tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

.

.

sábado, 23 de marzo de 2013

Besalú - Provincia de Girona - República de Cataluña

Hallado en Facebook...









Hasta Arcadi Oliveres defiende el escrache:"Es totalmente legitimo y necesario"



Revuelto de espárragos verdes y jamón


Chipre también debe salir del euro

Diario 16

Con Chipre se pone una vez más en evidencia que el euro es insostenible. Carece de moral y de sensatez que un país soberano haya quedado maniatado sin poder llevar a cabo, para el bienestar de sus ciudadanos, políticas monetarias y fiscales expansivas, cuando son estas las que se necesitan desesperadamente durante una recesión.
Es ilógico que en Europa se estén cambiando crisis financieras por crisis humanas que dejan numerosas familias hambrientas y millones de desempleados cayendo bajo el umbral de la pobreza día a día. Se supone que los cargos políticos –a través de los que se debe gestionar políticas para influir positivamente en la vida de las personas– han de haber sido electos democráticamente.
Tal vez uno de los problemas sea precisamente ese, la vacua democracia en las instituciones que ahora mismo deciden cómo engancharle a Chipre esa garrapata que ya ha pasado por la espalda de España, Portugal, Grecia, entre otros. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), no fue votado por la población europea; sin embargo, dirige la institución que maneja la política monetaria de los 17 países de la eurozona. La llamada Troika (Comisión Europea, BCE y el Fondo Monetario Internacional) se reúne para determinar los ajustes estructurales a los que someterán a los débiles países de la zona euro. Para los estudiosos que llevan décadas teorizando acerca de la denominada “participación ciudadana”, los mecanismos adoptados por la Unión Europea resultan insultantes, pues constituyen espacios de decisión que afectan a millones de personas, pero que carecen de legitimidad y transparencia.
Así, la eurozona se ha ido complejizando, a la vez que mostraba su opacidad y carácter inhumano. Los partidos presentan promesas electorales porque su objetivo es ser votados; y los partidos se esforzarán –más o menos– en cumplir sus ofrecimientos para ser reelectos. Por ejemplo, el Sr. Draghi, al no pertenecer a ningún partido, tampoco tiene que rendirle cuentas, y menos aún ha presentado promesas ante los ciudadanos. Si el Sr. Draghi tiene un partido en la intimidad, sería algo similar a la banca de inversiones Goldman Sachs –mundialmente conocida al iniciar la crisis de 2008 en EEUU–, en la que ocupó el cargo de vicepresidente por Europa hace algunos años. Quizá son grupos como estos bajo los que están sometidos cargos de decisión en la zona euro, pues resulta absurdo pensar que las medidas de ajuste adoptadas busquen el bienestar ciudadano y el apoyo de la población.
Si los países masacrados por la Troika –con exigencias de austeridad a cambio de liquidez– dejasen el euro y recobrasen la autonomía de sus monedas, podrían llevar a cabo una política fiscal expansiva, es decir, ampliar el gasto público reduciendo el desempleo y moviendo la economía. Si tuviesen autonomía en su política monetaria, podría pedir prestado a su propio banco central sin tener que pagar interés alguno.
Chipre es un síntoma más de que la zona euro es indefendible, y es una señal más de que las condiciones impuestas para inyectar liquidez son despiadadas, ciegas ante el sufrimiento humano. El gobierno chipriota se opone al “robo a mano armada” del 6.75% de los ahorros de todos los que tengan más de 20 mil euros y menos de 100 mil en el banco, un ataque a la propiedad privada, dicen unos, una injusta socialización de la estafa, decimos otros.

Médicos israelíes acusados de cómplices de tortura

The Lancet

Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.


Surgen preguntas sobre la participación de los médicos israelíes en la presunta tortura de un joven palestino detenido que murió bajo custodia el mes pasado.
La muerte de un prisionero palestino en una prisión israelí en circunstancias controvertidas ha vuelto a encender una antigua controversia sobre la complicidad médica en la tortura, así como la renovada ira palestina por los aproximadamente 4.600 prisioneros en poder de Israel.
La Asociación Médica Israelí (IMA) negó que los profesionales médicos estuvieran implicados en torturas o malos tratos y dijo que hasta donde sabía, la tortura no ha sido aprobada o utilizada por las fuerzas de seguridad o de las prisiones israelíes. Sin embargo, los activistas de derechos humanos dicen que los presos palestinos han sufrido por mucho tiempo de palizas, privación del sueño, dolorosas y prolongadas situaciones de manos esposadas, humillación y negligencia médica, que se consideran torturas según los estándares internacionales.
Arafat Jaradat, un encargado de una gasolinera de 30 años, con dos hijos, fue detenido el 18 de febrero bajo sospecha de lanzar piedras y cócteles molotov durante una manifestación en Cisjordania celebrada el pasado mes de noviembre contra la acción militar israelí en la Franja de Gaza. Los palestinos dicen que su detención, meses después de la manifestación, y su interrogatorio forman parte de una política de larga data de Israel para obligar a los prisioneros a convertirse en informantes después de su liberación.
Los líderes palestinos dicen que unos 800 000 palestinos han sido detenidos por las fuerzas israelíes desde 1967, y Jaradat fue el prisionero número 203 muerto, tras varios días de interrogatorio del servicio israelí de seguridad interior Shin Bet, el 23 de febrero en la prisión israelí de Megiddo. La autopsia se llevó a cabo al día siguiente en el Instituto israelí de Medicina Forense en presencia de Aloul Saber, patólogo jefe de la Autoridad Palestina, quien dijo que los moretones del cuerpo eran evidencias de tortura.
El ministro de salud de Israel dijo el 28 de febrero, después de examinar los nuevos hallazgos de la autopsia, que no había pruebas de que Jaradat hubiera sufrido abusos físicos o lo hubieran envenenado, tampoco fue posible determinar la causa de su muerte.
en un primer momento las autoridades israelíes atribuyeron su muerte a un ataque al corazón y agregaron que las costillas rotas y las contusiones eran "consecuencias características de la reanimación que le proporcionaron el equipo médico del Servicio de Prisiones de Israel y el Magen David Adom durante 50 minutos en un esfuerzo por salvar su vida".
Muestras adicionales tomadas del cuerpo estaban todavía en fase de pruebas microscópicas y de toxicología y los resultados debían tardar varias semanas. "Las señales que aparecieron durante la autopsia muestran claramente que fue sometido a graves torturas que lo llevaron inmediatamente a su muerte", dijo Issa Qaraka, el ministro palestino de Asuntos de Prisioneros, en una conferencia de prensa en Ramala después de ser informado por el patólogo palestino que asistió a la autopsia.
Kamil Sabbagh, abogado Jaradat, dijo a un juez militar israelí un par de días antes de la muerte de su cliente que le obligaban a sentarse durante los largos períodos de los interrogatorios, se había quejado de dolor de espalda, y parecía aterrorizado por volver al centro de detención del Shin Bet, donde estaba detenido. El juez ordenó un examen realizado por un médico de la prisión. Jaradat murió en la prisión de Megiddo y no se sabe cuándo lo trasladaron allí.
Derek Summerfield, un profesor honorario de alta graduación en la Universidad del Instituto de Psiquiatría de Londres y activista contra lo que calificó de violaciones de los derechos humanos de los médicos israelíes, dice que quería saber qué participación tuvieron los médicos en las circunstancias de la muerte Jaradat. "Por propia admisión de Israel, Jaradat fue visto por médicos israelíes dos días antes y lo encontraron en buen estado de salud. La cuestión ética médica clave es para qué fue examinado por estos médicos, si fue para evaluar si podría soportar la tortura", dijo a The Lancet. "Esto es precisamente lo que contempla la campaña que se puso en marcha en 2009 y que sigue funcionando en cuanto a la colusión médica con la tortura en Israel".
El IMA, dijo en un comunicado: "El IMA objeta fervorosamente la afirmación de que los profesionales médicos están implicados en torturas o malos tratos y vamos a seguir haciendo todo lo posible con las herramientas a nuestra disposición para informar a los médicos acerca de su obligación de informar y conducirse adecuadamente".
El IMA y las organizaciones de derechos humanos han pedido que la responsabilidad de la salud de los reclusos se quite del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y se entregue a un organismo exterior, tales como organizaciones de mantenimiento de salud (HMO) o al Ministerio de Salud, que hace un año estableció un comité permanente para que los médicos puedan denunciar sospechas de tortura. "Es cierto que cada médico tiene un conflicto de intereses entre el paciente y el sistema de las HMO y también en el ejército", dijo al periódico Haaretz Avinoam Reches, que dirige la Junta Ética del IMA. "Pero en el caso del IPS -siglas del sistema penitenciario israelí- el problema es grave porque el tratamiento se administra a personas que no tienen ninguna libertad de elección".
Los palestinos y los grupos de derechos humanos exigieron una investigación independiente sobre la muerte Jaradat.

APARECE PRUEBA: EL DIABLO JUNTO AL PAPA (VIDEO)


humor politico de salon...

Van en avión... el ministro de hacienda Cristobal Montoro, el de economia Luis de Guindos, la alcaldesa Ana Botella y el presidente Mariano Rajoy, sobrevuelan España en un jet... 
Montoro se vuelve a De Guindos y con chuleria le dice.. Sabes? Yo podría tirar un billete de 500€ x la ventanilla y hacer muy feliz a una persona... 
De Guindos le contesta... Y yo podría tirar 10 billetes de 50€ y hacer felices a 10 personas...
 Para no ser menos Botella añade... Y yo podría tirar 100 billetes de 5€ y hacer felices a 100 personas.. 
Rajoy entrando al juego dice... Pues yo podría tirar 500 monedas de 1€ y hacer felices a 500 personas.
 Pepe, el piloto suspira y le dice a Antonia, la copiloto... Oyes a esta panda de prepotentes de aki detras?? 
No se les ocurre pensar que yo podría tirar a 4 hijos de puta por la ventanilla y hacer felices a millones de personas....

Eliminatorias al Mundial Brasil 2014

#EquipoPts.PJPGPEPPGFGCGD
1Argentina2310721237+16
2Colombia199612196+13
3Ecuador179522129+3
4Uruguay13103431719-2
5Venezuela1210334812-4
6Chile12104061419-5
7Perú11103251115-4
8Bolivia8102261219-7
9Paraguay810226717-10

La protesta ya ha llegado hasta la puerta de los políticos

La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la cúpula del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid. El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas.
El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí  estaba. “Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren manifestaciones frente a sus casas.
¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa.
El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”, explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.
Esta modalidad de queja nace en Argentina tras las leyes de punto final
España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense.
¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.
La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.
Los diputados
no responden directamente
ante sus votantes
La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver.
Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67% desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.
Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”.
“El verdadero sufrimiento es el de los afectados por la crisis”, dice Jordi Mir
La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.
Es legítima si es pacífica y no viola el espacio privado, dice Victoria Camps
Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.
Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gràcia de Barcelona.
“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de espacios para el debate político más allá de las elecciones”.
Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas”.
Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.

Feijóo aún se aferra al arbitraje para contener la ira de los preferentistas

Con las plataformas de afectados por las preferentes sulfuradas tras el anuncio de que la quita que el FROB prevé para sus ahorros será del 43% de media, la Xunta se agarra todavía al arbitraje para tratar de calmar las aguas y que la presión de las plataformas de afectados no llegue al estallido. “La Administración autonómica seguirá trabajando en defensa de las familias que fueron engañadas, instando a la entidad bancaria a continuar aceptando casos para que puedan ser solucionados por la vía del arbitraje”, repitió en un comunicado el Gobierno autónomo tras conocerse el recorte. Las plataformas no se conforman y anuncian que seguirán acudiendo a protestar allí donde estén Alberto Núñez Feijóo y los demás responsables del PP gallego. Hoy será en Silleda, adonde el partido trasladó a última hora su congreso provincial, previsto inicialmente en Pontevedra, ante el anuncio de que allí pensaban confluir afectados de toda Galicia.
 La Xunta se refugia en los algo menos de 15.000 laudos arbitrales favorables emitidos desde julio del año pasado como garantía de su compromiso, pero los afectados reniegan. De entrada, no acaban de conseguir que el Novagalicia Banco les revele qué criterios ha seguido exactamente para aceptar las solicitudes y todavía duele el parón que sufrieron los laudos tras las elecciones autonómicas de octubre. Una semana después de los comicios, NGB había aceptado 9.000 peticiones. Entonces habían pasado apenas tres meses desde el inicio de los procedimientos de arbitraje, publicitados a bombo y platillo como la solución definitiva. Casi cinco meses tras esa fecha el banco ha tramitado, a un ritmo sensiblemente más lento, 5.500 solicitudes más de las 56.000 que Luis de Guindos dijo ayer que hay registradas en total. Es decir, que de los 75.000 afectados que se estima que hay en la comunidad, el arbitraje solo ha ayudado a la quinta parte.
En el PP gallego, la inquietud crece por momentos. Conselleiros y alcaldes dudan estos días entre mostrarse comprensivos con el drama de los afectados o molestos por el aumento de la presión que ejercen y que ha llevado a la parálisis a varios municipios en el sur de Pontevedra. Tanto Feijóo como el vicepresidente Rueda ocultaron su agenda de ayer hasta el último momento, en un intento de esquivar a los afectados y su estruendo inclemente en sendos actos en Baiona y Meaño. No lo consiguieron.
El intento de regate fue más evidente aún en Pontevedra, donde el PP llevaba preparando meses el congreso para la reelección de Rafael Louzán como líder provincial y que ayer se decidió trasladar al recinto de la Semana Verde de Silleda, donde es mucho más sencillo establecer controles de acceso que en las calles del centro urbano pontevedrés. Louzán ha quedado marcado además, como el máximo antagonista de las plataformas desde que empezó a hablar de los afectados como de “comandos”.
El propio presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra reconoció que el cambio de sede se llevaba rumiando desde hace días pero que solo se concretó el jueves. “La comisión organizadora tomó la decisión para que no hubiera problemas de orden público”, justificó el líder provincial de los populares, que previsiblemente será reelegido hoy. Acto seguido reiteraba que manifestarse es “legítimo, porque estamos ante una estafa a miles de personas”. Admitió, en cualquier caso, que “seguramente” haya afectados que aparecerán hoy en Silleda. Varias plataformas cambiaban sus planes de viaje ayer para confluir con los populares. “Nos costará más dinero el autobús, pero iremos igual”, señalaba un afectado del sur de la provincia.
Recién enterado de la quita, Xulio Vicente, portavoz de los afectados de O Rosal y una de las caras más visibles del hartazgo de los perjudicados con el Gobierno clamaba por teléfono: “Estos tipos están locos”. Para el portavoz, la aplicación del recorte sería una “desvergüenza” que todavía confía en evitar, y lo único que ha hecho el FROB con su anuncio es “ponerle el nombre al robo”. “Espero que haya algo de sentido común”, terminaba, incrédulo.

El monto del rescate de Chipre se dispara ya a 20.000 millones de euros

“La quita o impuesto sobre los depósitos de Chipre es una barbaridad propia de descerebrados”, resume uno de los principales asesores económicos del anterior Gobierno de Zapatero. La crisis chipriota ha puesto patas arriba el euro. Un país con una población algo mayor que la de Valencia y con una economía que supone el 0,2% del PIB de la eurozona ha desenterrado el miedo, el tan temido efecto contagio, justo cuando parecía que había una opción de que las cosas volvieran a cierta normalidad.
Rusia certificó ayer que se niega a echarle una mano a Nicosia y los socios del euro debatían al cierre de esta edición el plan B del Gobierno de Nikos Anastasiades, que de momento no convence a casi nadie. Las conversaciones están bloqueadas y el ultimátum del BCE deja tiempo hasta el lunes. Todo está en el aire, incluso las peores opciones imaginables. Aunque lo normal es que las aguas vayan volviendo —relativamente— a su cauce si el eurobanco consigue encapsular en la isla los problemas e impedir que crucen hacia Grecia.
Fuentes europeas y del Gobierno de Nicosia explicaron que lo más probable es que haya un acuerdo a lo largo del fin de semana para limitar el inventario de daños. Finalmente, ganan opciones la posibilidad de dejar fuera del castigo a los depósitos asegurados, y de hacer pagar parte de la factura a los acreedores de los grandes bancos, que serán duramente reestructurados. Pero el destrozo causado por la incertidumbre en la última semana es sensacional: según fuentes europeas, Bruselas estudia elevar el monto total del rescate en torno a los 20.000 millones. Y reclama imponer sine die controles de capital para evitar una fuga de dinero.
Un banco griego absorberá a las filiales chipriotas en el país
El Eurogrupo aprobó el pasado sábado un rescate de 10.000 millones, al que Chipre tenía que aportar 5.800 millones más procedentes de los depósitos y otros 1.400 millones con quitas a la deuda privada de peor calidad; 17.000 millones en total. Esa cifra se ha quedado vieja: Bruselas sigue exigiendo su parte a Nicosia, pero puede que los socios del euro tengan que rascarse algo más el bolsillo. “Cada día que pase y persista la incertidumbre va a suponer una cifra superior”, según fuentes comunitarias. Hace falta más dinero y un cortafuegos creíble: a pesar de los controles de capital, el BCE se va a ver obligado a intervenir una vez se firme el rescate para desactivar cualquier contagio, con Grecia como víctima propiciatoria. “Si la fuga de capitales empezara en el continente y hubiera que establecer controles de capitales en Grecia, el peor de los escenarios tendría muchas posibilidades de hacerse realidad”, según las mismas fuentes.
Todo son líneas rojas en Chipre. La canciller alemana, Angela Merkel, considera que Nicosia debe presentar urgentemente el plan de rescate alternativo, y que en ningún caso puede incluir la participación de los fondos de pensiones nacionales. El Gobierno chipriota había preparado un plan B con tres patas fundamentales. Una: la división de sus grandes entidades financieras en un banco bueno y un banco malo, con los depósitos de más de 100.000 euros en el bueno, y la recapitalización del resto de bancos para rebajar la factura en 2.300 millones. Dos: la creación de un fondo de solidaridad con activos del Estado, la Iglesia, los fondos de pensiones, las reservas de oro y los derechos sobre el gas, que podrían suponer en torno a 2.500 millones. Y tres: 1.000 millones más con un gravamen sobre los depósitos, pero solo en las cuentas no aseguradas, de más de 100.000 euros. Ni a Bruselas ni a los socios europeos les convencían varios aspectos de ese plan. En la capital europea se confirmó una reunión urgente del Eurogrupo el domingo.

El impuesto sobre los grandes depósitos, la clave

La crisis de Chipre se empeña en volver una y otra vez a la casilla de salida. Después de que el Parlamento rechazara la quita a los ahorros impuesta por Europa, los gobernantes chipriotas han buscado estos días vías alternativas para encontrar los 5.800 millones que necesitan urgentemente. Pero la realidad es tozuda y las terceras vías buscadas —ayuda procedente de Moscú o el citado fondo de solidaridad— se han revelado inútiles. Precisamente ayer, el Parlamento aprobó ese fondo y los controles de capitales que le exige la UE. Pero el Gobierno chipriota trabajaba aún en definir el impuesto sobre los depósitos, siempre con la condición de respetar a los ahorradores con menos de 100.000 euros, según confirmó a este diario el ministro de Finanzas, Mijailis Sarris.
Gravando solo los grandes depósitos con el 10% las cuentas no cuadran
Sigue ganando peso la opción de que el presidente del país, Nikos Anastasiadis, tenga que dar marcha atrás otra vez. Anastasiadis se había opuesto como gato panza arriba la semana pasada en Bruselas a elevar por encima del 10% la quita sobre las grandes fortunas. Por eso en la negociación con el Eurogrupo se llegó a esa cifra mágica del 9,99%. Pero a pesar de toda la imaginación de las autoridades de la isla, las cuentas no cuadran y hace falta elevar la tasa si los pequeños ahorradores no pagan nada. Una fuente citada por el diario Cyprus Mail señala que el porcentaje final del gravamen para los depósitos no asegurados será finalmente superior al 10%. “Una tasa sobre los que tengan más de 100.000 euros está claramente sobre la mesa”, abundó el ministro Sarris.
A falta de un salvavidas —“un mesías”, pedía ayer una fuente del Gobierno chipriota—, Grecia echó ayer una mano a la isla. Piraeus Bank absorberá las filiales de los bancos chipriotas en Grecia, según anunció el Fondo de Estabilidad Financiera heleno, con objeto de “salvaguardar los depósitos y la estabilidad del sistema bancario griego y para que haya una contribución griega a los intentos de Chipre de salir de la crisis”, según un comunicado del Ejecutivo chipriota. La quita sobre la deuda pública griega precipitó el principio del fin de Chipre, de su sistema financiero hipertrofiado ante las facilidades para lavar dinero ruso. El primer muletazo a Nicosia llegó de Atenas. Quedan dos fundamentales: el acuerdo con el Eurogrupo en Bruselas y, sobre todo, los manguerazos del BCE desde Fráncfort cuando llegue el momento.

¡Qué pálida!: se escaparon dos puntos

El fútbol tiene esas cosas casi inexplicables. Situaciones que se repiten, que favorecen los argumentos de aquellos que manejan estadísticas. Hay noches que parecen estár predestinadas, como si hubiera una fuerza superior que determinara que se haga lo que se haga la historia tendrá el mismo final.
Y es una pálida. Cruel. Muchas veces injusta. Como anoche, donde no ganó el mejor. Donde volvió a repetirse la misma película de la primera rueda, porque Paraguay perdía el partido y lo terminó empatando de manera agónica. Cuando las agujas del reloj avanzaban al paso que más le convenía a Uruguay, vino ese mazazo al alma. Ese tanto que frustra la ilusión de sumar tres puntos importantísimos para la tabla.
Pega, castiga y de manera poco creíble. La verdad es que la Albirroja vino a defenderse, a cerrar los espacios y el plan debió desmoronársele.
No quedan dudas de ello, porque Uruguay, aunque por momentos no estuvo muy preciso, trabajó el partido para ganarlo. Llegó con riesgo al arco de Barreto y mereció tener mejor suerte. Mucho más si se tiene en cuenta que el juez se comió un penalazo a Edinson Cavani.
Bien posicionado en la cancha, controlando los movimientos de Paraguay, teniendo a Nicolás Lodeiro como usina generadora de la energía futbolística, Uruguay consiguió que el partido se jugara lo más lejos posible del arco de Fernando Muslera. Y, por contrapartida, buscó tirar con toda la metralla posible hacia el fondo guaraní.
No fue sencillo. Sobre todo porque faltó mayor penetración por los costados, porque el "Cebolla" Rodríguez no estuvo tan potente como en otras contiendas y al "Mono" Pereira le cerraron muy bien el paso. Igual hubo acciones de gol. Y la sensación de que era posible quebrar la resistencia aparecía cuando se quebraba la primera línea de cuatro jugadores.
Del otro lado, el pecado de Uruguay estuvo en cometer demasiadas infracciones en las inmediaciones de su área. Un Muslera firme y seguro, más la reiteradas equivocaciones del visitante en la ejecución permitieron que el marcador no se moviera. Y eso que algún que otro contragolpe dejó el corazón en la boca.
La segunda mitad entregó mejores imágenes de la producción colectiva de Uruguay. Mayor cantidad de toques cortos, buen diálogo futbolístico entre Lodeiro, Suárez, Forlán, Ramírez generaron minutos de un ataque más agresivo.
Parecía que el gol iba a venir. Hubo hasta pequeños períodos en los que Paraguay se mostró contrariado por no poder salir del ahogo.
Sin embargo, la noche avanzaba y Barreto seguía siendo figura. O siendo testigo de la manera en la que sus adversarios desperdiciaban una buena ocasión para derrotarlo.
El vuelo ante el tiro combado de Lodeiro y la pelota que pifió Cavani fueron claros ejemplos de ello.
Pero lo increíble es que el gol apareció. Que hubo recompensa para la paciencia. Centro de Lodeiro y definición cruzada de Suárez para el 1-0 cuando el reloj dijo que iban 81 minutos de juego.
Ahí debió nacer el grito del guarda que anuncia que hay que emprender el viaje. Sí, con el 1-0 a falta de poco más de diez minutos (con los descuentos) el "cerrá y vamos" debió emerger con mayor fuerza que nunca.
Ya no podía recibirse otro castigo como ante el propio Paraguay en Asunción. No era justo con el trámite, con la manera en la que se dieron las acciones.
Pero el fútbol es fútbol. Es el encanto que tiene, aunque a veces más que encanto es maldito. Como anoche, que otra vez se van dos puntos del Centenario cuando se moría el cotejo.
Qué pálida. Y otra vez ante Paraguay.

Las cifras

2

Puntos de los últimos 15 que disputó por las Eliminatorias de Brasil 2014 es lo que ganó Uruguay.

31

Goles con la camiseta celeste ya suma Luis Suárez. Está a dos tantos de Diego Forlán.

El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina

Más de 150 familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.
La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
La juez decidirá tras tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que viven en España
La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.
Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio país.
La causa afecta a los políticos Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez
A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.
Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.
La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil.