Pastel de patatas y hongos

Venezuela marcha hacia la independencia alimentaria, dice ministro

Caracas, 5 nov (PL) Venezuela produce el 80 por ciento de los alimentos que consume y va en busca de la independencia agroalimentaria, afirmó hoy el Ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Esa cifra supera la existente en el año 1998, antes del inicio del gobierno del presidente, Hugo Chávez, cuando el 60 por ciento de los alimentos consumidos eran importados, subrayó el titular entrevistado por el diario Correo del Orinoco.

Indicó que una de las debilidades en el sector es la producción de trigo, pues "no tenemos las mínimas condiciones, ni naturales, ni de suelos, ni de clima para la producción primaria" de ese recurso, del cual Venezuela es el segundo país consumidor per cápita del mundo.

Osorio destacó que el gobierno prioriza la política alimentaria y, en ese sentido, creó en 2003 la Red de Mercados de Aliemtos ( Mercal), para proteger a la población con bajos ingresos.

Venezuela tiene a la fecha 22 mil instalaciones de la red de abastecimiento de alimentos, conformada por Mercales, Abastos Bicentenarios, productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), panaderías, entre otras.

En total, la red socialista de alimentación ha llevado a la mesa de las familias venezolanas en 2012 más de 15 millones de toneladas de alimentos, y 16,5 millones de personas asisten a los centros de distribución mencionados, lo cual representa el 58 por ciento de la población.

Osorio mencionó, además, la existencia del Sistema Integral de Control Alimentario, el cual mantiene un monitoreo constante de toda la producción primaria, los niveles de almacenamiento de los productos básicos (harina de maíz, leche, carne, huevos, entre otros) y la cantidad de materia prima.

También se ha desarrollado toda una infraestructura para el aparato de procesamiento y transformación, para asegurar la autonomía real y el autoabastecimiento, acotó.

"Siempre habrá que importar algo, pero una de las tareas es impulsar a Venezuela como un país potencia" en el sector agroalimentario, sentenció el Ministro.

Narcotraficantes presos en cárceles del Uruguay amenazan de muerte a policías

Importantes narcotraficantes que se encuentran recluidos en las cárceles del país han amenazado de muerte a las autoridades policiales por los inhibidores de celulares. Mientras, abogados y ex jueces patrocinantes de connotados narcotraficantes lanzaron campaña para desacreditar las escuchas telefónicas como medio de prueba para acusar a sus defendidos.

En los últimos años el Ministerio del Interior ha decidido llevar a la práctica una firme política de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Es así que se han desarticulado importantes organizaciones y han “caído” reconocidos “cabecillas” y líderes de bandas que se dedicaban al narcotráfico.

El pasado 18 de octubre el director nacional de Policía, Julio Guarteche, aseguró que es posible que en Uruguay haya grupos dedicados a “matar por un precio”, porque eso es una “evolución natural”, y adelantó que la Policía instalará “inhibidores de celulares” en el Penal de Libertad.

Uno de los problemas que preocupa al gobierno relacionados con la seguridad, se refiere a la creciente cifra de “homicidios por ajustes de cuentas”.

En lo que va de 2012 se han cometido 212 asesinatos lo que según las autoridades refleja un incremento del 40% con respecto a 2011 (el año pasado se registraron 199 casos de homicidios).

Según explicó Guarteche, la Policía estudia la existencia de grupos dedicados al sicariato.

Penal de Libertad

Aseguró que en Uruguay los narcotraficantes están utilizando a personas que mantienen deudas de drogas o a menores para cometer homicidios. “El hecho que la mayoría de los cabecillas o jefe importantes están presos, el mando de las cosas lo toma gente más joven. La gente más joven tiene menos experiencias para manejarse y está ansiosa por ser reconocida en el ambiente. Por lo cual asumen la tareas de manera violenta para tomar un atajo”.

Guarteche aseguró que para los delincuentes “es muy fácil” conseguir un arma de fuego. Por ello remarcó que es “necesario que el Parlamento apruebe una ley de que tipifique como delito la tenencia y tráfico de armas”.

Como medidas para luchar contra los grupos armados anunció que en el Penal de Libertad se instalarán “inhibidores de celulares” para aislar la cárcel, porque aseguró que desde ahí “se dan órdenes para matar y cometer otro tipo de delitos”.

Otras de las iniciativas del gobierno es el endurecimiento de las penas para el tráfico de pasta base de cocaína, propuesta que este martes podría transformarse en Ley si resulta sancionada en Diputados.

Conversaciones

Según informó El Observador, citando fuentes oficiales, la cúpula ministerial acordó “mantener conversaciones con los presos líderes para adelantarles la medida” de la instalación de inhibidores de celulares, y también con el resto de la población carcelaria, para que “supiesen que esto no implicaría que quedasen incomunicados con sus familias, ya que se colocarán teléfonos públicos en cada penal”.

“Pero quienes reaccionaron con violencia no quieren los teléfonos para comunicarse con sus familiares, sino para mantener funcionando el gran negocio del narcotráfico que hoy tiene su cuartel general en los mayores penales del país, donde están recluidos capos de alto vuelo internacional y narcotraficantes locales que son los que se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades”, asegura el informe.

La Policía reconoce en traficantes como Luis “el Betito” Suárez o  “el chelo” Parizzi a personas con incidencia dentro de la cárcel que controlan a bandas de decenas de integrantes en diversos barrios y con poder de enviar sicarios, pero también advierten que la fidelidad de sus “perros” es muy débil. “Si a uno le falta droga, sus intermediarios cambian de amo y se van con el que tenga droga”, dijo un policía a El Observador.

Las autoridades informaron que se habilitarán teléfonos públicos gratuitos en los diferentes sectores de la cárcel, para su uso por parte de los presos.

Vodafone se la juega con tarifas planas de llamadas y mensajes ilimitados

Vodafone ha decidido pasar al contraataque ante la doble amenaza que le plantean Telefónica, con la paquetización de servicios Movistar Fusion, y los nuevos operadores virtuales, que le están robando clientes mes tras mes con sus tarifas agresivas. La segunda operadora ha dado un vuelco a su estrategia, mediante sus nuevos planes de precio Vodafone Red, lo más parecido en el mercado del móvil a una tarifa plana, con llamadas y mensajes de texto (SMS) ilimitados a cualquier número las 24 horas.

La “revolución tarifaria” que promete Vodafone, según palabras de su nuevo consejero delegado, Antonio Coimbra, se complementa con una oferta de datos de hasta 5GB y una subvención para que los clientes se hagan con smartphones a menor precio e incluso puedan renovarlos cada año. Se trata de una propuesta arriesgada, que puede estrechar aún más los márgenes de beneficio de la operadora por la continua caída de precios. No obstante, con esta apuesta tan agresiva se pretende detener la sangría de clientes hacia otras compañías que Vodafone sufre con mayor rigor que sus rivales debido al mecanismo de la portabilidad, al tiempo que trata de retener a sus abonados con mayor consumo. No se trata de una promoción sino de una completa reestructuración de tarifas ya que sustituirán a las actuales (@S, @M y @XL), aunque se habilitará un periodo de transición.

Las nuevas tarifas Red, que se comercializarán a partir del próximo 12 de noviembre, se estructuran en tres planes de precios. En todos ellos, las llamadas y los SMS gratis son casi ilimitadas (6.000 minutos y 1.500 mensajes al mes a 200 destinos diferentes), y se diferencian en los límites de descarga y de velocidad de Internet móvil, la capacidad de almacenamiento en la nube y el servicio de atención al cliente.

Así, la tarifa Red, la más simple ofrece 1,5 GB de descarga de datos, a una velocidad de hasta 21,6 Mgps y 10 GB de almacenamiento en la nube, por 35 euros al mes (más IVA). El segundo plan, Vodafone RED² , amplia la descarga hasta 3 GB a una velocidad de hasta 43,2 Mbps y almacenamiento de 30GB, además de permitir compartir la conexión con otro dispositivo como una tableta por 50 euros mensuales (más IVA). Vodafone RED³ , la tercera opción, por 70 euros al mes (más IVA), ofrece 5GB de datos a máxima velocidad, 60 GB en la nube, multidispositivo, servicio de atención al cliente preferente y la posibilidad de renovar el terminal cada año.

Estos precios son válidos siempre que el cliente suscriba un contrato de permanencia de dos años. En caso de que no quiera hacerlo, la tarifa mensual se incrementa en ocho euros al mes en cada uno de los tres casos (es decir, 43, 58 y 78 euros).

Vodafone tampoco quiere renunciar en su nueva oferta comercial al reclamo del teléfono. Tras la selección del plan de precios, el cliente puede elegir cualquier smartphone que desee entre cinco categorías distinta, independientemente de la tarifa elegida. El dispositivo puede renovarse cada dos años (doce meses en el caso de la tarifa más cara). Y puede decidir si lo paga por adelantado o lo incluye a plazos en la tarifa. Los responsables comerciales de Vodafone no quisieron aclarar si el precio de los teléfonos será subvencionado, pero incidieron en que las condiciones conjuntas serán “las más competitivas del mercado”. Con las primeras listas de precios de terminales facilitadas por la compañía sí se constata un importante descuento. Por ejemplo, con Vodafone RED³ se podrá adquirir un iPhone 5 pagando una tarifa de 90 euros al mes, lo que supone un ahorro aproximado de 200 euros sobre el precio del terminal libre.

El lanzamiento se completa con otra oferta de precios, Vodafone Base, dirigida a quienes hacen un uso menos intensivo del smartphone o de menos consumo. Los planes de precio incluyen llamadas, SMS y datos móviles (todos ellos limitados) desde 9 euros al mes (más IVA) y permitirán también la libre elección de smartphone. Junto con Vodafone RED y Vodafone Base se podrá contratar ADSL por 20 euros al mes, cuota de línea incluida (más IVA).

Además con carácter general todas las facturas se podrán consultar por Internet. Si se opta por seguir recibiendo la factura en papel el coste, asociado con los gastos de impresión y envío, será de 1 euro al mes. De manera promocional, la factura en papel será gratuita hasta el 1 de marzo de 2013.

La Generalitat abre 125 expedientes sancionadores a Renfe por mal servicio

La Generalitat de Cataluña ha abierto 125 expedientes sancionadores a Renfe por infracciones graves en la prestación del servicio de Cercanías y Regional, que pueden suponer una multa a la compañía de hasta 3,7 millones de euros.

El departamento de Territorio y Sostenibilidad abrió expedientes informativos tras las alteraciones del servicio ferroviario que se produjeron entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año y, según considera ahora, constituyen una infracción grave.

El conseller catalán de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha dicho en rueda de prensa que estas sanciones no responden a medidas recaudatorias, sino que con ellas se intenta forzar a Renfe a prestar un mejor servicio. Es la primera vez que la Generalitat sanciona a Renfe por incumplimiento de servicio.

Recoder ha explicado que Renfe ha reconocido que en el período analizado se suprimieron 87 trenes (62 de forma total y 25 de manera parcial) y que sólo se habilitó transporte alternativo por carretera para 12 de estos convoyes.

En la documentación aportada, Renfe admite también que se produjeron 478 retrasos en la circulación de trenes, de los que 188 fueron superiores a los 15 minutos.

Las incidencias se produjeron en las doce líneas de trenes de Cercanías y Regionales de Cataluña, aunque tuvieron una incidencia especial en la R1, R2, R3 y R4.

Ante estos datos, la Generalitat concluye que se alteraron significativamente las condiciones de uso del servicio, lo que está tipificado en la ley ferroviaria catalana como una infracción grave, con sanciones de entre 6.001 y 30.000 euros por expediente.

A partir de este momento, el trámite administrativo prevé un período de tres meses hasta la imposición de la sanción, que el conseller confía en que la Generalitat cobrará.

"Contamos con cobrar. Evidentemente, no podemos entender que pase otra cosa que no sea que cobremos", ha señalado.

En paralelo, la Generalitat ha llevado a cabo entre los días 15 y el 26 de octubre pasados cerca de 1.400 nuevos controles en Cercanías y Regionales y ha detectado 858 incidencias que podrían acabar en nuevos expedientes sancionadores.

Recoder ha asegurado que la Generalitat ha tenido "paciencia" y que ha dado muestras de buena voluntad ante Renfe y Adif para intentar resolver los problemas que se producen en la red, pero que esta actitud no ha dado los resultados esperados.

De los 125 expedientes sancionadores abiertos, 50 son infracciones graves por trenes suprimidos sin transporte alternativo, 25 son infracciones graves por trenes suprimidos parcialmente y 50 lo son por 188 retrasos superiores a 15 minutos.

Merkel elimina el copago sanitario

¿En qué se parece la precampaña electoral a la Navidad?, diría el chiste. A un año de las elecciones alemanas llueven los regalos al votante. Merkel ha decidido, en una reunión con sus socios de coalición para perfilar los últimos meses de legislatura, eliminar el copago sanitario, aumentar los fondos públicos para el transporte, y un generoso catálogo de ayudas a los pensionistas y a las familias.

Pero la medida estrella de este final de legislatura será, sin duda, la eliminación de la factura médica, los 10 euros que los alemanes vienen pagando por especialista y trimestre cada vez que acuden al médico. Curiosamente, este sistema que se ha tomado como referencia para introducir el copago médico en España resulta ahora contraproducente en Alemania, puesto que contribuye a aumentar el papeleo, con lo que la reducción de gasto público no es tanta como se esperaba, según acaba de explicar el portavoz de la CDU, Hermann Gröhe.

La eliminación del copago había sido una de las exigencias del Partido Liberal, que representa los intereses de los autónomos, condición de la mayoría de los médicos alemanes, que habían visto reducida la afluencia de clientes, léase pacientes, desde que por cada visita había que pagar.

A cambio de esta concesión, los socialcristianos de Baviera reciben su tan peleada subvención a las familias que, en lugar de llevar a los niños pequeños a las guarderías, decidan cuidar de ellos en casa. El montante de esta ayuda mensual se aproximará bastante al coste para el Estado de una plaza de guardería pública y con ello se fomenta que los niños reciban los cuidados y el calor de la familia durante sus primeros años de vida.

La oposición socialdemócrata, sin embargo, considera que servirá para disminuir el número de mujeres que acuden al mercado laboral y que será un obstáculo en la integración de hijos de inmigrantes, así que ha amenazado con llevar esta medida ante los tribunales el próximo mes de agosto, en cuanto entre en vigor.

Estas medidas son una buena noticia, sin duda, para el alemán de a pie, que ve aumentar el porcentaje de sus impuestos que le es devuelto en forma de servicios, y servirá también para ablandar el corazón de los votantes en las próximas generales de otoño de 2013, para las que las encuestas siguen dando a Merkel una intención de voto del 38%, seguida por el 29% que tienen los socialdemócratas.

Otra utilidad añadida y no menos apreciable es el efecto de argamasa que tendrán en la agrietada coalición de Gobierno, que llega al final de sus cinco años con demasiados puntos de desacuerdo. Un claro síntoma de estas dificultades es la reunión en la que han sido decididas estas medidas para los próximos meses, que comenzó a las 18:00 horas de domingo y no terminó hasta las 02:00 horas del lunes.

A cambio de las concesiones que Merkel ha hecho a sus socios para cerrar apoyo, ha obtenido luz verde para su objetivo de déficit cero en 2014, lo que la convierte en la canciller de la austeridad del siglo XXI, posiblemente. Y pretende conseguirlo a base de crear más y más empleo con el que seguir llenando las arcas del Estado en forma de nuevas fichas de IRPF.

El paro sube en 128.242 personas y alcanza la cifra récord de 4.833.521

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 128.242 desempleados en octubre, un 2,7% respecto a septiembre, lo que situó la cifra total de parados en 4.833.521 personas su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La subida del desempleo en octubre, mes en el que históricamente suele aumentar el paro, es la tercera consecutiva tras la de agosto y septiembre y el tercer peor registro en este mes dentro de la serie tras los de octubre de 2008 (+192.658 desempleados) y octubre de 2011 (+134.182 parados).

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que el alza de octubre, aunque no puede considerarse un "buen dato", es inferior a del año pasado, con lo que se encadenan cinco meses en los que "el paro se ha comportado mejor que en 2011".

Desde octubre de 2011, el desempleo se ha incrementado en 472.595 personas, un 10,84%.

Según los datos de Empleo, el paro subió en octubre en ambos sexos, pero más entre los hombres, con 69.008 desempleados más (+3%), frente a un repunte del paro femenino de 59.234 paradas (+2,5%), situándose el total de mujeres en paro en 2.440.825 y el de varones, en 2.392.696.

Por sectores, el paro aumentó en octubre en todos ellos, menos en la construcción, donde bajó en 3.670 personas (-0,48%). Los servicios concentraron tres cuartas partes de la subida del desempleo en octubre, con 97.610 desempleados más (+3,4%), seguido de la agricultura, con 24.401 parados (+15,1%); la industria, que sumó 8.888 nuevos desempleados (+1,7%), y el colectivo sin empleo anterior, con 1.013 desempleados más (+0,27%).

Por edades, el repunte del desempleo en octubre fue más pronunciado, cuantitativamente, entre los mayores de 25 años, con 107.638 parados más (+2,5%), mientras que entre los menores de 25 años el desempleo aumentó en 20.604 personas, un 4,4% más.

Baja el paro en dos comunidades

La población extranjera elevó su número de parados en el décimo mes del año, al registrar 17.890 desempleados más que en septiembre (+3%). En total, los inmigrantes en paro sumaban al finalizar el mes pasado 605.959 desempleados, con un descenso de 9.806 parados (-1,6%) respecto a octubre de 2011.

En octubre, el paro subió en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias y Comunidad Valenciana, donde los desempleados bajaron 993 y 867 personas, respectivamente. Entre los aumentos, los más significativos se los anotaron Andalucía, con 32.139 desempleados más, y Castilla-La Mancha (+16.791 parados).

En cuanto a las provincias, el desempleo se redujo en cinco de ellas, especialmente en Valencia (-3.406 personas), Castellón (-820) y Las Palmas (-727), y subió en las 47 restantes, especialmente en Madrid (+12.897) y Baleares (+9.474).

Suben los contratos

En cuanto a la contratación, en octubre se registraron en el antiguo Inem un total de 1.427.173 contratos, un 10,2% más que en octubre de 2011. De ellos, 130.632 eran indefinidos, cifra equivalente al 9,1% del total y un 34,3% superior a la del mismo mes de 2011.

En octubre se hicieron 11.784 contratos de carácter formativo y 1.284.757 fueron otro tipo de contratos de carácter temporal, de los que el 28,07% fueron de obra y servicio y el 22,84%, eventuales por circunstancias de la producción.

En los diez primeros meses del año, el número de contratos realizados sumó 11.558.721, un 4,1% menos que en igual periodo de 2011. De esta cantidad, sólo el 7,8% fueron indefinidos, con un total de 908.090 contratos fijos, un 5,4% menos que entre enero y octubre del año pasado.

El TC convoca Pleno para votar sobre el recurso del PP contra el matrimonio gay

El Tribunal Constitucional ha convocado Pleno para mañana a las 18.00 horas durante el cual es más que probable que delibere y someta a votación el recurso presentado por el PP contra el matrimonio homosexual, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El asunto se viene tratando a fondo desde mediados del pasado mes de septiembre y se ha incluido en el programa de todos Plenos celebrados desde entonces, pero es ahora cuando parece que el debate está más cerrado y es posible que se acuerde una sentencia al respecto, según las mismas fuentes.

De hecho, los Plenos se celebran una semana sí y otra no, y tras las reuniones de la semana pasada el hecho de que vuelva a convocarse el cónclave parece indicar que es casi seguro que el asunto va a ser sometido a votación.

Sobre la mesa está la ponencia contraria al recurso que fue presentada por el progresista Pablo Pérez-Tremps al comienzo del verano y se espera que pueda alcanzar los suficientes apoyos para salir adelante.

El pasado 5 de julio, el Constitucional aceptó la abstención en este asunto del magistrado conservador Francisco José Hernando, que la solicitó por haber sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en enero de 2005 emitió un informe radicalmente opuesto al proyecto, a pesar de que esta opinión no había sido solicitada por el entonces gobierno socialista.

El Constitucional decidió estimar la causa de abstención formulada por Hernando al entender que las razones de este magistrado podían integrarse en lo señalado en dos puntos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este precepto incluye entre los motivos para apartarse de un debate el haber ocupado un cargo con ocasión del cual se haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o haber podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

Once magistrados

De este modo, y pese a haberse cumplimentado la renovación que estaba pendiente en este órgano, el recurso contra el matrimonio gay estará en manos de once jueces en vez de doce. Ello es debido a que las abstenciones en el TC no suponen una sustitución del magistrado que se aparta.

El PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167) además de acusar al legislador de un uso fraudulento del término, en consonancia con lo dicho en su día por el CGPJ.

La ponencia sobre este asunto ha recaído en el magistrado del denominado "sector progresista" Pablo Pérez Tremps, que ha presentado un texto contrario a la aceptación del recurso que confirmaría la constitucionalidad de la norma. La mayoría de magistrados adscritos a este sector parece apuntar la denegación del recurso.

La renovación no ha variado mucho el equilibrio de fuerzas existente en el tribunal de garantías, ya que el Pleno está configurado con una mayoría de 7 magistrados "progresistas" frente a 5 "conservadores", que son los cuatro designados a propuesta del PP menos Hernando, si bien el designado por el PSOE Manuel Aragón ha venido votando en diversos asuntos con el bloque conservador.

Se tratará de la primera resolución trascendental que adopten los últimos magistrados renovados el pasado mes de julio. El Partido Popular (PP) designó como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al exdiputado por Granada Andrés Ollero y al magistrado del Tribunal Supremo Juan José González Rivas.

A propuesta de PSOE se incorporaron Fernando Valdés, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y la magistrada del Supremo Encarnación Roca.

El Consejo General del Poder Judicial pide cambiar la ley hipotecaria

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha defendido hoy una reforma de la ley hipotecaria tras admitir que la actual normativa está produciendo "disfunciones" por el elevado número de desahucios ordenados y el impacto social que comportan.

La problemática derivada de las ejecuciones hipotecarias, que se han disparado desde el inicio de la crisis, es uno de los asuntos que se tratarán en la XXII edición de las jornadas de jueces decanos de España, que este año se celebran por primera vez en Barcelona con la asistencia de 47 magistrados.

El vicepresidente del CGPJ, que ha inaugurado las jornadas, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que existe una "problemática social" derivada de las ejecuciones, por lo que sería necesaria una reforma de la ley hipotecaria dado que la actual está provocando "disfunciones".

De Rosa ha insistido en que las propuestas de reforma de la legislación hipotecaria, que los jueces decanos "debatirán en profundidad" en estas jornadas, se plantearán "dentro del respeto al poder ejecutivo y al judicial".

Por ese motivo, el vicepresidente del Consejo ha resaltado que la judicatura está obligada a "aplicar la ley" y que la legislación "no puede ser sustituida por las iniciativas particulares" de uno u otro juez.