tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

.

.

domingo, 14 de junio de 2009

Llamadas telefónicas a Uruguay

Uno de los grandes problemas a la hora de comunicarnos con Uruguay telefónicamente es la variedad de ofertas existentes en el mercado, muchas de las cuales prometen minutos que luego se evaporan como por arte de magia, me refiero a las tarjetas telefonicas de prepago, por otro lado están los elevados costos llamando desde el telefono de casa.
Desde algún tiempo es viable tecnológicamente y económicamente posible realizarlo a través de la voz Ip lo cual no es otra cosa que hablar desde una computadora telefonos fijos o móviles, la mas conocida de estas plataformas tecnológicas por ser la mas antigua es SKYPE, pero no la mas económica, llamar desde los distintos servicios prestados por una empresa llamada Finarea resulta hasta 20 veces mas barato que Skype.
Personalemte uso 12VOIP, quiero referirme a las ventajas comparativas de esta plataforma, si recargamos 12.79 euros, la carga la compras en el correo debes pedir una recarga de UKASH, nos dan 300 minutos en llamadas gratuitas a mas de 50 países durante 90 días, en una época Uruguay estaba en la lista de países con llamadas gratis, en estos momentos la tarifa es de 3.6 cent/min. a fijos y 16.7 cent/min. a celulares, la otra gran ventaja es que quienes viven en Uruguay pueden llamar gratis desde una computadora a teléfonos fijos de España.
Si tienes dudas contáctame al 630 485 020 - Fernando Pérez.

Consultar Destinos gratuitos http://www.12voip.com/en/free.html

Arrolladora ofensiva ideológica de la patronal para imponer el libre despido

A nuevos males, viejos remedios. Este parece ser el lema principal de la patronal española, que en los últimos meses no ha dejado de exigir una nueva contrarreforma del mercado laboral, insistiendo en que ésta resulta imprescindible para superar la actual crisis económica. Hasta el momento, el presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero había respondido públicamente a esta petición asegurando que no estaba dispuesto a avalar reformas que impliquen un abaratamiento del despido o la pérdida de otros derechos laborales. Una promesa institucional pese a la cual algunos analistas económicos han expresado su convencimiento de que, finalmente, el gobierno del PSOE volvería a mediar para facilitar la consecución de los intereses empresariales.
LA PATRONAL MOVILIZA A EL PAÍS Y A SUS THINK TANKS
En el ínterin, la patronal no se ha limitado a defender entre bastidores la validez de la receta tradicional para recomponer su tasa de ganancia sino que, con objeto de reforzar sus reclamaciones dirigidas a "flexibilizar" una vez más las contrataciones, ha encontrado en un buen número de profesionales "independientes" el mejor vehículo para mostrarla ante el conjunto de la sociedad con la amable apariencia que confiere una asesoría "exclusivamente técnica" y pretendidamente desprovista de connotaciones clasistas. Un centenar de economistas de filiación neoliberal ha presentado a tal efecto una "Propuesta para la reactivación laboral en España", que hoy parece abrirse camino dentro del Ejecutivo central. Dicha propuesta está siendo publicitada con entusiasmo por el progubernamental diario El País, que la defiende como una supuesta "tercera vía" (1) diferenciada de las posiciones de empresarios y sindicatos. Según el mencionado rotativo, mentor ideológico de la socialdemocracia española, ésta es la senda que debe transitarse necesariamente si no deseamos sumirnos indefinidamente en la recesión.Los autores de la Propuesta para la reactivación laboral, por su parte, han "descubierto" que la crisis económica en el Estado español no hunde sus raíces sólo en los desaguisados de la política financiera o en el superboom especulativo de la vivienda, a través de los cuales los patronos incrementaron hasta límites de vértigo sus beneficios. Según ellos, las astronómicas cifras de paro estarían relacionadas directamente con las "ineficiencias de nuestro mercado de trabajo" que, "si no se corrigen impedirán que cualquier medida destinada a la creación de empleo pueda tener éxito". Para ello - sostienen - "es necesario reducir la alta volatilidad del empleo generada por un mercado de trabajo dual, en el que desde hace más de dos décadas alrededor del 30% de los asalariados tiene un contrato temporal".
"En el mercado laboral español hay flexibilidad -reconoce el profesor de la Universidad Carlos III Marcel Jansen- pero es una flexibilidad muy mal repartida, insolidaria e injusta, porque recae sobre los temporales". Frente a estos millones de damnificados se encontrarían, no los responsables de legalizar sus precarios contratos en sucesivas "concertaciones sociales" sino -en palabras de otro de los firmantes del manifiesto, el profesor del IESE Business School Javier Díaz Giménez- "los once millones de trabajadores con contratos indefinidos extraprotegidos, casi blindados". La solución propuesta por estos economistas para terminar con tan injusta "dualidad" no es otra que igualar a todos los trabajadores "por abajo", con una nueva modalidad de contrato único con indemnizaciones por despido a coste creciente. "En la práctica, en España existe ya el despido libre, lo que ocurre es que es caro", aclara José Antonio Sagardoy, presidente del despacho especializado en Derecho Laboral Sagardoy Abogados, indicando a las claras la orientación de la reforma.Actualmente romper un contrato indefinido implica pagar 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades en el caso de despidos improcedentes, y de 20 días en los casos en que se consideren procedentes. Un coste que la clase empresarial española considera absolutamente excesiva y muy superior a los que deben afrontar sus homólogos europeos. A título de ejemplo, los promotores del nuevo contrato único sugieren que se comience con una indemnización ligeramente superior a la actual para los contratos temporales, que se aumentaría progresivamente según los años de antigüedad, aunque manteniéndola siempre por debajo de los actuales 45 días."La introducción de este contrato unificaría -aclara el documento de la propuesta- las causas del despido", reservando la tutela judicial exclusivamente para "los despidos por razones de discriminación". Suprimiría, por tanto, la categoría de despidos "improcedentes" porque según el economista Jordi Caballé, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), "si la empresa tiene dificultades para sobrevivir, ¿de veras es improcedente recortar la plantilla?". Sin apartarse en lo sustancial del habitual catálogo de medidas de corte neoliberal, este centenar de economistas señala también la "actual estructura de los convenios colectivos" como otro de los factores que "sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a las necesidades productivas de cada momento y suponiendo un freno a los aumentos de la productividad". Para solucionar esta "rigidez" plantean que los acuerdos entre las empresas y sus trabajadores "prevalezcan sobre los convenios de ámbito superior". O expresándolo en términos de pura estrategia militar: convertir los regimientos del enemigo en pequeños pelotones, para facilitar la quiebra incluso de las resistencias más pertinaces. Nos encontramos, en definitiva, ante las clásicas reivindicaciones de la patronal que han venido imponiéndose en anteriores reformas del mercado laboral español. Una legislación que permita despedir con facilidad y a menor coste, posibilitando que la contratación y la rescisión de contratos se encuentren exclusivamente determinadas por sus necesidades de producción y expectativas de beneficio.ZAPATERO, RECEPTIVO El Gobierno -adelantaba el pasado lunes 9 de junio el diario El País- "se ha mostrado abierto a la iniciativa" de los académicos independientes, aunque "la condiciona a que suscite acuerdo entre los agentes sociales". (2) La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, si bien declinó pronunciarse en concreto sobre un documento entre cuyos firmantes se encuentra el nuevo secretario de Estado de Economía José Manuel Campa, no dudó en señalar que la propuesta podría aplicarse a las tipologías de indemnizaciones vigentes ya en caso de ruptura de contrato. Ejemplo de algo que ya existe y que la secretaria de Empleo "vería bien ampliar" a más trabajadores es el contrato de fomento del empleo indefinido que, desde 1997, se introdujo con la ya tradicional justificación de propicia el acceso al mercado de trabajo a los colectivos con mayores dificultades. Este contrato, reforzado a raíz de la Reforma laboral de 2006, redujo el coste de despido a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. "Una posible vía de solución sería -reconoció Maravillas Rojo- extender esta modalidad de contratación indefinida "al colectivo que en 2006 quedó fuera".El Ejecutivo del PSOE también ha expresado su decisión de "combatir la dualidad del mercado laboral español", en sintonía con la "Propuesta para la reactivación del empleo". El propio Rodríguez Zapatero hizo pública otra coincidencia con los economistas independientes, el pasado 4 de junio, al pedir su apoyo a los empresarios catalanes para promover una reforma laboral que posibilite "pactar fuera de los convenios colectivos". "Un cambio -afirmó Zapatero-, que puede ser positivo siempre y cuando sea de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores y no perturbe la actual paz social".¿Y LOS SINDICATOS? Por el momento, empero, CC.OO. y UGT han manifestado su rechazo a una propuesta que -dicen- "busca perpetuar la precariedad y esconde la pretensión de que España no puede salir de la crisis sin abaratar el despido". Los dos sindicatos, a través de las fundaciones Largo Caballero y Primero de Mayo, promueven un manifiesto contrario al del contrato único. La declaración, titulada "El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible", afirma que "no es promoviendo el despido sin causa ni control judicial como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo". Una vez expuestas ambas posiciones públicamente, resulta previsible suponer que en los próximos meses se intensificarán los contactos y la negociación entre las partes. Preciso es tener en cuenta, sin embargo, la proverbial debilidad histórica mostrada por los sindicatos mayoritarios en las cinco reformas laborales impuestas en los últimos 25 años. La connivencia de ambas centrales sindicales ha sido determinante para el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos laborales, en un largo proceso cuya última vuelta de tuerca se presenta ahora con la pretendida finalidad de suprimir el "agravio comparativo” que sufren los trabajadores más explotados del Estado español. Nos adentramos, pues, en una fase en la que convendrá mantener ojos y oídos bien atentos ante juegos malabares, cortinas de humo u ofertas engañosas.

8.000 euros por un contrato

Uno de los sectores más afectados por el aumento del trabajo informal derivado de la crisis económica es el de los inmigrantes. La Ley de Extranjería obliga a los residentes extranjeros en situación legal a tener un contrato de trabajo al menos la mitad de los primeros cinco años de residencia legal, una barrera casi insalvable para gran parte de ellos en una situación como la actual. “Eso ha dado lugar a la aparición de mafias de empresarios y gestores que venden contratos por 2.000, 3.000 y hasta 8.000 euros, para que la Administración no te rechace la renovación por no haber trabajado lo exigido de manera legal”, afirma Yousef Ben Iznair, miembro de la asociación de inmigrantes árabes Horizontes.
Según el sindicato USO, más de medio millón de trabajadores inmigrantes se han pasado a la economía sumergida desde finales de 2008. “Si la Encuesta de Población Activa (EPA) habla de que hay 1.057.600 extranjeros parados y en el Instituto Nacional de Empleo (INE) hay inscritos 500.017, eso supone que ese medio millón de diferencia está viviendo del mercado negro”, afirman desde dicho sindicato. En esa misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, afirmaba hace algunos días que la economía sumergida se sitúa actualmente en los mismos niveles previos a la regularización extraordinaria del año 2005, para la que más de 700.000 personas llegaron a presentar su solicitud.
“Ha surgido lo que en el argot llamamos trabajador ‘caballero’, nunca dice que no al jefe y hace horas extra sin cobrar. Los empresarios se están aprovechando de la crisis para ganar más. Con decir que no hay trabajo y cobran poco, hay que hacer lo que ellos quieran”, afirma Ben Iznair.
Campaña de intimidación
Hasta el momento, la respuesta de la Administración frente a la crisis económica ha sido reforzar los controles a los inmigrantes en situación irregular. “El mensaje es muy claro, sobra gente que hay que quitarse de en medio. La policía se pone un objetivo de tantas expulsiones en un período y, sobre todo, se hace de una manera muy violenta e indiscriminada, incluso con los que ya tienen papeles y están trabajando. La idea es decirle al trabajador inmigrante ‘o bien te sometes a lo que hay y aceptas trabajar en negro y en situación de precariedad o te vas a tu país, porque si no, no tendría sentido esta radicalización de la violencia”, afirma Federico Pacheco, miembro del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) de Almería, al hablar de la última redada policial en El Ejido, “centrada en la población marroquí, que es la más fácil de expulsar por la cercanía con su país, tras esta redada, muchos acabaron en el hospital”, concluye Pacheco. En la misma línea se expresa Ben Iznair: “La gente vive en situación de terror permanente.
Algunos cuentan hasta con dos órdenes de expulsión, lo que significa que legalmente ya no podrán obtener la residencia en España. Se puede afirmar que, literalmente, el que no ha sido cazado en un control policial es porque no sale de casa”. Uno de los grandes nichos de mano de obra inmigrante en situación irregular es el de la agricultura intensiva, algo especialmente llamativo en el poniente andaluz. “En esos sectores siempre ha habido mucho trabajo en negro, era donde acudían nada más llegar sin papeles y, una vez los conseguían por arraigo social, se marchaban a la construcción”, dice desde SOCSAT Federico Pacheco. No obstante, el regreso de la población autóctona y los inmigrantes con papeles han generado tensiones en el sector. “Este fenómeno de competencia ha sido potenciado por la Administración, hablando de retorno voluntario, expulsión y dejando ver que el inmigrante sobra, cuando en realidad es la primera víctima de la precarización más profunda en las relaciones laborales, en tanto que al no tener papeles se ve expulsado de su puesto de trabajo y le es imposible conseguir papeles, por el tema del arraigo”, concluye el mencionado miembro del Sindicato de Obreros del Campo.

Uruguayo fugado en San Valentin detenido en BCN por robar un banco


Las autoridades de Interpol Uruguay confirmaron a LA REPUBLICA la información de la captura del ciudadano uruguayo Walter César Gómez López, quien se había fugado de la cárcel de Trinidad el 14 de febrero de 2006, día de San Valentín, a las 14.30 horas.
Según las informaciones oficiales de la sección policial internacional, la pista habría surgido de la detección desde Uruguay del posible domicilio de Walter Gómez en Barcelona, dato que fue enviado a España. La esposa del prófugo es de nacionalidad española y a través de su rastreo se habría ubicado el paradero del ahora detenido. LA REPUBLICA también pudo saber que el Juzgado de Pando se encuentra actualmente tramitando el exhorto que permita la extradición de Walter Gómez. Desde su fuga de la cárcel de Trinidad se manejó la hipótesis de que Barcelona podía ser el destino del prófugo así como también del supuesto cerebro del robo del Caja Obrera de Pando, Pablo León Farías Lebduska, quien jamás fue detenido por esta causa.
Walter Gómez había actuado como chofer y campana del famoso y nunca aclarado robo del 28 de mayo de 2002, en plena crisis bancaria. Cuando Gómez se encontraba detenido en la cárcel de Canelones tuvo una trifulca con otro preso, por lo que fue trasladado a La Tablada por ser considerado un preso violento. A pesar de la negativa del comando de ese centro de reclusión, Gómez fue trasladado posteriormente a la cárcel de Trinidad, ubicada en pleno centro de la capital de Flores, donde había pocos presos. Ese establecimiento era considerado como de poca seguridad.
Gómez no contaba con salidas transitorias en la cárcel de Trinidad pero el 14 de febrero de 2006 pidió para salir a hacer compras a un supermercado. Fue autorizado, salió por la puerta principal y nunca más volvió.
Luego de la fuga se inició un sumario administrativo interno en la Jefatura de Flores, que culminó en marzo de 2007 con la renuncia del jefe departamental de Policía, Tabaré Sartorio. Por otro lado, el director de la cárcel, subcomisario Julián García, fue dado de baja y otros once efectivos ­entre sargentos, cabos y agentes­ fueron sancionados. El inspector mayor Raúl Guarino continúa en la subjefatura.

Coincidencia
Un psicólogo que trabajaba para las autoridades carcelarias en el Comcar había sido trasladado a La Tablada y podría haber incidido en el traslado de Gómez a la cárcel de Trinidad. Quizá por coincidencia, en la noche del jueves pasado el profesional fue objeto de un brutal ataque que él atribuyó a un intento de asalto. Coincidencia o no, los hechos vuelven a juntarse en el tiempo. El misterio sigue rodeando el famoso robo de los cofre-fort del Caja Obrera de Pando. Hay que recordar que nunca se supo exactamente cuál fue el monto real de lo robado en ese banco el 28 de mayo de 2002. En su momento se consideró que serían unos US$ 10 millones pero lo que había en cada cofre-fort sólo lo sabían sus titulares. Otro de los misterios que rodean al caso es la razón por la cual el Banco Caja Obrera, después de cerrar su sucursal en el local que hoy ocupa el Diario Oficial, en Avda. 18 de Julio y Ejido, los cofre-fort que allí se encontraban fueron llevados a Pando e incluso allí se agregaron otros. El robo fue aparentemente entregado por el gerente de la sucursal, quien quedó como único detenido por el caso. Fueron alrededor de 145 cofre-fort los robados en Pando por un grupo supuestamente comandado por Pablo Farías y Gustavo Gabrielli, ambos prófugos. La investigación policial nunca se cerró, según los damnificados, sino que simplemente se abandonó. Según ellos el comisario Víctor Trezza y el inspector Sózimo Nogueira les habrían dicho: "Olvídense de los US$ 300 mil (que quedaron después del robo) y de lo que quedó en el camino". Lo cierto es que sólo la mitad de los damnificados reclamó por sus valores robados y luego de ganarles los juicios al Banco Central llegaron a arreglos extrajudiciales que les permitieron recuperar lo que ellos habían declarado en el acta que se realizó inmediatamente después del asalto.
Según los damnificados, en la Comisión Investigadora parlamentaria que inició el actual ministro Víctor Rossi se estableció que "en mayo de 2002 el contrato de seguro por los cofres de Pando estaba vencido, desde el 31 de diciembre de 2001. El nuevo contrato se hizo con el Banco de Seguros, después del robo pero retroactivo, fechado un mes antes, es decir, en abril de 2002".