Más de 150 familiares de víctimas del franquismo
han pedido a la juez argentina que investiga sus casos que solicite a
España la extradición de nueve presuntos responsables de detenciones
ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según informaron ayer los
abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976,
el que lo fuera de Vivienda y ex secretario general del Movimiento,
José Utrera Molina, y el de Trabajo, Fernando Suárez González.
La causa en Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos
judiciales en España y bajo el criterio de justicia universal, el mismo
con el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
investigó los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y
chilena (1973-1990). Los querellantes quieren que la juez María Romilda
Servini de Cubría también pida a España la extradición a Argentina de
los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como de
los policías, y presuntos torturadores del régimen, José Antonio
González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González,
Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
La juez se ha reunido con los abogados querellantes y les ha
prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los nueve
acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del
franquismo que viven en España. Servini había dicho hace un año que
cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las víctimas, pero
finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los querellantes
propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo
Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que
se concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti,
abogada argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas
querían ir a denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados
de Argentina en España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para
ello eligieron aquellos que habían sido víctimas directas, no
familiares, y cuyos torturadores siguieran vivos.
Uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy,
admitió que la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la
extradición de los nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme
presión para que sean detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan
organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy
recordó que parecía una utopía que Garzón pidiera la extradición de los criminales de Argentina
porque los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa
(1999-2001) la negaban, pero en 2003 el entonces presidente Néstor
Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los juicios en su propio
país.
A Martín Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de
Relaciones Sindicales en 1976 ordenó una represión policial que acabó en
Vitoria con cinco trabajadores asesinados y más de 100 heridos por
armas de fuego. En aquel momento, el ya fallecido Manuel Fraga era
ministro de Gobernación. La querella quiere que se impute también a
Utrera Molina, de 86 años, porque como secretario general del Movimiento
firmó en 1974 la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.
Por su parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado
porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen
ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo, contra José
Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y Juan Paredes Manot y
Ángel Otaegui, de ETA.
La acusación contra el exjuez Gómez Chaparro, de 89 años, se basa en
que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó
sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel. A Cejas
Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar a muerte en 1975 a tres
militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso, finalmente fusilado,
Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas penas fueron
conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de 66
años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del
régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados
por sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían
a la BPS, mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil.
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