sábado, 23 de marzo de 2013
Chipre también debe salir del euro
Diario 16
Con Chipre se pone
una vez más en evidencia que el euro es insostenible. Carece de moral y
de sensatez que un país soberano haya quedado maniatado sin poder
llevar a cabo, para el bienestar de sus ciudadanos, políticas monetarias
y fiscales expansivas, cuando son estas las que se necesitan
desesperadamente durante una recesión.
Es ilógico que en Europa
se estén cambiando crisis financieras por crisis humanas que dejan
numerosas familias hambrientas y millones de desempleados cayendo bajo
el umbral de la pobreza día a día. Se supone que los cargos políticos –a
través de los que se debe gestionar políticas para influir
positivamente en la vida de las personas– han de haber sido electos
democráticamente.
Tal vez uno de los problemas sea precisamente
ese, la vacua democracia en las instituciones que ahora mismo deciden
cómo engancharle a Chipre esa garrapata que ya ha pasado por la espalda
de España, Portugal, Grecia, entre otros. Mario Draghi, presidente del
Banco Central Europeo (BCE), no fue votado por la población europea; sin
embargo, dirige la institución que maneja la política monetaria de los
17 países de la eurozona. La llamada Troika (Comisión Europea, BCE y el
Fondo Monetario Internacional) se reúne para determinar los ajustes
estructurales a los que someterán a los débiles países de la zona euro.
Para los estudiosos que llevan décadas teorizando acerca de la
denominada “participación ciudadana”, los mecanismos adoptados por la
Unión Europea resultan insultantes, pues constituyen espacios de
decisión que afectan a millones de personas, pero que carecen de
legitimidad y transparencia.
Así, la eurozona se ha ido
complejizando, a la vez que mostraba su opacidad y carácter inhumano.
Los partidos presentan promesas electorales porque su objetivo es ser
votados; y los partidos se esforzarán –más o menos– en cumplir sus
ofrecimientos para ser reelectos. Por ejemplo, el Sr. Draghi, al no
pertenecer a ningún partido, tampoco tiene que rendirle cuentas, y menos
aún ha presentado promesas ante los ciudadanos. Si el Sr. Draghi tiene
un partido en la intimidad, sería algo similar a la banca de inversiones
Goldman Sachs –mundialmente conocida al iniciar la crisis de 2008 en
EEUU–, en la que ocupó el cargo de vicepresidente por Europa hace
algunos años. Quizá son grupos como estos bajo los que están sometidos
cargos de decisión en la zona euro, pues resulta absurdo pensar que las
medidas de ajuste adoptadas busquen el bienestar ciudadano y el apoyo de
la población.
Si los países masacrados por la Troika –con
exigencias de austeridad a cambio de liquidez– dejasen el euro y
recobrasen la autonomía de sus monedas, podrían llevar a cabo una
política fiscal expansiva, es decir, ampliar el gasto público reduciendo
el desempleo y moviendo la economía. Si tuviesen autonomía en su
política monetaria, podría pedir prestado a su propio banco central sin
tener que pagar interés alguno.
Chipre es un síntoma más de que
la zona euro es indefendible, y es una señal más de que las condiciones
impuestas para inyectar liquidez son despiadadas, ciegas ante el
sufrimiento humano. El gobierno chipriota se opone al “robo a mano
armada” del 6.75% de los ahorros de todos los que tengan más de 20 mil
euros y menos de 100 mil en el banco, un ataque a la propiedad privada,
dicen unos, una injusta socialización de la estafa, decimos otros.
Médicos israelíes acusados de cómplices de tortura
The Lancet
| Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R. |
Surgen preguntas
sobre la participación de los médicos israelíes en la presunta tortura
de un joven palestino detenido que murió bajo custodia el mes pasado.
La
muerte de un prisionero palestino en una prisión israelí en
circunstancias controvertidas ha vuelto a encender una antigua
controversia sobre la complicidad médica en la tortura, así como la
renovada ira palestina por los aproximadamente 4.600 prisioneros en
poder de Israel.
La Asociación Médica Israelí (IMA) negó que los
profesionales médicos estuvieran implicados en torturas o malos tratos y
dijo que hasta donde sabía, la tortura no ha sido aprobada o utilizada
por las fuerzas de seguridad o de las prisiones israelíes. Sin embargo,
los activistas de derechos humanos dicen que los presos palestinos han
sufrido por mucho tiempo de palizas, privación del sueño, dolorosas y
prolongadas situaciones de manos esposadas, humillación y negligencia
médica, que se consideran torturas según los estándares internacionales.
Arafat
Jaradat, un encargado de una gasolinera de 30 años, con dos hijos, fue
detenido el 18 de febrero bajo sospecha de lanzar piedras y cócteles
molotov durante una manifestación en Cisjordania celebrada el pasado mes
de noviembre contra la acción militar israelí en la Franja de Gaza. Los
palestinos dicen que su detención, meses después de la manifestación, y
su interrogatorio forman parte de una política de larga data de Israel
para obligar a los prisioneros a convertirse en informantes después de
su liberación.
Los líderes palestinos dicen que unos 800 000
palestinos han sido detenidos por las fuerzas israelíes desde 1967, y
Jaradat fue el prisionero número 203 muerto, tras varios días de
interrogatorio del servicio israelí de seguridad interior Shin Bet, el
23 de febrero en la prisión israelí de Megiddo. La autopsia se llevó a
cabo al día siguiente en el Instituto israelí de Medicina Forense en
presencia de Aloul Saber, patólogo jefe de la Autoridad Palestina, quien
dijo que los moretones del cuerpo eran evidencias de tortura.
El
ministro de salud de Israel dijo el 28 de febrero, después de examinar
los nuevos hallazgos de la autopsia, que no había pruebas de que Jaradat
hubiera sufrido abusos físicos o lo hubieran envenenado, tampoco fue
posible determinar la causa de su muerte.
en un primer momento las
autoridades israelíes atribuyeron su muerte a un ataque al corazón y
agregaron que las costillas rotas y las contusiones eran "consecuencias
características de la reanimación que le proporcionaron el equipo médico
del Servicio de Prisiones de Israel y el Magen David Adom durante 50
minutos en un esfuerzo por salvar su vida".
Muestras adicionales
tomadas del cuerpo estaban todavía en fase de pruebas microscópicas y de
toxicología y los resultados debían tardar varias semanas. "Las señales
que aparecieron durante la autopsia muestran claramente que fue
sometido a graves torturas que lo llevaron inmediatamente a su muerte",
dijo Issa Qaraka, el ministro palestino de Asuntos de Prisioneros, en
una conferencia de prensa en Ramala después de ser informado por el
patólogo palestino que asistió a la autopsia.
Kamil Sabbagh,
abogado Jaradat, dijo a un juez militar israelí un par de días antes de
la muerte de su cliente que le obligaban a sentarse durante los largos
períodos de los interrogatorios, se había quejado de dolor de espalda, y
parecía aterrorizado por volver al centro de detención del Shin Bet,
donde estaba detenido. El juez ordenó un examen realizado por un médico
de la prisión. Jaradat murió en la prisión de Megiddo y no se sabe
cuándo lo trasladaron allí.
Derek Summerfield, un profesor
honorario de alta graduación en la Universidad del Instituto de
Psiquiatría de Londres y activista contra lo que calificó de violaciones
de los derechos humanos de los médicos israelíes, dice que quería saber
qué participación tuvieron los médicos en las circunstancias de la
muerte Jaradat. "Por propia admisión de Israel, Jaradat fue visto por
médicos israelíes dos días antes y lo encontraron en buen estado de
salud. La cuestión ética médica clave es para qué fue examinado por
estos médicos, si fue para evaluar si podría soportar la tortura", dijo a
The Lancet. "Esto es precisamente lo que contempla la campaña
que se puso en marcha en 2009 y que sigue funcionando en cuanto a la
colusión médica con la tortura en Israel".
El IMA, dijo en un
comunicado: "El IMA objeta fervorosamente la afirmación de que los
profesionales médicos están implicados en torturas o malos tratos y
vamos a seguir haciendo todo lo posible con las herramientas a nuestra
disposición para informar a los médicos acerca de su obligación de
informar y conducirse adecuadamente".
El IMA y las organizaciones
de derechos humanos han pedido que la responsabilidad de la salud de los
reclusos se quite del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y se
entregue a un organismo exterior, tales como organizaciones de
mantenimiento de salud (HMO) o al Ministerio de Salud, que hace un año
estableció un comité permanente para que los médicos puedan denunciar
sospechas de tortura. "Es cierto que cada médico tiene un conflicto de
intereses entre el paciente y el sistema de las HMO y también en el
ejército", dijo al periódico Haaretz Avinoam Reches, que dirige
la Junta Ética del IMA. "Pero en el caso del IPS -siglas del sistema
penitenciario israelí- el problema es grave porque el tratamiento se
administra a personas que no tienen ninguna libertad de elección".
Los palestinos y los grupos de derechos humanos exigieron una investigación independiente sobre la muerte Jaradat.
La protesta ya ha llegado hasta la puerta de los políticos
La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar
de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa
Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento
personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la cúpula
del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid.
El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del
mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del
presidente del Gobierno, Jorge Moragas.
El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons,
vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no
estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí estaba. “Entraron en
el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45
minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de
los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se
trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró
ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen
para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los
jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a
señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de
forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas
actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a
los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren
manifestaciones frente a sus casas.
¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo
democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones
ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el
aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor
de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de
Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la
presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una
“señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy
diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando
al timbre de su casa.
El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica
evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros
fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían
juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los
señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era
legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”,
explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos
sociales de la Universitat Pompeu Fabra.
España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y
solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder
Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de
miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las
movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de
la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de
que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología
Social de la Complutense.
¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil
apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho
nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo
reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.
La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un
ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos
límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía
pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros
representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su
derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.
La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no
haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que
sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido
elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante
el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al
político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y
vecinos”, que nada tienen que ver.
Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67%
desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre
votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de
Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por
qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un
riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas
campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen.
Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como
culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que
reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.
Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del
orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el
verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el
desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos
sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que
detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la
altura de la situación de crisis que vivimos”.
La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta
controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que
se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin
embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis
que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las
personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El
politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que
antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de
echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo
privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de
la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los
límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado
de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino
la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público
mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la
plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”,
pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.
Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas,
los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho
de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes
supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.
Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay
acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como
ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer,
200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de
Gràcia de Barcelona.
“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser
legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no
siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los
jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los
escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos
jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten
representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las
autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de
espacios para el debate político más allá de las elecciones”.
Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde
hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una
cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los
primeros en quebrantar las cosas”.
Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha
traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a
este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso
Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la
que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido
situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que,
ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la
dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La
número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo
declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la
gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la
violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
Feijóo aún se aferra al arbitraje para contener la ira de los preferentistas
Con las plataformas de afectados por las preferentes sulfuradas tras
el anuncio de que la quita que el FROB prevé para sus ahorros será del
43% de media, la Xunta se agarra todavía al arbitraje para tratar de
calmar las aguas y que la presión de las plataformas de afectados no
llegue al estallido. “La Administración autonómica seguirá trabajando en
defensa de las familias que fueron engañadas, instando a la entidad
bancaria a continuar aceptando casos para que puedan ser solucionados
por la vía del arbitraje”, repitió en un comunicado el Gobierno autónomo
tras conocerse el recorte. Las plataformas no se conforman y anuncian
que seguirán acudiendo a protestar allí donde estén Alberto Núñez Feijóo
y los demás responsables del PP gallego. Hoy será en Silleda, adonde el
partido trasladó a última hora su congreso provincial, previsto
inicialmente en Pontevedra, ante el anuncio de que allí pensaban
confluir afectados de toda Galicia.
La Xunta se refugia en los algo menos de 15.000 laudos arbitrales
favorables emitidos desde julio del año pasado como garantía de su
compromiso, pero los afectados reniegan. De entrada, no acaban de
conseguir que el Novagalicia Banco les revele qué criterios ha seguido
exactamente para aceptar las solicitudes y todavía duele el parón que
sufrieron los laudos tras las elecciones autonómicas de octubre. Una
semana después de los comicios, NGB había aceptado 9.000 peticiones.
Entonces habían pasado apenas tres meses desde el inicio de los
procedimientos de arbitraje, publicitados a bombo y platillo como la
solución definitiva. Casi cinco meses tras esa fecha el banco ha
tramitado, a un ritmo sensiblemente más lento, 5.500 solicitudes más de
las 56.000 que Luis de Guindos dijo ayer que hay registradas en total.
Es decir, que de los 75.000 afectados que se estima que hay en la
comunidad, el arbitraje solo ha ayudado a la quinta parte.
En el PP gallego, la inquietud crece por momentos. Conselleiros y
alcaldes dudan estos días entre mostrarse comprensivos con el drama de
los afectados o molestos por el aumento de la presión que ejercen y que
ha llevado a la parálisis a varios municipios en el sur de Pontevedra.
Tanto Feijóo como el vicepresidente Rueda ocultaron su agenda de ayer
hasta el último momento, en un intento de esquivar a los afectados y su
estruendo inclemente en sendos actos en Baiona y Meaño. No lo
consiguieron.
El intento de regate fue más evidente aún en Pontevedra, donde el PP
llevaba preparando meses el congreso para la reelección de Rafael Louzán
como líder provincial y que ayer se decidió trasladar al recinto de la
Semana Verde de Silleda, donde es mucho más sencillo establecer
controles de acceso que en las calles del centro urbano pontevedrés.
Louzán ha quedado marcado además, como el máximo antagonista de las
plataformas desde que empezó a hablar de los afectados como de
“comandos”.
El propio presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra
reconoció que el cambio de sede se llevaba rumiando desde hace días pero
que solo se concretó el jueves. “La comisión organizadora tomó la
decisión para que no hubiera problemas de orden público”, justificó el
líder provincial de los populares, que previsiblemente será reelegido
hoy. Acto seguido reiteraba que manifestarse es “legítimo, porque
estamos ante una estafa a miles de personas”. Admitió, en cualquier
caso, que “seguramente” haya afectados que aparecerán hoy en Silleda.
Varias plataformas cambiaban sus planes de viaje ayer para confluir con
los populares. “Nos costará más dinero el autobús, pero iremos igual”,
señalaba un afectado del sur de la provincia.
Recién enterado de la quita, Xulio Vicente, portavoz de los afectados
de O Rosal y una de las caras más visibles del hartazgo de los
perjudicados con el Gobierno clamaba por teléfono: “Estos tipos están
locos”. Para el portavoz, la aplicación del recorte sería una
“desvergüenza” que todavía confía en evitar, y lo único que ha hecho el
FROB con su anuncio es “ponerle el nombre al robo”. “Espero que haya
algo de sentido común”, terminaba, incrédulo.
El monto del rescate de Chipre se dispara ya a 20.000 millones de euros
“La quita o impuesto sobre los depósitos de Chipre es una barbaridad
propia de descerebrados”, resume uno de los principales asesores
económicos del anterior Gobierno de Zapatero. La crisis chipriota ha
puesto patas arriba el euro. Un país con una población algo mayor que la
de Valencia y con una economía que supone el 0,2% del PIB de la
eurozona ha desenterrado el miedo, el tan temido efecto contagio, justo
cuando parecía que había una opción de que las cosas volvieran a cierta
normalidad.
Rusia certificó ayer que se niega a echarle
una mano a Nicosia y los socios del euro debatían al cierre de esta
edición el plan B del Gobierno de Nikos Anastasiades, que de momento no
convence a casi nadie. Las conversaciones están bloqueadas y el ultimátum del BCE deja tiempo hasta el lunes. Todo está en el aire, incluso las peores opciones imaginables.
Aunque lo normal es que las aguas vayan volviendo —relativamente— a su
cauce si el eurobanco consigue encapsular en la isla los problemas e
impedir que crucen hacia Grecia.
Fuentes europeas y del Gobierno de Nicosia explicaron que lo más
probable es que haya un acuerdo a lo largo del fin de semana para
limitar el inventario de daños. Finalmente, ganan opciones la
posibilidad de dejar fuera del castigo a los depósitos asegurados, y de
hacer pagar parte de la factura a los acreedores de los grandes bancos,
que serán duramente reestructurados. Pero el destrozo causado por la
incertidumbre en la última semana es sensacional: según fuentes
europeas, Bruselas estudia elevar el monto total del rescate en torno a
los 20.000 millones. Y reclama imponer sine die controles de capital
para evitar una fuga de dinero.
El Eurogrupo aprobó el pasado sábado un rescate de 10.000 millones,
al que Chipre tenía que aportar 5.800 millones más procedentes de los
depósitos y otros 1.400 millones con quitas a la deuda privada de peor
calidad; 17.000 millones en total. Esa cifra se ha quedado vieja:
Bruselas sigue exigiendo su parte a Nicosia, pero puede que los socios
del euro tengan que rascarse algo más el bolsillo. “Cada día que pase y
persista la incertidumbre va a suponer una cifra superior”, según
fuentes comunitarias. Hace falta más dinero y un cortafuegos creíble: a
pesar de los controles de capital, el BCE se va a ver obligado a
intervenir una vez se firme el rescate para desactivar cualquier
contagio, con Grecia como víctima propiciatoria. “Si la fuga de
capitales empezara en el continente y hubiera que establecer controles
de capitales en Grecia, el peor de los escenarios tendría muchas
posibilidades de hacerse realidad”, según las mismas fuentes.
Todo son líneas rojas en Chipre. La canciller alemana, Angela Merkel, considera que Nicosia debe presentar urgentemente el plan de rescate alternativo,
y que en ningún caso puede incluir la participación de los fondos de
pensiones nacionales. El Gobierno chipriota había preparado un plan B
con tres patas fundamentales. Una: la división de sus grandes entidades
financieras en un banco bueno y un banco malo, con los depósitos de más
de 100.000 euros en el bueno, y la recapitalización del resto de bancos
para rebajar la factura en 2.300 millones. Dos: la creación de un fondo
de solidaridad con activos del Estado, la Iglesia, los fondos de
pensiones, las reservas de oro y los derechos sobre el gas, que podrían
suponer en torno a 2.500 millones. Y tres: 1.000 millones más con un
gravamen sobre los depósitos, pero solo en las cuentas no aseguradas, de
más de 100.000 euros. Ni a Bruselas ni a los socios europeos les
convencían varios aspectos de ese plan. En la capital europea se confirmó una reunión urgente del Eurogrupo el domingo.
El impuesto sobre los grandes depósitos, la clave
La crisis de Chipre se empeña en volver una y otra vez a la casilla
de salida. Después de que el Parlamento rechazara la quita a los ahorros
impuesta por Europa, los gobernantes chipriotas han buscado estos días
vías alternativas para encontrar los 5.800 millones que necesitan
urgentemente. Pero la realidad es tozuda y las terceras vías buscadas
—ayuda procedente de Moscú o el citado fondo de solidaridad— se han
revelado inútiles. Precisamente ayer, el Parlamento aprobó ese fondo y
los controles de capitales que le exige la UE. Pero el Gobierno
chipriota trabajaba aún en definir el impuesto sobre los depósitos,
siempre con la condición de respetar a los ahorradores con menos de
100.000 euros, según confirmó a este diario el ministro de Finanzas,
Mijailis Sarris.
Sigue ganando peso la opción de que el presidente del país, Nikos
Anastasiadis, tenga que dar marcha atrás otra vez. Anastasiadis se había
opuesto como gato panza arriba la semana pasada en Bruselas a elevar
por encima del 10% la quita sobre las grandes fortunas. Por eso en la
negociación con el Eurogrupo se llegó a esa cifra mágica del 9,99%. Pero
a pesar de toda la imaginación de las autoridades de la isla, las
cuentas no cuadran y hace falta elevar la tasa si los pequeños
ahorradores no pagan nada. Una fuente citada por el diario Cyprus Mail señala que el porcentaje final del gravamen para los depósitos no asegurados será finalmente superior al 10%. “Una tasa sobre los que tengan más de 100.000 euros está claramente sobre la mesa”, abundó el ministro Sarris.
A falta de un salvavidas —“un mesías”, pedía ayer una fuente del
Gobierno chipriota—, Grecia echó ayer una mano a la isla. Piraeus Bank
absorberá las filiales de los bancos chipriotas en Grecia, según anunció
el Fondo de Estabilidad Financiera heleno, con objeto de “salvaguardar
los depósitos y la estabilidad del sistema bancario griego y para que
haya una contribución griega a los intentos de Chipre de salir de la
crisis”, según un comunicado del Ejecutivo chipriota. La quita sobre la
deuda pública griega precipitó el principio del fin de Chipre, de su
sistema financiero hipertrofiado ante las facilidades para lavar dinero
ruso. El primer muletazo a Nicosia llegó de Atenas. Quedan dos
fundamentales: el acuerdo con el Eurogrupo en Bruselas y, sobre todo,
los manguerazos del BCE desde Fráncfort cuando llegue el momento.
¡Qué pálida!: se escaparon dos puntos
El fútbol tiene esas cosas casi inexplicables. Situaciones que se
repiten, que favorecen los argumentos de aquellos que manejan
estadísticas. Hay noches que parecen estár predestinadas, como si
hubiera una fuerza superior que determinara que se haga lo que se haga
la historia tendrá el mismo final.
Y es una pálida. Cruel. Muchas veces injusta. Como anoche, donde no ganó
el mejor. Donde volvió a repetirse la misma película de la primera
rueda, porque Paraguay perdía el partido y lo terminó empatando de
manera agónica. Cuando las agujas del reloj avanzaban al paso que más le
convenía a Uruguay, vino ese mazazo al alma. Ese tanto que frustra la
ilusión de sumar tres puntos importantísimos para la tabla.
Pega, castiga y de manera poco creíble. La verdad es que la Albirroja
vino a defenderse, a cerrar los espacios y el plan debió desmoronársele.
No quedan dudas de ello, porque Uruguay, aunque por momentos no estuvo
muy preciso, trabajó el partido para ganarlo. Llegó con riesgo al arco
de Barreto y mereció tener mejor suerte. Mucho más si se tiene en cuenta
que el juez se comió un penalazo a Edinson Cavani.
Bien posicionado en la cancha, controlando los movimientos de Paraguay,
teniendo a Nicolás Lodeiro como usina generadora de la energía
futbolística, Uruguay consiguió que el partido se jugara lo más lejos
posible del arco de Fernando Muslera. Y, por contrapartida, buscó tirar
con toda la metralla posible hacia el fondo guaraní.
No fue sencillo. Sobre todo porque faltó mayor penetración por los
costados, porque el "Cebolla" Rodríguez no estuvo tan potente como en
otras contiendas y al "Mono" Pereira le cerraron muy bien el paso. Igual
hubo acciones de gol. Y la sensación de que era posible quebrar la
resistencia aparecía cuando se quebraba la primera línea de cuatro
jugadores.
Del otro lado, el pecado de Uruguay estuvo en cometer demasiadas
infracciones en las inmediaciones de su área. Un Muslera firme y seguro,
más la reiteradas equivocaciones del visitante en la ejecución
permitieron que el marcador no se moviera. Y eso que algún que otro
contragolpe dejó el corazón en la boca.
La segunda mitad entregó mejores imágenes de la producción colectiva de
Uruguay. Mayor cantidad de toques cortos, buen diálogo futbolístico
entre Lodeiro, Suárez, Forlán, Ramírez generaron minutos de un ataque
más agresivo.
Parecía que el gol iba a venir. Hubo hasta pequeños períodos en los que
Paraguay se mostró contrariado por no poder salir del ahogo.
Sin embargo, la noche avanzaba y Barreto seguía siendo figura. O siendo
testigo de la manera en la que sus adversarios desperdiciaban una buena
ocasión para derrotarlo.
El vuelo ante el tiro combado de Lodeiro y la pelota que pifió Cavani fueron claros ejemplos de ello.
Pero lo increíble es que el gol apareció. Que hubo recompensa para la
paciencia. Centro de Lodeiro y definición cruzada de Suárez para el 1-0
cuando el reloj dijo que iban 81 minutos de juego.
Ahí debió nacer el grito del guarda que anuncia que hay que emprender el
viaje. Sí, con el 1-0 a falta de poco más de diez minutos (con los
descuentos) el "cerrá y vamos" debió emerger con mayor fuerza que nunca.
Ya no podía recibirse otro castigo como ante el propio Paraguay en
Asunción. No era justo con el trámite, con la manera en la que se dieron
las acciones.
Pero el fútbol es fútbol. Es el encanto que tiene, aunque a veces más
que encanto es maldito. Como anoche, que otra vez se van dos puntos del
Centenario cuando se moría el cotejo.
Qué pálida. Y otra vez ante Paraguay.
Las cifras
2
Puntos de los últimos 15 que disputó por las Eliminatorias de Brasil 2014 es lo que ganó Uruguay.
31
Goles con la camiseta celeste ya suma Luis Suárez. Está a dos tantos de Diego Forlán.
El proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina
Más de 150 familiares de víctimas del franquismo
han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a
España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones
ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los
abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976,
el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento,
José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.
La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos
judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo
con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y
chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda
Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de
los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de
los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio
González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González,
Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha
prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve
acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del
franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que
cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero
finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes
propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo
Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que
se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti,
abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas
querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados
de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para
ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no
familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.
Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy,
admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la
extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme
presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan
organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy
recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina
porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa
(1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor
Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio
país.
A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de
Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en
Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por
armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era
ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a
Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento
firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.
Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado
porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen
ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José
Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y
Ángel Otaegui, de ETA.
La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en
que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó
sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas
Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres
militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado,
Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron
conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66
años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del
régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados
por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían
a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil.
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