tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 13 de enero de 2014

Guatemala decreta la alerta naranja por la erupción volcánica del Pacaya

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)elevó este fin de semana de amarilla a anaranjada, la segunda en la escala de alarmas, la alerta decretada por la erupción del volcán Pacaya y procedió a la evacuación de las primeras familias que habitan en las faltas del cono.
El Pacaya, que junto a los volcanes Santiaguito y Fuego son tres conos en erupción permanente en Guatemala, incrementó su actividad la madrugada del lunes día 6, cuando lanzó un río de lava que se prolongó ocho kilómetros y se aproximó peligrosamente a seis aldeas.
Lo espectacular de la erupción ha convertido a la zona en un lugar de aglomeración de turistas, que desafiando el peligro se aproximan lo mas posible a los ríos de lava. En mayo de 2010, una violenta erupción hizo que uno de los cráteres del Pacaya se partiera en dos, y creó nuevos cauces para los ríos de lava. En aquella ocasión, un reportero de la televisión falleció mientras cubría el suceso.
Una fuente de la Conred informa que la institución está preparada para atender a las personas cuya vida esté en riesgo. Se han habilitado escuelas, salones parroquiales y municipales de los pueblos inmediatos al cono por si la erupción obligara a evacuar a los pobladores.

El 80% rechaza la reforma de la ley del aborto

La reforma de la ley del aborto, el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, no tiene apoyo unánime en el PP, es casi imposible que tenga más respaldo político en las Cortes durante el trámite parlamentario y, además, cuenta con un amplio rechazo social. Entre los ciudadanos, el porcentaje medio de rechazo a cada uno de sus planteamientos es del 80%, según Metroscopia. Tampoco es apoyada por la mayoría de los votantes del PP y ni siquiera los que se declaran católicos apoyan el anteproyecto en todos sus extremos.
Es decir, que el terremoto que ha provocado entre los cuadros del PP el plan de Rajoy y Gallardón, ni siquiera va subido a la ola de la mayoría de los ciudadanos y traslada a la sociedad el mismo seísmo.
Para empezar no es entendido por los españoles como algo imprescindible y oportuno, porque el 78% de los encuestados asegura que no es una reforma necesaria. Ni siquiera ve esta necesidad el 57% de los votantes del PP ni el 50% de los que se declaran católicos.
El Gobierno y la dirección del PP justifican la decisión en su programa electoral, pero la referencia en este es ambigua y el propio Rajoy, en entrevistas de campaña electoral, aseguró que la reforma se limitaría a retoques como, por ejemplo, el consentimiento de los padres para mujeres de entre 16 y 18 años.
En coincidencia con el dato anterior, el sondeo muestra que los españoles estaban a otra cosa cuando el Gobierno ha irrumpido con el debate sobre el aborto, porque el 75% da por hecho que no había demanda social sobre este asunto. Es decir, la ley de plazos de 2010, votada por ocho partidos en su momento, tiene ahora un mayoritario consenso social.
Un 86% de los españoles consultados por Metroscopia cree que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con el embarazo. Es decir, que ese porcentaje está a favor de la ley de plazos que permite abortar libremente y sin justificar causa alguna durante las primeras 16 semanas de embarazo.
El 68% de los que votaron al PP y el 60% de católicos practicantes se suma a esta tesis.
Curiosamente, el Gobierno esgrime ahora un consenso sobrevenido entre 1985 y 2010 a la ley de supuestos de Felipe González, contra la que el PP (entonces Alianza Popular) votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de José María Aznar, con mayoría absoluta entre 2000 y 2004, no la modificó por no romper ese consenso social que inicialmente no reconoció. Luego, la tesis del PP contra la ley de plazos de 2010 fue que no había demanda social y ahora se da de bruces contra este mismo argumento, porque el sondeo muestra un amplio rechazo al proyecto del actual Gobierno.
El Gobierno asegura que su proyecto es una vuelta a la ley de supuestos de 1985, pero en la práctica elimina el de malformación del feto, porque solo se puede alegar si hay peligro para la salud de la madre.
El 84% de los ciudadanos, el 70% de los votantes del PP y el 59% de los católicos practicantes, rechazan que se elimine este supuesto. Varios dirigentes del PP, especialmente barones regionales, han pedido estos días que se mantenga, en línea con esta opinión mayoritaria de la sociedad y de sus votantes.
En coherencia con esos datos, el 82% asegura que no debe haber sanción penal para los médicos que asistan a mujeres que aborten fuera de los supuestos legales. La consecuencia de la norma, según el 78%, es que aumentarán los abortos clandestinos, en condiciones de inseguridad y riesgo para la madre. De hecho, según los datos oficiales, la ley de plazos ha supuesto una disminución del número de interrupciones de embarazos en España y la mayor libertad para practicarlos no los ha alentado, sino todo lo contrario.
¿Para qué lo hace el Gobierno entonces si hay tal rechazo social? La tesis del 75% es que se trata solo de complacer al sector más conservador de la Iglesia católica. El porcentaje más alto es el de los que piden que se dé libertad de voto a los parlamentarios. El 91%, la práctica unanimidad, así lo pide.
En este momento, los grupos imponen multas a quienes rompan la disciplina de voto que pueden llegar a 500 euros, según la importancia de la votación y la reincidencia. La diputada del PP Celia Villalobos pidió el jueves en la dirección del PP que se dé libertad de voto, pero ni siquiera tuvo respuesta.

Gallardón se desploma y es el peor valorado entre los votantes del PP

El intento de Mariano Rajoy para frenar el desgaste electoral del PP, subido a los incipientes indicios de recuperación económica, ha chocado con su proyecto de ley del aborto. La reforma legal impulsada por el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un vuelco en la expectativa electoral, según el sondeo de Metroscopia para EL PAÍS.
La encuesta muestra que el PSOE estaría en disposición de ganar unas elecciones generales con una ventaja de 1,5 puntos sobre el PP. Sería la segunda vez que los socialistas están por delante de los populares en esta legislatura, según la serie histórica de sondeos, aunque ahora de forma ligeramente más amplia. La otra ocasión fue en septiembre de 2013, pero entonces era por solo cuatro décimas.
El PP tendría el 32% de los votos y el PSOE el 33,5%, siempre con las salvedades de que el margen de error del sondeo deja el resultado en un empate técnico entre los dos grandes partidos y de que al no haber elecciones convocadas no puede medirse el grado de movilización de última hora. Falta también comprobar si ese vuelco es fruto de un acontecimiento concreto y coyuntural o si se consolida en sondeos sucesivos como tendencia.
De hecho, la mínima ventaja de septiembre de 2013 no se consolidó luego y la baja fidelidad de voto del PP (un 41% frente al 44% del PSOE) es consecuencia de que uno de cada cinco electores de los que votaron a los populares ahora dice que se abstendría. Esos potenciales votantes podrían movilizarse a última hora.
Gallardón se desploma y es el peor valorado entre votantes populares
Con respecto a las elecciones generales de noviembre de 2011, el PP perdería 12,6 puntos y el PSOE recuperaría 4,8. Los populares habrían perdido casi dos puntos en el último mes, los mismos que recuperan los socialistas. Es decir, que la suma entre ambos, lo que se etiqueta habitualmente como el bipartidismo se mantiene bajo mínimos, mientras que IU y UPyD consolidan su tendencia al alza como beneficiarios de ese supuesto nuevo panorama político. Los deCayo Lara llegan a la cifra récord del 12,5%, y los de Rosa Díez al 7,3%, tras un llamativo repunte coyuntural en septiembre y octubre.
De los resultados del sondeo se deduce que en términos estratégicos y electorales la decisión de Rajoy de acometer la reforma del aborto tiene para el PP más contraindicaciones que beneficios. La pretendida explicación de que le sirve para congraciarse con sectores más conservadores no tiene traslación práctica en expectativa de voto.
Probablemente porque esos sectores no tienen más opciones que el PP y, en todo caso, van a votar a este partido en el último momento, pase lo que pase. También porque el problema de los populares está más bien en el voto de centro que pueda disputar con otras opciones como, por ejemplo, UPyD que resta votos a los dos grandes partidos.
Todo el Gobierno suspende y caen los ministros con polémicas públicas
Y, sobre todo, porque la polémica brinda al PSOE una plataforma perfecta para la recuperación. Por un lado porque le da una bandera a la que engancharse, como fue en su momento y salvando las distancias la guerra de Irak; por otro, porque moviliza al electorado de izquierda frente al PP que recorta derechos y libertades y, especialmente, porque rompe el discurso del “todos son iguales” que tanto y con tan poco éxito hasta ahora ha combatido Alfredo Pérez Rubalcaba esta legislatura. Los socialistas han cogido al vuelo estos días el argumento contraponiéndose con los recortes de derechos del PP e identificando a Rajoy con la ultraderecha.
Hay otro efecto negativo para el Gobierno que es el de contraprogramación de su propio mensaje, porque eclipsa las noticias sobre la supuesta recuperación económica sobre la que había basado Rajoy su estrategia para 2014. Los primeros dos años fueron los de los sacrificios con incumplimientos de programa y ahora tocaba recoger los frutos de la mejora de los datos, a la espera de la reforma fiscal, que en 2015 empezarían a percibir los españoles.
Quizás por eso, el sondeo de Metroscopia muestra que los españoles no perciben la recuperación que con tanto entusiasmo publicita el Gobierno. El 89% sigue calificando negativamente la situación económica; el 68% dice que seguirá igual o empeorará y el 65% no ve mejora al paro. Apenas mitiga esos datos que disminuya en cuatro puntos el porcentaje de los que ven mala la situación económica o que aumente en ocho puntos el de los que creen que mejorará en los próximos meses. Pero la valoración sobre el Gobierno y su gestión no mejora.
Un dato que permite sostener que el vuelco es consecuencia directa del proyecto de ley del aborto es el del desplome de la valoración de Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el punto de que pasa a ser el ministro peor valorado entre los votantes populares, quitándole el título al responsable de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. El proyecto de ley del aborto ni siquiera le sirve a Gallardón para congraciarse con los votantes del PP.
El ministro de Justicia es la cara de la reforma de la ley del aborto, aunque no hay ninguna duda de que un proyecto de este calado procede de la decisión del presidente del Gobierno, en su oportunidad y en su contenido. Rajoy con su estrategia premeditada logra que se hable de la ley Gallardón, la ley Wert o la ley Fernández, aunque todas tengan su decisión e impulso. Conscientemente, aplica una estrategia contraria a la de su antecesor en el cargo, por la que antes se hablaba de las leyes de Rodríguez Zapatero y ahora de las de los distintos ministros. El modelo burladero de Rajoy, frente al modelo pararrayos de Zapatero.
Junto con Gallardón, caen otros dos ministros con polémicas públicas recientes: el de Industria, José Manuel Soria, y el de Interior, Jorge Fernández. El primero ha sido la cara de la polémica sobre las tarifas eléctricas y el segundo, entre otros asuntos, ha promovido leyes como la de Seguridad Ciudadana.
El caso de Fernández es curioso porque es criticado por los más conservadores, por su gestión frente a ETA, y por la izquierda por sus leyes de orden público. El resultado es que arruina la tradicional sobrevaloración popular de los titulares de Interior.
El balance del conjunto del Gobierno sigue siendo negativo porque la nota de todos sigue cayendo, sin que se atisbe más cambio que el mínimo que deba hacer para la candidatura de las elecciones europeas de mayo.

Orange no es dueño del naranja

No solo los equipos de fútbol defienden sus colores. También las compañías, aunque a veces ese celo les lleve a tener problemas con la justicia. Este el caso de Orange, la filial española de France Telecom, que entendía que debía hacer honor a su nombre (naranja en inglés) y registró en la Oficina de Patentes y Marcas el cuadrado de color naranja como un distintivo de su marca. Jazztel recurrió esa exclusividad porque también se sentía con derecho a usar el naranja en su comunicación comercial y ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón.
El tribunal destaca que el color naranja que Orange “trata de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos, no deja de ser uno más de los usuales en el mercado” y, por tanto, “debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos”. El fallo indica que “el interés general” se opone a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos, como es el caso de Jazztel.
El juez tampoco considera que el hecho de que Orange encierre el color naranja en un cuadrado cambie mucho la situación de exclusividad porque se trata de una forma geométrica tan normal como el propio color. “Y tal principio es extensible a los supuestos cual el de autos, en los que un color como el naranja —esto es, ni siquiera una combinación singular de colores— se asocia a una forma geométrica tan simple como un mero cuadrado, en vez de hacerlo a una forma específica que pueda dotarle de distintividad propia por su configuración especial o singular”, dice el fallo.
Aunque para los legos en materia de marcas y logos les pueda parecer a simple vista un asunto baladí, tanto Orange como Jazztel han mantenido una dura batalla jurídica a propósito del naranja desde 2009, conflicto a la que ha puesto fin la sentencia del Supremo, del pasado 2 de diciembre, que quita la razón a la filial española de France Telecom y la condena a costas.
El naranja no deja de ser uno más de los colores usuales del mercado
Sentencia del Tribunal Supremo
Prueba de ese enconamiento, es la defensa que hizo Jazztel en su recurso arrogándose el derecho a usar también el color por entender que el naranja que usa su competidor (naranja Pantone 151 delimitado por un cuadrado) es de lo más vulgar. “El color naranja queda representado en la forma más trivial, nimia, banal, simple, rudimentaria, primaria, básica y elemental imaginable por el intelecto humano: la de un simple cuadrado plano, bidimensional, sin contornos, sin bordes, sin textura, sin relieve, sin perspectiva y sin ornamentación alguna”, decía Jazztel en su recurso.
Por su parte, Orange invocó como prueba un estudio de mercado, realizado en el verano de 2008, con la finalidad de acreditar el grado de conocimiento de la marca solicitada, la cuota de mercado y la posición que ocupa en el mismo, en relación con el público consumidor español. El estudio se llevó a cabo mediante un cuestionario en el que se mostró a cada uno de los encuestados (1.000 personas) un cuadrado de color naranja. Su resultado fue que el 49% de los encuestados reconocieron el cuadrado de color naranja, y entre estos, el 80% asoció el color naranja con Orange.
Pero esta prueba tampoco convence al tribunal. “Dicho resultado pone de relieve que, en contra de la tesis sostenida por la solicitante, la identificación del consumidor medio con la concreta marca que nos ocupa es, más bien, débil o, al menos, no en la intensidad necesaria. En efecto, en primer lugar, solo un 49% viene a identificar el rectángulo naranja con algún tipo de signo distintivo (…). Pero es que, además, la asociación del consumidor medio español con la empresa solicitante llega, escasamente, al 40% del total de los participantes en el estudio”. Y recalca que los encuestados identificaron también el color naranja con otras empresas, también proveedoras de Internet.
El Supremo no ve como argumento válido que el cuadrado naranja haya sido registrado en otros países como Francia. Y recuerda la jurisprudencia del Tribunal General de la UE que corroboró la decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior según la cual se rechazó, por carencia de distintividad, el registro como marca comunitaria de un signo figurativo consistente en un cuadrado de fondo verde.

Así se echa a un europeo de la UE

El sueño europeo de establecerse libremente en cualquier país miembro sin dar explicaciones se ha topado con la realidad de la crisis. Las estrecheces económicas han llevado a algunos Estados comunitarios a reforzar un derecho reconocido de manera muy ambigua por la legislación de la UE: expulsar a los ciudadanos de otros países miembros que representen una “carga excesiva” para el sistema. Se trata de una medida más efectista que eficaz que contemplan en sus leyes casi la mitad de los Estados miembros. Pero en la práctica es imposible certificar la expulsión de un comunitario y, sobre todo, impedirle que vuelva.
Bélgica es uno de los países que ha regulado —y endurecido— esa posibilidad. Este país, reconocido por la Comisión Europea como uno de los más generosos en las políticas de asilo para refugiados de terceros países, ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de expulsar a ciudadanos comunitarios. Aunque los datos iniciales apuntaban a un número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.

La Comisión intenta frenar el fenómeno

L. A. / I. F.
Bruselas lleva meses recordando a los Estados miembros lo que debería ser obvio: que la libre circulación de ciudadanos es un pilar básico de la UE y que, con cifras en la mano, la movilidad ha generado muchos más beneficios que perjuicios al proyecto comunitario. Pero el populismo que monopoliza el debate público en algunos países prende tan deprisa que la Comisión Europea se ve obligada a aplacar las inquietudes de algunos gobernantes.
Con esa intención, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, presenta hoy una guía práctica para discernir a qué Estado corresponde, en cada caso, proveer la seguridad social al ciudadano residente en un país miembro. Bruselas intenta definir mejor el concepto de residencia habitual y acotar los derechos que lleva asociados.
La publicación ilustrará sobre casos prácticos para acallar el malestar creado en países como Reino Unido, Alemania y Holanda acerca del mal llamado turismo de prestaciones, que supuestamente realizan los europeos más pobres. Invirtiendo los términos del caso típico, la Comisión aclara, en un adelanto del documento que se hace público hoy, que si un británico se retira a Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo allí, su residencia habitual será ya portuguesa, aunque mantenga inmuebles y otros lazos en Reino Unido.
La cifra de afectados con pasaporte europeo duplica la del año anterior y representa algo más del 9% del total de extranjeros que tuvieron que abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse. Un porcentaje nada despreciable para una práctica que bordea la legalidad comunitaria.
Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En 2013 fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos, búlgaros, holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad española recibieron la orden de abandonar Bélgica.
Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no es lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la Oficina de Extranjería explica las diferencias. Cuando las autoridades demuestran que el afectado representa “una carga excesiva” para el sistema social (por ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y, en cambio, consume ayudas sociales), emiten una orden de expulsión, que puede ser aceptada o no. En caso de resistencia, Bélgica no ejerce el recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en un avión ni lo priva de su libertad. Simplemente le cierra todos los cauces oficiales en un país en el que es fundamental disponer de un contrato de arrendamiento (o de adquisición de vivienda) para darse de alta en el Ayuntamiento y acceder a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones sociales que ofrece el territorio.
“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas quedan condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen. Pero nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a otro país comunitario e incluso ingresar de nuevo en Bélgica. Además, siempre tienen derecho a recurrir y retrasar de ese modo el proceso.
Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país. Además, las comprobaciones que hacen las autoridades no pueden ser sistemáticas, sino limitadas a un calendario establecido.
El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE. Los funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a centros de detención donde esperan a ser deportados.
Esa posibilidad es impensable en ciudadanos comunitarios, aunque la ambigüedad de la directiva que regula sus derechos de residencia hace que al menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practiquen expulsiones. El texto explicita que los ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”. Sin embargo, cuando alude a los motivos que podrían propiciar la expulsión, únicamente se refiere a asuntos sanitarios —una enfermedad contagiosa, por ejemplo—, de seguridad o relativos al orden público y cierra la puerta a la expulsión automática en caso de que el ciudadano recurra a la asistencia social.
Isabel Villar, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, explica que lo que se produce en Bélgica y en otros Estados es una incorrecta interpretación de la expresión “excesiva carga para el país”. Villar argumenta que, en caso de expulsión, las autoridades deben detallar “exhaustivamente” las razones en las que basan su decisión y deben aplicar el criterio de proporcionalidad, sobre todo si se trata de una familia con hijos pequeños.
En cualquier caso, esta experta aclara que el hecho de acceder a los servicios sociales en el país de acogida “no puede conllevar la expulsión inmediata de ningún ciudadano; al menos no de forma automática”.
Más tajante se muestra Pablo González, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que considera estas expulsiones como una posibilidad “expresamente prevista” en la norma comunitaria, aunque pide analizar “escrupulosamente” los abusos que se puedan estar produciendo.
Un portavoz comunitario respaldaba esta semana esa versión al asegurar que las expulsiones en Bélgica están amparadas por el derecho comunitario.