tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 23 de octubre de 2014

Lámparas de marihuana para cuidar el césped

Cualquiera puede comprender que en Inglaterra es difícil mantener el césped de los estadios en perfectas condiciones. Y el que no lo sepa, se lo puede preguntar a los miles de españoles que han emigrado en busca de trabajo. La climatología no es el fuerte del país. Eso está asumido desde hace tiempo y, por lo tanto, la Premier League 'obliga' a los clubes a cuidar sus terrenos de juego con las llamadas lámparas de calor que cuestan entre 25.000 y 38.000 euros. Poco dinero para entidades que hacen fichajes multimillonarios cada verano.
El problema viene cuando el equipo ni pertenece a la 'realeza' del fútbol británico ni tiene recursos para acometer dicha inversión. ¿Qué hacer entonces? Pues en la mayoría de los casos no queda otra que utilizar la imaginación. Como ha hecho Oli Makin, jardinero del Rochdale, que le pidió a la policía de Manchester unas lámparas -previamente utilizadas para cultivar marihuana- para instalarlas sobre el césped del Spotland, el estadio donde juega el conjunto inglés que milita en la Football League One. "No puedo agradecer lo suficiente a las autoridades el favor que me han hecho", confesaba el 'inventor'.
La policía, como 'cómplice' de la ocurrencia de Oli Makin, no ha dudado en aplaudir el invento del cuidador del césped, que basó su defensa en que en el estadio del Rochdale no sólo se juega al fútbol, sino también al rugby. "Ha salvado al club de tener que invertir una fortuna. Los jugadores y, sobre todo, el portero, estarán contentos. Los que alguna vez hemos visto un terreno de juego inglés damos fe de que es una gran iniciativa", confesaban las autoridades.
Sin embargo, la idea no es original de Oli Makin. El Notts County ya había utilizado lámparas de marihuana para que éstas den calor al césped y le permitan crecer a pesar de que los termómetros marquen bajo cero. "Nos vienen bien porque aquí se juega al fútbol y al rugby. Nos permite que la hierba esté mejor durante todo el invierno", comentaba el manager del estadio, Greg Smith.

Un fiscal argentino pide indagar a cinco exministros del franquismo

Un fiscal argentino, Ramiro González, quiere ampliar las peticiones de declaración indagatoria contra sospechosos de crímenes del franquismo. Amparado en el criterio de justicia universal, le ha pedido a la juez del caso en Buenos Aires, María Servini de Cubría, que cite a cinco exministros del régimen español, a otros diez exfuncionarios y expolicías y un ginecólogo. El fiscal González los quiere indagar por su presunta responsabilidad en homicidios, desapariciones forzadas de personas, torturas y sustracción de niños.
En la lista de acusados por el fiscal figuran los exministros de la Presidencia Antonio Carro (1974-1975), de 91 años, y Alfonso Osorio(1975-1977), de 90 años; de Trabajo Licinio de la Fuente (1969-1975), de 91 años; de Economía Antonio Barrera de Irimo (1973-1974), que falleció en septiembre pasado a los 85 años; y de Justicia José Manuel Sánchez-Ventura (1975), de 92 años. Osorio también fue vicepresidente segundo del Gobierno entre 1976 y 1977.
El fiscal quiere citar además al exintegrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, el excapitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, el exjuez Antonio Troncoso de Castro, el ginecólogo Abelardo García Balaguer y los expolicías Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.
El fiscal investiga el fusilamiento de Companys y el papel de la Iglesia 
El detención, la tortura y el fusilamiento del presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1933 y 1934, Lluís Companys, también es objeto de análisis del fiscal. Por eso ha pedido a la juez que solicite a España los archivos oficiales y reservados sobre su final. Además, el fiscal investiga el papel de la Iglesia española en los crímenes de la dictadura franquista. De ahí que haya reclamado a Servini que pida al Vaticano registros sobre la participación de la Iglesia en la creación de la cárcel de Zamora, en la que fueron recluidos sacerdotes y religiosos.
Servini ya había pedido el año pasado la detención y extradición de cuatro acusados por crímenes del franquismo: el exinspector Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y los ya fallecidos José Ignacio Giralte González, excomisario, y Celso Galván Abascal, exescolta de Franco. Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Billy El Niño y Muñecas.

Una protesta masiva en México DF exige respuestas en el ‘caso Iguala’

Un clamor de justicia resonó en la Ciudad de México por el 'caso Iguala'. Una multitud de unas 50.000 personas, según las autoridades locales, exigió este miércoles por la tarde al Gobierno federal una respuesta clara sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.

Esta es la segunda protesta multitudinaria que los universitarios organizan en la Ciudad de México por el caso Iguala. El pasado 15 de octubre, los estudiantes se manifestaron en dos sitios distintos: en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México y frente a las oficinas de la Fiscalía federal, en donde los jóvenes dañaron la fachada del edificio, construida con cristales, al lanzar algunas piedras y palos.
"Estamos cayendo en la desesperación... Se vuele a repetir la historia del 68 [la matanza de Tlatelolco]", dijo Juan Estrada, que esta tarde caminó junto a las familias de los desaparecidos por el Paseo de la Reforma, una de las principales vías de México DF, hasta el Zócalo, la plaza central de la capital. "Esta marcha no es de fiesta, Ayotzinapa está de luto", afirmó un estudiante de la escuela de los desaparecidos. Los manifestantes reclamaron que se dé con su paradero y que se arreste a los máximos responsables de lo ocurrido. A la protesta, además de los alumnos de la escuela de las víctimas, acudieron un gran número de estudiantes llegados de 39 centros educativos de todo México.
Este miércoles, un grupo de figuras mexicanas de relieve —entre ellos el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, la escritora Elena Poniatowska y el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González — exigió en un mensaje público al Gobierno mexicano la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición.
Estamos cayendo en la desesperación... Se vuele a repetir la historia del 68 [la matanza de Tlatelolco]
Juan Estrada, un manifestante
A 26 días de la desaparición, los estudiantes no han sido los únicos que han levantado la voz. Los organismos internacionales también lo han hecho. “¿Dónde queda Iguala? ¡A menos de 200 kilómetros del Distrito Federal, a tres horas por carro! ¡No hay excusa! Éste no es un sitio remoto que queda en la selva distante, y sin embargo le tomó cuatro días al presidente de México intentar incluso delegar responsabilidades en las autoridades de Iguala”, reclamó Human Rights Watch. Su denuncia se sumó a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la de la ONU. EE UU y la OEA también habían pedido que México esclareciera la desaparición de los estudiantes.
La protesta de este miércoles ha sido hasta ahora la más masiva. Terminó sobre las diez de la noche. En el Zócalo, cuando todo acababa, habló Bernabé, 60 años, un campesino de Guerrero. Su hijo Adán es uno de los desaparecidos. "Ya no tengo confianza en el Gobierno federal ni estatal. Ya va a hacer un mes y no sé nada de mi hijo". Su voz entrecortada y la narración conmovió a los asistentes, la mayoría vestidos de blanco. "Todos los pobres también tenemos un corazón y con ese corazón duro vamos a luchar hasta encontrarlos" sentenció Bernabé.

Los juristas ven 'inconstitucional' legalizar la 'devolución en caliente'

El Gobierno tiene todo a punto para dar cobertura legal a las devoluciones inmediatas de inmigrantes que la Guardia Civil realiza en la valla deMelilla sin ningún tipo de garantía jurídica. Mientras el PP presentaba anteayer una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para cambiarla Ley de Extranjería y dar vía libre a las expulsiones en caliente, el Ministerio del Interior informaba ayer de un protocolo «que entrará en vigor» una vez hechos estos cambios.
La enmienda persigue incorporar a la Ley de Extranjería una disposición adicional que refleje la «singularidad geográfica, fronteriza y de seguridad de Ceuta y Melilla». Y establece que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».
El protocolo -que hasta ahora no existía y que había sido insistentemente reclamado por los propios guardias civiles- dice algo muy importante: que «la entrada ilegal en España de inmigrantes se entenderá consumada en caso de rebasar completamente el sistema perimetral de seguridad». En otras palabras, el inmigrante habrá pisado suelo español cuando rebase este «sistema perimetral de seguridad».
¿Y qué se entiende por «sistema perimetral de seguridad»? El ministro lo vino a explicar ayer en el Congreso, al responder a los periodistas que los «obstáculos que están establecidos en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla» lo forman «los medios físicos», que son «las vallas», y «los medios humanos», que es la Guardia Civil. O sea, la frontera es una persona. ONG y destacados juristas consultados por este diario coinciden en que «es inconstitucional» cambiar la ley para legitimar estas prácticas. Éstas son sus razones:

Lagunas legales

La frontera
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat afirma categóricamente que las vallas de Ceuta y Melilla «están colocadas en suelo español». «No se puede cambiar de forma arbitraria la frontera», recuerda. «Esta enmienda va a resultar sumamente satisfactoria para las pretensiones territoriales de Marruecos, porque sólo arroja dudas sobre los límites territoriales de Ceuta y Melilla con el país vecino», apunta Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal en la misma universidad. Cristina Manzanedo, abogada de la ONG jesuita Pueblos Unidos, se pregunta: «Si dicen que estos inmigrantes no han entrado en suelo español, ¿cómo pueden legislar sobre un territorio que no es tuyo?».
Derecho a audiencia
Los guardias que devuelven por la fuerza a inmigrantes a Marruecos realizan un acto administrativo. En él, como mínimo, es necesario el respeto al principio de audiencia; es decir, que el afectado pueda alegar lo que a su derecho interese. «Entendemos que no puede ser constitucional porque se atenta contra el derecho a audiencia, que es la garantía de otros derechos, como el derecho de asilo», dice Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.
Derecho de asilo y doctrina internacional
«Para hacer este cambio, habría que derogar la Ley de Asilo española y denunciar varios convenios internacionales. Entra en conflicto con la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque no da opción a comprobar si los inmigrantes son refugiados», afirma Gimbernat.
Procedimiento
«La modificación de una ley orgánica, como es la Ley de Extranjería, requiere un procedimiento que exige que este cambio sea sometido a los dictámenes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Al introducir ex novo [de nuevas] esta enmienda a un texto que ya está en el Congreso, parecen querer burlar los requisitos procedimentales», dice Martínez Escamilla.
Término dudoso
Interior habla de «rechazo en frontera», un término de nueva creación «que no tiene valor jurídico», según los juristas. Están la devolución, la expulsión y la denegación de entrada, pero no el «rechazo».
Una duda
Los juristas no entienden que Interior defienda la legalidad de estas prácticas. No sólo van en contra de la actual Ley de Extranjería, sino del Tratado de Readmisión con Marruecos de 1992. «Si tales actuaciones están amparadas en la ley, ¿para qué quieren modificarla? Podríamos pensar que para que se sobresea la causa penal en que está imputado por un presunto delito de prevaricación por devoluciones en caliente el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla», dice Martínez Escamilla.