tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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sábado, 29 de junio de 2013

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Los votos de la magistrada Chevesich a favor de Pinochet en crímenes de la Operación Cóndor

El Mostrador


El año 2004, en dos oportunidades la Justicia enfrentó a Augusto Pinochet a la posibilidad de ser desaforado. En la primera de ellas, la jueza destacó el débil estado de salud del dictador como tesis. En la segunda, repitió su negativa, a pesar de declaraciones como las de Manuel Contreras sobre el funcionamiento de la DINA: “Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República”.
 
Pasaron los años y los expedientes cosidos a mano se volvieron polvorientos. Pero ahí estaban, para revivir historias y revelar verdades. La magistrada Gloria Ana Chevesich negaba dos veces su voto para desaforar a Augusto Pinochet, por los crímenes de la Operación Cóndor y del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
En 2001, el dictador lograba engañar a las Cortes con su pretendida demencia incurable. Unos cuestionados exámenes neurosicológicos fueron su carta de presentación. Los desafueros concedidos en el año 2000 a su calidad de senador vitalicio y ex Presidente de la República por los crímenes de la Caravana de la Muerte, lo encaminaban directo al procesamiento que debería dictar el juez Juan Guzmán. Pero logró su salvación y quedó fuera de ese juicio.
Poco después, para sorpresa de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema, el demente revivió con salidas a restaurantes y librerías. Su invocada demencia se vino al suelo en noviembre de 2003, cuando concedió una larga entrevista a la periodista portorriqueña de origen cubano María Elvira Salazar. Hizo gala de una destacada memoria y se autocalificó como “un ángel”. En un almuerzo, el entonces ministro de la Corte Suprema, Alberto Chaigneau, dijo a los periodistas de tribunales “este personaje nos engañó a todos”.
Fue así como se llegó a una nueva arremetida de los abogados querellantes. En una contundente resolución con 14 votos a favor y 9 en contra, el 28 de mayo de 2004 el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Pinochet, esta vez por los crímenes de la Operación Cóndor. A pesar de los numerosos antecedentes inculpatorios tenidos en cuenta por la mayoría de los magistrados, entre los oponentes estuvo la ministra Gloria Ana Chevesich.
Como quedó establecido en el fallo de 56 páginas terminado de redactar recién el 5 de julio de 2004, la jueza no sólo respaldó la inocencia del dictador en estos delitos de lesa humanidad, sino que compartiendo opiniones con los otros ocho oponentes, arguyó la exculpación de Pinochet insistiendo en sus “precarias” condiciones de salud mental y física.
Más aún, en el fallo quedó reflejado que al votar a favor de Pinochet, la jueza no consideró uno de los elementos centrales que tuvo en cuenta la mayoría de los ministros para levantar su inmunidad. Este fue una declaración en el proceso Cóndor del ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, consignada en la página 37 de esta resolución de desafuero. En ella, por primera vez Contreras culpó directamente a Pinochet haciéndolo corresponsable de los hechos.
“La DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me impartieron directamente por el Presidente de la República, Augusto Pinochet, de quien dependía. Por ello, el Presidente sabía exactamente lo que hacía o no la Dirección de Inteligencia Nacional y su delegado y director ejecutivo, que no se mandaba solo. Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República”, declaró Contreras a fojas 2503 a 2507 del expediente Cóndor.
Tampoco fue suficiente para la magistrada que la mayoría del pleno consignó en la página 41 del dictamen que, según los antecedentes tenidos a la vista para resolver, “estos dan suficiente cuenta del conocimiento por parte de Augusto Pinochet de hechos que, como los reseñados, estuvo en situación de impedir atendida su investidura”.
El 26 de agosto de 2004, el pleno de la Corte Suprema confirmó este desafuero y el 13 de diciembre de ese año, el juez Juan Guzmán procesó a Augusto Pinochet por estos crímenes contra la humanidad.
La Operación Cóndor que dejó decenas de víctimas en el cono sur del continente, nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975. Por Chile actuó como anfitrión el entonces coronel y jefe de la Dina, Manuel Contreras. Firmaron además el “Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional” registrada en un documento “Secreto”, los representantes de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia.
Según el punto 5 letra L de este documento, “el presente organismo se denominará CONDOR, aprobado por unanimidad conforme a la moción presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país sede”.

DOBLE RESPALDO POR DOBLE CRIMEN

Seis meses después, el 2 de diciembre de 2004, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, curiosamente por la misma votación 14 a favor y 9 en contra, concedió el desafuero de Pinochet por el doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. El crimen ocurrió la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, mediante una bomba instalada bajo su auto por los agentes de la Dina Michael Townley y su mujer Mariana Callejas. En Estados Unidos, Townley diría mucho después a la jueza argentina María Servini que instruyó el juicio en ese país, que más allá de quienes intervinieron en los seguimientos del general y proporcionaron los medios para el atentado, la orden vino directamente de Pinochet.
 
En la lista de los 9 oponentes, también estuvo la ministra Chevesich. Entre quienes acompañaron a la jueza en ambas votaciones a favor de Pinochet, estuvieron el actual presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, y los magistrados Raúl Rocha y Cornelio Villarroel.
Esta vez, para la ministra Chevesich tampoco fue suficiente el peso de los hechos acusatorios en contra del dictador tenidos en cuenta por la amplia mayoría de los magistrados que lo desaforaron. Aquellos hechos figuraban en el proceso tanto en Chile como en Argentina.
En cambio, y a pesar de que ya en 2004 estaba claro que Pinochet había engañado a las cortes con su pretendida demencia incurable, Chevesich manifestó junto a sus otros ocho acompañantes que, conceder el desafuero de una autoridad como Augusto Pinochet, era abrir el camino a formación de causa y procesamiento en su contra, lo que para cualquier persona “implica su detención que significa situaciones extremas de esfuerzos físicos y mentales”.
En este caso, el 24 de marzo de 2005 el pleno de la Corte Suprema dejó sin efecto el desafuero de Pinochet por el doble crimen, pero no por considerar que no existían antecedentes suficientes para abrir juicio en su contra. La única razón invocada fue que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ya se había pronunciado el 7 de octubre de 2002, negando por 16 votos a 5 el desafuero a Pinochet solicitado por la jueza argentina María Servini. Esta vez la Corte Suprema aplicó el principio de cosa juzgada.
De todas maneras, es necesario tener en cuenta que en el año 2002, Pinochet recién se había salvado de ser procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte, y los jueces aún estaban convencidos que padecía de una demencia incurable.

EL ACTUAL ESCENARIO

La jueza Chevesich fue escogida por el Presidente Sebastián Piñera a partir de una quina para integrar la Corte Suprema, cuestión que deberá resolver en última instancia el Senado el próximo 2 de julio.
Sin embargo, parlamentarios como Hugo Gutiérrez, Isabel Allende y Eduardo Frei, se oponen a que la magistrada llegue a integrar el máximo tribunal. Igualmente rechazan el nombramiento organismos de familiares de víctimas del régimen de facto.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo a El Mostrador que “la jueza Chevesich no debe llegar a la Corte Suprema porque ha sostenido constantes criterios jurídicos a favor de los violadores de los derechos humanos y en contra de las víctimas”.
A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que “nuestro cuestionamiento a la ministra Chevesich tiene que ver con que nos preocupa que se vuelva a repetir lo que vivimos durante 17 años de dictadura, donde tuvimos un Poder Judicial cómplice de los crímenes”.

OTRAS ACUSACIONES DE LA JUEZA

En 2010, en una resolución condenatoria de la Corte de Apelaciones de Santiago contra Manuel Contreras por la desaparición de tres militantes del MIR en 1974, Chevesich sostuvo que éste era acreedor de una atenuante por haber mantenido una irreprochable conducta anterior.
En una demanda civil reparatoria en contra de cuatro Carabineros por la desaparición en 1973 del estudiante ecuatoriano José García Franco, la magistrada consideró que la acción civil estaba prescrita. De esta manera, la jueza fue en contra del criterio jurídico sostenido por una mayoría de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideran que esa acción civil no puede prescribir porque está directamente ligada a un delito de lesa humanidad, que no prescribe ni puede amnistiarse.

Italia La derecha se hunde, pero continúa la crisis de la izquierda institucional

Viento Sur

Los pasados días 9 y 10 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones, la derecha perdió en 16 de las 21 capitales de provincia. Pero los dirigentes del Partido Demócrata (PD) no deberían alegrarse demasiado rápidamente.
En general, el centro izquierda, a la vez que aumenta su resultado en términos relativos, perdió votos debido a la abstención y los votos blancos o nulos cuya proporción, como media, superó la barrera del 50%. La única excepción es la de la capital. En Roma, Gianni Alemanno, alcalde saliente, fiel de Berlusconi, que utilizó la retórica de su pasado neofascista y militarista, fue derrotado por un outsider: el cirujano Ignazio Marino. Este último es católico pero favorable a los derechos de los homosexuales, afiliado al Partido Demócrata (PD) pero partidario de la colaboración con formaciones más a la izquierda, y ha mantenido buenas relaciones con el Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Beppe Grillo. Algunas de su declaraciones han aparecido claramente como polémicas con la política de “amplios acuerdos” practicada por el PD, lo que le ha permitido recoger los votos de numerosos electores de las listas menores.
En numerosas ciudades hasta ahora en manos de la derecha, los candidatos de la izquierda que se han impuesto son miembros del PD que han tomado sus distancias en relación a la línea política adoptada por la dirección de su partido, con símbolos diferentes, o que se han presentado en listas ciudadanas. Por el contrario, allí donde, como en Siena -vieja fortaleza del PCI, donde él solo podía superar el 70% de los votos-, el PD que se ha presentado bajo su símbolo, no ha recogido más que el mínimo. En este caso, se ha impuesto frente a un adversario desconocido, pero que ha podido aprovecharse del escándalo del tercer banco de Italia, Monte dei Paschi di Sienna, desde siempre muy ligado a las élites políticas de la región.
La derecha desautorizada, el M5S en retroceso
El resultado de estas elecciones no representa por tanto una victoria de la colaboración entre el PD y Berlusconi tan querida por el presidente Giorgio Napolitano y el primer ministro Enrico Letta. Esto se explica por el hundimiento del centro-derecha, golpeado más duramente que los demás por el abstencionismo. Por una parte, la actitud de Berlusconi, muy discreto durante esta campaña -esperando así quizá obtener una intervención política contra una magistratura que le persigue por numerosos delitos-, ha dejado a numerosos electores de derecha poco convencidos por el relevo político, favoreciendo así su abstención. Por otra, la vieja base social de la derecha, constituida por pequeños y medianos empresarios, ha sido decepcionada por el abandono, en el marco del acuerdo con el PD, de una promesa electoral central a sus ojos: la de la reducción drástica de la presión fiscal.
Al mismo tiempo ha tenido también lugar la primera vuelta de las elecciones en algunas ciudades sicilianas, que ha confirmado las tendencias registradas en las capitales: un abstencionismo muy fuerte, pero también un retroceso significativo del M5S. El M5S, sin embargo, ha realizado en varias ciudades resultados superiores a los que la izquierda había logrado en el pasado, logrando algunos alcaldes, entre ellos el de Pomezia, una ciudad obrera de 60.000 habitantes cercana a la capital.

Un juez condena en Valencia al responsable de sitios de 'streaming' ilícito

El responsable de las páginas web de visionado gratis de vídeo Divxonline.info, Estrenosonline.es y Seriesonline.es ha sido condenado en Valencia a un año y siete meses de prisión, al entender el juez que la actividad de exponer material protegido en 'streaming' -visionado simultáneo a la descarga del contenido- sí es comunicación pública, tal y como recoge el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta sentencia es recurrible.
El caso surgió a raíz de la denuncia de la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA, la asociación ADIVAN y varias de las las principales productoras de contenidos audiovisuales con oficina en España, entre ellas Lauren Film Video Hogar, contra J. R. G., vecino de Valencia.
Esta sentencia se basa en una gran parte en otra reciente, de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que los jueces afirmaban que "aun considerando que los archivos no eran descargados en el servidor de los dos acusados, y entendiendo que lo que ofrecían eran meros enlaces, la Sala considera que la conducta sí constituye comunicación pública y en tal sentido es típica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal", que trata sobre los delitos contra la propiedad intelectual.
Se trata de un criterio diferente al utilizado en otros casos similares anteriores, como el caso Sharemula.
Aquella sentencia de la Audiencia de Vizcaya, que el juez de Valencia cita profusamente, también tumba otro de los argumentos de la defensa, que alegaba que la actividad de compartir archivos no se ha considerado ilícita por los tribunales siempre que el contenido no sea ilícito, tal y como consagra el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). De hecho, da por hecho que el acusado sabe de la irregularidad de su actividad, por lo que no puede acogerse a la exención de responsabilidad que prevé dicho artículo.
Además, el juez afirma que en estos casos "no se trata de valorar si el contenido al que acceden es ilícito, sino de valorar [...] si con su actividad los acusados realizaban un acto de comunicación pública". Y entiende que existe comunicación pública en este supuesto, a tratarse de visionado 'en directo' o 'streaming'.
Precisamene el juez cita un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2011 en la que se asegura que la actividad de propocionar contenidos mediante 'streaming' podría ser considerada comunicación pública al no ser una actividad de mera intermediación "sino el núcleo de la actividad que anuncia y posibilita el intercambio masivo de archivos a los usuarios".
Y en la misma línea cita un auto de la Audiencia de Valencia, enmarcado en este mismo caso, en el que se pone de manifiesto que el ahora condenado "no se limita a ser un mero enlazador, ya que facilita el visionado del material protegido a la vez que obtiene ingresos por publicidad" tanto directa como indirectamente, que le reportó beneficios de más de 140.000 euros en menos de dos años (entre 2007 y 2009).
El juez establece pues que el ánimo de lucro existe en tanto que "existe una inmediata vinculación entre la oferta de archivos audiovisuales con la motivación de esa oferta" que era "la expectativa de ingresos por publicidad". "Lo relevante es que el acusado buscaba generarse ingresos, y la vía de ingresos era el empleo no consentido de obras protegidas por la propiedad intelectual, empleo que es comunicación pública y que constituye la fuente de la que dimanan los ingresos pues, sin esa comunicación, no habría recursos posibles o razonables".
Según la abogada de la acusación, María Suárez, queda demostrado que la actividad del acusado "no es altruista" y recuerda que el ánimo de lucro ha de entenderse como el ánimo de obtener cualquier ventaja, una ganancia. Para finalizar el juez evita pronunciarse sobre indemnizaciones por "las lagunas y la falta de claridad del perito de la acusación a la hora de cuantificar el daño".
Se da la circunstancia que el juez describe, al principio de su sentencia, el 'modus operandi' del responsable de los sitios web. Tal y como desvelaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso, el propio condenado pudo haber subido archivos de vídeo a una cuenta de Megavideo -un servicio de almacenamiento 'online'- de modo que esos archivos sólo se pudieran visionar a través de Divxonline.info. No obstante, este extremo -a pesar de ser repetido y considerado relevante por el juez- no se ha introducido en el caso, al no haber sido solicitado por las acusaciones.
Esta sentencia sigue una senda de cambio relativamente reciente respecto de otros casos similares, marcada por la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya antes mencionada y los asuntos Infektor.com, Simonfilm.tv e Infopsp, estos últimos de conformidad.

¿Qué comemos en un kebab?

Hace cuatro años, un estudio elaborado en 76 municipios de Reino Unido reveló que los kebabs (al menos los ingleses) contenían una media de 1.000 calorías. Algunos de los casi 500 kebabs analizados contenían hasta 1.990 sin incluir ensalada y salsas. Según el informe, un solo kebab contiene prácticamente todas las calorías diarias recomendadas para una mujer, el doble que una hamburguesa de McDonalds y más del 300% de las grasas saturadas permitidas.
En Alemania, sin embargo, el kebab es ya el plato de comida rápida por excelencia. Da trabajo a unas 60.000 personas y genera un volumen de negocio de 2.700 millones al año. El 60% de los locales de kebabs de Europa están en Alemania, que cuenta con unos 15.000 establecimientos.
El pasado mes de febrero, el Consejo Central Islámico de Suiza desveló los resultados de una prueba que descubrió pequeñas cantidades de carne de cerdo (alimento prohibido para los musulmanes) en restaurantes de venta de kebabs en Suiza.
En Italia, en la región de Lombardía, una ley con más contenido racista que nutritivo, llegó a prohibir consumir kebabs en la calle con la excusa de proteger el patrimonio gastronómico local.
¿Y en España? La realidad de nuestros kebabs es una incógnita. No existe un censo de negocios y tampoco se ha hecho ningún estudio sobre la calidad de la carne que se come en nuestro país. El aumento de la inmigración en tiempos de bonanza aumentó el número de restaurantes en España y la crisis ha disparado el número de clientes. Comida rápida y barata. ¿Comida basura?
Yavuz Soyal es el propietario de Elche Kebab y Soyal Food. Presume de tener la primera y más productiva fábrica española de kebabs. Nacido en Turquía, llegó a España en 2005 tras casi 30 años de negocio en Suecia. "Venía de vacaciones y me di cuenta de que aquí faltaban kebabs. Gustaba en toda Europa, pero aquí no había demasiados", recuerda.
Hoy unas 40.000 personas comen su carne cada día en toda España. Desde 2007 el volumen de su negocio crece más de un 10% cada dos años y Elche Kebab factura más de 4 millones de euros al año. La crisis económica ha aumentado el consumo de sus productos, más baratos que cualquier otro menú, pero su margen de beneficios ha caído en los últimos tiempos. "Muchos impuestos", lamenta en un castellano improvisado.
Hace ocho años abrió su primera planta de producción en el Parque Agroalimentario de Elche. Cuatro años después amplió su empresa con una fábrica mayor en Torreaguera (Murcia).
Distribuye directamente a restaurantes de Alicante y Murcia y a mayoristas y grandes distribuidores del resto del país. Cuenta con cerca de 60 trabajadores, sólo un 10% de ellos son españoles, repartidos entre Elche y Murcia. Su competencia importa principalmente de Alemania.
Yavuz dice que come kebab cada día y que aún así ha perdido casi 15 kilos en los últimos meses. "Dieta Dukan", confiesa. Se mueve por sus dos factorías como una especie de Willy Wonka de la comida turca, convencido de la calidad de sus menús y esgrimiendo su teoría sobre la mala fama del kebab en nuestro país. "El problema es que la comida turca llegó a España antes que los turcos".
En Elche tiene lo que llaman la "sección de loncheado". No es muy diferente a cualquier restaurante típico de kebab. Cuentan con más de una decena de asadores donde cocinan y cortan cientos de pinchos de carne cada día. El calor junto a la carne es insoportable. "Las raciones se envasan al vacío y se distribuyen congeladas. Es un formato muy práctico para pizzas o bocadillos, para negocios que no quieren tener un asador propio", explica Vicente Tormo, responsable de calidad de la empresa. Uno de los pocos españoles de la compañía.

Ocho toneladas diarias de pollo

A unos 56 kilómetros de Elche está la nueva planta. La abrieron en 2009 cuando la primera se quedó pequeña y aquí fabrican los típicos rollos de carne que se asan en los restaurantes. El guía en Murcia es Miguel Ángel Trelis, asesor de seguridad alimentaria de la empresa.
Primera parada: sala de despiece. Una docena de personas, la mayoría mujeres, deshuesan cada día cerca de 8 toneladas de pollo. Muslos y contramuslos. Se rechaza la carne que supere los 4 grados de temperatura cuando llega a la fábrica. Cada operario deja limpia una pieza de pollo en apenas 7 segundos.
La temperatura en la nave de Murcia es mucho menor que en los asadores de Elche. Hace frío y el olor a especias es intenso. Todas las órdenes están escritas en castellano y en turco.
En el obrador de pollo, el jefe es Mustafá, un enorme turco de Bulgaria que lleva 18 años haciendo kebabs, los ocho últimos en la empresa de Elche. En su sección se mezcla el pollo ya deshuesado con una mezcla de especias. Se amasa en un bombo, una especie de hormiguera en la que la carne reposa durante cerca de una hora para salir impregnada del sabor y el aroma característico del kebab.
El pollo se vuelca en una mesa en la que los chicos de Mustafa insertan las piezas en los típicos pinchos. "Van poniendo la carne sobre un eje central, cada vez más alejada del centro para darle la clásica forma cónica del kebab", explica Miguel Ángel Trelis. "Aproximadamente cada día se procesan unos 4.000 kilos de pollo ya amasado, unos 400 pinchos de 10 kilos que se mandan a los restaurantes y asadores".
Al otro lado de la planta está el área de kebab de ternera. Trabajan con piezas de falda de ternera, sacrificada según el rito halal para que puedan consumirla los musulmanes. Se añade grasa de ternera, pavo, cebolla, yogur y especias. Se tritura y se amasa. El resultado son unas tortitas de distintos tamaños que irán construyendo el kebab. Entre tortita y tortita se pinchan filetes de piel de pavo o de ternera según las exigencias del cliente.
Los pinchos ya montados, como los de pollo, se ultracongelan y salen de la fábrica rumbo al restaurante. Fin del proceso.
Volvemos al principio de la historia. ¿Es el kebab comida basura? El asesor de seguridad alimentaria de Elche Kebab lo tiene claro. "Desde el punto de vista calórico, está claro que el kebab de pollo tiene bastantes menos calorías que el de ternera, pero bueno, un entrecot de ternera tiene menos calorías que un kebab de ternera". Yavuz Soyal, el jefe, lo tiene claro: "kebab es bueno".

California acoge la primera boda gay tras restablecerse el matrimonio homosexual

Una pareja de lesbianas ha celebrado este viernes la primera boda entre personas del mismo sexo en California desde 2008 tras el restablecimiento del matrimonio homosexual en ese estado a través de una orden de un tribunal federal de apelaciones.
Kristin Perry y Sandra Stier, pareja desde 1997, se casaron en San Francisco en una ceremonia oficiada por la fiscal general de California, Kamala Harris.
Ambas fueron demandantes en el caso ante el Supremo sobre la Proposición 8, una enmienda a la constitución de California que prohibía el matrimonio homosexual en ese estado.
La Corte Suprema invalidó el miércoles la Proposición 8 y pidió a una corte de apelaciones que había bloqueado una decisión a favor de las uniones de gais y lesbianas en California a la espera de conocer la posición del alto tribunal que desbloqueara el proceso.
Este viernes, esa corte de apelaciones del noveno circuito de California levantó el bloqueo existente sobre la celebración de bodas homosexuales y Perry y Stier decidieron casarse de inmediato.

Aplicación inmediata

Los condados californianos pueden comenzar a expedir licencias matrimoniales para parejas homosexuales de forma inmediata y no tendrán que esperar el plazo de entre 25 y 30 días que se presumía necesario.
La fiscal Harris pidió el miércoles a la corte de apelaciones que no esperara ese plazo para que las uniones de gais y lesbianas fueran una realidad. Harris urgió al tribunal a que actuase lo antes posible y oficializara la decisión del Supremo.
En una decisión de 5-4, el Supremo consideró que los demandantes en el caso no tenían base para apelar y dio instrucciones al tribunal de apelación para que anulara el caso, lo que invalida efectivamente la Proposición 8. Esta enmienda, aprobada en referéndum en noviembre de 2008, definía el matrimonio como un enlace sólo posible entre un hombre y una mujer.
La enmienda frenó en seco las bodas de la comunidad homosexual en California, que seis meses antes festejaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de autorizar esos matrimonios al considerar que prohibirlos resultaba discriminatorio.
Entre mayo y noviembre de ese año 18.000 parejas del mismo sexo se casaron en California. La reivindicación continuó en 2009, cuando dos parejas desafiaron la Proposición 8 por entender que les negaba derechos por cuestión de sexo. Un tribunal federal les dio la razón al año siguiente, una decisión que los impulsores de la reforma legal recurrieron.
La Corte de Apelaciones ratificó el fallo en 2012 y los grupos que defienden el concepto tradicional del matrimonio se vieron obligados a pedir el amparo del Supremo.

España : 900 kilos incautados Hachís en sardinas congeladas

La Policía Nacional ha desmantelado una organización de narcos que introducía hachís en España oculto en sardinas congeladas. Durante el operativo han sido intervenidos 900 kilogramos de este estupefaciente y se ha detenido a 14 personas en las localidades de Marbella (Málaga) y El Puerto de Santa María (Cádiz).
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de enero al recibirse informaciones sobre una serie de personas que podían estar traficando con hachís. Las primeras pesquisas realizadas, permitieron a los investigadores averiguar que utilizaban una empresa de Chiclana de la Frontera (Cádiz), dedicada a la importación desde Marruecos de pescado congelado, para introducir el estupefaciente en España.
El 'modus operandi' de la organización investigada, consistía en utilizar el comercio legal de una empresa dedicada a la importación de pescado congelado.
La droga era camuflada en el interior del pescado antes de proceder a su congelación en Marruecos, formando el producto legal y la sustancia estupefaciente un bloque compacto con la intención de dificultar su detección en los filtros aduaneros.
Así, los investigadores detectaron una remesa de sardinas procedentes de Marruecos, que fueron almacenadas en una cámara frigorífica de la localidad de El Puerto de Santa María.
Finalmente, los agentes observaron la presencia de una furgoneta frigorífica que fue cargada con varios palés. Este vehículo fue seguido por los policías hasta una urbanización de Marbella y fue interceptado antes de que accediera a una vivienda de la zona. Tras examinar la carga, se comprobó que en el interior había una importante cantidad de cajas de sardinas congeladas que ocultaban en su interior pastillas de polen de hachís embasadas al vacío.
En total se hallaron 325 kilos de estupefaciente y se detuvo a cinco personas. De forma paralela se intervinieron otros 570 kilogramos, el resto de la carga, en la nave de El Puerto de Santa María.

Detenciones

Tras estas detenciones, los investigadores se centraron en lograr la detención del resto de miembros de la organización, y en especial de su máximo responsable, que en ese momento se encontraba en Marruecos.
A principios del mes junio, se detectó su llegada a España y su desplazamiento hasta el almacén frigorífico acompañado por varios de sus colaboradores. Pretendían cerrar una nueva entrega, con destino Madrid, que iba a ser transportada en dos camiones frigoríficos. Antes de formalizar la entrega, fueron arrestadas un total de ocho personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.
Además, fruto de la investigación, se detuvo a otro miembro de la organización que estaba cumpliendo condena en el centro penitenciario de Málaga.