viernes, 22 de marzo de 2013
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La mitad de las aguas españolas se encuentra en mal estado
El Día Mundial del Agua sorprende a España, un año más, con los deberes a medio hacer. La calidad del agua ha aumentado a golpe de directiva europea,
pero hay asignaturas que se resisten al aprobado como la depuración de
las aguas residuales que se sitúa en un 85%, incumpliendo la normativa
europea. Hay más. Las evaluaciones realizadas por la Fundación Nueva Cultura del Agua,
han determinado que más del 50% de las aguas españolas están en mal
estado, bien por deterioro de su estado ecológico —extracciones
excesivas, alteraciones de los cauces, represamiento de aguas, entre
otras— o por contaminación química, un problema que se extiende por el
mundo y de la que aún se están investigando sus efectos sobre la salud y
el medio ambiente.
La aparición de sustancias contaminantes emergentes se ha convertido
en un verdadero quebradero de cabeza, de momento, de difícil solución.
Son los restos de los productos usados en la agricultura (pesticidas,
fertilizantes...) y, en los últimos años, medicamentos, plásticos,
componentes de artículos de cuidado personal o subproductos de la
desinfección de aguas. “Residuos que escapan al control de las
depuradoras convencionales y de los que se desconoce su impacto sobre la
salud o sus límites tolerables”, advierte Damiá Barceló, director del
Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA) y subdirector Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
“No es solo que los fármacos no se lleven al punto limpio y se tiren
por el retrete, es que los secreta nuestro organismo”, advierte Eva
Hernández, responsable de aguas de WWF. Y cada vez son más, debido al
incremento en la toma de medicamentos, en muchos casos de forma
innecesaria. “De momento, se encuentran en pequeñas cantidades, es una
señal de alarma y ya aparecen en los peces. Es necesario investigarlo y
nosotros estamos en ello, buscamos 75 sustancias”, aclara Barceló. En
2006 se identificaron en el Ebro restos de 20 medicamentos, en 2009 le
tocó el turno al Llobregat y el Anoia, cauces en los que aparecieron
hasta 29 fármacos. Y ya se encuentran en la fauna. Un último estudio
realizado por el ICRA en ríos en el Mediterráneo ha detectado en los
peces antiinflamatorios como el diclofenaco (base del Voltarén),
betabloqueantes (fármacos utilizados para controlar el ritmo cardiaco),
drogas empleadas en tratamientos psiquiátricos como la carbomazepina, y
el salbutamol, utilizado en procesos asmáticos. Otra investigación del
mismo centro ha localizado vestigios de productos utilizados en
tratamientos de quimioterapia en el agua de hospitales y depuradoras de
Coimbra, Valencia, Girona y Toulouse, que son muy resistentes y tóxicos.
“Algo que se podría solucionar tratando de forma correcta las aguas de
estos centros”, añade Barceló.
A principios del año 2012 los medicamentos aparecieron por primera
vez en la agenda de la Unión Europea, entre los 15 productos químicos
que la Comisión propuso para añadir a los 33 contaminantes que ya se
vigilan en las aguas superficiales. “Se deben controlar para garantizar
que no plantean un riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud
humana”, declaró Janez Potocnik, comisario de Medio Ambiente. La
propuesta continua en tramitación. “La Comisión propone y el Parlamento
dispone, y ahí está la presión de los lobbies de la industria química que es muy fuerte”, ironiza Eva Hernández de WWF.
Para su organización, la prioridad en España es reducir la cantidad
de agua que se utiliza, que sea más sostenible. Se basan en datos como
que en los últimos 50 años se ha perdido al menos el 60% de superficie
de los humedales, en la existencia de miles de pozos ilegales, en la
sobreexplotación de 88 acuíferos o en la disminución del 3% del caudal
de 187 cuencas fluviales de la península Ibérica respecto a la media
anual de los últimos 60 años, según un estudio del CSIC. En este caso,
se señala al cambio climático como culpable. La actividad más impactante
es la agraria, que consume el 75% del total del agua, a pesar de que en
la última década se han modernizado en España un tercio de los
regadíos, con un ahorro de agua por parcela de entre el 20% y el 40%,
según los datos de la Guía Nueva Cultura Agua. Lo que demuestra, como
aboga Barceló, que con la tecnología actual, que también se podría
aplicar a las depuradoras, muchos de los problemas, incluida la
contaminación química, se podrían, al menos, paliar.
Uso del agua
Mayor consumo. El 75% del agua se consume en la agricultura. En la última década se han modernizado un tercio de los regadíos, con un ahorro de agua estimado de entre el 20% y el 40%.Suministro urbano. Los sistemas de abastecimiento urbano suministran anualmente 4.581 hectómetros cúbicos.
Uso doméstico. El 72% del agua urbana consumida en España es de uso doméstico. La industria y el comercio utilizan el 21%, y el 7% restante se destina a otros usos.
Consumo medio en hogares (INE 2010). 144 litros por habitante y día. Ha disminuido un 3,2% con respecto a 2009.
Pérdidas de agua en redes públicas de abastecimiento (INE 2010). 803 hectómetros cúbicos, el 17,5% del agua suministrada y 385 hectómetros cúbicos, el 8,4%, por errores de medida, fraudes y otras razones.
Origen del agua captada (INE 2010). Aguas superficiales, el 65,7%; aguas subterráneas, el 29,2%, y otras aguas (desaladas o salobres), 3,3%.
Un millón de viajeros sufrirán la supresión de líneas de tren
Cerca de un millón de viajeros se verán afectados por los recortes
del mapa ferroviario, según un documento interno remitido a los
sindicatos. La reordenación de las rutas de media distancia que prepara el ministerio de Ana Pastor
implicará la supresión de 779 trenes semanales, un 23,1% del total, a
menos que las comunidades autónomas decidan hacerse cargo de la
financiación de aquellos tramos que resultan deficitarios. Además, 172
estaciones, aquellas que cuentan con menos de un viajero al día de
media, dejarán de tener parada de tren.
Estas son algunas de las cifras que se manejan en el plan de trabajo con el que Fomento espera ahorrarse 51 millones de euros. El programa contempla la supresión de 30 rutas,
un 25% del total, que dejarán de ser subvencionadas por el Estado y que
las comunidades autónomas, inmersas en plena fase de negociaciones,
tienen la posibilidad de rescatar de la quema.
La reducción de trenes regionales del documento, elaborado a partir
de datos de Renfe y Adif, refleja un notable impacto en Extremadura,
donde el porcentaje de reducción de trenes regionales con respecto a la
situación actual podría alcanzar el 60%.
La propuesta forma parte del plan que el ministerio debe tener
ejecutado antes del 30 de junio. El 1 de julio comienza la fase de
liberalización del sector ferroviario en España.
“En realidad va a afectar a mucho más de un millón de personas”,
señala Manuel Taguas, secretario general del sector ferroviario del
sindicato Comisiones Obreras. “Solo en el triángulo Granada-Almería-Jaén
habrá más de 800.000 personas afectadas”.
Los recortes previstos en los trenes regionales afectarán en un 44% a
Asturias y en un 33% a Cantabria, a falta de que se dilucide la
intervención de los Ejecutivos autónomos. El ministerio contempla que
los servicios de media distancia sean sustituidos con trenes de larga
distancia con más paradas y autobuses.
Los alimentos industriales, culpables del consumo abusivo de sal
Hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y adultos. La sal no
entiende de fronteras ni de clases sociales. Varios estudios que se
presentan en una de las sesiones científicas de la Academia Americana
del Corazón (AHA) alertan esta semana de que todos los países del mundo
(con la honrosa excepción de Kenia) superan las recomendaciones sobre el
consumo diario de sal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja no tomar más de 2
gramos de sodio al día (el equivalente a 5 gramos de sal, es decir, una
cucharadita). La propia AHA estadounidense, por su parte, reduce aún más
esta 'cifra recomendada': a tan sólo 1,5 gramos diarios (que serían
tres gramos de sal). La sal de mesa (cloruro sódico) está compuesta por un 40% de sodio y un 60% de cloro;
pero no es nuestra única fuente de sodio: El 70% de la ingesta se debe a
la sal la que se añade a los alimentos industriales en los procesos de
fabricación en forma de conservantes o aromatizantes.
En total, el 75% de la población mundial consumo el doble de sodio de
lo recomendado, según las investigaciones del doctor Saman Fahimi, de
la Escuela de Salud Pública de Harvard (EEUU), cuyos resultados podrían
ver la luz este mismo año en una revista médica con todos los datos
desglosados por países, según él mismo explica a ELMUNDO.es. Fahimi
empleó para sus estadísticas datos extraidos del Estudio de la Carga Global de Enfermedades, un amplio trabajo que esta misma semana ha permitido también conocer los riesgos del abuso de los refrescos. España abusa
Y aunque Fahimi no puede detallar por el momento en qué lugar queda
España, sus datos globales son prácticamente un espejo de los que maneja
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que calcula que el 80% de los españoles consume más sal de la recomendada
con una media de 9,9 gramos de sal al día (prácticamente el doble de lo
que se considera saludable). Los países con mayor consumo de sodio en
la clasificación realizada por Fahimi son Kazajstán (con más de 6 gramos
diarios de sodio, es decir, alrededor de 12 gramos de sal), Mauricio y
Uzbekistán. Entre los países 'menos salados' figuran Kenia y Malawi (los
únicos que cumplen con la cifra de 2 gramos).
"Para la mayor parte de países desarrollados, con rentas alta y media, el sodio procede mayoritariamente de alimentos precocinados, pan, quesos, conservas...
en los que se usa sobre todo como conservante, más que para dar sabor",
explica el investigador a este periódico. "En los países asiáticos, en
cambio, la mayor parte del sodio ingerido procede de las salsas de soja y
de la sal de mesa". A su juicio, estos datos son la demostración más
evidente de que "ni la industria ni las autoridades están haciendo lo
suficiente para reducir los niveles de sal".
Los niños en riesgo
Pero el problema no se limita a los adultos. Otro estudio presentado
en la misma sesión científica alerta de que el 75% de los alimentos
infantiles contiene demasiada sal. El análisis de Joyce Maalouf, de los
Centros de Control de las Enfermedades (CDC), se ha realizado con
alimentos para niños del mercado americano, aunque como él mismo señala a
este periódico "estudios realizados en Canadá, Reino Unido o Noruega
han encontrado datos comparables".
Tras revisar nada menos que 1.115 productos (purés, cereales,
'snacks', galletas, lácteos...) Maalouf descubrió que sólo el 25% de los
alimentos para niños mayores de un año tenía más de
0,2 gramos de sodio y en algunos casos la ración superaba los 0,6 gramos
(el 40% de cantidad diaria recomendada por la AHA y que es válida tanto
para niños como adultos). "La buena noticia", explica desde Atlanta,
"es que los alimentos para bebés de menos de un año presentaban niveles
relativamente bajos de sal".
La preocupación por la sal no es una cuestión baladí. En el caso de
los niños, Maalouf señala que su abuso puede tener consecuencias graves a
largo plazo para su salud (fundamentalmente hipertensión); y aconseja a
los padres reducir su ingesta desde la infancia para que los niños no
se acostumbren a los alimentos demasiado salados.
En el caso de los adultos, las consecuencias están mejor
cuantificadas y los especialistas se atreven incluso a poner cifras; 2,3
millones de muertes por problemas cardiacos directamente relacionadas
con la sal. De nuevo en el congreso científico de la AHA, el tercer
informe sobre este tipo alerta de que un 15% de la mortalidad mundial en 2010 puede atribuirse al abuso del sodio en la dieta.
Un millón de estos fallecimientos (el 40%) se produce en individuos
menores de 69 años (lo que se considera una muerte prematura) y con más
frecuencia en hombres que en mujeres (60% frente a 40%). Curiosamente,
el 80% de estos fallecimientos se produjeron en países en desarrollo,
donde el consumo elevado de sal está muy implantado.
El estado de Colorado prohíbe los cargadores con más de 15 balas
115 días después de que Adam Lanza asesinara en una escuela de Connecticut a 27 personas
—de ellas, 20 niños de 6 y 7 años de edad— Estados Unidos ha aprobado
la primera medida para limitar el uso de armas de fuego. No es una
medida espectacular, pero puede ser el modelo de la legislación que
adopte el Congreso estadounidense... si es que logra alguna limitación
de las armas de fuego.
La medida solo afecta al estado de Colorado, y consiste en la
prohibición de los cargadores de más de 15 balas. Fue sancionada el
miércoles por el gobernador de ese estado, el demócrata (y, tal vez,
'presidenciable') John Hickenlooper, y, aunque no
entrará en vigor hasta el 1 de julio, ya ha tenido un efecto claro: ayer
había colas de más de 20 personas esperando que abrieran las tiendas de
armas del estado.
Hickenlooper también firmó otra ley que establece que los compradores
de armas de fuego deberán pagar 10 dólares (cerca de 8 euros) y
someterse a un examen más estricto acerca de sus eventuales antecedentes
legales, lo que implica tanto delitos como una historia personal de violencia o de problemas psiquiátricos.
Las normas tienen simbolismo, porque se producen en un estado que se
ha visto asolado por varias matanzas, entre ellas la del Instituto de Columbine en 1999 (14 muertos), la de Aurora en 2012 (12 muertos) y otras menos impactantes, como la que en diciembre, poco después de la de Connecticut, causó la muerte a 4 personas.
Pero, al mismo tiempo, la iniciativa se produce en un estado con una
enorme tradición cazadora y militar en el que las armas de fuego están
muy extendidas. En el sur de Colorado, de hecho, hay un campo de tiro en
el que se pueden disparar hasta cañones y lanzallamas.
La decisión de Colorado parece muy parecida a la propuesta de los
demócratas del Senado para limitar el acceso a las armas de fuego. Ese
partido abandonó por completo el miércoles cualquier intento de prohibir
las armas semiautomáticas. Aun así, no está claro que, incluso después
de la carnicería de Connecticut, EEUU limite, a nivel nacional, el
acceso a las armas de fuego en lo más mínimo.
Arranca la operación de Tráfico con más movimiento de coches del año
A las tres de la tarde arranca la operación especial de tráfico con
motivo de las vacaciones de Semana Santa, un periodo en el que
habitualmente se produce en España el mayor movimiento de vehículos del
año.
Según calcula la Dirección Genera de Tráfico (DGT), desde las tres de
la tarde del viernes y hasta las doce de la noche del lunes 1 de abril,
festivo en algunas comunidades autónomas, se producirán alrededor de trece millones de desplazamientos por las carreteras.
Y serán las vías convencionales y las que no tienen separación física
entre ambos carriles las elegidas para el estreno de una de las
novedades de la operación de este año, el radar 'Pegasus', que se
instalará en uno los 19 helicópteros de Tráfico para controlar la
velocidad.
"Una primicia mundial como ya lo fue dotar de cámaras a los helicópteros de Tráfico",
aseguró este jueves la máxima responsable de la DGT, María Seguí, que
hizo hincapié en que el 'Pegasus' contribuirá a controlar a aquellos que
exceden los límites de velocidad en las carreteras secundarias, donde
se concentra precisamente el 78 por ciento de los accidentes mortales.
La primera fase de la operación comienza hoy y se extenderá hasta el
próximo domingo, un periodo en el que se esperan 3,3 millones de
desplazamientos, fundamentalmente de aquellos que se dirigen desde el centro hacia Levante y Andalucía para disfrutar de las vacaciones toda la semana siguiente.
No será sin embargo hasta el miércoles 27 de marzo cuando se
produzcan el mayor número de desplazamientos, 7,5 millones, coincidiendo
con la víspera de Jueves y Viernes Santo, así como el fin de semana.
Sarkozy imputado: todas las claves
Nicolas Sarkozy ha sido imputado por abuso de debilidad en el 'affaire Bettencourt'.
El ex Presidente de la República abandonó el jueves por la noche el
Palacio de Justicia de Burdeos, tras un larguísimo careo con el
mayordomo Pascal Bonnefoy y otros tres empleados de la rica nonagenaria,
acusado por el juez Jean-Michel Gentil de aprovecharse de una persona
vulnerable. Se cree que recibió dinero en efectivo de la
heredera del imperio cosmético L’Oréal, destinado a financiar
ilegalmente su campaña presidencial de 2007. Estas son las claves de esta compleja trama político-financiera en la que hay ya quince imputados.
¿Cómo empezó todo?
El affaire Bettencourt, relacionado con la fortuna de la dueña del
imperio cosmético L’Oréal, se inició en diciembre de 2007 cuando el
abogado Olivier Metzner, actuando en representación de la única hija de
esta (Françoise Bettencourt-Meyers), puso una denuncia por abuso de debilidad contra el fotógrafo buscavidas François-Marie Banier, que en los últimos años habría logrado acumular dádivas millonarias.
A raíz de esa situación, los magistrados de Nanterre y luego de
Burdeos se pusieron a investigar cuanto sucedía en la mansión familiar
de Neuilly-sur-Seine. Del interrogatorio del servicio doméstico de la
casa y otros empleados de la familia salieron las piezas –que el
avispado Metzner se encargó de ir filtrando a la prensa para alimentar
el interés mediático del asunto– que terminarían por destapar una trama
de apropiación indebida, tráfico de influencia, fraude fiscal y
financiación ilegal de partido político.
¿Quién es Liliane Bettencourt?
Es la mujer más rica de Francia, una nonagenaria que heredó de su
difunto esposo el mayor paquete accionarial del gigante del sector
cosmético L’Oréal y sus marcas (Lancôme, Biotherm, Armani, Cacharel,
etc...), además de los miles de millones ahorrados durante décadas, sí
como mansiones, propiedades, obras de arte de valor incalculable y hasta
una isla privada –dicen– nada menos que en las Seychelles.
A decir de sus empleados, la infeliz poseedora de 17.000 millones de euros tenía el raro hábito de ir regalando ingentes cantidades de dinero
a todos los políticos y amigos pedigüeños que frecuentaban regularmente
su casa. El trajín de sobres era tal que el mayordomo Pascal Bonnefoy
realizó unas grabaciones secretas que luego han ido a parar a manos de
los jueces y la ex contable Claire Thibout comenzó a anotar en una
agenda las visitas que recibía Madame, cada vez más olvidadiza, no fuera
ser que cualquier día la acusara a ella de haber sustraído alguna
cantidad.
¿Por qué los jueces la han inhabilitado?
Según el informe médico ordenado por los magistrados de Burdeos,
Lilliane Bettencourt sufre demencia mixta y un proceso degenerativo
cerebral lento, unido a un Alzheimer moderadamente severo pero
irreversible. El psicólogo Jean-François Dartigues señala que padece
también de anosognosia: una negación por parte del enfermo de la propia
patología neurológica, similar a la que sufre el ex presidente Jacques
Chirac.
Hacía años que la señora se negaba a dejarse examinar,
quizá porque intuía que su hija aprovecharía el menor síntoma de
debilidad para solicitar su incapacitación. En diciembre de 2012, la
jueza Stéphanie Kass-Dano, titular del Tribunal Tutelar de Courbervoie,
la inhabilitó definitivamente y nombró a su nieto mayor, Jean-Victor
Meyers, 25 años, su tutor legal.
¿Qué ha sido de Banier?
En diciembre de 2010, después de que madre e hija firmaran
provisionalmente la paz, Françoise retiró la denuncia contra el amiguito
de mamá y este, a cambio, renunció a dos suculentos seguros de vida por
valor de 700 millones de euros. Pero Banier aún figuraba
secundariamente en el dossier de Burdeos y una carambola legal volvió a
despertar el interés de la fiscalía bordelesa sobre el artista y su
compañero, Martin d'Orgeval.
Y es que en el informe médico que sirvió para inhabilitar a Liliane Bettencourt se establece que esta comenzó a sufrir la "alteración de sus facultades mentales" en septiembre de 2006.
Así que los magistrados Jean-Michel Gentil, Cécile Ramonatxo y Valérie
Noël echaron cuentas, revisaron las fechas de los últimos donativos que
el fotógrafo y su novio recibieron de su venerable protectora (103
millones de euros para el primero y 23 millones para el segundo) e
imputaron a ambos por apropiación indebida, abuso de debilidad, estafa
con agravante y blanqueo de capitales. Se juegan pasar en chirona los
próximos cinco años.
¿Cuál es la conexión política del affaire?
Fue la ex contable del matrimonio Bettencourt, Claire Thibout, quien
levantó la liebre al declarar que su señora le pidió, a principios de
2007, que retirara 150.000 euros destinados a Eric Woerth, entonces
tesorero de la Unión para un Movimiento Popular (UMP). Por lo visto,
Thibout entregó 50.000 euros en efectivo al hombre de confianza de la
millonaria, Patrice de Maistre, quien le dejó entender que se los daría
al día siguiente al dirigente conservador. Cuando presuntamente
se produjeron los hechos, Nicolas Sarkozy se encontraba en plena campaña
electoral para llegar a la Presidencia. ¿Y adivinan quién controlaba las cuentas de la misma? Woerth, claro.
¿Qué normas rigen la financiación ilegal de partidos?
Las donaciones a partidos políticos y cargos electos que se postulan
para revalidar su mandato están estrictamente reglamentadas en Francia
desde los años 90. Prohibidas a las empresas y fundaciones, sólo se
permiten a las personas físicas en cantidades limitadas de hasta 7.500
euros por año y persona, que además deben ser declaradas a la Commission
pour la Transparence Financière de la Vie Politique (CTFVP) y a la
Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements
Politiques (CNCCFP).
¿Por qué cayó Woerth y qué relación tiene Sarko con todo esto?
Nombrado Ministro de Hacienda y luego de Trabajo como agradecimiento a
sus desvelos durante la campaña, Woerth tuvo que salir del Gobierno en
2011, después de que la investigación judicial apuntase que había
concedido un trato fiscal ventajoso a Madame Bettencourt, a quien el
fisco galo reclama 30 millones de euros por evasión fiscal. La fortuna
de la rica heredera, la gestionaba entonces, entre otras personas, la
mismísima esposa del ministro, Florence Woerth, contratada por la
sociedad Clymène como experta fiscal en noviembre del 2007 –pocos meses
después de la victoria electoral de la derecha– para intentar que la
millonaria pagase menos impuestos.
Además de Woerth, inculpado por tráfico de influencia pasiva y financiación ilegal de partido político, Thibout señaló a Sarko como otro de los políticos que frecuentaban en fechas electorales el palacete de los Bettencourt y, por tanto, posible receptor de sus generosas dádivas.
¿Quienes son los otros acusados?
Además de los ya citados François-Marie Banier, Martin d'Orgeval y
Eric Woerth, la larga lista de personajes que han sido imputados en el
affaire Bettencourt se completa –por el momento– con el ex consejero
financiero Patrice de Maistre, su sucesor Pascal Wilhelm, la ex
enfermera Alain Thurin, el antiguo abogado Fabrice Goguel, el que fuera
gerente de la isla que Madame posee en las Seychelles, Carlos Cassina
Vejarano, el notario Patrice Bonduelle, el empresario Stéphane Courbit,
el jefe de los Servicios de Información Interior, Bernard Squarcini, por
ordenar el espionaje policial a periodistas de Le Monde que, en
septiembre 2010, estaban investigando la conexión Bettencourt-Woerth, el
fiscal de Nanterre Philippe Courroye por atentar contra el secreto de
la correspondencia, e incluso la juez Isabelle Prévost-Desprez por haber
filtrado a la prensa partes del dossier.
Los delitos en todos los casos suelen ser los mismos: abuso de debilidad, complicidad en abuso de confianza, fraude agravado, financiación ilegal, prevaricación, evasión fiscal...
¿Por qué el ex presidente no fue llamado antes a testificar?
Durante los cinco años (2007-2012) que duró su mandato presidencial,
Nicolas Sarkozy estaba protegido por el artículo 67 de la Constitución
de 1958, sobre la cual se fundó la Quinta República. De acuerdo con
dicho texto legal remodelado en 2007 después de que la UMP ganara los
comicios legislativos, el jefe del estado tiene absoluta
inmunidad penal mientras se mantenga en el puesto y sólo puede ser
acusado de traición por las cámaras. Además, no ha de responder
durante ese periodo, de cualquier irregularidad cometida en años
anteriores a su designación y sólo podrá ser llamado ante la justicia un
mes después de su ceses.
¿Cómo se ha desarrollado la investigación hasta imputarle?
A Nicols Sarkozy venían rondándole los jueces desde hace tiempo, ya
que su nombre había sonado en varias ocasiones durante la investigación
previa del affaire Bettencourt y de otros casos. El 15 de junio de 2012,
cumplido un mes de su salida del Elíseo, el ex presidente perdió la
inmunidad penal ligada al cargo y la Justicia se puso manos a la obra.
El 3 de julio de 2012, agentes de la Brigada Financiera se
presentaron a primera hora de la mañana con una orden del juez Gentil en
el dúplex de su esposa Carla Bruni posee en la Villa Montmorency en el
16ème arrondissement parisino. En unas horas, lo pusieron patas ariba y
luego acudieron al bufete de abogados Arnaud, Claude et Associés en el
bulevar Malesherbes, del cual Sarko es socio, así como a ese nuevo
despacho de la rue Miromesnil que le paga el estado en su calidad de ex
Presidente de la República.
Buscaban pruebas que demostrasen que Madame Bettencourt le había dado dinero para la campaña electoral.
El ex jefe del estado creyó que para saciar la curiosidad de los
magistrados bastaría con enviarles su agenda de 2006-2007. Y eso hizo el
pasado 16 de junio, pero no fue suficiente.
Así que interrogaron a algunos de sus antiguos colaboradores, como el
que fuera secretario general de la Presidencia Xavier Musca y dos
antiguos consejeros de Justicia, Jean-Pierre Picca y Patrick Ouart. El
22 de noviembre del mismo año le tuvieron prestando declaración durante
más de 12 horas y abandonó el tribunal en calidad de 'testigo
protegido'. "Nunca he recibido un euro de los Bettencourt",
aseguró en aquella ocasión. Pero hay constancia de que la anciana
millonaria repartió entre sus protegidos, alrededor de 4 millones de
euros procedentes de sus cuentas suizas.
¿De qué se le acusa y que pasa si es declarado culpable?
Anoche, en un comunicado, el fiscal indicó que el ex mandatario
estaba acusado de abuso de debilidad, puesto que el delito de
financiación ilegal prescribe en Francia a los tres años.
Por este único delito, podrían caerle hasta tres años de cárcel, 375.000 euros de multa y cinco años inhabilitación.
Pero al tratarse de alguien sin antecedentes penales, aunque los jueces
le declaran culpable, probablemente dejarían la condena en suspenso,
aunque tendría que pagar la multa y no se libraría del lustro que
tendría que pasar apartado de cualquier cargo público.
¿Sería el primer Presidente de la Quinta República condenado por un tribunal?
Para nada. Jacques Chirac fue declarado culpable en diciembre de
2011, por el Tribunal Correccional de París, en el juicio de los empleos
falsos del Ayuntamiento de París. Y salió de allí condenado a dos años
de prisión, que nadie en el estrado se planteó que cumpliera debido a su
edad y estado de salud.
Otros nueve miembros del partido Rassemblement pour la République
–formación neogaullista predecesora de la Unión por un Movimiento
Popular de Nicolas Sarkozy– recibieron entonces el mismo veredicto de
culpabilidad por unos hechos que se remontan a 1998, cuando Chirac era
alcalde de la Villa de París y líder del RPR. Todos los cargos
que se les imputaban fueron confirmados: apropiación indebida,
malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Con esta sentencia, la sala 11 que preside el juez Dominique Pauthe
entró en la historia por haber sido la primera en atreverse a juzgar,
declarar culpable y sancionar a un Presidente de la Quinta República.
Chirac, aquejado de una enfermedad neurodegenerativa similar al
Alzheimer, no compareció para escuchar la sentencia como es preceptivo,
del mismo modo que jamás se llegó a sentar en el banquillo.
¿Qué otros affaires tiene pendientes Sarkozy con la Justicia?
Ahora que se ha convertido en "un ciudadano más, un francés entre los
franceses" –como él mismo afirmó en su discurso de aceptación de la
derrota electoral–, Sarkozy se halla a merced de los jueces y estos podrían llamarle para que explique su implicación en otros tres asuntos turbios.
El más antiguo es el affaire Karachi, referido una antigua trama de
comisiones destinadas inicialmente a intermediarios árabes, pero
desviadas para financiar la fallida campaña del 95 de Edouard Balladur a
través de una sociedad opaca con sede en Luxemburgo. Un caso que tiene
su lado trágico debido al atentado que costó la vida en 2002 a 11
ingenieros franceses de la empresa estatal naviera gala DCN, que
trabajaban en la construcción de unos submarinos que el gobierno había
vendido a Pakistán, y que estaría relacionado directamente con el mismo.
Este enredo se remonta a 1994, cuando Sarkozy era el ministro de Presupuesto y jefe de dicha campaña.
Según un informe de la policía luxemburguesa, fue él quien autorizó la
creación en aquel país de la sociedad off-shore Heine que recibió las
llamadas retrocomisiones.
En abril de 2012, Mediapart publicó, por su parte, un documento que
revelaba cómo el fallecido dictador libio Muamar el Gadafi habría
ayudado económicamente al entonces candidato conservador al Elíseo
entregándole 50 millones de euros para sufragar sus gastos de campaña en
2007. Dicho informe está firmado por el ex jefe de los servicios
secretos libios, Musa Kusa y su veracidad ha sido puesta posteriormente
en entredicho.
El tercer caso que amenaza a nuestro hombre se refiere a unas
presuntas irregularidades cometidas durante su mandato y detectadas por
el Tribunal de Cuentas. Al parecer, entre 2008 y 2009, el Elíseo
invirtió en sondeos referidos a la percepción pública del Presidente
nada menos que 6,3 millones de euros. Un dineral que fue a
parar a Patrick Buison y Pierre Giacometti –ambos consejeros de
Sarkozy–, así como al instituto Ipsos. Ninguno de los contratos fue
atribuido mediante licitación pública y las facturas de los mismos
podrían haber sido hinchadas. Todo muy feo, vaya.
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