tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 2 de junio de 2013

Una golpista en el Congreso mexicano


Luego de visitar Chile y reunirse públicamente con varios personajes de la cúpula pinochetista, se encuentra ahora en México la diputada venezolana María Corina Machado, una furibunda ultraderechista perteneciente al círculo más íntimo del líder del golpismo venezolano, Henrique Capriles Radonsky.
Ambas visitas son parte de una gira internacional, anunciada por Capriles, destinada a continuar e incrementar la campaña de satanización contra el presidente Nicolás Maduro en el marco de un plan maestro de la derecha venezolana y de la Casa Blanca, que procura, en distintos ámbitos, la desestabilización y el ulterior derrocamiento del gobierno de Maduro.
La participación de Estados Unidos en los afanes por desestabilizar al gobierno de Maduro no es asunto secreto. Documentos oficiales del Departamento de Estado revelan el incremento sustantivo del financiamiento yanqui a la oposición venezolana, representada por Capriles y María Corina Machado. Para este 2013, Washington, a través de la NED (National Endowment for Democracy), conocida agencia intervencionista y desestabilizadora, le proporcionará una cifra tres veces mayor a la entregada el año anterior y que alcanzará un millón 400 mil dólares.
Nada de esto es desconocido ni sorprendente. Lo que llama la atención es que la señora Machado sea recibida en el Congreso mexicano, sabiéndose, como se sabe, que ella es parte activa de un plan de derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente y con el que México mantiene relaciones respetuosas.
No debe olvidarse a este respecto que Enrique Peña Nieto, en su calidad de Presidente de México, asistió a la toma de posesión de Nicolás Maduro, en un gesto de respeto a las decisiones del pueblo venezolano. Y tampoco debe olvidarse que la furibunda derechista Corina Machado calificó por este hecho a Peña Nieto y a otros mandatarios asistentes a la asunción de Maduro como “traidores a la democracia”.
Los líderes del Congreso mexicano, Emilio Gamboa Patrón, de la Cámara de Senadores, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, de la Cámara de Diputados, no pueden estar ignorantes de las vergonzosas conductas de la señora Machado. Sorprende, en consecuencia, que se presten a recibirla y darle voz en sus propósitos golpistas a las órdenes de Washington.
El insulto personal a Enrique Peña Nieto, siendo cosa grave por provenir de una legisladora, y que parece importarles poco o nada a Gamboa y a Beltrones, es asunto menor frente a los intentos de Capriles y Machado de reeditar en Venezuela el baño de sangre, la persecución, el exilio forzado, las desapariciones, las torturas y la cárcel que padeció el pueblo chileno tras el golpe de Estado pinochetista, modelo de golpe que van siguiendo paso a paso Capriles y Machado.
Y en esto no hay exageración alguna. Ya cuando el frustrado golpe de 2002 contra Hugo Chávez se pudo ver a las hordas de Capriles y Machado sacando de sus casas, tirados de los cabellos, a chavistas destacados para encarcelarlos y asesinarlos. Y no debe olvidarse que el propio Capriles encabezó el tumultuario y violentísimo asedio a la embajada cubana en Caracas con el pretexto de que ahí se escondían algunos líderes chavistas.
Se entiende perfectamente que la derecha venezolana y latinoamericana y el imperialismo estadounidense hagan esfuerzos por desestabilizar y más tarde derrocar al gobierno de Maduro, pero hasta donde uno entiende, esos propósitos golpistas no son compartidos por el gobierno mexicano, representado por el jefe del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y por los dos líderes del Poder Legislativo, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera. ¿Por qué, entonces, dar la impresión de que sí se comparten?

Juicios rápidos, juicios oscuros

No discutiremos aquí, señorías, la regla no escrita de que el juez es dios en la sala y que su autoridad ha de ser respetada por todos. Entendemos que si el juez decide que los periodistas pueden entrar, pues entramos, y que si no es así, pues nos quedamos fuera en el pasillo y nos buscamos la vida para enterarnos de lo que ha pasado dentro.
Pero no estaría de más que nos facilitaran unas instrucciones para entenderles, señorías. Porque en algunos asuntos, no está muy claro si somos o no bienvenidos.
Hablamos de los juicios rápidos. Aún no sabemos si podemos asistir a ellos o no. La experiencia nos dice que a veces sí y a veces no.
1369037165_531441_1369077845_noticia_fotogramaLes cuento lo que pasó hace unas semanas. El exsecretario de Estado de Comunicación con el Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, acudía a los juzgados de Plaza de Castilla para enfrentarse a un juicio rápido por un delito contra la seguridad del tráfico. El 3 de mayo, Rodríguez había colisionado su vehículo contra otros tres coches aparcados mientras él conducía en estado de embriaguez.

Media docena de periodistas esperábamos en los pasillos a que se abrieran las puertas de la sala. Ninguno esperaba no poder entrar, así que cuando uno de los funcionarios judiciales nos dijo que no estábamos autorizados nos quedamos un poco mosqueados. Uno de nosotros entró en la sala y el mismísimo dios con su toga negra le dijo que para atrás, que allí no podían estar los reporteros. "No es audiencia pública".
Después de eso empezamos a llamar a todas las fuentes que se nos ocurrían para preguntarles si el juez tenía razón. Llamamos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a abogados, fiscales y a otros jueces.
Nos salieron versiones distintas, señorías. Según la mayoría de fiscales y algunos jueces, en el juicio rápido hay una parte que todavía debe ser considerada como la instrucción del caso. Es la vista de conformidad, en la que el imputado puede expresar su acuerdo con la versión de la fiscalía. Por tanto, la prensa estaría vetada porque, en puridad, todavía no se juzga a nadie. Si no hay conformidad, entonces, algunos jueces abren las puertas y dan comienzo al juicio como tal. 
Para otros magistrados y abogados, la única instrucción en un juicio rápido es el atestado policial y toda la vista debería ser pública. 
¿Quién tiene razón, señorías? El asunto no está claro. Y más allá de lo que opine el dios de la sala no estaría mal tener una respuesta. Por razones estéticas. Porque últimamente los únicos juicios rápidos que quedan fuera de nuestro alcance son aquellos en los que hay algún famoso. En fin, que no estaría de más que expresaran su opinión, la pusieran en un papel y se la enviaran a los dioses de la sala. Para que ellos también lo tuvieran claro. Si sus señorías lo tienen a bien.

Condenan a Bankia por engañar para cambiar preferentes por acciones

El juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia ha condenado a Bankia a devolver 45.015,15 euros a una clienta, de 86 años, por engañarle para cambiar participaciones preferentes de 2011 por acciones de la entidad. El juez entiende que el banco empleó dolo para conseguir el consentimiento de la víctima, tanto porque actuó "con mala fe", como porque, por medio de sus empleados, "maquinó" para engañarle, según consta en la sentencia.
La mujer, representada por Pedro Picazo, de Consell Abogados, abrió en 1993 una cuenta de valores en Caja de Sagunto -ahora Bankia- para depositar sus ahorros, sin ninguna intención de invertir ni especular, ya que no disponía de conocimientos financieros. Así, confió en el personal de la oficina y llegó a contratar 52.000 euros en participaciones preferentes.
Además, entre 2003 y 2011, la mujer vendió en tres ocasiones participaciones preferentes de Bancaja y Obligaciones de la entidad. Todas estas adquisiciones de productos financieros, según consta como probado en la sentencia, las llevó a cabo la mujer siguiendo las indicaciones de los empleados.
Seguidamente, la mujer recibió una carta de Bankia en la que se le ofrecía la posibilidad de sustituir estos valores por acciones de nueva emisión, y se le indicaba que si aceptaba, pasaría a formar parte del accionariado en "una de las principales entidades financieras nacionales, cuyos activos ascendían a 305.820 millones de euros", según se le señalaba. Sin embargo, en ese momento no se le ofreció información alguna sobre el pasivo.
Tras recibir la carta, en marzo de 2012, la mujer acudió a su oficina en Algar, acompañada de su hija. Una vez allí, un empleado les dijo que si no aceptaban esta oferta de recompra y suscripción de las acciones, perderían todo el dinero que tenían en la entidad. Tras esta reunión, en la que la mujer no quiso firmar ningún canje, ésta y su hija hablaron con personas conocidas suyas, quienes les dijeron que si iban a perderlo todo, era mejor que firmasen.
Así, el 20 de marzo, confiando en la advertencia del empleado de Bankia, la víctima firmó varios documentos de canje de las participaciones por acciones del banco denominadas 'Oferta de recompra y suscripción'. En virtud de este acuerdo, se vendían los títulos por un importe igual al ofertado por Banco Financiero y de Ahorros y se adquirían acciones por importe igual al efectivo ordenado, correspondiente al pago inicial de los títulos.
Entre los distintos documentos que firmó la mujer, aparece uno en el que manifiesta no querer someterse al test de conveniencia -previo a la contratación-, pero sin embargo el juez no estima probado que el empleado de la entidad le hiciera preguntas relacionadas con este test o se le diera alguna explicación al respecto.

'Maquinó' para que prestara consentimiento

Tras estudiar estos hechos, y escuchar a las diferentes partes, el juez estima que el banco cometió dolo para conseguir el consentimiento de la víctima en la operación de canje, "tanto porque actuó con mala fe, como porque, por medio de sus empleados, maquinó para engañar a la demandada y para que prestara el consentimiento".
En esta línea, considera que el hecho de hacer firmar a la mujer varios documentos, entre los que se encontraba uno por el que rechazaba someterse al test de conveniencia, "fue un abuso de la confianza que en el empleado tenía".
Asimismo, señala que en la carta que se le remitió para cambiar las preferentes por acciones "únicamente" se hacía referencia a los aspectos positivos de la entidad de crédito, "pero no se daba información alguna sobre el pasivo".
Al respecto, indica que "es cierto" que la mujer podía obtener esta información en internet, "pero tratándose de una persona de 85 años en ese momento, sin formación y sin acceso a internet, difícilmente podría recabar esa información, y lo normal es que actuara como en efecto hizo, acudiendo a la oficina para informarse por medio de la persona de su confianza en esta materia".
Junto a ello, el juez agrega que "debe tenerse en cuenta" que días antes de la oferta de canje de acciones, los responsables de Bankia presentaron unas cuentas, según las cuales, el balance efectuado en febrero de 2012 presentaba unos supuestos beneficios de 309 millones de euros. Poco después, pero una vez transcurrido el plazo concedido para aceptar la oferta de canje, se pasó unas pérdidas de 2.979 millones, "lo que por sí solo ya supone un auténtico engaño para quienes aceptaron la oferta de canje".
Por todo, el magistrado considera que Bankia empleó "palabras o maquinaciones insidiosas" capaces de mover la voluntad de otra parte, inducida por error provocado, pues solo se informaba de lo favorable para el cliente, y se le ocultaba la mala situación económica de la entidad.
Así, acuerda declarar la caducidad de la acción de anulabilidad de los contratos de aquisición de participantes preferentes y obligaciones subordinadas -de 1993 a 2008-; la nulidad de los contratos de oferta de recompra y suscripción de acciones de Bankia; y condena a la entidad a restituir a la víctima 45.015,15 euros.

Los generales de Franco cobraron de Londres para no entrar en la guerra

El 4 de junio de 1940, el embajador británico en Madrid, sir Samuel Hoare, envió un mensaje cifrado de la máxima urgencia, secreto y “personal” al secretario del Foreign Office, el vizconde Halifax, según los más de 400 documentos hasta ahora secretos que acaban de ser desclasificados por los Archivos Nacionales británicos. “Hay indicios de que está cogiendo impulso la idea de abandonar la neutralidad y tengo la impresión de que ha llegado el momento de actuar de forma inmediata para verificarlo”, arrancaba el texto. El embajador cree tener “una forma segura” de acceder a los ministros mejor colocados.
Esa forma de “influir de forma decisiva y asegurar la neutralidad de España” en la II Guerra Mundial no es otra que el pago de sobornos, para lo cual necesita de “un máximo de medio millón de libras” y exige de forma “urgente” la autorización. Y ruega que “si hay alguna duda, se consulte con el primer ministro”, Winston Churchill. Al final, los británicos se gastarían 13,5 millones de dólares en sobornos (hoy 222 millones, 170 de euros). Los pagos se harían a través del banquero mallorquín Juan March y los sobornados no sabrían que el dinero procedía del Gobierno británico. El mayor problema no fue encontrar candidatos a ser sobornados, sino que March pudiera hacerse con el dinero sin levantar sospechas. La fórmula elegida, una cuenta en Nueva York de un banco suizo, levantó las suspicacias del Tesoro de EE UU, que bloqueó la cuenta durante meses.
El embajador Hoare recibió luz verde con el visto bueno directo de Winston Churchill y el canciller del Exchequer y ministro del Tesoro, sir Kingsley Woody. El 9 de junio confirmaba en un nuevo telegrama que las negociaciones “se desarrollan de forma satisfactoria” pero advertía que serían necesarias “cantidades más amplias” que el medio millón de libras estimado al principio. El Foreign Office cuestiona el 14 de junio la posibilidad de autorizar un gasto superior, pide detalles de la operación y avisa al embajador que si las ofertas de sobornos son rechazadas y se llega a conocer la implicación británica la consecuencia sería “un daño infinito”. “Tengo dudas de enviar ningún nombre, ni siquiera en un mensaje cifrado”, responde al día siguiente el embajador. “Tienen que aceptar mi palabra de que las personas son de la mayor importancia”, asegura, y lanza una advertencia definitiva: “Puede muy bien ocurrir que la entrada de España en guerra dependa de la rapidez de nuestra actuación. La situación es crítica”. El 21 de junio, el Foreign Office confirma que “el dinero ha sido depositado según lo acordado en el Swiss Bank Geneva en Nueva York”.
Un informe firmado por el comandante Furse el 26 de junio y dirigido a Churchill y sir Kingsley sintetiza la operación desde el punto de vista de la legación en Madrid. “La Embajada opina que España está a punto de entrar en guerra y solo la adopción de esta estrategia puede evitarlo”, describe. “Franco desea seguir siendo neutral pero está aterrorizado con Alemania; Suner [Suñer] Yague [Yagüe] y el ala izquierda de la Falange están a favor de la intervención; el ala derecha (Requetés, Carlistas, empresarios, la mayoría del Ejército y los campesinos) están por la neutralidad”, prosigue el militar.
Documento desclasificado en el que se muestra una lista de los generales sobornados.
“El objetivo de sir S. Hoare es dar al ala derecha la fuerza necesaria para que se puedan organizar. Esa organización sería pro-España y anti-extranjera (por ejemplo, tanto anti italiana como anti inglesa) pero no reclamaría Gibraltar hasta después de la guerra”, continúa. Y explica que “la oposición a Suñer se está organizando a través de Juan March, con el que el agregado Naval está en contacto directo”. “March actuó como un agente doble para nosotros y para los alemanes en la última guerra y está de nuevo en contacto con nosotros”, recuerda.
March se encargó de contactar con ministros y militares (a menudo eran ambas cosas), pero no por amor al arte: no solo se acabaría embolsando cinco millones de dólares, sino que a juicio de los británicos, March quiere que fracasen las políticas de Ramón Serrano Suñer como ministro de Exteriores “para salvar sus inversiones e incrementar su poder”. El documento de Furse detalla a continuación los pagos comprometidos y el grado de compromiso de los implicados en la operación, también el dinero prometido a cada uno y el calendario de los pagos. Documentos posteriores especifican además que de los 13,5 millones de dólares a pagar, 3,5 se abonarían al final de la guerra. De los otros 10 millones, dos ya se habían pagado cuando Furse envía su informe, tres se deben entregar de inmediato y de una vez y los otros cinco (la comisión de March), al cabo de seis meses.
Luego cita a los implicados y lo que recibe cada uno en dólares: Nicholas \[sic\] Franco (2 millones); general Varela (2); general Granda (2); el secretario general de la Falange, Gallardo (1); general Kindelán (500.000 dólares), del que añade entre paréntesis: “Es un chorizo”. Todos reciben el dinero directamente de March. Siete más están en la operación pero solo tres, los generales Queipo de Llano, Orgaz y Asensio, reciben pagos, sin que se detalle la cantidad. Los otros cuatro son los generales Llana, Moreno, Alonso y Solchagar y el ex secretario general de la Falange, Muñoz Grandes. Un telegrama del embajador Hoare del 28 de junio explica: “Los planes están dando resultados. El general Yagüe, protagonista de la entrada de España en la guerra, ha sido despedido”.

La diplomacia catalana inicia una gira para explicar la consulta soberanista

El Diplocat, el organismo de la diplomacia pública catalana, arranca esta semana en París una gira de conferencias en círculos académicos internacionales para explicar al mundo el proceso del derecho a decidir a través de una consulta. "Queremos ofrecer una aproximación rigurosa y académica al proceso iniciado en Cataluña", ha explicado, en declaraciones a Efe, el secretario general del Diplocat, Albert Royo.
El Consejo de la Diplomacia Pública o Diplocat es un consorcio creado en 2012 en el que están integrados la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, las cuatro diputaciones, universidades, cámaras de comercio, cajas de ahorro y patronales, entre otras entidades.
Con esta configuración, el Diplocat se presenta al mundo, según Royo, como una institución de "amplio espectro representativo" y que centra sus esfuerzos en tender lazos con agentes académicos, culturales y económicos, dejando a un lado la tradicional diplomacia de los estados.
En esta línea, el Diplocat organiza el próximo viernes la primera jornada para explicar el derecho a decidir en Science Po, universidad parisina de reconocido prestigio internacional por donde han pasado la mayoría de los principales políticos franceses.
La jornada "La Ley al servicio de los pueblos" la inaugurará el catedrático la Facultad de Derecho de Science Po, Guillaume Tusseau, y constará de una mesa de debate moderada por el periodista de "Le Monde" Patrice de Beer.
En esta mesa intervendrán la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, el filósofo y presidente del Instituto de Investigación e Innovación del Centro Pompidou de París, Josep Ramoneda, y la catedrática de Ciencias Políticas de Sciences Po, Astrid von Busekist.
Al acto también se han invitado a miembros de todos partidos catalanes con representación en la Eurocámara y han confirmado su participación los eurodiputados del PSC, Maria Badia, de CiU, Ramon Tremosa y de ICV, Raül Romeva.
Después de esta cita, el Diplocat está haciendo gestiones para organizar en Londres la siguiente jornada de difusión del derecho a decidir, que en este caso abordará con expertos británicos y catalanes el encaje de una hipotética Cataluña independiente en la UE.
El Diplocat también se plantea en un futuro no muy lejano el llevar estas jornadas divulgativas a universidades de España, con el objetivo de que se pueda explicar en los ámbitos académicos el proceso por el derecho a decidir.