tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 14 de agosto de 2012

Cadaqués - Provincia de Girona - Cataluña



Fotografías nocturnas de alta exposición

Solomillo de cerdo con manzanas



Venezuela arma “ejército guerrillero” por eventual invasión de EE.UU.

La diputada opositora María Corina Machado, advirtió que con “asesoría de Cuba”, Chávez está creando un “ejército guerrillero” que superaría el millón de milicianos para 2013, con la única excusa de enfrentar una eventual invasión de Estados Unidos, “aunque sus razones bien podrían ser otras”, dijo.

La legisladora aseguró haber tenido acceso a documentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que confirman la noticia, según publica el diario El Universal, de Caracas.

Tienen “conceptos maoístas”

La legisladora, que enfrentó al actual líder de la oposición por la supremacía para la candidatura a la presidencia y resultó en segundo puesto, afirmó que sobre la base de la eventual invasión norteamericana, se está cambiando la óptica general de la defensa nacional e incluso el adoctrinamiento que reciben los uniformados.

“El objetivo estratégico es construir una nueva doctrina militar bolivariana para librar con éxito una guerra popular prolongada ante una hipótesis de guerra por parte del imperio estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela”, citó textualmente la legisladora del documento de referencia.

Para Machado hay un “concepto maoísta”, que se usó en Vietnam, en Cuba y en Yugoeslavia, frente a la manifiesta “asimetría de fuerzas por lo que se combate con el desgaste del enemigo a través del tiempo”.

Remarcó que se está “ante una propuesta de clara inspiración y asesoría cubana”, que buscan reforzar a las milicias, en contra “de los componentes regulares del ejército” y alertó que el plan propone alcanzar los dos millones de milicianos para 2019.

Piden en Chile retiro de criticada ley de Orden Público


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Santiago de Chile, 14 ago (PL) Organizaciones de izquierda y grupos defensores de los derechos humanos llamaron al gobierno chileno a desistir de una polémica ley de fortalecimiento del Orden Público, próxima a su votación en el Congreso.

Así lo hicieron ver en carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, entregada en La Moneda por los diputados Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, y Sergio Aguiló, del Movimiento Amplio de Izquierda.

Acompañaron también a los parlamentarios en la acción de rechazo al mencionado proyecto de ley representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

En opinión de Gutiérrez, la referida normativa restringe las libertades individuales y menoscaba "esta democracia de cartón piedra que hay en el país".

El reconocido abogado chileno criticó además los emplazamientos hechos por ediles capitalinos contra estudiantes que participan en tomas pacíficas de sus colegios, expuestos a una eventual pérdida de sus matrículas de persistir en las protestas.

Por su parte la portavoz de la AFDD, Mireya García, consideró que la anunciada por el Gobierno como una ley de resguardo del Orden Público no sintoniza con un Estado de derecho y solo conllevará a criminalizar la legítima manifestación social.

Conocida como "ley Hinzpeter", en alusión al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la cuestionada legislación fue aprobada por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja la semana pasada y su votación en Sala fue aplazada para la próxima semana.

Según los reiterados cuestionamientos en relación con su contenido, el proyecto penaliza la toma de instituciones y otras expresiones de protesta social, además de responsabilizar a los organizadores de una movilización con los desmanes y actos vandálicos que ocurran en el contexto de la protesta.

Muestran imágenes de barbarie de bandas armadas sirias

Damasco, 14 ago (PL) Varias televisoras árabes se hacen eco hoy de acciones de violencia de las bandas armadas contra civiles sirios, partidarios del gobierno del presidente Bashar al-Assad.

Un canal del Líbano y televisoras de otros países árabes muestran este martes como un grupo de insurgentes procede a degollar a un partidario del gobierno sirio y plantean que eso le pasará a todos los que apoyen a al-Assad.

Atado de manos y piernas, en medio de sus gritos y la algarabía de sus captores, se ve como es cortado el cuello del simpatizante gubernamental y la sangre fluir a borbotones hasta cubrir el suelo, mientras varios de los llamados rebeldes lanzaban consignas y lemas.

La admisión de estas acciones muestran la forma violenta en que se desarrolla la agresión contra el pueblo sirio, comentan algunos observadores.

Esta situación coincide con declaraciones a la televisión local de uno de los muftíes (dirigente religioso) de los grupos terroristas armados en al-Mleha, en Damasco Campo, llamado Ahmed Ali Ahmed Garybo.

En sus palabras, el religioso reconoció haber emitido edictos (fatwas) para los grupos armados en Damasco en los cuales autorizaba el homicidio y la comisión de crímenes contra los ciudadanos.

Garybo narró los crímenes y las agresiones llevadas a cabo por parte de grupos terroristas en Damasco Campo, con el dinero y las armas que se recibían del extranjero, especialmente de Arabia Saudita, y con la ayuda de mercenarios extranjeros, en especial provenientes de países árabes.

En sus declaraciones, el clérigo musulmán manifestó que muchos de los insurgentes eran adictos a las drogas, incluso, uno de ellos violó a una mujer casada, actos contrarios a las prédicas del Islam.

Indicó que entre sus acciones estuvo dictar la fatua 107 que autorizaba a los armados o les permitía matar a cualquiera, ya fueran civiles o militares, que mantuvieran tratos con el Gobierno.

Aclaró que a causa de su decisión, el asesinato se convirtió en algo natural para los insurgentes, quienes mutilaban los cuerpos, incluso, contó, como fueron asesinadas cinco personas y sus restos arrojados a un desagüe de aguas albañales y dentro de contenedores de basura.

Gharibo aseguró que estas prácticas son impulsadas por miembros de la red al-Qaeda y Al-Nasra Jabhat, y que esos extremistas takfiris creen en el sectarismo, el derramamiento de sangre y lo consideran algo legítimo y no tienen ningún problema para matar a civiles durante sus acciones.

Internautas pondrán nombre a balón futbolero de Brasil-2014


Internautas pondrán nombre a balón futbolero de Brasil-2014
Brasilia, 13 ago (PL) Los internautas del sitio Globoesporte tendrán la posibilidad de elegir entre tres propuestas el nombre del balón de la Copa Mundial Brasil-2014, publica hoy la prensa local.

La esférica sucederá a la controvertida Jabulani de Suráfrica-2010 y sus nombres tentativos son Adidas Bossa Nova, Adidas Brazuca o Adidas Carnavalesca.

Para esta cita balompédica, Adidas concedió la libertad de seleccionar el nombre del balón a los fanáticos del fútbol, a modo de excusa tras las fuertes críticas que recibió la pelota anterior.

España defenderá la corona mundial en Brasil-2014, y a priori los anfitriones, pentamonarcas del orbe, serán sus principales adversarios.

Ecuador tiene listos informes sobre caso Assange


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Quito, 14 ago (PL) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que están listos los informes sobre la solicitud de asilo político realizada a su país por el periodista australiano Julian Assange.

En una comparecencia en el programa televisivo Palabra Suelta, Correa señaló que se ha revisado el pedido y todo el proceso para poder tomar una decisión responsable.

Manifestó que tiene simpatía por Assange, como también por Reino Unido y Suecia, sin embargo su país dará al fundador de WikiLeaks una respuesta soberana y con estricto apego a los principios de Ecuador.

Las expectativas se incrementaron tras el anuncio reciente del canciller Ricardo Patiño de que una vez concluidos los Juegos Olímpicos de Londres se informaría la posición del país respecto a la petición de Assange.

Este lunes, la prensa local comunicó que el periodista aguarda tranquilo en la Embajada de Ecuador en Londres por una decisión del país suramericano, la cual él sabrá acoger con el mayor respeto, atención y afecto.

El diario El Telégrafo, que circula en territorio nacional, confirmó que en los últimos días se han realizado reuniones entre altos funcionarios del país para definir el tema, luego de la solicitud hecha a Quito por Assange el pasado 19 de junio.

Aunque, en todo caso, precisa la nota, la decisión ya está tomada y se ultiman detalles jurídicos del caso.

Según una encuesta realizada en Australia por la cadena internacional Russia Today, más de la mitad de los ciudadanos de ese país duda que al fundador de WikiLeaks lo juzguen de manera imparcial de ser extraditado a Estados Unidos.

El comunicador australiano teme ser enviado a Estados Unidos desde Suecia, donde es reclamado por presuntos delitos sexuales, para ser juzgado por la publicación de miles de documentos secretos de ese país.

Golpea Ejército sirio a bandas armadas


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Damasco, 14 ago (PL) Fuerzas del Ejército Árabe Sirio (EAS) prosiguen hoy los enfrentamientos contra bandas armadas en provincias del país, donde les ocasionaron cuantiosas bajas en choques registrados este lunes.

En la ciudad de Daraya, al sur de la capital, fue desmantelado un automóvil que transportaba proyectiles para lanzacohetes antitanques y apresado sus ocupantes.

La televisión local transmitió imágenes de la operación en la que agentes de seguridad encontraron escondidos, en puertas y otras partes del auto, los proyectiles que debían abastecer a grupos irregulares.

En la provincia de Homs, a 162 kilómetros al norte de la capital, fueron reportados enfrentamientos, en los cuales fueron eliminados innumerables insurgentes, destruidos vehículos de transporte y otros pertrechos bélicos.

Por otra parte, en Jouret al-Shayah, en las cercanías del mercado de al-Ghanam, en la autopista Homs-Salamiyah y en un área rural de la ciudad de Talbiseh, fuerzas del EAS enfrentaron a grupos insurgentes a los que le ocasionaron muertos y heridos, aunque no se precisan las bajas en filas gubernamentales.

En esa misma provincia, zona al-Qseir, localidad de al-Eznea, fueron desmanteladas estructuras de los grupos en una cueva, utilizada como base para sus operaciones contra objetivos gubernamentales y la población civil, y en un área de al-Shammas resultó desactivada una fábrica de explosivos.

Mientras en las provincias de Latakia e Idleb, fuerzas gubernamentales enfrentaron y persiguen a grupos armados, a los que causaron bajas, ocuparon armamentos y vehículos de transporte.

Asimismo en la ciudad de Alepo, a 350 kilómetros al norte de la capital y cerca de la frontera con Turquía, continúan las operaciones contra remanentes de los grupos armados que intentaban tomar el control de esa urbe.

Imágenes de la televisión siria mostraban a las autoridades de la provincia recorriendo sitios de la ciudad, donde se restablecía la venta de gas y otros servicios básicos, afectados durante los violentos enfrentamientos de días anteriores.

También, el accidente de un avión caza Mig 23, en la provincia de Deir Ez Zor, es presentado por grupos armados como derribo de la nave por medios artilleros insurgentes, sin embargo trascendió que el aparato tuvo fallas técnicas.

Medios sirios destacan declaraciones de Ahmad Ali Gharibo, un Muftis (expositor de la ley islámica) de grupos armados, capturado en Damasco Campo, donde este admite haber lanzado fatwas (leyes u órdenes religiosas) para permitir a los insurgentes asesinar a pobladores civiles.

Los jueces ponen límites al nuevo despido de la reforma laboral

Semanas antes de que se aprobara la reforma laboral, cientos de empresas paralizaron los ajustes de plantilla que habían puesto en marcha. La cifra de expedientes de regulación de empleo (ERE) retirados, 282, se triplicó en los dos primeros meses de 2012 respecto a 2011. Entre las compañías que quisieron aprovechar las nuevas reglas para el despido colectivo que habían comenzado a tramitar con las viejas normas está la empresa de transportes Tradisa, que ya con la nueva ley despidió a 23 empleados. La Audiencia Nacional lo anuló.

La reforma laboral aprobada el 10 de febrero fortaleció las posiciones empresariales en las regulaciones de empleo (despidos colectivos, suspensiones temporales de contratos y reducciones de salario y jornada). Ya no hace falta el permiso de la autoridad laboral, y el pacto con los sindicatos ha dejado de ser una condición casi imprescindible. Además, la caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos justifica el despido objetivo (20 días por año trabajado). En definitiva, se facilita y abaratan las extinciones de contrato. Y esto fue una tentación grande para firmas como Tradisa. En cambio, para la Audiencia eso es “fraude de ley”, ya que “supone una manifiesta voluntad de sustraerse del procedimiento legal para beneficiarse de uno más flexible, lo que equivale a cambiar de árbitro y de reglas de juego en pleno partido”.

Una queja histórica del empresariado español es que los tribunales deciden abrumadoramente en su contra en las querellas sobre despidos, pese a que desde 2000 la estadística sitúa entre el 30% y el 40% de fallos en su favor. Para atender esta demanda, las dos últimas reformas laborales han acotado el papel de los jueces. El Gobierno de Zapatero introdujo el concepto de “pérdidas razonables o previstas” como causa de despido objetivo y el de Rajoy la citada caída de ingresos. Pero la tutela judicial existe aún en materia laboral y los tribunales están empezando a señalar los límites que la nueva norma marca.

Situación de todo el grupo

La primera frontera la señalaron los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en sendos despidos colectivos. En estas comunidades, las empresas DOPEC y Talleres A, respectivamente, rescindieron decenas de contratos alegando causas económicas. Los jueces anularon la decisión de las compañías, entre otras cosas, porque forman parte de un grupo empresarial y no sirve que se tome la situación económica solo de una compañía para justificar la aplicación de un ERE. Así, se exige que se tome en consideración —y, por tanto, se documente— a todo el grupo.

En el caso de Talleres A, el tribunal ha ido más allá, al apuntar que pese a que ya no es obligatorio el acuerdo entre las partes, sí que tiene que haber una negociación con voluntad de llegar a un pacto. Lo que de ratificarse por el Tribunal Supremo acabará elevando, de hecho, las indemnizaciones mínimas fijadas en la ley. “Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación con su posibilidad como única, no negocia ni efectúa concesiones, sino que se limita a cumplir formalmente con un trámite”, señala la sentencia, que abunda que tal actitud supone una negociación de mala fe.

Esta sentencia, como la que ha firmado hace pocos días la Audiencia Nacional, refuerza el papel negociador de los representantes de los trabajadores, algo que salió muy tocado de la reforma. En el último caso, se anula el despido de Segur Ibérica por negociar individualmente con empleados, mientras lo hacía con el comité. Esta actitud “vacía de contenido” el periodo de consultas (se llama así al plazo de un mes que da la ley desde que la empresa comunica un ERE a los trabajadores hasta que acaba el proceso, con o sin acuerdo).

Varios centros de trabajo

Este texto de la Audiencia también marca un camino para las regulaciones en empresas con varios centros de trabajo. La solución —pactada o no— tiene que ser la misma para el mismo expediente. No sirve, pues, llegar a un acuerdo en dos centros y no hacerlo en otro, como sucedió con Segur Ibérica.

Lo que también han dejado claro los tribunales es que la documentación para justificar un despido por causas económicas debe reflejar con fidelidad la situación de la empresa. No valen unas cuentas provisionales, especialmente si se usan para prever pérdidas en el futuro, si difieren del resultado definitivo y auditado, como ha dictado el Tribunal Superior de Madrid contra la empresa de telemarketing GSS.

De momento, no hay muchas sentencias, ni se ha sentado jurisprudencia. Pero los jueces ya han dejado claro dónde están los límites del nuevo despido. No aceptan que se intente echar a trabajadores a la calle y se contrate al mismo tiempo, como hizo GSS. Ni toleran que una empresa extinga contratos durante la vigencia de un ERE de suspensión de empleo en el que se ha comprometido a no despedir, como ha hecho M S. A., que despidió a 23 trabajadores pese a haber pactado una suspensión sobre 71 empleados que está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.

Pero si hay una frontera clara sobre los despidos colectivos es la que marcó el Tribunal Superior madrileño, que definió con claridad qué es una regulación de empleo en su fallo contra GSS: “Los ERE son un coste social para ayudar a empresas en crisis o con dificultades de productividad que afectan a su supervivencia. No son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza ni beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales”.

Se imponen las rescisiones baratas

E. T. / M. V. G., Madrid

Los despidos objetivos, los más baratos (20 días por año trabajado), se han disparado en los cinco primeros meses del año. Entre las rescisiones individuales y los despidos colectivos se han registrado 163.185, casi un 50% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Empleo.

El recrudecimiento de la destrucción de empleo y la reforma laboral han dado un vuelco a la forma de despedir en España. Incluso el año pasado o el anterior, pese a que la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó las rescisiones objetivas (20 días por año trabajado), la vía de despido más utilizada fue la llamada exprés, mecanismo creado en 2002 que permitía a las empresas despedir de forma rápida y libre con un coste muy alto (45 o 33 días por año trabajado).

En los últimos años, los despidos objetivos y las regulaciones de empleo han ido ganando peso. La crisis ha abocado a muchas empresas a graves problemas. Y eso las ha obligado a rescindir contratos y a hacerlo por el camino más arduo, pero más barato. También las reformas laborales han puesto de su parte al allanar estas vías. Lo hizo la de 2010 y lo ha hecho la última.

La aprobada el pasado febrero, sancionada definitivamente en el Parlamento en junio, ha sido el impulso definitivo. Acabó con el despido exprés (aunque todavía aparecía el viernes en la estadística porque Empleo agrupaba en ese epígrafe los que han sido recurridos, pero aún no tienen sentencia judicial) y facilitó más los despidos objetivos y los colectivos.

No obstante, hay que tener en cuenta que en España no hay una estadística directa de despidos y que esta se elabora a partir de las causas de las altas en prestaciones por desempleo, un dato que Empleo dejó de facilitar el pasado sábado y que, según dice en su web, volverá a estar “disponible próximamente”.

Llenar la mochila costará 14 euros más este año por el alza del IVA

Pronto toca sacar la calculadora para llenar la cartera de los niños. Los lápices, los cuadernos o las pinturas son algunos de los productos cuyo IVA se ha incrementado del 4% al 21%. Traducido a euros, el material escolar costará de media 124 euros por niño, 14 más que si no subiera este impuesto el 1 de septiembre, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Una subida más, pero el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Jesús Sánchez, recuerda que la situación económica de muchas familias es “dramática”. “Algunos no tienen ni para pagar los 10 euros de cuota de la Asociación de Padres”, dice.

Algunas grandes superficies y papelerías han adelantado la venta de material escolar para que los padres puedan comprarlo antes de la subida del IVA previa a la vuelta al cole. Pero hay otros gastos que pueden verse afectados por el alza. El precio del comedor en el colegio podría aumentar por la subida del coste de los alimentos, que serán gravados con un 10% (antes el 8%). “Además no sabemos todavía si habrá becas para este servicio”, denuncia Sánchez. La ropa también se encarece. Renovar el armario de los pequeños será tres puntos más caro. El uniforme es, en caso de utilizarlo, una de las partidas más costosas de la cesta colegial según la OCU: 216 euros de media por alumno. Aunque en los colegios públicos es poco habitual su uso.

Los libros, que mantienen el IVA superreducido del 4%, costarán de media —para un alumno de primaria— 215 euros. Pese a que se salvan de la subida del impuesto, desde la CEAPA recomiendan reutilizar los textos y organizar mercadillos solidarios para intercambiarlos.

La factura de la vuelta al cole la completa el gasto del transporte escolar. La OCU ha calculado que los niños que tengan que desplazarse en para acudir a su centro pagarán 88 euros de media. La organización recuerda, sin embargo, que el servicio de ruta es casi inexistente en los colegios públicos.

En total, todos los gastos suman 640 euros de media por niño (510 en los colegios públicos y 917 en los concertados, en los que además se abonan gastos de matrícula y son frecuentes las cuotas mensuales).

Ciudadano denuncia a ciudadano


Si una persona pone los pies en el asiento de los ferrocarriles, usted puede denunciarlo de forma anónima. Si tira una colilla por la ventana, también puede comunicárselo a los Mossos d’Esquadra. Si alguien le irrita con la música ambulante, puede asimismo avisar a las autoridades. Si se trata de un mendigo que pide limosna en el vagón de un tren, no lo dude, también puede presentar su queja. Si sospecha que una familia ha matriculado a su hijo en un centro que no le toca, puede delatarla, e incluso solicitar a la escuela que le faciliten sus datos para comprobar sus sospechas.

Hasta ahora, siempre había sido posible llevar al vecino a los tribunales en todo tipo de disputas. Pero ahora se suma el estímulo de la Generalitat, que anima a hacerlo e incluso crea aplicaciones y da facilidades a los ciudadanos para denunciar a otros ciudadanos supuestamente incívicos o piratas. El último caso que ha levantado ampollas es una circular del Departamento de Enseñanza que permite que los padres que sospechen de una inscripción fraudulenta puedan acceder a los datos de esa familia: nombre, apellidos y domicilio.

“Nuestra tarea no es hacer de policías”, dice una federación de padres y madres

“El civismo es innegociable, pero lo que no puede ser es que ante la impotencia de la Administración se llame a los ciudadanos a hacer su tarea”, lamentó el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. “La Administración que haga lo que tiene que hacer, y los padres haremos lo que tenemos que hacer. Aquí cada uno tiene su tarea y la nuestra no es la de hacer de policía”, se sumó ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (Fapac), Álex Castillo, en declaraciones a Efe. La Asociación por la Transparencia en la Preinscripción Escolar, en cambio, aplaudió la medida.

Enseñanza esgrime que hasta ahora ya era posible denunciar este tipo de comportamientos. Los afectados acudían a las oficinas de escolarización, que a través de los Ayuntamientos comprobaban el padrón, hecho que siempre ha ocasionado muchas quejas y que, precisamente, acabó ante el síndic de greuges, Rafael Ribó, que se posicionó a favor de la transparencia de datos de la Administración.

“Pero el responsable de subsanar el posible fraude no es la familia. La que tiene que comprobar esos datos y ver si se ha cometido alguna infracción es la Administración”, matizó Ribó, que apuntó, sin embargo, que con “la ley en la mano” todo el mundo debe tener acceso a los expedientes que le afecten. “Aunque quien tiene que velar por el buen funcionamiento no es la familia”, recalcó.

“Es muy peligrosa esta cultura de la delación promulgada por el Gobierno de CiU”, añadió el líder municipal de ICV-EUiA en Barcelona, Ricard Gomà, que le atribuyó un intento de “poder justificar los recortes en derechos personales y civiles”. Gomà fue más allá cuando se refirió a la polémica aplicación creada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que permite advertir de 11 tipos de comportamientos “incívicos” en los trenes, entre ellos, pedir limosna. “Raya el fascismo”, defendió.

Más de 10.600 firmas contra la aplicación de Ferrocarrils

“El propio departamento es el que anima a recrear una sociedad orwelliana, que nos ataquemos entre nosotros”, criticó Miquel Rubio, que ha creado una plataforma contra de aplicación.

La aplicación de Ferrocarrils funciona desde el pasado 26 de julio. Rubio creó su plataforma en contra el 6 de agosto. “A la una y media de la madrugada”, apunta. Ayer Rubio había recibido ya 10.669 adhesiones. Cada una de estas denuncias se traduce en un correo electrónico que se envía a las direcciones de prensa de Ferrocarrils y al Síndic de Greuges, según explicó ayer. Ribó no ha tomado ninguna medida.

“Me indigna \[la aplicación\] porque ataca a la gente más desfavorecida y porque parte la sociedad en dos y nos anima a enfrentarnos”, añadió. Rubio, estudiante de 28 años de Educación Social en la UOC y autor de un libro sobre la materia que presentará en octubre, no tiene demasiada fe en que Ferrocarrils retire la aplicación. “Hoy mismo \[por ayer\], su presidente, Enric Ticó, alardeaba en Twitter de lo bien que funciona”, lamentó.

“Va muy bien la aplicación de #FGC para avisos de incivismo. Los usuarios la utilizan, los medios hablan positivamente. La ideó un usuario”, escribió ayer en su cuenta en la red social. Este diario recabó ayer, sin éxito, la versión de FGC sobre la polémica aplicación. Sólo los cinco primeros días, la red de trenes recibió un centenar de denuncias.

No se le puede endosar a la ciudadanía funciones que son de Interior o de Enseñanza”, criticó el diputado del PSC Dani Font. “El Gobierno no puede dimitir de sus responsabilidades, pero está bien apelar a la responsabilidad ciudadana”, opinó una portavoz de ERC. Para los consultados, la página web de los Mossos que animaba a delatar a las personas en actitud incívica que salían en las imágenes de la policía supone el inicio de la llamada a la sociedad a denunciarse. Interior siempre ha esgrimido que buscan la “colaboración”, no la delación, ciudadana.

“En lugar de hablar con los distintos sectores sociales, se piden fotografías de quienes tiran colillas”, lamentó del diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch. Con todo, el portavoz de CC OO en la policía catalana, Toni Castejón, defendió las bondades de la “colaboración”. “Cualquier información de hechos delictivos que nos llegue es positiva”, dijo. “Lo que no vemos bien es que se pida más implicación, como en el tema de los somatenes”, ahondó, en referencia a las patrullas de payeses en los campos de Lleida. Tampoco ve clara la denuncia contra quienes tiren colillas: “Es complicado, y acabará siendo la palabra de uno contra otro. Quien la ponga, lo hará una vez y no más”.

Tres detenidos por robar joyas y usar un bebé para esconderlas

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tortosa han detenido a tres personas por robar en domicilios de El Perelló y L'Ampolla (Tarragona) y usar un bebé para esconder parte de las joyas sustraídas, según ha informado la policía catalana.

Según la policía, el bebé -hijo de la detenida y puesto en manos de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (Dgaia)- también llevaba una pequeña cantidad de las joyas robadas para no ser detectadas por la policía.

Los agentes acusan de dos robos con fuerza a una mujer, L.E.S. -de 28 años y vecina de Reus- y a dos hombres G.S. -de 29 años, vecino de Sabadell y con siete antecedentes- y G.M.T. -de 25 años y vecino de Barcelona-.

El 10 de agosto al mediodía, los agentes fueron informados por un particular de L'Aldea de un intento de robo en su domicilio, mientras que más tarde fueron alertados de un robo con fuerza en L'Ampolla, cometido con un vehículo de gran cilindrada.

Esto motivó el despliegue de un dispositivo de búsqueda, localizándose el vehículo sospechoso en la N-340 en l'Ametlla de Mar, donde viajaban los detenidos y un bebé.

En el vehículo se localizaron herramientas que habrían permitido forzar los accesos a los domicilios, así como 1.335 euros en billetes, una cámara y gran cantidad de joyas.

El juzgado de guardia de Tortosa decretó el ingreso en prisión de los dos hombres, mientras que la mujer ha quedado en libertad con cargos.

“Ni me atienden en el ambulatorio ni me dan medicinas”

Hace más de un mes que Carlos no tiene tarjeta sanitaria. No puede ir al médico en la sanidad pública ni obtener recetas. Lleva días paseando su caso por los centros de salud de Zaragoza, pero sin respuesta. Carlos es un inmigrante sin papeles. Ha perdido la residencia legal en España y con ella el derecho a la atención médica. Una asistencia que necesita para tratar la esquizofrenia paranoide que sufre. Este colombiano de 26 años no puede costearse un psiquiatra privado. Tampoco los más de 300 euros al mes que cuestan los fármacos que toma para controlar su trastorno. Depende por completo de la ayuda de una ONG que le proporciona cuidados y la medicación. Una sanidad de beneficencia que no puede compararse a la que reciben el resto de ciudadanos.

Y un canal al que, si no cambian las cosas, se verán abocadas a partir del 1 de septiembre más de 150.000 personas que viven en España en situación irregular. Ese día se hará efectivo el decreto del Gobierno que restringe la asistencia sanitaria para extranjeros sin papeles. Las autoridades desactivarán sus tarjetas sanitarias —salvo las de los menores y las embarazadas— de modo que solo podrán acudir a urgencias.

El Ministerio de Sanidad insiste en que los enfermos crónicos seguirán siendo atendidos; aunque no aclara cómo. Por eso, el caso de Carlos (prefiere que se le llame así), que se adelanta a lo que puede ocurrir dentro de poco más de dos semanas porque su tarjeta ya ha caducado, no augura que la situación esté en absoluto resuelta.

“Ya no me atienden en el ambulatorio. Me dicen que como no tengo papeles no me pueden dar otra tarjeta sanitaria. Ni las medicinas...”, explica abatido. Mientras, la consejería de Sanidad de Aragón encuentra “extraño” que situaciones como la que afronta este colombiano se estén produciendo. “Se está atendiendo a todo el mundo”, asegura una portavoz. Pero a Carlos no se le atiende. De hecho, ante la imposibilidad de solucionar su caso, y el riesgo de una recaída o de un brote, la trabajadora social de su centro de salud le derivó a la consulta de salud mental que tiene Médicos del Mundo en Zaragoza. “Ahora son ellos quienes me están haciendo el favor de atenderme”, dice el hombre.

Carlos llegó a España hace seis años. Fue en Aragón, al poco de llegar, cuando le diagnosticaron el trastorno que padece. Le trataron y desde entonces ha estado medicado. “Estaba bien, hasta ahora iba cada 14 días a que le inyectaran la medicación al centro de salud y luego a la consulta del médico. Pero ya no puede”, informa Fernanda, su pareja. Ella, ecuatoriana, sí está en situación regular en España. Trabaja y, de hecho, está de baja por maternidad de su primer hijo, que acaba de cumplir un mes. Su sueldo es el único que entra en casa. “Cuando nos dijeron que teníamos que pagar todas las medicinas casi me muero. Es imposible. ¡No podemos hacerlo!”, exclama.

Carlos explica que las cosas no siempre fueron así para él. Trabajó casi desde el momento en que puso un pie en España “en lo que salía”. Hizo de mozo de almacén, repartidor de pizzas, peón de obra. Cuando este último contrato se le acabó no encontró otro empleo. “Metí currículos en todos los sitios, en polígonos, en empresas de construcción. Y nada. No sale nada”, explica. Así, como otros muchos golpeados por la crisis, terminó por agotar el paro y la prestación por desempleo y, por último, por perder la residencia legal. Sin embargo, lo que más le preocupa es la asistencia sanitaria. “Es por necesidad. Sé que si no voy al médico me pongo peor”, dice.

Erika Chueca, de Médicos del Mundo Aragón, subraya que su centro solo puede ofrecer —a Carlos y a otros— una consulta psiquiátrica al mes. “Además, hemos tenido que cambiarle la medicación por otra más antigua y con más efectos secundarios porque no podíamos costear la que él recibía. Pero al menos tiene tratamiento”, dice. Chueca reconoce que su organización, como otras dedicadas a la asistencia sanitaria, no tiene capacidad para atender por completo a los pacientes. Y menos para absorberlos a todos, tengan la enfermedad que tengan, si el Gobierno decide atenderlos a través de ONG como, en un principio, propuso la ministra Ana Mato. “No tenemos los medios de la sanidad pública. Nuestros médicos son voluntarios y dependemos de acuerdos con hospitales para las pruebas diagnósticas. Y luego está la medicación... Somos un apoyo, un apoyo que además tiene cada vez menos fondos”, abunda.

Los padres critican que se les empuje a perseguir el fraude en la preinscripción

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (Fapac) ha criticado que la Generalitat convierta a los padres en perseguidores del fraude en la preinscripción escolar tras autorizar a los centros a hacer públicos datos de familias que se sospecha que engañan sobre su residencia.

"La administración que haga lo que tiene que hacer y los padres haremos lo que tenemos que hacer, aquí cada uno tiene su tarea y la nuestra no es la de hacer de policía", ha destacado el presidente de la Fapac, Àlex Castillo.

La Generalitat ha establecido un nuevo protocolo que permitirá que los padres puedan acceder a datos de otros candidatos que hayan realizado la preinscripción en un centro escolar, si sospechan que han engañado sobre su domicilio.

Para Castillo, esta medida "no es efectiva" ni tampoco "ayudará a la convivencia entre familias", ya que se establecerá entre los candidatos "un principio de desconfianza".

Según el presidente de la Fapac, este tipo de fraude no es muy habitual, pero la administración no siempre actúa y cuando reacciona ya es tarde y el alumno ya ha iniciado el curso escolar.

Por contra, la Asociación por la Transparencia en la Preinscripción Escolar ha aplaudido hoy la medida del Departamento de Enseñanza de la Generalitat. En un comunicado publicado en su web, esta asociación destaca la importancia de que "los tramposos sepan que existen medios para descubrirlos" y recuerda que la administración "debe fomentar todas las herramientas de prevención posibles para evitar que aquellos que incumplen las normas no se salgan con la suya".

Los centros deberán facilitar la información

El departamento que dirige Irene Rigau ha enviado a los centros escolares una circular en la que se les comunica que, si unos padres piden información de una determinada familia preinscrita porque creen que puede haber un fraude, deben proporcionarles los datos.

El centro sólo podrá facilitar nombres, apellidos y domicilio, mientras que deberá mantener en la estricta confidencialidad detalles como la renta o eventuales discapacidades de los niños solicitantes.

Fuentes del Departamento de Enseñanza han explicado que el objetivo de esta medida es que los padres contribuyan a perseguir presuntos casos de falseo en el empadronamiento.

En el proceso de preinscripción, la proximidad geográfica entre el domicilio y el centro escolar es uno de los elementos importantes en la puntuación para acceder a la plaza, por lo que se pueden dar casos de picaresca al presentar los datos de empadronamiento.

Un antiabortista redactará el fallo del Constitucional sobre la ley del aborto

El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero Tassara, exdiputado del PP durante 17 años y bien conocido por sus estudios contrarios al aborto y al matrimonio homosexual, ha heredado las ponencias que correspondían a la magistrada saliente Elisa Pérez Vera, entre las cuales figura precisamente la del recurso del PP contra la ley de plazos del aborto, según informaron fuentes del Constitucional. Será por tanto este magistrado, perteneciente al Opus Dei, el que redacte la sentencia sobre la ley del aborto, que ha criticado en numerosos escritos y foros desde su posición de catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.

Nada más tomar posesión de sus cargos los cuatro nuevos magistrados del Constitucional, se asignaron a cada uno de ellos las ponencias de pleno de los magistrados salientes. A Encarnación Roca le correspondieron las de Javier Delgado Barrio; a Fernando Valdés, las de Eugeni Gay; a Juan José González Rivas las del fallecido Roberto García-Calvo, y las de Elisa Pérez Vera a Andrés Ollero. Las mismas fuentes confirmaron que entre las de Ollero está la ponencia sobre la ley de plazos del aborto, de la que Elisa Pérez Vera había dejado un estudio muy avanzado.

El magistrado Andrés Ollero, consultado ayer por este periódico, dijo desconocer que tuviera que ocuparse de dicha ponencia, aunque admitió que, si estaba entre las de Elisa Pérez Vera, sería efectivamente así.

Ollero jura el cargo de magistrado del Constitucional, el pasado 23 de julio. / BALLESTEROS (POOL)

Preguntado por si, dada su reconocida trayectoria y sus escritos contrarios al matrimonio homosexual y el aborto, había valorado la posibilidad de abstenerse de deliberar ambos asuntos, Ollero contestó que del matrimonio homosexual ni siquiera conoce la ponencia, y que la cuestión del aborto “no está en el orden del día” por lo que ni se lo ha planteado. Sobre el matrimonio homosexual —cuya ponencia previsiblemente será debatida el próximo 13 de septiembre—, Ollero se remitió a la respuesta que dio el pasado julio al diputado socialista Ramón Jáuregui en el Congreso cuando este le preguntó si tendría inconveniente en suscribir que “todos” tienen derecho a contraer matrimonio.

En aquella ocasión, el candidato a magistrado respondió: “El problema no es que esté en juego el matrimonio, es que está en juego la Constitución”. En otra respuesta al diputado, Ollero dijo que le parecería bien que se incluyera en la Constitución la no discriminación “por orientación sexual” puesto que en España “se ha discriminado a los homosexuales” y hay que acabar con cualquier discriminación. “Al igual que digo que expresar el propio código moral no discrimina a nadie”, añadió.

Sobre una hipotética abstención en el asunto del aborto, habida cuenta de la recusación de la que fue objeto en 2007 el magistrado Pablo Pérez Tremps para deliberar sobre el Estatuto catalán por haber publicado un estudio sobre la acción exterior de las comunidades autónomas, Ollero dijo que aquel fue un asunto “muy excepcional y muy distinto”. Y respecto a la abstención del magistrado Francisco Hernando en el asunto del matrimonio homosexual en julio pasado, Ollero dijo que Hernando, cuando era presidente del Poder Judicial, había firmado un informe sobre la ley que nadie le había pedido.

Ollero concluyó que, al desconocer que le había tocado la ponencia del aborto, ni siquiera se había planteado la abstención. Pero subrayó que cuando se accede al Constitucional, con 60 años o más, resulta muy difícil no haberse pronunciado sobre todos los asuntos polémicos: “Lo normal es que los juristas hablemos de los problemas jurídicos”. “Si haber hablado de un asunto fuera una condición que invalida, sería imposible que el Constitucional se pronunciase sobre nada”, añadió.

En línea con Ollero, fuentes del Constitucional indicaron que cuando se accede al tribunal “ya se sabe lo que piensa cada cual”, y que aceptar la recusación de Pablo Pérez Tremps “fue un error del Tribunal”, contra el que presentaron votos discrepantes jueces del sector progresista.

Un asunto “no urgente”

La deliberación del recurso del PP sobre la ley de plazos del aborto de 2010 “no es un tema urgente” para el pleno del Tribunal Constitucional, según explican fuentes del tribunal, dado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la promulgación de una nueva ley que previsiblemente hará tabla rasa de la actual ley de plazos e incluso eliminará de los antiguos supuestos despenalizados el de la malformación del feto.

En cambio, las deliberaciones sobre la ley del matrimonio homosexual de 2005, interrumpidas por la renovación del tribunal, proseguirán previsiblemente en el primer pleno tras la vuelta de las vacaciones, el próximo 13 de septiembre. La ponencia favorable del magistrado Pablo Pérez Tremps podría verse reforzada por la incorporación de la especialista en Derecho de Familia Encarnación Roca, del sector progresista.

Romney hace campaña en Miami en el establecimiento de un narcotraficante

Al contrario de otros candidatos de su partido, que en años anteriores desfilaron por la ventanilla del restaurante 'Versailles', el cuartel general en Miami de la línea dura del exilio cubano y "centro de operaciones" de casi todos los ataques anticastristas en los últimos 50 años, Mitt Romney obvió degustar allí el tradicional 'café cubano' y optó por llevar su mensaje a los parroquianos del 'Palacio de los Jugos', un novedoso servicio de venta de zumos de frutas naturales, más ecologista y moderno y también de propiedad cubana.

La razón del cambio histórico es, bajo bambalinas, muy simple. Sucede que Felipe Valls, el dueño del 'Versailles', es un viejo activista anticastrista pero que, en estas elecciones, apoya al presidente Barack Obama. Aparecer en su restaurante sería, en estos momentos de polarización política, una situación embarazosa para Romney.

Pero, dentro de una obsesión electoral 'anti Obama', la opción urgente escogida por los estrategas republicanos floridanos fue desastrosa. El 'Palacio de los Jugos' no solo ha sido repetidamente mencionado en la prensa local como un centro de reclutamiento de contrabandistas de refugiados desde Cuba, sino que ahora se sabe que su propietario, Reinaldo Bermúdez, es un narcotraficante que cumplió tres años de cárcel por distribuir cocaína.

En la madrugada del martes, un importante activista republicano de Miami y que no quiso identificarse garantizó a ELMUNDO.es que "Romney no sabe nada de eso". Pero, al mismo tiempo, admitió que fue "un error" hacer el acto de presentación de la candidatura en ese lugar.

Tan pronto se supo el domingo que Romney iba a visitar en campaña electoral el 'Palacio de los Jugos' el lunes, Bermúdez se desdobló en una campaña de relaciones públicas, que incluyó una publicidad gratis de su establecimiento, donde atendió a todos los canales de televisión y les brindó una versión colorida de sus actividades: "Tenemos zumos frescos que al candidato le van a gustar. Es un placer que venga por aquí, lo vamos a atender como se merece", dijo Bermúdez a la cadena hispana Telemundo.

Lo que Bermúdez no dijo fue que el año 1999 compareció ante un tribunal federal como uno de los 12 acusados condenados por una operación de narcotráfico colombiana desbaratada por la Agencia de Estados Unidos antidrogas, (DEA, por sus siglas en inglés), donde incautaron 1.292 kilogramos de cocaína en el puerto de Miami.

Es irónico que siendo un convicto narcotraficante, Bermúdez no va a poder votar por Romney por orden de los tribunales, que le retiraron sus derechos políticos, a menos que el gobernador Rick Scott los restituya ahora, lo cual es poco probable.

Pero el asunto de Bermúdez no fue el único escollo en esta presentación de Romney en Miami. Durante su discurso en el 'Palacio de los Jugos' no mencionó una sola vez la palabra 'Cuba' y, además, cerró el acto con música 'country' en lugar de una salsa más apropiada para el ambiente y ocasión.

Como comentó Ana Navarro, una de las analistas republicanas más lúcidas en el mundo hispano de Estados Unidos, "(en Miami) Romney habló delante de una multitud 100% hispana sin mencionar a Cuba, y cierra (el mitin) con música country. Cuidado (que) ya no estamos en Kansas".

Alemania crece algo más de lo esperado y Francia esquiva la contracción

Los malos augurios sobre la economía de Alemania y Francia no se han cumplido y mejoran las estimaciones de los expertos. La locomotora europea crece algo más de lo previsto y el Producto Interior Bruto francés evita -y por un margen muy estrecho- dar un primer paso hacia la recesión, tal y como lo había predicho el Banco de Francia.

Así, el PIB alemán creció un 0,3% en el segundo trimestre, según estimaciones preliminares divulgadas el martes por la Oficina Federal de Estadística, una cifra ligeramente por encima de las expectativas.

De hecho, algunos analistas en Dow Jones Newswires habían pronosticado un aumento del 0,2% del producto interno bruto (PIB).

La economía germana se vio impulsada por el aumento de las exportaciones y el consumo, que compensaron la disminución de la inversión.

Mientras, el crecimiento en Francia en el segundo trimestre de 2012 ha sido cero con respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) en una primera estimación.

Este es el tercer trimestre consecutivo de estancamiento, según el INSEE, que ha hecho revisión a la baja sus cifras del último trimestre de 2011 (0% frente a 0,1%).