tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 26 de marzo de 2014

BUENISIMO ...recomiendo mirarlo!!!!

Berlín limitará el acceso a las prestaciones sociales de los inmigrantes europeos

El Gobierno federal alemán, que este miércoles cumplió 100 días en el poder, ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso que busca implementar una serie de medidas destinadas a impedir que la llamada “inmigración de la pobreza”, que protagonizan los trabajadores rumanos y búlgaros -y, sobre todo, las etnias gitanas sinti y roma que viven en esos dos países-, utilice la libertad de circulación que garantiza la Unión Europea y se aproveche así del generoso sistema social que impera en el territorio germano.
Durante una reunión del gabinete federal y más tarde ante la prensa, el ministro del Interior, Thomas de Maizière y su colega del Trabajo Andrea Nahles, presentaron un informe de 133 páginas elaborado por un panel de expertos de varios ministerios donde se propone conceder un plazo de entre tres y seis meses para que los inmigrantes de otros países de la Unión Europea puedan encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese tiempo no han encontrado un empleo deberán regresar a sus respectivos países.
La controvertida medida, si finalmente se implanta como fue anunciada por el ministro de Maizière, además de frenar la inmigración de trabajadores búlgaros y rumanos, también afectará al resto de los inmigrantes europeos, incluidos ciudadanos españoles, que llegan a Alemania a buscar trabajo.
“Esta medida no es compatible con el derecho de la Unión”, explica a este diario, Volker Beck, portavoz de política interior de los Verdes. “Los ciudadanos de la UE no necesitan un permiso de residencia alemana, ya que solo necesitan registrarse en las oficinas correspondientes. En una Europa libre y democrática no se puede limitar el derecho de residencia de los ciudadanos de la UE para la búsqueda de empleo”.
La norma europea reconoce el derecho de residencia para los trabajadores, pero no de manera ilimitada. La mayor parte de las medidas recogidas en el informe son compatibles con la literalidad de la directiva de libre circulación, aunque según cómo se trasladen a la legislación nacional pueden contravenir el espíritu de la norma.
El marco comunitario reconoce a los europeos el derecho a entrar y residir libremente en cualquier Estado miembro durante tres meses. A partir de ahí, los Estados pueden decidir otorgar este derecho únicamente a quienes tengan un trabajo, quienes dispongan de medios suficientes par vivir (y un seguro de salud) o a estudiantes que acrediten también recursos suficientes para mantenerse. En el caso de trabajadores que hayan quedado en paro, se les debe dar un mínimo de seis meses para encontrar otro empleo. Fuera de esa casuística, las autoridades pueden expulsar al trabajador, una posibilidad apenas utilizada hasta que llegó la crisis (y a la que ahora están recurriendo de manera significativa algunos países como Bélgica).
Más dudosa es la legalidad de poder prohibir la entrada a quienes hayan sido expulsados por supuestos abusos al sistema social. Tanto la norma europea como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia establecen que esos vetos deben estar muy motivados y con un análisis individual del riesgo que presenta un determinado ciudadano para el sistema. Se trata, por tanto, de prohibiciones excepcionales que, de extenderse, vulnerarían el derecho comunitario.
El informe de los sabios alemanes, que lleva por título “Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE”, y que recibió la bendición del Gabinete, también pone énfasis en la lucha contra el fraude social que llevan a cabo en Alemania los inmigrantes que llegan desde Europa del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que las personas que cometan el delito de fraude social deben ser expulsadas y castigadas con una prohibición temporal para poder volver a ingresar a Alemania.
Para evitar el fraude, las autoridades alemanas pedirán a los que soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del solicitante. El panel de expertos descubrió que varios inmigrantes han registrado varias veces a sus hijos e incluso han inventado su existencia para poder cobrar el llamado Kindergeld, una ayuda de 184 euros mensuales que paga el Estado a las familias por cada hijo.
La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes pobres, que también han sido bautizados como “turistas sociales” nació a comienzos de año en Baviera, el Estado federado más rico de Alemania, que decidió rescatar de su arsenal político las peligrosas armas del populismo de derecha para impedir que miles de rumanos y búlgaros puedan viajar a Alemania para buscar trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar del generoso sistema social que ofrece al país a sus trabajadores.
Ante el temor de que los habitantes de estos dos países, que desde el 1 de enero de este año tienen derecho a circular libremente y solicitar trabajo en el resto de los países que integran la Unión Europea, deseen emigrar a Alemania para aprovecharse de las ayudas sociales, la CSU de Baviera y actual socio del Gobierno de gran coalición, redactó un explosivo documento donde propuso medidas que excluyan a los futuros inmigrantes del sistema social germano, una medida que podría frenar la llegada masiva de trabajadores.

Casi toda España en alerta por nieve, lluvia o fuerte oleaje

Treinta y ocho provincias siguen este miércoles en alerta naranja o amarilla por lluvia, nieve o fuerte oleaje que en puntos de la cornisa cantábrica y la fachada atlántica gallega alcanzará una altura de entre 6 y 7 metros, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.
Las intensas nevadas caídas en las últimas horas en el norte están condicionando el tráfico en la red secundaria de carreteras, fundamentalmente de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Aragón, Navarra y País Vasco, donde permanecen cerrados o con dificultades al tráfico varios tramos y puertos de montaña.
En Cantabria hay alerta naranja (riesgo importante) por nevadas que alcanzarán los 30-20 centímetros de espesor en áreas de Líébana y Cantabria del Ebro con cota de nieve que oscilará entre los 600-800 metros, y alerta también naranja por vientos costeros con olas que subirán hasta los 6/7 metros.
En zonas del centro de Cantabria, en el Valle de Villaverde y en el litoral se mantiene la alerta amarilla (riesgo) por lluvias con una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado.
Las provincias de Burgos, León y Palencia, en Castilla y León, tienen aviso naranja por nevadas de hasta 20 centímetros de espesor en la cordillera cantábrica, y alerta amarilla por nieve en Segovia y Soria; Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, en alerta amarilla por viento.
Galicia tiene activada la alerta naranja en la provincia de Lugo por olas que subirán hasta los 7 metros y alerta amarilla por nevadas en zonas de montaña; A Coruña y Pontevedra, en alerta amarilla por fenómenos costeros adversos y en Ourense se mantiene la alerta amarilla por nevadas.
En el País Vasco hay alerta naranja por fenómenos costeros en Vizcaya y Guipúzcoa, y amarilla por nieve en las tres provincias vascas.
La Aemet mantiene activado el aviso naranja por fuerte oleaje en la ciudad de Melilla y en las Islas Baleares.
Asturias tiene alerta naranja por nevadas con una acumulación de 30 centímetros de espesor en la suroccidental asturiana y en los Picos de Europa, y también naranja por fuertes vientos con olas que alcanzarán los 7 metros de altura.
Las comunidades de Aragón, Madrid, Navarra, La Rioja y las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, en Castilla La-Mancha, y Girona, Lleida y Tarragona, en Cataluña, están en alerta amarilla por nieve, viento o lluvia.
Las provincias de Almería y Granada, en Andalucía, Cáceres(Extremadura) y las Islas Canarias, la Comunidad de Valencia y Murcia siguen en alerta amarilla por viento o por fenómenos costeros adversos.

El zoo de Copenhague que acabó con la jirafa Marius sacrifica a cuatro leones

El pasado mes de febrero el Zoo de Copenhague causó indignación a nivel internacional por matar y diseccionar, ante la atenta mirada de niños y adultos, a una joven jirafa sana con la que después alimentó a los leones del zoológico. Ahora son algunos de esos leones, un macho de 16 años, una hembra y sus dos cachorros, los que han muerto esta semana. Los responsables del parque zoológico aseguran que no les quedó más opción que ponerles una inyección y acabar con su vida, para tener espacio para otros leones que, en breve, llegarán a los jardines de Frederiksberg. En la página web del parque zoológico se puede leer que han hecho “todo lo posible para buscarles otra ubicación pero no encontramos ningún otro parque dispuesto a acogerlos.”
Carrie, que así se llama la leona asesinada, fue presentada al público por primera vez, en julio de 2003, sus crías de 10 meses, “no habían llegado a la edad madura todavía y no podrían defenderse del nuevo león macho que llega al parque. Les hubiera atacado a la primera oportunidad” explica uno de los responsables del zoo. “Nuestro zoológico es reconocido en el mundo entero por el trabajo que hacemos con los leones, y me siento orgulloso de anunciar que una nueva manada está en camino y que uno de los nuevos leones va a garantizar un nuevo linaje” indica el director del zoo Steffen Strade.
Desde el parque zoológico no tienen miedo a las posibles críticas. Uno de sus responsables, Steffen Estrecho Ritzau asegura que “muchas personas están mal informadas sobre lo que pasó con la jirafa Marius. Lo que hicimos fue lo correcto. Ahora también y estamos preparados para lo que nos digan. Nosotros decimos abierta y honestamente lo que hacemos y respetamos todas las opiniones.” Opiniones que no se han hecho esperar y que han empezado a hacerse públicas en las redes sociales desde Tailandia a Estados Unidos, una vez que se ha conocido la noticia.
El mes pasado, el director científico del zoológico, Bengt Holst, recibió amenazas de muerte de todo el mundo por la decisión de matar a una joven jirafa de 18 meses, Marius, que fue asesinada con una pistola ante los visitantes del parque, a quienes se les permitió ver como la descuartizaban y alimentaban con su carne a los leones.
La medida sorprendió a muchos amantes de los animales de todo el mundo que firmaron una petición pública pidiendo que no la sacrificaran. El zoológico dijo entonces que siguiendo las reglas de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios que impiden la endogamia entre jirafas, no tenían más remedio que acabar con su vida, pues sus padres pertenecían a la misma familia.
Muchos daneses se sorprendieron ante la reacción internacional por el sacrificio de Marius. Hubo comentarios y artículos en todo el mundo hablando de la “disneyficación" de las criaturas del zoo. Hubo reacción entonces y la habrá ahora. El embajador de EE.UU en Dinamarca, Rufus Gifford, entra en el debate , y dice que "parte de la ira causada por Marius permanecía en esos leones que se la comieron y a los que ahora han matado.”
La muerte de los leones no fue, en esta ocasión público, y sus cadáveres no será tampoco alimento para otros animales. Unos se han utilizado para la investigación, el resto no servirá para nada.

El escándalo de la ejecuciones extrajudiciales en Colombia y un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía has registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha  (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.
-Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero -le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.
-No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.
-Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.
Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?
-Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.
A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.
Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas.
Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”.

“Escogíamos a los más chirretes”

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.
El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió “sí, patroncito, voy para allá”, colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.
En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico “de educación especial” que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (38 céntimos de euro).
-Él no distinguía el valor del dinero -dice Luz Marina Bernal- pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: ‘Mira, mamá, me acordé de ti’.
Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 75 euros) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. “El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro”, dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban “el bobito”, explicó.
Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: “Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros”. Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 75 euros, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.
El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2.24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.
Leonardo, hijo de Marina, tenía discapacidad mental y la mano con la que decían que manejaba una pistola, paralizada / PABLO TOSCO (OXFAM INTERMÓN)
Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.
-Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.
Le pedían unos cinco mil euros por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

 Uribe: “No fueron a coger café”

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.
Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, “por no cerrar la boca”. Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle.

Para que cierren la boca

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: “Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las Farc”.
El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: “No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales”. Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: “No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes”.
Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.
Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y dijo: “En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes”. Luego anunció la destitución de 27 militares.
Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.
Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. “Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas”, declaró al final de su estancia, “pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”. El término “falsos positivos”, según Alston, “da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro”. Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos “por algunas manzanas podridas dentro del Ejército”, como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban “una estrategia sistemática”, ejecutada por “una cantidad significativa de elementos del Ejército”.
Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.
El presidente Uribe respondió que “la mayoría” de las acusaciones eran falsas. Que venían de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales”, cargados “de odio y de sesgos ideológicos”. Y salió una y otra vez a defender a los militares: “Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones”.
Zapatillas colgadas en cables en el Barrio Santo Domingo, Medellín. / PABLO TOSCO (OXFAM INTERMÓN)
Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: “Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas”.
El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba “como una boba”. Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.
“Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla”, dice Sanabria, “a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado”.

A 1.400 euros el muerto

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara “negligencia” y “falta de cuidado en los procedimientos” del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la “captura o el abatimiento en combate” de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los 1.400 euros por un combatiente raso, hasta 1,8 millones de euros por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.
En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.
Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.
Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de nueve mil miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).
Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la “lucha contra el terrorismo”, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a siete mil personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.
En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.
En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: “Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas”. Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. “La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad”, denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).
También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: “Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”. Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.
Luz Marina Bernal es una de las diecinueve 'Madres de Soacha'. / PABLO TOSCO (OXFAM INTERMÓN)
Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19.405 combatientes fueron “abatidos” (un eufemismo para no decir “muertos”), 63.747 fueron capturados y 44.954 fueron desmovilizados.
La suma alcanza 128.106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad “la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos”.
Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3.796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3.084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

Una grieta en la impunidad

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.
A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.
-Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.
Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4.700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.
Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5.500 rosas y 25.000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.
-Nos siguen acosando -dice Luz Marina Bernal- pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la CPI afirmó que había “bases razonables” para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo “maquillada” o “tolerada” por los niveles superiores del Estado.
El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

Como crímenes contra la humanidad

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4.716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.
Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.
-A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice-. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.
-Necesitamos la verdad para seguir viviendo -dice Luz Marina Bernal-. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

La UE cree que la banda ancha “es una lotería” para los consumidores

Conectarse a Internet en Europa es una "lotería geográfica" por la disparidad de precios, velocidad y oferta de servicios. Y en sorteo el consumidor español sale muy mal parado, pues España el segundo país con la oferta de conexión común (entre 12 y 30 megas) más cara de la UE. Esta es la expresiva conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea en un informe en el que no deja títere con cabeza a la hora de hablar de las diferencias que sufren los 400 millones de ciudadanos comunitarios que pueden pagar hasta cuatro veces más por el mismo tipo de conexión, según el país donde vivan.
El informe, basado en cuatro estudios, revela que los precios mínimos en la categoría de 12 a 30 megabits por segundo (Mbps) de la banda ancha fija, la que contrata la mayoría de los europeos, oscilan entre 10 y 46 euros al mes, dependiendo de dónde se viva, y pueden alcanzar un máximo de hasta 140 euros al mes.
En España, la oferta más barata en ese tramo es de 38,7 euros al mes (IVA incluido), lo que representa la segunda más alta de toda la UE solo por detrás de los 47,2 euros de Chipre, y por encima de Irlanda (31,4 euros). Por el contrario, el servicio de banda ancha más barato se publicita en Lituania (a partir de 10,30 euros), Rumanía (11,20 euros) y Letonia (14,60 euros). La banda de precios nacionales más amplia se registra en Polonia, donde las ofertas oscilan entre 20 y 140 euros, y en Croacia, donde van de 30 a 121 euros. Todos los precios referidos en el estudio son de una muestra de febrero de 2013, y están ajustados al poder adquisitivo.
La Comisión es especialmente dura con España a la que significa con un ejemplo muy gráfico: “Carlos regresa de Francia a su ciudad natal en España. Tendrá que estudiar las ofertas muy atentamente, pues en España los precios de la banda ancha pueden ser hasta un 50% más altos que los que paga ahora”.
Aunque el peor ejemplo es el de Polonia. "Karolina, 35 años, se traslada a vivir de Lituania a Polonia. En su nueva casa pagará por lo menos el doble por un servicio de banda ancha de calidad similar. Podría pagar hasta catorce veces más", relata el informe.
Los consumidores solo obtienen, como promedio, el 75 % de la velocidad que han contratado, aunque puede llegar a ser un 64 % menor que la publicitada. El peor caso es el de la conexión por ADSL que, de promedio, solo ofrece un 63,8% de la velocidad contratada. La Comisión también constata que el 66% de los ciudadanos no sabe qué velocidad ha contratado,
"En los mercados de la banda ancha de la UE prácticamente no existen pautas ni hay coherencia", sentencia el documento, que insiste en que por este motivo los usuarios "están desconcertados ante la disparidad de la información que facilitan los operadores". El problema, añade Bruselas, es que esta falta de homogeneidad "limita su capacidad para elegir la oferta que más les conviene".
 La vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes, advierte de que "no existe un mercado único de Internet, y eso tiene que cambiar". "Nada justifica que una persona tenga que pagar más de cuatro veces más que otra en Europa por la misma banda ancha", añade en el comunicado en el que avanza que para evitarlo, el "Parlamento Europeo votará la semana próxima los planes de la Comisión para poner en marcha el proyecto #Uncontinenteconectado que subsanará esta situación al aportar a los consumidores más transparencia, más derechos y mejores servicios".
Esta iniciativa quiere otorgar derechos nuevos, como el de contar con unos contratos redactados en un lenguaje sencillo y con información más comparable. Además, obligará a los operadores a facilitar información rigurosa sobre la velocidad de datos realmente disponible, y los consumidores verán reforzado su derecho a cambiar de proveedor o de contrato, a rescindir el contrato si no se proporciona la velocidad de Internet prometida y a que se les reencaminen los mensajes de correo electrónico a su nueva dirección cuando cambien de proveedor de Internet.

Los ciudadanos crimeos ya cobran la pensión en rublos

Tras el control militar del territorio y la anexión política, Rusia afianza su presencia en Crimea con la introducción del rublo como moneda oficial. A un cambio fijo de 3,8 rublos por grivna (una grivna equivale a 0,07 euros), la circulación de la divisa rusa, que arrancó el lunes, es aún muy escasa en el comercio por la inexistencia de cajas registradoras dobles y de programas de contabilidad capaces de leer la nueva moneda, que coexistirá con la anterior hasta el 1 de enero, durante el periodo de transición. La única excepción la constituyen las pensiones, pagaderas desde este martes en rublos a través de las oficinas de correos, que sustituyen provisionalmente al Banco Nacional de Ucrania, encargado de esa función hasta la fecha. Los mayores de Crimea, que ganaron su primer dinero en rublos, recuentan rublos al final de sus días en una pirueta de la historia y el tiempo.
“Esperamos que los bancos estén operando con normalidad en rublos el 15 de abril, una vez actualizados sus programas informáticos. Las tiendas y los servicios a proveedores podrán trabajar mientras tanto con doble contabilidad, en rublos y grivnas, hasta que el Parlamento adopte una nueva legislación sobre divisas, algo previsto para las próximas semanas”, explicaba el lunes el vice primer ministro del Gobierno de Crimea, Rustam Temirgaliyev. “En el periodo de transición, las superficies comerciales y las grandes cadenas deberán etiquetar por partida doble los productos y garantizar el pago en grivnas, porque aún hay pocos rublos en circulación”, añadía el miembro del Ejecutivo, que eludió concretar una cifra del volumen inyectado en esta primera fase.
Pero un paseo por las principales calles de Simferópol permite constatar que Crimea es de momento refractaria a esa moneda, y que no hay estantes con etiquetas dobles, tanto en puestos callejeros o pequeños comercios, sin problemas de registro porque solo aceptan efectivo, como en grandes cadenas de supermercados. Tampoco resulta posible pagar con rublos, como pretendía hacer ayer una ciudadana rusa en una de ellas. “No aceptamos rublos porque la central de la cadena está en Kiev y estamos esperando instrucciones”, explica el encargado. A los problemas inherentes a la repentina rusificación de Crimea se añade, como una condena, la pertinaz presencia de Kiev, desde el dominio de Internet, que sigue siendo .ua, a la telefonía, aún con prefijo ucranio.
“Hemos destinado al pago de las pensiones 300 millones de rublos. En abril todos los pagos sociales [seguros, sueldo de funcionarios, etcétera] se harán en rublos”, explica Temirgaliyev. Pero la primera decepción de los jubilados —alrededor de un tercio de los dos millones de habitantes, con pensiones medias de 100 euros— es saber que no aumentará su importe, como esperaban. “De momento no equipararemos las pensiones con las rusas”, explica Temirgaliyev; “la reestructuración del sistema financiero está haciéndose con gran dificultad y no podemos empeorarlo”.
De la oficina de correos de un distrito residencial salen pensionistas repasando rublos como si fueran cromos, a medias entre la incredulidad y el cotejo con recuerdos de época soviética. “Son más bonitos estos, por lo menos más nuevos sí parecen, pero no nos hace ninguna ilusión, es una cantidad de dinero que no llega para nada”, musita uno de ellos.
A falta de decidir cuál será la entidad que las tramite en el futuro, el pago de las pensiones parece ser el único capítulo cerrado de esta transición a trompicones, con el sistema bancario a medio gas por el cierre del principal banco ucranio, Privat Bank, y la reconversión del resto de entidades cuya matriz se halla en el continente, pues por ley no están autorizadas a operar en el extranjero, sea lo que fuere hoy Crimea a ojos de Kiev y del mundo. Con la mayor parte del sistema bancario en manos foráneas, de BNP Paribas a entidades turcas y, naturalmente, ucranias, la transformación de la economía pide también a gritos un poco de bálsamo.

Compartir coche, un apaño que levanta ampollas

La línea de autobús que cubre el trayecto Zamora-Salamanca lleva años transportando estudiantes que viajan a casa los fines de semana desde la ciudad universitaria. Pero últimamente ha perdido clientela. Muchos de esos jóvenes están optando por una alternativa más barata: buscan en Internet a alguien que vaya a hacer ese recorrido en coche y comparten el gasto de gasolina. La fórmula no es nueva, pero se está extendiendo cada vez más gracias a las webs que ponen en contacto a los viajeros. El propietario de la línea Zamora-Salamanca, de hecho, ha pedido auxilio a la patronal de autobuses, Fenebús, porque está perdiendo negocio. Y esta ha reaccionado denunciando a la plataforma más popular entre los estudiantes de Salamanca: Blablacar. “Hemos pedido su cierre porque no tiene cobertura jurídica y por competencia desleal. Como es alegal, no se le exige ninguna responsabilidad y no ofrece ninguna garantía a los usuarios ante accidentes, robos y otras incidencias posibles”, explica José Luis Pertierra, director de Fenebús.
Europa estudia cómo velar por la fiscalidad de ese dinero y por el consumidor
Blablacar, como todas las iniciativas que se engloban bajo la denominación de “consumo colaborativo”, opera en un limbo legal. No hay ninguna normativa, ni nacional ni europea, que defina o regule de manera transversal este tipo de actividades, que pueden desarrollarse en ámbitos muy diversos: viajes y coches compartidos, intercambio o alquiler de casas entre particulares, trueque de bienes y servicios, restaurantes caseros,bancos de tiempo, oficinas compartidas, financiación colectiva... “Somos como un tablón de anuncios, nos limitamos a poner en contacto a personas con intereses comunes, por lo que no se nos puede considerar nada parecido a una empresa de transporte público. Es como si obligaran a un periódico a hacerse responsable de todos los anuncios de particulares que aparecen en sus secciones de anuncios clasificados”, argumenta Vincent Rosso, director general de Blablacar para España y Portugal.
Fenebús ha presentado cuatro escritos ante el Ministerio de Fomento, la Defensora del Pueblo, el fiscal de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que, de momento, están analizando el asunto. El director de la patronal advierte de que, en caso de accidente, “la póliza de seguros de un coche particular podría no cubrir a todos los pasajeros si la compañía aseguradora considera que se trata de un servicio de transporte en el que ha habido una transacción económica”. Y pone el ejemplo de California, que en septiembre del año pasado aprobó la primera regulación del mundo para sistemas de movilidad compartida después de varios años en los que habían estado prohibidos por presión del gremio de taxistas. La normativa establece una treintena de reglas, como la obligación de que los conductores acrediten que no tienen antecedentes penales, inspecciones para los automóviles y un seguro especial para los pasajeros en caso de accidentes.
Lo que empezó siendo un pequeño tablón de anuncios en Internet se está haciendo, en efecto, cada vez más grande. Solo Blablacar, que es líder en viajes compartidos en Europa, tiene seis millones de usuarios registrados en los 12 países en los que opera y gestiona un millón de viajes al mes, sobre todo en Francia, Alemania y España. Y la revistaForbes ha calculado que el flujo de dinero que se va a mover este año por medio de plataformas de consumo colaborativo superará los 2.600 millones de euros. El fenómeno está cobrando tal dimensión que la UE está empezando a plantearse la necesidad de introducir algún tipo de legislación: tanto para que todo ese dinero no quede al margen de las leyes fiscales como para garantizar la seguridad y los derechos de los usuarios.Vincent Rosso, en cambio, asegura que las pólizas de seguro para coches particulares en España son suficientes para cubrir cualquier incidente. “Los conductores no son profesionales ni cobran a los pasajeros, solo comparten gastos, y si detectamos que alguien está intentando llevarse beneficio, lo expulsamos de la comunidad”, afirma. “Sentimos molestar a las empresas, pero solo estamos dando respuesta a una nueva forma de consumir, más sostenible y eficiente, que practican cada vez más personas”, añade.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE, aprobó en enero un dictamen en el que propone varias medidas a la Comisión Europea. La primera es definir el concepto. “Son tan variadas las iniciativas que se autodenominan consumo colaborativo, que habría que clasificarlas para poder determinar, de entrada, de qué estamos hablando. Nosotros creemos que habría que establecer dos grandes diferencias, entre las que tienen un objetivo de lucro y las que no, y recomendamos que solo se regule la actividad de las que persiguen beneficios económicos”, apunta Bernardo Hernández, ponente del dictamen. En este caso, según propone el documento aprobado, la legislación debería establecer políticas de protección al usuario similares a las que rigen cualquier operación de consumo: a quién reclamar, estándares de calidad, compensaciones en caso de deficiencias o publicidad engañosa, aseguramiento, etcétera. “Si no hay nadie que gane dinero, entendemos que se trata del clásico trueque de toda la vida que no es necesario regular”, subraya.
Son muchas las plataformas que ya están obteniendo beneficio de su actividad, sobre todo en los sectores de viajes o coches compartidos y alojamiento. Blablacar, por ejemplo, cobra en Francia una comisión del 10% a los pasajeros que contacten con un conductor por medio de esta web, y tiene previsto empezar a cobrar en breve en España y otros países donde opera. Amovens, similar a esta, es también gratuita de momento, pero Carpooling pide un 11%. Y la mayoría de las que gestionan alquileres de casas entre particulares también piden comisión, entre un 10% y un 15%.
La patronal española de hoteleros CEHAT se considera también perjudicada por la competencia que suponen estas plataformas, aunque no tiene previsto presentar una denuncia como ha hecho Fenebús. “No pretendemos que se prohíba, ni mucho menos, pero sí que las que obtienen beneficio tengan las mismas obligaciones que tenemos todos los que nos dedicamos al negocio turístico, tanto en materia fiscal como en requisitos de seguridad y legislación laboral. No puede ser que nosotros tengamos que cumplir toda una serie de exigencias que nos salen muy caras y competir con quien no está obligado a nada. Eso es competencia desleal”, razona Ramón Estalella, secretario general de CEHAT. “Hay mucha gente que se está dedicando profesionalmente a esto, que tienen apartamentos dedicados en exclusiva al alquiler a través de estas plataformas y que emplean a personal de limpieza sin contrato. Y eso no es consumo colaborativo, es un negocio turístico sumergido. Ni siquiera están obligados a pedir permiso a las comunidades de vecinos, lo que está ocasionando bastantes conflictos entre propietarios”, afirma.
La plataforma: “Solo damos respuesta a una nueva forma de consumir”
Jeroen Merchiers, director general de Airbnb para España y Portugal, la mayor plataforma internacional de alquiler de casas entre particulares —que acaba de ser valorada en 7.200 millones de euros—, no está en contra de la regulación. “Estamos a favor de una normativa y ya estamos viendo cómo reguladores de todo el mundo están trabajando por políticas justas y razonables para ayudar a la gente a compartir la casa en la que viven. Por nuestra parte, nos aseguramos de informar a nuestra comunidad de que debe cumplir las obligaciones fiscales y normativas marcadas por las autoridades locales, y cuando se producen incidencias con un anfitrión o viajero intervenimos como parte de nuestra atención a los usuarios”, asegura.
Aunque en sus condiciones de uso todas las plataformas advierten de que no se hacen responsables de ningún daño o lesión que resulte de las interacciones entre sus usuarios, en la práctica la mayoría suelen intervenir cuando surgen conflictos porque beneficia a su reputación. Es una especie de autorregulación que hasta ahora se ha considerado suficiente, pero que empieza a quedarse corta. Albert Cañigueral, representante en España de la red OuiShare (que agrupa a expertos, organizaciones y emprendedores de iniciativas colaborativas), opina que la regulación sería beneficiosa porque daría validez jurídica a la actividad y ayudaría a su desarrollo. “Abogamos por la regulación en todos los casos, no solo cuando haya beneficio económico, para que los usuarios se sientan seguros y participen cada vez más. Ahora bien, regular no significa prohibir, sino establecer reglas claras para todos”, advierte.
El propio dictamen del CESE insiste en la necesidad de una normativa para impulsar un consumo más sostenible, responsable y respetuoso con el medio ambiente. Según un estudio realizado en 2012 por la consultora Campbell Mithun, el 67% de los estadounidenses no se atrevía a registrarse en alguna plataforma porque temía engaños o productos de mala calidad.
Las asociaciones de defensa de los consumidores también entienden que, sobre todo si hay ánimo de lucro, deberían establecerse garantías. “El consumo colaborativo es una muy buena opción, especialmente en la coyuntura actual. Pero es necesario regularlo para que no haya personas sin escrúpulos que quieren sacar ventaja porque, al no haber detrás una empresa, las relaciones son de consumidor a consumidor y no existe una garantía de establecimiento o fabricante. Es cierto que el consumidor está dispuesto a asumir ese riesgo a cambio de otros beneficios, pero aun así deben establecerse unas normas claras”, opina Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU.

Sánchez cree que la legislación debería ofrecer unas garantías a los usuarios para evitar, por ejemplo, que en caso de deficiencias o engaños tuvieran que ir a los tribunales, lo que dilata cualquier reclamación. Y, en actividades como los restaurantes efímeros —que se organizan en casas o locales itinerantes—, se debería intervenir también para evitar problemas de seguridad alimentaria.El problema es que, al ser tan variados los sectores en los que operan estas plataformas, es complicado establecer un marco común. “Es difícil, pero no imposible. Ante los nuevos usos sociales hay que inventar nuevos modos de regular, no valen las viejas normas. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ha pasado con el comercio electrónico. Al principio parecía imposible establecer controles generales, pero con el tiempo se ha conseguido una normativa equilibrada que además ha favorecido su desarrollo porque los consumidores se sienten cada vez más seguros”, sostiene Ángel Sánchez, director del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. “No se puede aspirar a regular hasta el mínimo detalle, se trata básicamente de prevenir posibles asimetrías que puedan aparecer”, señala.

Cañigueral coincide en que ante fenómenos tan novedosos como el consumo colaborativo no valen las viejas reglas, hay que inventar nuevas. “¿Qué nombre le damos a un ciudadano que utiliza algo que sabe hacer para generar un beneficio, monetario o no? Como no es un asalariado ni tampoco un autónomo, le estamos empujando a un limbo que suele caer en la economía sumergida”, dice. “Se podría crear, por ejemplo, la figura del microemprendedor —propone—, aunque todo esto debería pensarse más adelante. Primero hay que hacer estudios independientes, un verdadero análisis de cómo está la situación, antes de sentarse a dictar normas sin conocer el mercado”.