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viernes, 22 de marzo de 2013

Sarkozy imputado: todas las claves

Nicolas Sarkozy ha sido imputado por abuso de debilidad en el 'affaire Bettencourt'. El ex Presidente de la República abandonó el jueves por la noche el Palacio de Justicia de Burdeos, tras un larguísimo careo con el mayordomo Pascal Bonnefoy y otros tres empleados de la rica nonagenaria, acusado por el juez Jean-Michel Gentil de aprovecharse de una persona vulnerable. Se cree que recibió dinero en efectivo de la heredera del imperio cosmético L’Oréal, destinado a financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007. Estas son las claves de esta compleja trama político-financiera en la que hay ya quince imputados.

¿Cómo empezó todo?

El affaire Bettencourt, relacionado con la fortuna de la dueña del imperio cosmético L’Oréal, se inició en diciembre de 2007 cuando el abogado Olivier Metzner, actuando en representación de la única hija de esta (Françoise Bettencourt-Meyers), puso una denuncia por abuso de debilidad contra el fotógrafo buscavidas François-Marie Banier, que en los últimos años habría logrado acumular dádivas millonarias.
A raíz de esa situación, los magistrados de Nanterre y luego de Burdeos se pusieron a investigar cuanto sucedía en la mansión familiar de Neuilly-sur-Seine. Del interrogatorio del servicio doméstico de la casa y otros empleados de la familia salieron las piezas –que el avispado Metzner se encargó de ir filtrando a la prensa para alimentar el interés mediático del asunto– que terminarían por destapar una trama de apropiación indebida, tráfico de influencia, fraude fiscal y financiación ilegal de partido político.

¿Quién es Liliane Bettencourt?

Es la mujer más rica de Francia, una nonagenaria que heredó de su difunto esposo el mayor paquete accionarial del gigante del sector cosmético L’Oréal y sus marcas (Lancôme, Biotherm, Armani, Cacharel, etc...), además de los miles de millones ahorrados durante décadas, sí como mansiones, propiedades, obras de arte de valor incalculable y hasta una isla privada –dicen– nada menos que en las Seychelles.
A decir de sus empleados, la infeliz poseedora de 17.000 millones de euros tenía el raro hábito de ir regalando ingentes cantidades de dinero a todos los políticos y amigos pedigüeños que frecuentaban regularmente su casa. El trajín de sobres era tal que el mayordomo Pascal Bonnefoy realizó unas grabaciones secretas que luego han ido a parar a manos de los jueces y la ex contable Claire Thibout comenzó a anotar en una agenda las visitas que recibía Madame, cada vez más olvidadiza, no fuera ser que cualquier día la acusara a ella de haber sustraído alguna cantidad.

¿Por qué los jueces la han inhabilitado?

Según el informe médico ordenado por los magistrados de Burdeos, Lilliane Bettencourt sufre demencia mixta y un proceso degenerativo cerebral lento, unido a un Alzheimer moderadamente severo pero irreversible. El psicólogo Jean-François Dartigues señala que padece también de anosognosia: una negación por parte del enfermo de la propia patología neurológica, similar a la que sufre el ex presidente Jacques Chirac.
Hacía años que la señora se negaba a dejarse examinar, quizá porque intuía que su hija aprovecharía el menor síntoma de debilidad para solicitar su incapacitación. En diciembre de 2012, la jueza Stéphanie Kass-Dano, titular del Tribunal Tutelar de Courbervoie, la inhabilitó definitivamente y nombró a su nieto mayor, Jean-Victor Meyers, 25 años, su tutor legal.

¿Qué ha sido de Banier?

En diciembre de 2010, después de que madre e hija firmaran provisionalmente la paz, Françoise retiró la denuncia contra el amiguito de mamá y este, a cambio, renunció a dos suculentos seguros de vida por valor de 700 millones de euros. Pero Banier aún figuraba secundariamente en el dossier de Burdeos y una carambola legal volvió a despertar el interés de la fiscalía bordelesa sobre el artista y su compañero, Martin d'Orgeval.
Y es que en el informe médico que sirvió para inhabilitar a Liliane Bettencourt se establece que esta comenzó a sufrir la "alteración de sus facultades mentales" en septiembre de 2006. Así que los magistrados Jean-Michel Gentil, Cécile Ramonatxo y Valérie Noël echaron cuentas, revisaron las fechas de los últimos donativos que el fotógrafo y su novio recibieron de su venerable protectora (103 millones de euros para el primero y 23 millones para el segundo) e imputaron a ambos por apropiación indebida, abuso de debilidad, estafa con agravante y blanqueo de capitales. Se juegan pasar en chirona los próximos cinco años.

¿Cuál es la conexión política del affaire?

Fue la ex contable del matrimonio Bettencourt, Claire Thibout, quien levantó la liebre al declarar que su señora le pidió, a principios de 2007, que retirara 150.000 euros destinados a Eric Woerth, entonces tesorero de la Unión para un Movimiento Popular (UMP). Por lo visto, Thibout entregó 50.000 euros en efectivo al hombre de confianza de la millonaria, Patrice de Maistre, quien le dejó entender que se los daría al día siguiente al dirigente conservador. Cuando presuntamente se produjeron los hechos, Nicolas Sarkozy se encontraba en plena campaña electoral para llegar a la Presidencia. ¿Y adivinan quién controlaba las cuentas de la misma? Woerth, claro.

¿Qué normas rigen la financiación ilegal de partidos?

Las donaciones a partidos políticos y cargos electos que se postulan para revalidar su mandato están estrictamente reglamentadas en Francia desde los años 90. Prohibidas a las empresas y fundaciones, sólo se permiten a las personas físicas en cantidades limitadas de hasta 7.500 euros por año y persona, que además deben ser declaradas a la Commission pour la Transparence Financière de la Vie Politique (CTFVP) y a la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP).

¿Por qué cayó Woerth y qué relación tiene Sarko con todo esto?

Nombrado Ministro de Hacienda y luego de Trabajo como agradecimiento a sus desvelos durante la campaña, Woerth tuvo que salir del Gobierno en 2011, después de que la investigación judicial apuntase que había concedido un trato fiscal ventajoso a Madame Bettencourt, a quien el fisco galo reclama 30 millones de euros por evasión fiscal. La fortuna de la rica heredera, la gestionaba entonces, entre otras personas, la mismísima esposa del ministro, Florence Woerth, contratada por la sociedad Clymène como experta fiscal en noviembre del 2007 –pocos meses después de la victoria electoral de la derecha– para intentar que la millonaria pagase menos impuestos.
Además de Woerth, inculpado por tráfico de influencia pasiva y financiación ilegal de partido político, Thibout señaló a Sarko como otro de los políticos que frecuentaban en fechas electorales el palacete de los Bettencourt y, por tanto, posible receptor de sus generosas dádivas.

¿Quienes son los otros acusados?

Además de los ya citados François-Marie Banier, Martin d'Orgeval y Eric Woerth, la larga lista de personajes que han sido imputados en el affaire Bettencourt se completa –por el momento– con el ex consejero financiero Patrice de Maistre, su sucesor Pascal Wilhelm, la ex enfermera Alain Thurin, el antiguo abogado Fabrice Goguel, el que fuera gerente de la isla que Madame posee en las Seychelles, Carlos Cassina Vejarano, el notario Patrice Bonduelle, el empresario Stéphane Courbit, el jefe de los Servicios de Información Interior, Bernard Squarcini, por ordenar el espionaje policial a periodistas de Le Monde que, en septiembre 2010, estaban investigando la conexión Bettencourt-Woerth, el fiscal de Nanterre Philippe Courroye por atentar contra el secreto de la correspondencia, e incluso la juez Isabelle Prévost-Desprez por haber filtrado a la prensa partes del dossier.
Los delitos en todos los casos suelen ser los mismos: abuso de debilidad, complicidad en abuso de confianza, fraude agravado, financiación ilegal, prevaricación, evasión fiscal...

¿Por qué el ex presidente no fue llamado antes a testificar?

Durante los cinco años (2007-2012) que duró su mandato presidencial, Nicolas Sarkozy estaba protegido por el artículo 67 de la Constitución de 1958, sobre la cual se fundó la Quinta República. De acuerdo con dicho texto legal remodelado en 2007 después de que la UMP ganara los comicios legislativos, el jefe del estado tiene absoluta inmunidad penal mientras se mantenga en el puesto y sólo puede ser acusado de traición por las cámaras. Además, no ha de responder durante ese periodo, de cualquier irregularidad cometida en años anteriores a su designación y sólo podrá ser llamado ante la justicia un mes después de su ceses.

¿Cómo se ha desarrollado la investigación hasta imputarle?

A Nicols Sarkozy venían rondándole los jueces desde hace tiempo, ya que su nombre había sonado en varias ocasiones durante la investigación previa del affaire Bettencourt y de otros casos. El 15 de junio de 2012, cumplido un mes de su salida del Elíseo, el ex presidente perdió la inmunidad penal ligada al cargo y la Justicia se puso manos a la obra.
El 3 de julio de 2012, agentes de la Brigada Financiera se presentaron a primera hora de la mañana con una orden del juez Gentil en el dúplex de su esposa Carla Bruni posee en la Villa Montmorency en el 16ème arrondissement parisino. En unas horas, lo pusieron patas ariba y luego acudieron al bufete de abogados Arnaud, Claude et Associés en el bulevar Malesherbes, del cual Sarko es socio, así como a ese nuevo despacho de la rue Miromesnil que le paga el estado en su calidad de ex Presidente de la República.
Buscaban pruebas que demostrasen que Madame Bettencourt le había dado dinero para la campaña electoral. El ex jefe del estado creyó que para saciar la curiosidad de los magistrados bastaría con enviarles su agenda de 2006-2007. Y eso hizo el pasado 16 de junio, pero no fue suficiente.
Así que interrogaron a algunos de sus antiguos colaboradores, como el que fuera secretario general de la Presidencia Xavier Musca y dos antiguos consejeros de Justicia, Jean-Pierre Picca y Patrick Ouart. El 22 de noviembre del mismo año le tuvieron prestando declaración durante más de 12 horas y abandonó el tribunal en calidad de 'testigo protegido'. "Nunca he recibido un euro de los Bettencourt", aseguró en aquella ocasión. Pero hay constancia de que la anciana millonaria repartió entre sus protegidos, alrededor de 4 millones de euros procedentes de sus cuentas suizas.

¿De qué se le acusa y que pasa si es declarado culpable?

Anoche, en un comunicado, el fiscal indicó que el ex mandatario estaba acusado de abuso de debilidad, puesto que el delito de financiación ilegal prescribe en Francia a los tres años.
Por este único delito, podrían caerle hasta tres años de cárcel, 375.000 euros de multa y cinco años inhabilitación. Pero al tratarse de alguien sin antecedentes penales, aunque los jueces le declaran culpable, probablemente dejarían la condena en suspenso, aunque tendría que pagar la multa y no se libraría del lustro que tendría que pasar apartado de cualquier cargo público.

¿Sería el primer Presidente de la Quinta República condenado por un tribunal?

Para nada. Jacques Chirac fue declarado culpable en diciembre de 2011, por el Tribunal Correccional de París, en el juicio de los empleos falsos del Ayuntamiento de París. Y salió de allí condenado a dos años de prisión, que nadie en el estrado se planteó que cumpliera debido a su edad y estado de salud.
Otros nueve miembros del partido Rassemblement pour la République –formación neogaullista predecesora de la Unión por un Movimiento Popular de Nicolas Sarkozy– recibieron entonces el mismo veredicto de culpabilidad por unos hechos que se remontan a 1998, cuando Chirac era alcalde de la Villa de París y líder del RPR. Todos los cargos que se les imputaban fueron confirmados: apropiación indebida, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Con esta sentencia, la sala 11 que preside el juez Dominique Pauthe entró en la historia por haber sido la primera en atreverse a juzgar, declarar culpable y sancionar a un Presidente de la Quinta República. Chirac, aquejado de una enfermedad neurodegenerativa similar al Alzheimer, no compareció para escuchar la sentencia como es preceptivo, del mismo modo que jamás se llegó a sentar en el banquillo.

¿Qué otros affaires tiene pendientes Sarkozy con la Justicia?

Ahora que se ha convertido en "un ciudadano más, un francés entre los franceses" –como él mismo afirmó en su discurso de aceptación de la derrota electoral–, Sarkozy se halla a merced de los jueces y estos podrían llamarle para que explique su implicación en otros tres asuntos turbios.
El más antiguo es el affaire Karachi, referido una antigua trama de comisiones destinadas inicialmente a intermediarios árabes, pero desviadas para financiar la fallida campaña del 95 de Edouard Balladur a través de una sociedad opaca con sede en Luxemburgo. Un caso que tiene su lado trágico debido al atentado que costó la vida en 2002 a 11 ingenieros franceses de la empresa estatal naviera gala DCN, que trabajaban en la construcción de unos submarinos que el gobierno había vendido a Pakistán, y que estaría relacionado directamente con el mismo. Este enredo se remonta a 1994, cuando Sarkozy era el ministro de Presupuesto y jefe de dicha campaña. Según un informe de la policía luxemburguesa, fue él quien autorizó la creación en aquel país de la sociedad off-shore Heine que recibió las llamadas retrocomisiones.
En abril de 2012, Mediapart publicó, por su parte, un documento que revelaba cómo el fallecido dictador libio Muamar el Gadafi habría ayudado económicamente al entonces candidato conservador al Elíseo entregándole 50 millones de euros para sufragar sus gastos de campaña en 2007. Dicho informe está firmado por el ex jefe de los servicios secretos libios, Musa Kusa y su veracidad ha sido puesta posteriormente en entredicho.
El tercer caso que amenaza a nuestro hombre se refiere a unas presuntas irregularidades cometidas durante su mandato y detectadas por el Tribunal de Cuentas. Al parecer, entre 2008 y 2009, el Elíseo invirtió en sondeos referidos a la percepción pública del Presidente nada menos que 6,3 millones de euros. Un dineral que fue a parar a Patrick Buison y Pierre Giacometti –ambos consejeros de Sarkozy–, así como al instituto Ipsos. Ninguno de los contratos fue atribuido mediante licitación pública y las facturas de los mismos podrían haber sido hinchadas. Todo muy feo, vaya.

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