tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 22 de abril de 2014

¿Existe justicia en España, incluyendo Catalunya?

Público.es


Existe en EEUU un programa televisivo de humor político (Saturday Night Live) semejante al programa “El Intermedio” de la Sexta en el que se hizo el siguiente comentario: “De la misma manera que el gobierno boliviano tiene un Ministro de la Marina a pesar de no tener mar, España tiene un Ministro de Justicia”. Esta frase muestra el enorme desprestigio que tiene la justicia española en muchas partes del mundo, realidad que parece ser ignorada por los establishments jurídicos, políticos y mediáticos del país, los cuales parecen no tener plena conciencia del enorme desprestigio que muchos de los comportamientos de la justicia española están acarreando al Estado español.Esta observación viene a raíz de la lectura de un excelente libro, Els set pecats capitals de la justícia (Los siete pecados capitales de la justicia), escrito por el magistrado Santiago Vidal, que documenta y denuncia estos comportamientos, todos ellos casos bochornosos, en los cuales la ciudadanía (aunque sospecha) desconoce el nivel de injusticia a la que se ha llegado. Un caso claro es el caso Millet, el personaje que fue Presidente de la Fundación Orfeó Català - Palau de la Música, la institución cultural más preciada en Catalunya. El Orfeó Català ha sido, entre muchas cosas, el centro cultural más importante de Catalunya, ligado primordialmente al conservadurismo nacionalista catalán.
En 2007, hace ya 7 años, a instancias de la Sindicatura de Comptes, el Departamento de Economía de la Generalitat de Catalunya inspeccionó la contabilidad del Palau y del Orfeó Català sin que el interventor encontrara ninguna irregularidad. Ahora bien, la Agencia Tributaria (que no depende del gobierno de la Generalitat) tenía sus sospechas, pues ordenó una inspección fiscal y sí que encontró irregularidades, llevando el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y a la Oficina Antifraude. Y así se inició el famoso caso del Palau de la Música, o caso Millet. Los inspectores de Hacienda comenzaron a inspeccionar la contabilidad, requiriendo al Sr. Montull, director administrativo de la Fundación Orfeó Català - Palau de la Música, que proveyera toda la información necesaria.
Pero no fue hasta casi dos años más tarde, el 23 de junio de 2009, que no se hizo un registro del edificio y de la sede del Palau. La mayoría de fondos de esta institución son fondos públicos provenientes de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura. Por lo visto nadie sospechaba que el Sr. Millet, el gran benefactor altruista de la cultura y de las artes, estuviera en el centro de uno de los mayores fraudes y latrocinios que hayan existido en Catalunya y en España. Pero se tardaron otros tres años más (sí, tres años más) para que el juez instructor inspeccionara las propiedades del este señor, incluyendo su espectacular torre del Vallès. Además de esa propiedad, el Sr. Millet tenía un piso de 267 metros cuadrados en el Eixample de Barcelona con seis habitaciones y tres baños, un piso en la Calle Major de Sarrià de 150 metros cuadrados con tres plazas de parking, un chalet en la Vall d’Aran con 5 hectáreas de terreno, un apartamento en la Villa Olímpica con amarrador privado en el puerto, tres propiedades rústicas en la isla de Menorca y una finca de verano en Cala Fornells. Puesto que la gran mayoría de fondos del Palau son públicos (la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona) se puede concluir que el origen de toda esta propiedad es el dinero público que la ciudadanía paga con sus impuestos.
Pero la cosa no termina aquí. Porque lo que es peor es el enorme entramado que el caso Millet ha mostrado tener con instituciones políticas del país, incluyendo partidos y grupos de presión, que estaban involucrados en este latrocinio y que, con cuentagotas, van apareciendo poco a poco en el proceso más lento que usted puede imaginar.
Fue el mismo Millet, uno de los máximos exponentes de la burguesía catalana y bien conocedor de cómo funciona lo que se llama la alta sociedad catalana (la sociedad del Palau y del Liceo), quien indicó que, en realidad, la gobernanza de Catalunya la llevan 400 familias.
Este caso señala cómo funciona esta alta sociedad y su parasitismo del Estado. Esta burguesía está claramente entrelazada con el Estado (tanto central como autonómico y municipal), de cuyo usufructo viven. Desde las autopistas al Palau, este entramado es lo que representa el establishment conservador catalán, corrupto hasta la médula. Y esta relación ha estado siempre ahí, heredera de las relaciones y estructura de la dictadura, donde la corrupción era crónica, corrupción que la democracia no eliminó y que en España se da constantemente, con escandalosa impunidad. Como señala el magistrado Santiago Vidal (de cuyo libro extraigo la información que proveo en este artículo), los indultos otorgados por el Estado son casi siempre el punto final de estas historias. Solo en 2012, el gobierno del PP otorgó más de 450 indultos, y el gobierno del PSOE otorgó un promedio de unos 300 anuales durante su mandato, indultos ofrecidos predominantemente a tres grupos de acusados: políticos, banqueros y policías. Es obvio que en España no ha habido una ruptura clara con las costumbres y aparatos heredados de la dictadura, tal como muchos autores han documentado y que yo he señalado en mi artículo “No hubo ruptura durante la Transición”, publicado en Público, cuyo texto aconsejo leer para aquellos que quieran saber más sobre este tema. Como he indicado en más de una ocasión, el que no está indignado en España es que no está informado sobre lo que está ocurriendo en este país, incluyendo Catalunya. Por desgracia, el caso Millet se reproduce en varias partes de España, y no es un problema solo catalán, sino español, y que tiene que ver con la falta de cambio en la estructura del Estado español heredada del Estado dictatorial, que alcanza su máxima expresión en el cuerpo de la judicatura. Es un caso más de que “Spain is different”. Y luego nos dicen que la Transición fue modélica.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Sigue la mano sucia de la NED en Venezuela

rt.com


Las protestas antigubernamentales en Venezuela, que tienen como objetivo el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, han sido lideradas por varias personas y organizaciones con vínculos estrechos con el Gobierno de Estados Unidos. Leopoldo López y María Corina Machado –dos de las personas públicamente detrás de las manifestaciones violentas que comenzaron en febrero– tienen largas historias como colaboradores, financiados y agentes de Washington. La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) canalizaron financiamiento millonario para los partidos políticos de López, Primero Justicia y Voluntad Popular, y para la ONG Súmate de Machado y sus campañas electorales.

Estas agencias financistas de Washington también han filtrado más de 14 millones de dólares a grupos opositores en Venezuela entre 2013-2014 (Esta cifra incluye a los dos presupuestos nacionales del Gobierno de Estados Unidos para2013 y 2014 y más el total de la NED para Venezuela: http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/venezuela y http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/latin-america-and-caribbean-regional ), incluyendo financiamiento para sus campañas electorales en 2013 y ahora para las protestas antigubernamentales en 2014. Esto sigue el patrón de financiamiento del Gobierno estadounidense a grupos antichavistas en Venezuela desde el año 2001, cuando millones de dólares fueron entregados a organizaciones de la llamada "sociedad civil" para ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego de su fracaso, la USAID abrió una Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI) en Caracas para, junto con la NED, inyectar más de 100 millones de dólares en esfuerzos para socavar al Gobierno de Chávez y repotenciar a la oposición durante 8 años .

A principios de 2011, después de haber sido expuesta públicamente por sus graves violaciones de la soberanía y las leyes venezolanas, la OTI cerró sus puertas en Venezuela y las operaciones de la USAID para ese país se trasladaron a Estados Unidos . El flujo de dinero no terminó, a pesar de la aprobación en Venezuela de la Ley de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional a finales de 2010, que prohíbe el financiamiento externo a grupos con fines políticos en el país. Las agencias de Washington, tanto como los grupos venezolanos que reciben sus dólares, siguen violando las leyes del país con plena impunidad. En los presupuestos nacionales del presidente Barack Obama para las operaciones internacionales, se ha incluido entre 5-6 millones de dólares para financiar grupos antigubernamentales en Venezuela a través de la USAID desde 2012. ( Ver segundo párrafo ).

La NED , una 'fundación' creada por el Congreso de Estados Unidos en 1983 para hacer el trabajo que antes hacía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) pero con una cara pública, ha sido uno de los principales financistas de la desestabilización en Venezuela durante la época de Chávez, y ahora contra el presidente Maduro.

Según su último informe público de 2013, la NED ha canalizado más de 2,3 millones de dólares a grupos y proyectos de la oposición venezolana. Dentro de esa cifra, 1.787.300 millones de dólares fueron directamente para grupos opositores en Venezuela , mientras otros 590.000 dólares fueron canalizados a grupos regionales que trabajan y financian a la oposición venezolana. Más de 300.000 dólares han ido a esfuerzos para desarrollar una nueva generación de líderes jóvenes para contrarrestar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Entre los grupos financiados por la NED para el trabajo con jóvenes se encuentra FORMA , una organización de César Briceño vinculada con el banquero venezolano Óscar García Mendoza. García Mendoza maneja el Banco Venezolano de Crédito, que ha funcionado como el canal para el flujo de los dólares de la NED y la USAID a grupos opositores en Venezuela, como Súmate, Cedice, Sin Mordaza, Observatorio Venezolano de Prisiones y FORMA, entre otros.

Otra gran parte de los fondos de la NED de 2013-2014 fue invertida en iniciativas y grupos que trabajan con el ambiente mediático y manejan la campaña para desprestigiar al Gobierno del presidente Maduro. Entre ellos se incluyen Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Sin Mordaza y GALI . Durante el último año se ha visto una campaña sin precedentes para desacreditar al Gobierno venezolano, y al presidente Maduro directamente, campaña que se ha intensificado en los últimos meses.

En plena violación de la ley venezolana, la NED también financió a la coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 100.000 dólares para un proyecto de entrenamiento e intercambio con grupos en Bolivia, Nicaragua y Argentina para "compartir las lecciones aprendidas en Venezuela... y permitir la adaptación de la experiencia venezolana en esos países".

Como bien fue explicado en un informe de un instituto español, FRIDE, en 2010, las agencias internacionales que financian a la oposición en Venezuela violan hasta las leyes de control cambiario para filtrar sus fondos a los beneficiarios. También afirman en ese informe que la mayoría de las agencias internacionales, con la excepción de la Comisión Europea, están trayendo los fondos en moneda extranjera y cambiándolos en el mercado paralelo, en clara violación de la ley venezolana. En algunos casos, como destaca el informe de FRIDE, abren cuentas en el exterior para depositar los recursos o se los entregan en euros o dólares en efectivo. La embajada de Estados Unidos en Venezuela podría utilizar la valija diplomática para traer grandes cantidades de dólares y euros al país, que luego entregan a actores venezolanos de forma ilegal sin ninguna contabilidad formal del Estado venezolano.

Lo que sí está claro es que el Gobierno de Estados Unidos sigue alimentando los esfuerzos de desestabilización en Venezuela sin importar las leyes de ese país. Tal vez sea necesaria una medida de mayor impacto y fuerza para asegurar la soberanía y defensa de la democracia venezolana, su Gobierno legítimo y la voluntad de su pueblo. 

Un juez avala que cualquier ciudadano pueda grabar las actuaciones policiales

Los ciudadanos que quieran grabar las actuaciones policiales en eventos públicos ya tienen una nueva sentencia que les da legitimidad para hacerlo. El juzgado número 11 de Madrid ha absuelto a una mujer a la que dos agentes denunciaron por una posible falta de orden público al reprocharles que impidieran a un cámara grabarles mientras se llevaba a cabo un desahucio.
Los hechos se produjeron en octubre, cuando los agentes pidieron la documentación al cámara que grababa un desahucio en Madrid. La denunciada les recriminó que "no sabían de leyes" y que eran como "unos matones" tras observar cómo uno de ellos "apartaba bruscamente la cámara con la que grababa", según reza la sentencia, que se basa en un vídeo que registró los hechos.
El veredicto del juez es claro: los agentes no tienen "cobertura legal" al intentar impedir que se grabe su actuación pública. "Ni existe prohibición de filmar en el espacio público, ni la imagen de los agentes", argumenta la resolución.
El juez rechaza, además, la actuación de los agentes "al apartar bruscamente la cámara, como gesto de desaprobación por el rechazo a la filmación de su imagen". Y continúa: "Supone un exceso en su comportamiento, abandonando las pautas de moderación, tacto y templanza que, a salvo de situaciones graves, se exigen y deben estar implícitas en el modo de desempeño de su función", concluye el juez.
Esta resolución judicial se opone, por tanto, a la pretensión del Gobierno de impedir que los ciudadanos graben a los policías durante las manifestaciones. El Anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ha elaborado el Ministerio del Interior pretende impedir que se filme a los agentes durante sus actuaciones. El Consejo general del Poder Judicial rechazó en su informe sobre el texto este extremo de la legislación al considerar que "la referencia al peligro que el uso de imágenes de autoridades o agentes pueda suponer para su seguridad personal está formulada en términos tan vagos y extensos que se plantean problemas de taxatividad".
Tras las agresiones policiales a varios periodistas que filmaban los altercados que se produjeron tras la manifestación 'Jaque al rey' el Gobierno intentó justificar que los agentes no distinguieron a los reporteros de los manifestantes. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, instó a los periodistas a vestir con un chaleco blanco para que queden identificados ante los agentes. No obstante, durante aquellos incidentes, los antidisturbios intentaron impedir que los periodistas grabaran desde una acera obligándoles a alejarse.

CUIDADO CON EL TORO...