“La quita o impuesto sobre los depósitos de Chipre es una barbaridad
propia de descerebrados”, resume uno de los principales asesores
económicos del anterior Gobierno de Zapatero. La crisis chipriota ha
puesto patas arriba el euro. Un país con una población algo mayor que la
de Valencia y con una economía que supone el 0,2% del PIB de la
eurozona ha desenterrado el miedo, el tan temido efecto contagio, justo
cuando parecía que había una opción de que las cosas volvieran a cierta
normalidad.
Rusia certificó ayer que se niega a echarle
una mano a Nicosia y los socios del euro debatían al cierre de esta
edición el plan B del Gobierno de Nikos Anastasiades, que de momento no
convence a casi nadie. Las conversaciones están bloqueadas y el ultimátum del BCE deja tiempo hasta el lunes. Todo está en el aire, incluso las peores opciones imaginables.
Aunque lo normal es que las aguas vayan volviendo —relativamente— a su
cauce si el eurobanco consigue encapsular en la isla los problemas e
impedir que crucen hacia Grecia.
Fuentes europeas y del Gobierno de Nicosia explicaron que lo más
probable es que haya un acuerdo a lo largo del fin de semana para
limitar el inventario de daños. Finalmente, ganan opciones la
posibilidad de dejar fuera del castigo a los depósitos asegurados, y de
hacer pagar parte de la factura a los acreedores de los grandes bancos,
que serán duramente reestructurados. Pero el destrozo causado por la
incertidumbre en la última semana es sensacional: según fuentes
europeas, Bruselas estudia elevar el monto total del rescate en torno a
los 20.000 millones. Y reclama imponer sine die controles de capital
para evitar una fuga de dinero.
El Eurogrupo aprobó el pasado sábado un rescate de 10.000 millones,
al que Chipre tenía que aportar 5.800 millones más procedentes de los
depósitos y otros 1.400 millones con quitas a la deuda privada de peor
calidad; 17.000 millones en total. Esa cifra se ha quedado vieja:
Bruselas sigue exigiendo su parte a Nicosia, pero puede que los socios
del euro tengan que rascarse algo más el bolsillo. “Cada día que pase y
persista la incertidumbre va a suponer una cifra superior”, según
fuentes comunitarias. Hace falta más dinero y un cortafuegos creíble: a
pesar de los controles de capital, el BCE se va a ver obligado a
intervenir una vez se firme el rescate para desactivar cualquier
contagio, con Grecia como víctima propiciatoria. “Si la fuga de
capitales empezara en el continente y hubiera que establecer controles
de capitales en Grecia, el peor de los escenarios tendría muchas
posibilidades de hacerse realidad”, según las mismas fuentes.
Todo son líneas rojas en Chipre. La canciller alemana, Angela Merkel, considera que Nicosia debe presentar urgentemente el plan de rescate alternativo,
y que en ningún caso puede incluir la participación de los fondos de
pensiones nacionales. El Gobierno chipriota había preparado un plan B
con tres patas fundamentales. Una: la división de sus grandes entidades
financieras en un banco bueno y un banco malo, con los depósitos de más
de 100.000 euros en el bueno, y la recapitalización del resto de bancos
para rebajar la factura en 2.300 millones. Dos: la creación de un fondo
de solidaridad con activos del Estado, la Iglesia, los fondos de
pensiones, las reservas de oro y los derechos sobre el gas, que podrían
suponer en torno a 2.500 millones. Y tres: 1.000 millones más con un
gravamen sobre los depósitos, pero solo en las cuentas no aseguradas, de
más de 100.000 euros. Ni a Bruselas ni a los socios europeos les
convencían varios aspectos de ese plan. En la capital europea se confirmó una reunión urgente del Eurogrupo el domingo.
El impuesto sobre los grandes depósitos, la clave
La crisis de Chipre se empeña en volver una y otra vez a la casilla
de salida. Después de que el Parlamento rechazara la quita a los ahorros
impuesta por Europa, los gobernantes chipriotas han buscado estos días
vías alternativas para encontrar los 5.800 millones que necesitan
urgentemente. Pero la realidad es tozuda y las terceras vías buscadas
—ayuda procedente de Moscú o el citado fondo de solidaridad— se han
revelado inútiles. Precisamente ayer, el Parlamento aprobó ese fondo y
los controles de capitales que le exige la UE. Pero el Gobierno
chipriota trabajaba aún en definir el impuesto sobre los depósitos,
siempre con la condición de respetar a los ahorradores con menos de
100.000 euros, según confirmó a este diario el ministro de Finanzas,
Mijailis Sarris.
Sigue ganando peso la opción de que el presidente del país, Nikos
Anastasiadis, tenga que dar marcha atrás otra vez. Anastasiadis se había
opuesto como gato panza arriba la semana pasada en Bruselas a elevar
por encima del 10% la quita sobre las grandes fortunas. Por eso en la
negociación con el Eurogrupo se llegó a esa cifra mágica del 9,99%. Pero
a pesar de toda la imaginación de las autoridades de la isla, las
cuentas no cuadran y hace falta elevar la tasa si los pequeños
ahorradores no pagan nada. Una fuente citada por el diario Cyprus Mail señala que el porcentaje final del gravamen para los depósitos no asegurados será finalmente superior al 10%. “Una tasa sobre los que tengan más de 100.000 euros está claramente sobre la mesa”, abundó el ministro Sarris.
A falta de un salvavidas —“un mesías”, pedía ayer una fuente del
Gobierno chipriota—, Grecia echó ayer una mano a la isla. Piraeus Bank
absorberá las filiales de los bancos chipriotas en Grecia, según anunció
el Fondo de Estabilidad Financiera heleno, con objeto de “salvaguardar
los depósitos y la estabilidad del sistema bancario griego y para que
haya una contribución griega a los intentos de Chipre de salir de la
crisis”, según un comunicado del Ejecutivo chipriota. La quita sobre la
deuda pública griega precipitó el principio del fin de Chipre, de su
sistema financiero hipertrofiado ante las facilidades para lavar dinero
ruso. El primer muletazo a Nicosia llegó de Atenas. Quedan dos
fundamentales: el acuerdo con el Eurogrupo en Bruselas y, sobre todo,
los manguerazos del BCE desde Fráncfort cuando llegue el momento.
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