta transición el derecho comunitario seguiría vigente.
El documento es el sexto de los 18que el citado órgano elaborará sobre el eventual Estado catalán. Fue acogido con entusiasmo por su “rigor” por Francesc Homs, portavoz del Ejecutivo catalán. El Gobierno de Rajoy ha centrado su estrategia para desbaratar el plan de Mas en alertar de los inconvenientes de la secesión.
La tercera opción es que no reciba ningún trato particular y se ponga a la cola de Islandia, Turquía, Serbia o Macedonia para pedir el ingreso. Y, la última, es que la UE no acepte la petición. El relato remarca una paradoja: España y la UE deberían reconocer a Cataluña como nuevo Estado porque en caso contrario se le seguiría aplicando el derecho europeo.

Esta última referencia fue esgrimida por Homs como una de las tarjetas de presentación de Cataluña y aseguró que un informe del Departamento de Economía de la Generalitat sostiene que en términos relativos Cataluña contribuiría más a la UE que Alemania: 0,68% de PIB frente al 0,49%. “Ni vamos a quedarnos a vagar por el espacio ni tampoco acabaremos en una isla como Robinson Crusoe”, ironizó Homs en respuesta a las metáforas empleadas por el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo y Rajoy sobre los riesgos de secesión.
El organismo asesor confía en que se aplique la primera hipótesis. “No parece lógico obligarte a salir para volver a entrar”, dijo Pi-Sunyer, que interpretó que la UE está siendo flexible con Kosovo para burlar los vetos. Los juristas de Mas entienden que la balanza se inclinará a favor de Cataluña cuando se ponderen los argumentos. Entre ellos, que uno de los principios fundacionales de la UE es integrar a los Estados del continente y no parece lógico que se vaya frenar cuando ya suma 28; que iría en contra de su ADN excluir a un país que ya era miembro cuando cumple los requisitos del Estado de derecho y de democracia europea; que implicaría la suspensión de la ciudadanía europea y que afectaría además a muchos comunitarios afincados en Cataluña y que desde un punto de vista económico tampoco beneficiaría a la Unión la imposición de aranceles y la pérdida de un eventual contribuyente neto.