tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 10 de febrero de 2014

Los musulmanes son el 3,6% de la población en España (1,7 millones)

"Hay demasiados musulmanes en nuestro país". Es muy posible que usted haya escuchado alguna vez ese comentario, surgido de una mezcla de racismo, desconfianza y miedo al diferente. Las cifras reales desmontan esta creencia: la población musulmana en España es 1.732.000 personas, lo que supone un 3,6% de los 47,1 millones de habitantes totales (según el INE). Así se desprende de los datos del Estudio demográfico de la población musulmana que acaba de hacer públicos el Observatorio Andalusí. Este porcentaje, actualizado a diciembre de 2013, es inferior al de la mayoría de los países del entorno europeo.

El estudio anual, puesto en marcha hace 12 años por el organismo dependiente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), traza una radiografía de los musulmanes en nuestro país a través de los datos oficiales del padrón de habitantes. A pesar de que segúnConstitución Española no se puede preguntar a los ciudadanos por la religión que profesan, el documento realiza una estimación basada en la nacionalidad de los habitantes extranjeros o nacionalizados -es decir, de si proceden de países musulmanes- y los combina con los registros de la propia Ucide, el organismo que representa a quienes siguen esta religión ante la Administración del Estado.
Tres españolas conversas en Madrid / Foto: Kike Para
De los 1.732.000 musulmanesque viven en España, 1.163.000son extranjeros y 568.000, españoles. Entre los foráneos, la gran mayoría (797.000) proceden de Marruecos, aunque también hay argelinos, bengalíes, senegaleses, pakistaníes y nigerianos (entre otros). Mientras, en el más de medio millón de españoles se incluyen nacionalizados, hijos de parejas mixtas y españoles conversos, que se estiman en 21.000.

Los guarismos reflejan que en 2012 había en este país 1.671.000 musulmanes, por lo que la variación respecto al año posterior son 60.000 personas, es decir, un 3,6% más (aquí se puede consultar el informe completo del año anterior).
Las comunidades autónomas en las que viven más seguidores de Mahoma son Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. En cuanto a provincias, destacan Barcelona y Madrid, además de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas con gran porcentaje de musulmanes. Respecto a municipios, los que mayor número de ciudadanos con esta creencia son, por este orden, Barcelona, Ceuta, Madrid, Melilla, Badalona (Barcelona), Cartagena (Murcia), El Ejido (Almería), Málaga, Murcia, Tarrassa (Barcelona), Valencia y Zaragoza.
Procedencia de los inmigrantes en España y el resto del mundo
La comparación con los países de nuestro entorno muestra que en casi todos ellos hay un porcentaje mayor de musulmanes. Según datos aportados por Amnistía Internacional en 2010, en Bélgica vive un 6% de población con religión islámica; en Francia son el 7,5%; en Suiza llegan al 5,7%, en Holanda rebasan el 5,5%, mientras que en Alemaniaalcanzan el 5% y superan el 4,6% en Reino Unido. A pesar de que en ninguno de los casos se roza el 10% de musulmanes, la ONG ha alarmado en numerosas ocasiones sobre la discriminación de las personas de esta confesión, algo fuera de lugar en un continente que disfruta de libertad religiosa.

Las 16 compuertas, clave para la ampliación del canal de Panamá

Son 16 moles de más de 3.000 toneladas de peso, 58 metros de largo, 30 de alto y 10 de ancho. Las compuertas que el consorcio responsable de las obras del canal de Panamá, liderado por la constructora española Sacyr, tiene que instalar para hacer posible la ampliación de la vía marítima son una pieza clave para el proyecto. Hasta la hecha han sido entregadas cuatro. Otras tantas deberían haber sido suministradas a finales de 2013, pero problemas con el transportista lo impidieron y siguen en Italia, donde está la empresa que las fabrica por encargo del consorcio. Ahora, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pide nuevas garantías sobre la entrega.
La última propuesta de los administradores del canal —enviada el fin semana para intentar poner fin a la disputa por sobrecostes multimillonarios que mantiene con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC)— establece fechas específicas para la entrega de las compuertas, cuya construcción fue encargada por GUPC a la empresa italiana Cimolai. Las cuatro primeras piezas llegaron a Panamá el verano pasado, tras un largo viaje de un mes en un buque semisumergible. Pero la ACP aún está pendiente de recibir otras cuatro compuertas por problemas con la empresa propietaria de la embarcación utilizada para el transporte. En su día, el consorcio informó de que estaba en búsqueda de otro buque para completar el traslado. Hay que tener en cuenta que no hay muchos barcos en el mundo capaces de un encargo de estas caracerísticas. Las otras ocho compuertas aún están en proceso de fabricación.
La construcción de estas compuertas se lleva buena parte del presupuesto del contrato adjudicado en 2009 al Grupo Unidos por el Canal. El total asciende a 3.200 millones de dólares (2.400 millones de euros) y la parte de compuertas, válvulas y sistema electromecánico absorbe 1.100 millones de dólares. Cada compuerta pesa 3.500 toneladas, el equivalente a 2.000 vehículos juntos, cinco veces más que las actuales, que rondan las 700 toneladas. De las 16 compuertas que se fabrican, ocho serán ubicadas en el lado Atlántico y otras tantas en el Pacífico. Las más grandes —33 metros de altura y casi 4.300 toneladas— serán colocadas en el lado del Pacífico, por su mayor riesgo sísmico y sus mareas más altas.
El segundo envío de compuertas no llegó en noviembre, como estaba previsto, según la ACP
Las fechas de entrega de estas compuertas es uno de los puntos de negociación que tienen que resolver las partes para reanudar las obras de ampliación. Los trabajos llevan paralizados desde la semana pasada después de que la ACP y el consorcio abandonaran la mesa formal de negociación, aunque los contactos para llegar a una solución no han dejado de producirse en los últimos días. El motivo de la disputa gira en torno a sobrecostes de 1.600 millones de dólares que el consorcio quiere que la ACP cofinancie.
Pese a los problemas de liquidez del consorcio, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha asegurado que no habido problemas con la empresa italiana porque el subcontratista ha seguido trabajando sin interrupción.
El proyecto de ampliación del canal se inició en 2007 e implica una inversión cercana a los 5.250 millones de dólares. El proyecto de construcción del tercer juego de esclusas, a cargo de GUPC, es que el que absorberá la mayor parte del presupuesto. El objetivo es duplicar la capacidad de carga de 300 a 600 toneladas al año, con barcos llamados pospanamax, que permiten trasladar 12.000 contenedores, en lugar del límite actual de 4.000.

Toda España en alerta por nieve, viento o fuerte oleaje

El temporal que lleva azotando desde la semana pasada la mayoría de la península no da tregua. La ciclogénesis explosiva 'Stephanie', que llegó este domingo por el noroeste recogiendo el testigo de otra borrasca profunda, cruzará el país de oeste a este y dejará sentir sus efectos. Todas las comunidades autónomas más las ciudades de Ceuta y Melilla están en alerta naranja o amarilla por nieve, vientos o intenso oleaje que en puntos de la costa atlántica alcanzará los 7 metros de altura, informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web. En concreto, hay riesgos por fuertes vientos en 50 provincias españolas, así como alertas por oleaje en 25 provincias del litoral y de nieve en otras 25 provincias.
En Andalucía, las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla tienen aviso naranja por vientos o fenómenos costeros adversos; en Granada y Jaén hay también alerta naranja por nevadas con una acumulación de 5 centímetros de espesor.
El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz ha suspendido esta mañana las conexiones marítimas por catamarán en las líneas que unen Cádiz y El Puerto de Santa María y en la que conecta Rota con la capital gaditana. La mayor parte de la flota pesquera de la provincia gaditana no ha salido a faenar, según fuentes de Europa Press.
Los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa estuvieron cerrados a causa del temporal desde las 21:00 horas de este domingo hasta la mañana. La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ha detallado que a partir de las 13:00 horas las navieras han comenzado a navegar en las líneas Algeciras-Tarifa y Algeciras-Ceuta y se espera que las líneas Tarifa-Tánger y Tarifa-Tánger estén operativas a partir de las 17:00 horas . 
La nieve afecta con especial intensidad a la provincia de Huesca (Aragón) donde hay alerta naranja por nevadas de 20 centímetros de espesor en el Pirineo oscense; Huesca, Teruel y Zaragoza siguen con aviso naranja por vientos con rachas máximas de 120 kilómetros por hora y en Zaragoza se mantiene la alerta amarilla por nieve.
Cantabria, en alerta naranja por nieve, viento y fenómenos costeros adversos y alerta amarilla por lluvias. El Ayuntamiento de Santander ha solicitado la declaración de zona catastrófica por los daños causados por la furia del temporal estos últimos días
Castilla-La Mancha tiene aviso naranja en la provincia de Albacete y Guadalajara por viento y en Ciudad Real, Cuenca y Toledo hay aviso amarillo también por vientos; en Albacete se esperan nevadas con una acumulación de 8 centímetros de espesor.
Toda Castilla y León sigue en alerta amarilla por viento o nevadas aunque en la provincia de León la alerta por nieve es naranja.
En Cataluña se mantiene la alerta naranja por vientos en Barcelona, Lleida y Tarragona por vientos y amarilla por fenómenos costeros, mientras que en Lleida está activada la alerta amarilla por nieve en el Pirineo.
Madrid sigue en alerta naranja por vientos con rachas máximas de 100 kilómetros por hora en áreas de la sierra. El viento ha derribado en la madrugada del lunes un obelisco ornamental de acero de unos 45 metros de largo y entre 30 y 40 toneladas de peso ubicado en la avenida del Ensanche de Vallecas, a la altura de la M-45, sin causar víctimas, según Emergencias Madrid.
La Comunidad Foral de Navarra tiene alerta naranja por vientos que alcanzarán los 100 kilómetros por hora en la vertiente cantábrica y alerta amarilla por nieve.
Las rachas de fuerte viento ponen en alerta naranja a todas las provincias de la Comunidad de Valencia y sigue la alerta amarilla por fenómenos costeros adversos en Alicante y Castellón. La Consejería de Gobernación ha decretado el nivel 3 de preemergencia, riesgo máximo de incendios forestales, en toda la Comunidad, ya que se esperan vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, según ha informado la Generalitat.
Extremadura está en alerta naranja por viento en sus provincias de Cáceres y Badajoz, y amarilla por nieve en el norte de Cáceres.
Galicia sigue en alerta naranja por costeros en A Coruña, Lugo y Pontevedra y amarilla por nieve en Lugo, y Ourense. Enero contabilizó el mayor número de días de lluvia en Galicia desde que hay registros.
En La Rioja hay aviso amarillo por nieve y viento y en Asturias se mantiene el aviso naranja por vientos, fenómenos costeros adversos y nevadas.
El País Vasco tiene alerta naranja por viento y costeros en Vizcaya y Guipúzcoa, y amarilla por nevadas en todas las provincias.
Murcia tiene alerta naranja por viento y amarilla por nevadas y costeros, en tanto que las ciudades autónomas de Ceuta y melilla tienen activada la alerta naranja por vientos o costeros.
En Canarias, la alerta amarilla por fenómenos costeros se extiende a Lanzarote y La Palma, y Baleares tiene también aviso amarillo por vientos o fenómenos costeros adversos.

La nieve cierra puertos y condiciona el tráfico en el norte

AGENCIA EFE
Las intensas nevadas caídas durante las últimas horas han cerrado puertos o dificultan el tránsito por carreteras de la red secundaria de la zona norte peninsular con especial incidencia en las comunidades de Galicia, Cantabria, Castilla y León y Aragón.
Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web, en el puerto de montaña de la Sía en la carretera CA-665 a la altura de Cañedo (Cantabria) la circulación está interrumpida en ambos sentidos por acumulación de nieve.
También se han visto afectados por las nevadas, y elevados a la categoría de circulación intransitable, los puertos asturianos de Connio, a la altura de la localidad de Centenales y el puerto de Leitariegos; en el puerto de Pajares se necesitan cadenas para el tránsito en ambas vertientes.
En la provincia de Huesca (Aragón) está cortado el puerto de montaña de la carretera A-136 en Frontera de Portales en ambos sentidos por la fuerte acumulación de nieve y se mantiene el uso obligatorio de cadenas en la localidad de Bielsa.
En Lugo (Galicia) el puerto de Cebreiro sigue cortado por la nieve y hay circulación complicada en la localidad de Fonsagrada y Cadavo.
Castilla y León, especialmente las provincias de Ávila, Segovia, León y Soria, mantiene circulación difícil en diversos tramos de la red secundaria y puertos de montaña.
En Madrid, en la carretera M-604 a la altura de Rascafría, desde el kilómetro 38 al 41.5, está prohibido el tráfico a camiones y autobuses y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.
La carretera A-2101 a la altura de la localidad de San Martín del Tesorillo (Cádiz), desde el kilómetro 0 al 7, está cortada en ambos sentidos por inundaciones causadas por las fuertes lluvias
La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta

El fiscal pedirá 17 años a Urdangarin y 600.000 euros a la infanta Cristina

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach tiene en su ordenador el largo escrito de acusación final del caso Nóos. En él reclamará que no se acuse a la hija del Rey si entonces aún consta su nombre en el auto final del instructor, José Castro. Tiene previsto pedir hasta 17 años de cárcel para el duque de Palma y hasta 15 para su exsocio Diego Torres, por malversación, falsedad y delitos fiscales. El cuñado de Torres y asesor fiscal, Miguel Tejeiro, que diseñó las sociedades pantallas y el método tributario de los duques de Palma cargará también con una petición de pena de 17 años de cárcel.
Para la Infanta, Horrach reclamará que pague 600.000 euros por responsabilidad civil, como partícipe a titulo lucrativo, por ser socia al 50% de la sociedad familiar Aizoon, en la que su esposo ingresó 1,7 millones de euros ilícitos.
El abanico de delitos que Pedro Horrach contempla en sus diferentes calificaciones para cada uno de sus acusados es amplio: fraude a la Administración, falsedad, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación. En la cota máxima de posibles condenas, según el tipo para cada delito que el Tribunal aplique, alcanza a más de 130 años; y en su valoración más favorable a los reos más de 70 años.
Según el criterio formado por el acusador público, de los 40 imputados actuales en el caso Urdangarin, además de la Infanta más de la mitad deben quedar excluidos exentos de sentarse en el banquillo en el juicio. El fiscal no acusará a 24 de los investigados, entre ellos al secretario de las infantas Carlos García Revenga. También quedará sin acusación fiscal la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, cuya imputación es un punto clave de la pugna abierta entre exsocios de Nóos y la divulgación de informaciones internas de la trama.
En la categoría de expolíticos, el ex presidente de Baleares Jaume Matas, del PP, recibirá una petición del fiscal que supera los cinco años de cárcel por fraude a la Administración. Matas suma ya dos condenas en dos juicios delcaso Palma Arena con penas menores, una de ellas de hasta nueve meses de cárcel.
Por la llamada rama valenciana del caso Urdangarin, los negocios del Instituto Nóos con la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, el fiscal contempla sentar en el banquillo a los excargos públicos y de las empresas de la Generalitat Elisa Maldonado, Luís Lobón, Jorge Vela, Ángeles Mallent, y el publicita Miguel Zorío que actuó asociado a Urdangarin y Torres en negocios de Nóos. Además, un excargo de Madrid 2016, Mercedes Coghen, que fue la delegada de las administraciones públicas al frente de la candidatura olímpica Madrid 2016 será acusada por supuesta prevaricación.
El fiscal Pedro Horrach considerará en su calificación las circunstancias atenuantes previstas para los colaboradores con la justicia que explican su implicación y confiesan los delitos y el caso. Entre estos arrepentidos clave está José Luis Pepote Ballester, amigo de los duques de Palma, medallista olímpico y ex director general de Deportes con el Gobierno de Jaume Matas, Ballester explicó la relación con Urdangarin-Matas y de él mismo; implicado en diferentes piezas de la causa que recibirá una pena rebajada, de más de dos años, pero que de ser aceptada por el tribunal puede implicar su ingreso carcelario.
Otros dos colaboradores de Anticorrupción, serán acusados por penas reducidas, el asesor jurídico en Turismo del Gobierno Matas Miguel Ángel Bonet y el ex gerente del Instituto de Turismo de Baleares Juan Carlos Alía –imputado en otras causas y que ha estado en la cárcel preventivamente- porque han colaborado con la investigación.

La reforma penal del Gobierno, igual que la normativa actual, permite lucrarse con la prostitución si no es forzada

Proxeneta es la “persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona”, según el Diccionario de la Real Academia. Son muchos los que, directa o indirectamente, se lucran en España con esa actividad sin que estén cometiendo una ilegalidad. Porque en nuestro país, ser un proxeneta —en el estricto sentido académico— no equivale a ser un delincuente. La explotación por terceros del sexo de pago y de las personas que lo prestan —en el sentido empresarial o comercial, no en el inmoral o delictivo— es una actividad económica lícita siempre que la persona prostituida tenga autonomía en su trabajo. Solo las coacciones, los chantajes, la violencia o los abusos de superioridad que fuercen a ejercer esa actividad, muy frecuentes en el sector, están castigados. ¿Debería prohibirse cualquier tipo de proxenetismo y no solo el coactivo o violento?
Si se lee atentamente la ley, la pregunta parece absurda, porque esa prohibición taxativa es lo que establece el Código Penal si se interpreta literalmente. El último inciso de su artículo 188.1 castiga con penas de entre dos y cuatro años de cárcel y cuantiosas multas —la misma pena que para la prostitución forzada— a quien “se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Si uno se atiene al sentido de esas palabras, el negocio de la prostitución estaría prohibido en España. Sin embargo, las principales carreteras de nuestro país y los polígonos industriales de las afueras de las ciudades están plagados de locales y clubes de alterne. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se incumple esa prohibición?
Ese incumplimiento es especialmente llamativo si se analiza la tramitación parlamentaria que condujo a ese veto a los proxenetas. La prohibición la introdujo en 2003 el grupo parlamentario de CiU mediante una enmienda al proyecto de ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros que finalmente fue aceptada e incluida en la norma. “La penalización del proxenetismo es acorde con los convenios internacionales suscritos por España, en especial el artículo 1 del Convenio Internacional para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que entiende que toda explotación por terceros de la prostitución ajena merece el reproche y la sanción penal, además de constituir un instrumento importante para erradicar el tráfico ilegal de personas”, explicaba CiU en la justificación de la enmienda.

Cambios en la legislación

  • Artículo 188.1 del Código Penal vigente. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.
  • La reforma penal que propone el Gobierno del PP (artículo 187.1 del proyecto de Codigo Penal). En la misma pena [de dos a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses] incurrirá el que se lucre de la prostitución ejercida por una persona aun con el consentimiento de la misma cuando:
    a) se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prositutución, o, b) se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas.
“Nuestro objetivo era claro: prohibir el proxenetismo, es decir, la explotación de la prostitución por cuenta ajena; otra cosa es lo que hayan interpretado los tribunales”, explica Manuel Silva, actual consejero de Estado y portavoz en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de Convergència i Unió (CiU) durante la tramitación de esa ley, el encargado de defender esa enmienda junto a Mercè Pigem, también exdiputada de ese grupo. “Pretendíamos que la prostitución se pudiera ejercer únicamente por cuenta propia para garantizar que la mujer prostituida ejercitaba esa actividad únicamente de forma voluntaria”.
¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Por qué en realidad no está prohibida esa actividad? Como adelantaba el exdiputado Silva, el artículo ha sido interpretado por los jueces, y estos han acotado de manera muy drástica el alcance que el Congreso quiso dar a ese veto. “El Supremo estableció rápidamente que penalizar la ‘explotación’ no significaba que quedara prohibido cualquier negocio que se lucrase directa o indirectamente de la prostitución”, recuerda Manuel Cancio, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “La doctrina de ese tribunal afirmó que esa explotación no existe si la persona que ejerce la prostitución tiene cierta autonomía para dejar de ejercerla, para seleccionar a sus clientes, las prácticas que ofrece... El término ‘explotación’ que recoge la ley quedaría referido solo a aquellos casos en los que se produzca un abuso de la persona prostituida, aunque esta haya consentido ejercer ese trabajo”, añade el penalista.
En concreto, según el Tribunal Supremo, para que el que se lucre de la prostitución consentida cometa un delito deben darse determinadas condiciones. En primer lugar, la víctima debe haber sido obligada a ejercer ese oficio con violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad o debido a su situación de necesidad o vulnerabilidad, y el proxeneta, para que exista delito, debe ser consciente de ello. En segundo lugar, la ganancia que se lleve este debe constituir un beneficio económico “directo”, es decir, “íntimamente ligado” a la prostitución ajena. Y la percepción de esa ganancia por el proxeneta debe ser reiterada. “No basta con un mero gesto de liberalidad”, mantiene la Sala de lo Penal del alto tribunal. En resumen: si el ejercicio de la prostitución es más o menos libre y autónomo, no hay delito.
“El problema es que el Código establece la misma pena [de dos a cuatro años de cárcel] para el proxenetismo que para otro delito mucho más violento, la prostitución forzada, que se recoge en ese mismo precepto”, continúa Cancio. “Eso ha obligado a los magistrados a interpretar que el proxenetismo prohibido ha de ser especialmente grave”, añade el catedrático. Así pues, la fórmula más común de proxenetismo en España, los clubes de alterne —que proporcionan a las prostitutas las habitaciones donde prestar sus servicios—, quedaría fuera de la prohibición, según las sentencias del alto tribunal.
En 2003 el Congreso aprobó hacer 
ilegal el negocio
La polémica sobre el tema volvió a saltar el pasado diciembre. El PSOE denunció que la reforma penal impulsada por el Gobierno del PP, que acaba de empezar su tramitación en el Congreso, elimina esa prohibición de ganar dinero a costa de los que ejercen el sexo de pago. Así, según los socialistas, el Gobierno del PP trataría de despenalizar el negocio de la prostitución a gran escala, como el que supuestamente estaba previsto en Eurovegas, la ciudad del juego que el magnate estadounidense Sheldon Adelson pretendía edificar en Madrid. Esa modificación legal, de conservarse la letra de la propuesta del PP, daría carta de naturaleza a macroburdeles como el club Paradise de La Jonquera (Girona), mantienen. El PP lo niega y sostiene que solo trata de acotar “actuaciones de proxenetismo que actualmente quedan impunes”, según su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso.
Lo que escandaliza al PSOE es que el proyecto de ley del Gobierno elimine el término “explotar”. Y que castigue al que haga dinero de la prostitución de otra persona solo en dos escenarios concretos: cuando la víctima se encuentre en una situación “de dependencia personal y económica” que no le permita dedicarse a otra cosa, o en los casos en los que se le impongan a la persona prostituida “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”. Los socialistas mantienen que interpretando la propuesta del Gobierno al contrario, cualquier otro tipo de explotación o lucro obtenido de la prostitución quedaría permitido. “Esa dependencia personal y económica que exige la reforma es un concepto de una gran indeterminación jurídica”, ya que los jueces, a la hora de interpretarlo, “en muchos casos no considerarán la conducta punible”, asegura la diputada socialista Ángeles Álvarez. Respecto de la segunda condición, la de las condiciones abusivas, afirma: “¿Qué se quiere decir con ello? ¿A partir de qué número de relaciones sexuales o con qué prácticas se considera que existen condiciones gravosas o desproporcionadas?”. Para el PSOE, la reforma “despenaliza el proxenetismo con carácter general”.
La interpretación de los jueces ha reducido el alcance de la prohibición
Pero el proxenetismo —no con carácter general, pero casi— está despenalizado desde hace mucho tiempo. Y fueron precisamente los socialistas —el último Gobierno de Felipe González— los que levantaron la prohibición siempre que fuera consentido por la persona prostituida. “El Código anterior, el de 1973, lo prohibía, aunque en realidad siempre estuvo tolerado”, recuerda el penalista Cancio. “El de 1995 acabó con ese veto y circunscribió el castigo a los casos en los que el proxeneta obligara a la víctima a ejercer la prostitución, es decir, a la prostitución forzada”, continúa. “
La reforma que ahora plantea el Ejecutivo del PP no cambia nada. Lo único que hace esa modificación es introducir en el Código Penal los criterios de interpretación que ya había establecido el Supremo con sus sentencias”, subraya el catedrático.
En caso de que la reforma tuviera por objeto legalizar los locales de prostitución a gran escala, como asegura el PSOE, los más contentos con ello deberían ser los empresarios del sector. Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), que hasta el momento de la elaboración de este reportaje desconocía el cambio legal, considera que el proyecto mantiene la situación actual. “Lo que habría que hacer es eliminar la parte del artículo que castiga al que se lucre ‘explotando’ la prostitución de otra persona, aunque esta lo consienta. ¿Quiénes son los que se lucran de la prostitución? Está claro que nosotros, los dueños de los clubes de alterne, nos beneficiamos, pero también, por ejemplo, los guardias de seguridad que los vigilan, o los periódicos que publican anuncios de prostitutas. ¿Dónde ponemos el límite?”, afirma José Roca, portavoz de la organización. “Estamos contra la prostitución forzada y debe mantenerse castigada, pero no la consentida. Lo que hay que hacer con esta última no es prohibirla, sino regularla”, prosigue Roca. “Que se obligue a ejercerla en locales. Solo así se evitan problemas como la trata o la explotación, que son típicas de la prostitución callejera”.
El PSOE pide que se castigue 
a quien se lucre aunque sea 
con consentimiento
Sin embargo, las estadísticas oficiales del Gobierno y las sentencias judiciales confirman que, en gran parte, la prostitución forzada que prohíbe el Código Penal y otros delitos relacionados con esta, como la trata, están ligados a estos locales donde, en muchos casos, las prostitutas no trabajan de una manera tan autónoma. Por eso, estos lugares son los primeros a los que acuden las fuerzas de seguridad en sus inspecciones preventivas contra la compraventa de seres humanos. El 73% de las personas en situación de riesgo de sufrir trata (no necesariamente víctimas de ese delito) fueron detectadas en clubes de alterne, según el último informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual, el relativo a 2012. En las 2.201 redadas que se ejecutaron ese año —no solo en locales de alterne, también en polígonos industriales o zonas de prostitución callejera—, los agentes identificaron a 976 víctimas. En su mayoría eran mujeres de entre 18 y 22 años y extranjeras sin papeles procedentes mayoritariamente de Rumanía, Paraguay y Brasil.
Ante esta situación de indefinición legal se vuelve al debate de siempre sobre este tema: ¿regulación o abolición de la prostitución y el proxenetismo? Entre los partidarios de regular
se encuentra el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo de unos 200 penalistas progresistas —entre los que están la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, o los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez y José Ricardo de Prada—. Ese colectivo elaboró en 2007 una propuesta en la que se apostaba por regularizar la prostitución como un trabajo por cuenta ajena —especificando las jornadas, descansos, vacaciones, retribuciones...— o como trabajo autónomo con acceso a la Seguridad Social. Esa regulación laboral debería adaptarse “a las especiales características de la prestación de servicios sexuales”, según la propuesta. Así, debería reconocer la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador. “El empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio”, mantienen los penalistas progresistas.
Varios penalistas progresistas
piden que se regule 
como cualquier actividad
Para ello, proponen eliminar del Código Penal la prohibición de “lucrarse con la explotación de la prostitución” aunque sea consentida dejando únicamente como conducta sancionada la prostitución forzada. Al pasar las personas prostituidas a considerarse, a todos los efectos, trabajadores, la imposición de condiciones laborales abusivas o la obtención de un lucro excesivo por el proxeneta-empresario pasarían a castigarse, como en el caso de cualquier otro empleado, como los delitos contra la protección de los derechos de los trabajadores que ya contiene ese texto legal.
En el otro lado se encuentra el PSOE, con una postura más cercana al abolicionismo y que considera el proxenetismo una variedad más de violencia de género. Sus diputados aún no han planteado su propuesta sobre la reforma legal que el Gobierno ha llevado a las Cortes, pero, de entrada, consideran que la prohibición de lucrarse con la prostitución ajena debe seguir en el Código Penal. Esa conducta, según los documentos internos que maneja el partido, debe prohibirse, porque “conlleva siempre un grado mayor o menor de explotación sexual hacia la persona que ejerce la prostitución”. En palabras de la diputada Ángeles Álvarez: “Hay que dar herramientas a los jueces para que puedan luchar contra esta explotación”. Solo así se logrará imponer límites más estrictos para evitar la trata y otros delitos asociados a este fenómeno.

“Las autodefensas de Michoacán no son un grupo de delincuentes”

En el ambiente podrido que reina ahora en Michoacán, donde nadie confía en nadie, y donde todos se acusan de todo, el comisionado gubernamental Alfredo Castillo Cervantes (México, 1975) enarbola un discurso de confianza. Abogado de profesión, policía de oficio y deportista apasionado, el enviado del presidente Enrique Peña Nietomete las manos al fuego por sus 200 hombres, pero también defiende la legitimidad de las autodefensas, vistos por parte de la prensa de este país como paramilitares o criminales disfrazados de justicieros que desfondarán al Estado mexicano si este insiste en negociar con ellos. Para Castillo, en cambio, la paz en esta región pasa por lograr que las autodefensas confíen en él y en su equipo.
Vestido con camisa de lino de manga corta y zapatos cómodos, Castillo soporta de buen ánimo el calor del mediodía en la Tierra Caliente, región que no conoce el invierno y cuna del levantamiento de las autodefensas, ciudadanos que hace un año decidieron tomarse la justicia por su mano contra narcotraficantes y extorsionadores.
Son las tres de la tarde del pasado jueves y Castillo va saliendo de una larga reunión con líderes de las autodefensas. Saluda, como es habitual en él, con un “qué pasó, mi rey”. “Mi rey”, o “papá”, es como llama a casi todos este aficionado al tenis y racquet. Incluso llama así a las autodefensas, dice uno de sus colaboradores.
“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información”
El cónclave se realiza en los cuarteles de la 43ª Zona Militar. El dato no es menor. En la instalación castrense están líderes de un movimiento que usa armas reservadas a las fuerzas de seguridad oficiales. Tan solo la posesión de ese armamento constituye un delito grave que se paga con cárcel. A pesar de ello, las autodefensas están en la misma mesa con policías federales, el fiscal del Estado, otros encargados de la seguridad y, por supuesto, con el comandante militar de la región, el general Miguel Ángel Patiño. Pero, por el momento, el Gobierno no pretende desarmar a las autodefensas.
Nombrado el 15 de enero por Peña Nieto como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que en la práctica quiere decir que manda más que el gobernador michoacano Fausto Vallejo, Castillo explica en entrevista que cree que en 15 días contará con la plena confianza de las autodefensas. Con eso en la bolsa, los siguientes pasos de la estrategia para la paz son desactivar en la población “el chip de la extorsión”, asfixiar las finanzas de los criminales y hacer que los programas gubernamentales, que han funcionado mal durante demasiados años y de cuyos fondos se han beneficiado los criminales, ahora sí operen con eficacia. Más aún cuando el Gobierno federal ha anunciado esta semana un presupuesto extra de 3.400 millones de dólares (2.495 millones de euros) para ese Estado del oeste de México.
Y todo lo anterior lo tiene que hacer Castillo, al tiempo que se le cuestiona, porque las autodefensas continúan su avance regional. Tan solo la víspera de la entrevista con EL PAÍS, los alzados habían tomado el municipio de Gabriel Zamora, y dos días después de la charla llegarían, desarmados, a Apatzingán, la principal población de la zona de Tierra Caliente, y bastión de los Templarios, cartel criminal contra el que las autodefensas se levantaron el 24 de febrero del año pasado.
Alfredo Castillo atiende a medios de comunicación tras el anuncio del nuevo hospital de Apatzingán. / R. V.
El primer punto de la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto para Michoacán implica el control territorial. Miembros del Ejército y de la Marina, así como policías federales, ya ocupan 27 de los municipios del Estado. Ahora, Castillo quiere que la población le ayude a “judicializar” ese control territorial y abrir procesos para capturar a los criminales.
“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información. El esfuerzo que estamos realizando es para que nos platiquen, para que nos den información. Es información a cambio de seguridad para ellos”, dice.
Castillo explica que las autodefensas tendrán que convertirse en guardias rurales, una figura jurídica del siglo XIX desempolvada por este Gobierno, y que podrían participar en el control de entradas y salidas de puntos estratégicos de las poblaciones desde donde los Templarios gobernaban su reino de terror. Así, con la colaboración de esos guardias, las fuerzas federales podrán detectar a los presuntos delincuentes.
Las autodefensas van a recibir capacitación y adiestramiento, pero antes deben empadronarse y declarar sus armas. “Ellos son los primeros que quieren el registro y el control para que no se les meta gente. Ellos lo están pidiendo, quieren diferenciarse, y quieren que sea la autoridad la que diga quién sí y quién no puede estar en las guardias comunitarias para no tener que confrontarse”.
Se le cuestiona que al negociar con las autodefensas se ha entregado a quienes pudieran ser enemigos del Estado. De hecho, un día después de la entrevista se revelará que un personaje acusado de narcotraficante estuvo en una reunión de Castillo y autodefensas el miércoles pasado.
“La gente de Tierra Caliente no está maleada. No dijo: ‘que no venga el Gobierno’. De hecho dijo: ‘¡que venga el Gobierno!’. Y el Gobierno durante mucho tiempo no acudió al llamado”.
— ¿Tiene confianza en que representan intereses legítimos?
— Los líderes, totalmente. Mira, en las reuniones nos piden rellenos sanitarios, computadoras, procesadoras de limón, una escuela secundaria, cuatro doctores… No creo que sean demandas de una organización que representa peligro. Si fueran un grupo delincuencial no firmarían un acuerdo, no lo habrían hecho tan rápido [ocurrió el 27 de enero], tendrían demandas inviables y no estarían sentándose a discutir temas de desarrollo integral, de agenda social. En cuanto a las armas, hay que distinguir zonas urbanas de zonas rurales, en estas la gente desde hace mucho ha estado armada, para proteger sus fincas, para proteger su ganado, para protegerse de animales. No es que anden con esas armas en centros comerciales, como algunos creen. Para ellos es cosa de su cotidianidad.
— Pero en el campo mexicano se veían escopetas y pistolas, no armas de asalto y menos tantas.
— Habrá que hacer el registro y el intercambio, en su momento. Ahora lo que importa es hacer el registro para controlar, para saber, si se llega a cometer un crimen, qué arma fue.
— ¿Las autodefensas van a entregar las armas que no sean de calibres reglamentarios?
— Sí, llegaremos a ese punto al final.
— ¿No está durmiendo con el enemigo?
— Por supuesto que no. Los últimos 10 años he estado relacionado con el trato con delincuentes, aprendes a distinguir quién es un delincuente y quién actuó en una circunstancia.
Sobre los Templarios, el comisionado cree que es necesario asfixiarlos económicamente. Eso se debe lograr para empezar con una ley de extinción de dominio, que hace a los delincuentes perder las propiedades en las que operan. Además habrá que “revisar todas las concesiones de las minas” en Michoacán para cerciorarse de que no están en manos de Templarios; y controlar las exportaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas. “Y lograr que los presidentes municipales y las empresas no paguen” extorsiones. “Que si alguien recibe un intento de extorsión puedan decir ‘no pago’, porque saben que dada nuestra presencia los criminales tendrían muy difícil” las represalias.
Castillo llegó a esta misión acompañado de 200 colaboradores. Uno de ellos es el nuevo fiscal del Estado, otro el nuevo encargado de la policía, otros más los fiscales regionales. Peña Nieto ha ordenado además que cada ministerio ponga a disposición del comisionado un funcionario de alto nivel para las labores de reconstrucción institucional y de desarrollo. “No creo que se vea esto en muchos lados del país, es una oportunidad única”, dice Castillo sobre esa colaboración. “No puedes solucionar un problema a través de la violencia. Y lo más importante es no tener violencia, y no hemos tenido. Eso tiene un valor inmenso”.

Decenas de mociones contra la ley del aborto salen con apoyo del PP

Cada vez es más patente que el anteproyecto de ley del aborto es foco de incomodidad y división en el Partido Popular. Desde los escalones más elevados —con voces críticas de barones como el de Extremadura, José Antonio Monago, o el gallego Alberto Núñez Feijóo— a los más cercanos a la ciudadanía. El apoyo o la abstención de concejales del PP está permitiendo aprobar en decenas de Ayuntamientos españoles mociones de rechazo a la nueva ley. Calatayud (Zaragoza), Lepe (Huelva), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) o Xàbia (Valencia) han pedido ya, a iniciativa de los partidos de la oposición, la retirada de la nueva norma que, si sale adelante tras los trámites parlamentarios,permitirá abortar solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.
Las mociones municipales en un asunto como este, que se discute en el Parlamento y donde los Ayuntamientos tienen poca mano, son más simbólicas que otra cosa. Sin embargo, suponen un buen termómetro para definir cuán escoradas están las posturas en el espinoso debate de la interrupción del embarazo. En aquellos municipios donde se ha decidido dar libertad de voto, muchos populares han apoyado las mociones contra la reforma; o han preferido no situarse en contra y que salgan adelante. Es el caso de Calatayud (21.000 habitantes), gobernado por el PP, que a iniciativa del PSOE ha pedido la retirada del anteproyecto con el respaldo de tres concejalas populares y la abstención de los otros seis ediles. Su alcalde, José Manuel Aranda, que se abstuvo, prefiere no abundar en el tema. A través de una portavoz, este médico de 53 años se remite a lo que dijo en el pleno, donde apuntó que aunque no está de acuerdo con la ley actual, de 2010, el anteproyecto es “manifiestamente mejorable” y debería ir a las cortes “mucho más consensuado”.
Las mociones son un buen termómetro para medir la división que genera la nueva ley en el PP
La estrategia de la oposición —sobre todo del PSOE— de trasladar el debate de la ley del aborto a los estamentos provinciales y municipales para dejar claro su frontal rechazo, y tratar de visibilizar la división que genera, está dando frutos. También el pleno del Consistorio de Lepe (PP) aprobó el día 31 una moción de IULV-CA contra la reforma y en defensa del derecho a decidir de la mujer. En este municipio de 27.400 habitantes, la declaración tuvo el respaldo de dos ediles populares. Tres la rechazaron y siete, incluido el alcalde, se abstuvieron en la votación, en la que había libertad de voto, según anunció el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Toronjo. El resultado, que supone una nueva crítica al anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha levantado una buena polvareda. La semana pasada, el presidente del PP de Huelva y exalcalde del municipio, Manuel Andrés González, insistió en que el aborto es un asunto “moral e ideológico” en el que se respeta “la opinión de todos los militantes”. González argumentó que lo ocurrido en Lepe es “un síntoma de esa libertad absoluta que existe entre todos los militantes”.
Desde la dirección del PP minimizan este foco de división interna al recordar que es habitual que los Ayuntamientos debatan temas que, en principio, no son de su competencia y sostienen que la “inmensa mayoría” de las mociones que se votan en los Consistorios populares apoyan la reforma. No obstante, varios dirigentes admiten abiertamente que es bueno que se abra ahora una etapa de trámite y reflexión en todas las instituciones, dirigida a buscar “mayor consenso”. También reconocen que será complicado porque hay puntos, como la polémica supresión del supuesto de aborto por malformación fetal, que tienen difícil solución.
Una segmentación que aumenta. En la Comunidad Valenciana son ya una decena los municipios que han sacado adelante mociones de este tipo. Muchas respaldadas por el PP. Xàbia (33.000 habitantes) pidió la semana pasada la retirada del anteproyecto, como proponía el PSPV —que gobierna—, con el voto a favor de los tres ediles populares. El portavoz del PP de la localidad, José Luis Genovés (independiente), explica por teléfono que él es más partidario de no tocar la norma actual. “Estoy en contra de cualquier ley que sea más restrictiva que la que ya tenemos. No entiendo a qué viene tocarla y crear una alarma social al respecto”, dice. Genovés, que recalca que no es “político profesional”, cree que en un asunto “tan personal” como este no hay que tomar una posición de partido sino “la que cada uno opine en conciencia”. “No me gustaría que se pusieran barreras a cualquiera de nuestras hijas si tuviera que abortar”, dice.
En Teulada, Estivella, Cullera, Oliva o Paterna se repitió la misma dinámica. En este último municipio valenciano (65.000 habitantes) se aprobó un texto que pide la retirada de la nueva ley. Su aprobación, dice, sería una “regresión”. Seis ediles del PP apoyaron la declaración; otros siete, incluido el alcalde, se abstuvieron.
La estrategia de la oposición, sobre todo del PSOE, es llevar disposiciones de rechazo a municipios y diputaciones
El viernes, La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) también aprobaron mociones de rechazo. En el último municipio (56.700 habitantes), por unanimidad. Con el apoyo en pleno de una decena de concejales populares. Todos —también el alcalde, Marco Aurelio Pérez— rehusaron hacer declaraciones sobre su postura. Algo que se repite en la mayoría de los municipios. “Yo tengo mi postura y respeto la de los demás, pero esto es muy personal y al margen de la votación prefiero no significarme”, apunta una edil valenciana que apoyó una moción de rechazo. La concejala reconoce también que en los pueblos pequeños o medianos es más fácil “votar en conciencia” porque se tiene “menos visibilidad”.
En municipios de Galicia, Asturias o Baleares también se ha rechazado, con apoyo del PP, la nueva ley: San Sadurniño, O Grove, Es Mercadal, Consell... En Cangas de Onís (Asturias), Culleredo (A Coruña) o Barro (Pontevedra), los populares han permitido con su abstención la aprobación de estas declaraciones simbólicas. En este último municipio gallego, de 3.700 habitantes, el PP se abstuvo en la votación de un texto del BNG, que pide que se mantenga la norma actual, con la que la mujer puede abortar sin tener que justificar su decisión hasta la semana 14ª de gestación y que permite después esta intervención si existe riesgo para su salud (hasta la 22ª) o malformaciones fetales muy graves (sin plazo). Su regidor, el popular José Landín Eirín, sostuvo que la actual ley funciona “perfectamente”.
No en todos los Ayuntamientos ha habido comportamientos similares. Los populares han rechazado mociones que censuraban la nueva ley en Consistorios como el de Sevilla, Teruel, Hospitalet, A Coruña o Barcelona —donde pese a su voto negativo la disposición salió gracias al apoyo de CiU—. En otros municipios, como en Molina del Segura (68.500 habitantes), el grupo popular del Ayuntamiento optó por sacar adelante su propia moción en la que pide al Gobierno “que intente conseguir el mayor consenso posible en la tramitación de la reforma”. Una tramitación, dice, “que debería cesar en caso de que ese consenso no llegue a alcanzarse”.

Informes negativos

Mañana se votará en el Congreso una proposición del PSOE que pide la retirada del anteproyecto de ley del aborto. Los diputados votarán en urna, lo que permite que el voto sea secreto. El texto, además, debe pasar, antes de iniciar su tramitación en el Parlamento, por los informes de los organismos preceptivos. Para tratar de esquivar las críticas a la falta de consenso, el Ministerio de Justicia los ha enviado también a una decena de entidades como la Organización Médica Colegial, la Agencia de Protección de Datos y colectivos especializados.
Algunas entidades ya han adelantado su postura. Save the Children ha rechazado elaborar el informe. El aborto, dicen, es “un tema de conciencia y una decisión individual de la mujer”. La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha manifestado que no hará observaciones, sino que insistirá en su oposición frontal a todo el texto. Esta organización critica, además, que Justicia no le haya enviado la memoria de impacto —en la que dice que la ley será buena para la economía porque puede aumentar la natalidad—, que el ministerio solo ha mostrado a algunos de los organismos a los que pidió informe.

El Congreso decidirá con voto secreto si pide retirar la reforma del aborto

El Pleno del Congreso se pronunciará el martes, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno para la reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
El debate y votación de esta iniciativa forma parte de la "ofensiva" parlamentaria que los socialistas han planteado para esta semana contra la modificación de la ley del aborto, con tres preguntas al Gobierno en el Pleno del Senado ese mismo día y otra en el Pleno del Congreso el miércoles.
Los diputados votarán la proposición no de ley citada en urna con papeleta, una vez que los socialistas formalizaran una petición en ese sentido dirigida al presidente del Congreso, Jesús Posada, el 6 de febrero pasado.
Según el artículo 85.1 del reglamento de la Cámara Baja, "la votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este reglamento o lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados o de los miembros de la comisión", siempre que no se trate de un procedimiento legislativo.
Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes con la reforma puedan expresarse "en libertad".
También el martes, Izquierda Plural pedirá la retirada del anteproyecto con una moción en el Pleno del Congreso, y Entesa preguntará al Ejecutivo por este asunto en el Pleno del Senado.

Recabar apoyos

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, recordó esta semana su intención de pedir la votación secreta para esta proposición no de ley de cara a recabar el apoyo de los críticos del PP con la nueva regulación.
"Pediremos un voto secreto para que con toda libertad todos aquellos que han manifestado que no están de acuerdo, algunos de ellos del PP.Incluso en el PP hay mucha gente que lo desea y lo celebrarían muchos militantes si el próximo martes saliera una votación a favor para que se suprima el anteproyecto", señaló la portavoz socialista.
Durante su argumentación, Soraya Rodríguez remarcó que su proposición no de ley tenía por objetivo que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada "no llegase a ser proyecto de ley".

El tren de la libertad

Por otro lado, el orden del día del pleno de la semana que viene también contempla la moción de la Izquierda Plural que pide igualmente la supresión de la reforma del Aborto. Se trata de la moción, consecuencia de la interpelación que mantuvo la responsable de Igualdad de la IU-ICV-CHA en el Congreso, Ascensión de las Heras, con el titular de Justicia.
Eso sí, dado que es el último punto del orden del día del martes es probable que la iniciativa sea debatida el miércoles, al término de las interpelaciones, y ya votada el jueves en el Pleno, momento en el que habrá votaciones.
Igualmente, el aborto protagonizará uno de los principales temas de la sesión de control del próximo miércoles, con la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, quien ha pedido preguntar al ministro de Justicia su valoración acerca de la manifestación que tuvo lugar el pasado fin de semana en Madrid y que concentró a miles de personas venidas de toda España en contra de la nueva regulación del Aborto, con el lema 'El tren de la libertad'.