tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

.

.

viernes, 29 de marzo de 2013

Muere el único hombre que sabía calcular cuándo cae Semana Santa

Semanas, un puñado de días es lo que ha tardado en aparecer la primera crisis del papado de Francisco (Fran o Paco para los amigos, “El repelotudo de blanco” para los amigos argentinos). ¿De qué se trata? ¿De los vatican leaks? ¿De Bárcenas entrando con bolsas de Mercadona en la Banca vaticana?¿De la escasez de fotos de One Direction desnudos en la red? Nada de eso, mucho peor: ha muerto la única persona en el mundo capaz de calcular cuándo narices cae la Semana Santa.
Pese a haber escuchado n-mil veces el ranciofact “va con la luna”, o que “el Jueves Santo coincida con la primera luna después del equinoccio de primavera” (concepto, por cierto, digno de receta de salmorejo mágico de Paco Porras) el tema no es tan sencillo. En realidad, es tan complejo que sólo una persona había dedicado todos sus años de seminario a estudiar el tema hasta conseguir la fórmula definitiva. Bueno, sólo un año, el resto se los pasó zurrándose la sardina, ¡pero un año sin eso ya es mucho tiempo!
El cargo de Jefe de calendario (o, como es conocido en Roma, Il CalendariPirelli) es uno de los cargos en la sombra más importantes de la Iglesia Católica: determina cuando cae la Semana Santa, el calendario ogino de las monjas y realiza las pruebas del carillón de la puerta del Sol que salen cada puñetero año en TVE.
Sin el cargo de il Calendari, ni el propio Papa sabría determinar la fecha de la próxima Semana Santa. Ante tan descontrol, las consecuencias podrían ser impredecibles: decenas de actos descoordinados, cientos de niños esperando a los Reyes Magos en julio y miles de cofrades de Sevilla muertos por deshidratación, de tanto llorar al intentar sacar un paso en plena temporada lluviosa.
A fin de evitar el desastre, los cardenales se han vuelto a reunir (ya que estaban por Roma y que hacer un grupo de Whatsapp no les mola mucho) a fin de encontrar una solución. La fórmula se fue a la tumba con el último responsable, la realización de nuevos estudios costaría años hasta encontrar de nuevo la solución. Así que la Iglesia ha optado por su tradicional, y ya conocida solución: una puñetera paloma. El nuevo día de Pascua vendrá determinado por el vuelo de 33 palomas blancas sobre un “Calendari del pagés” extendido en el suelo. La fecha con más cagadas encima será la elegida. “Era eso o inventarnos algo” - comenta un cardenal - “y creo que, si en la Iglesia nos inventamos algo más, ya se nos vería el plumero”.

Pimientos rellenos de carne


Perú : No al Indulto de Fujimori

Coordinadora nacional de Derechos Humanos


Nuestro país ha sido víctima de una cruenta guerra interna que trajo consigo alrededor de 69 mil víctimas de violaciones de derechos humanos, es en este contexto, en el cual se configuraron graves violaciones de derechos humanos que no solo conmocionaron a la población peruana sino a la comunidad internacional en su conjunto.
Finalmente crímenes tan graves como los de Barrios Altos y La Cantuta, obtuvieron sentencias tanto en el plano nacional e internacional, relacionadas no solo con la sanción penal a los responsables de tan atroces hechos, sino también destinaron las reparaciones correspondientes a los familiares de las víctimas, ambas que el Estado peruano está obligado a cumplir y que no deben ser dejadas de lado, al momento de decidir indultar a no al ex presidente Alberto Fujimori por razones humanitarias.
Facultad del Presidente de la República para conceder indultos
Si bien nuestra Constitución Política en su artículo 118 señala dentro de las atribuciones designadas al Presidente de la República el:
“21. Conceder indultos y conmutar las penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.
Esta atribución está enmarcada, por un lado, dentro de los límites que establece la Constitución Política, pues señala además que dentro de sus atribuciones el Presidente está llamado a: “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” (1) , y por el otro, también está obligado no solo a tener en cuenta al momento de interpretar el contenido de la Constitución la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados en materia de derecho humanos que ha ratificado nuestro país (2), sino también a observar de manera vinculante las decisiones emanadas de tribunales internacionales en materia de derechos humanos (3), sobre todo aquellas dirigidas a establecer la prohibición de otorgar eximentes de responsabilidad y prohibir la impunidad de graves casos de violaciones de derechos humanos (4).
Por ello, debemos señalar que si bien la atribución dada al Presidente de otorgar indulto está señalada en nuestra Constitución, dicha atribución no puede ser omnipotente, pues al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derecho, todas las actuaciones no solo del presidente sino también de los agentes de gobierno deben estar enmarcadas por lo señalado en la Constitución Política, los tratados internacionales materia de derechos humanos y las obligaciones internacionales que en dicha materia se ha comprometido a cumplir.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fondo sobre el caso Barrios Altos vs. Perú señaló:
“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (5).
Por tanto, atendiendo a la gravedad de las violaciones de derechos humanos, el Estado peruano está en la obligación no solo de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, sino también organizar todo su aparato gubernamental, con la finalidad de que esta obligación del Estado se realice de manera efectiva, y por tanto debe no solo juzgar y sancionar a violadores de derechos humanos, sino que debe tener en cuenta que parte de la reparación hacia los familiares de las víctimas es precisamente que los perpetradores de tales crímenes cumplan su condena de manera cabal.
Requisitos para conceder el indulto humanitario
Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existe la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual tiene por finalidad conocer, evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República a través del Ministro de Justicia, la concesión de gracias presidenciales, respecto de las solicitudes presentadas por los sentenciados a través del correspondiente informe (6).
En aras de establecer una adecuada calificación dicha Comisión estará facultada a pedir la información que considere necesaria para elaborar su informe, para lo cual se valdrá de informes médicos y entrevistas personales a los médicos para que expliquen la real situación de salud del que solicita en este caso el indulto, así como convocar a instituciones de reconocido prestigio en la protección de derechos humanos para conocer su opinión y verificar si el pedido de indulto se encuadra dentro de los requisitos propuestos en su Reglamento.
El Reglamento establece, en su artículo 31, que se recomendará indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, solo en los siguientes casos:
a). Los que padecen enfermedades terminales. b). Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. c). Los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos; y además las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.
Como podemos observar, los requisitos para la admisibilidad de un pedido de indulto son muy claras, en el caso particular del ex -presidente Alberto Fujimori, para que dicho pedido de indulto por razones humanitarias sea admitido, deberá cumplir con alguna de las condiciones establecidas.
En primer lugar, debemos decir, que conforme a los reportes sobre su estado de salud, puestos en evidencia por sus familiares o miembros de la bancada de Fuerza 2011, debemos establecer claramente que:
  • Alberto Fujimori, no posee una enfermedad terminal (7), por tanto ha tenido y tiene posibilidades de ser tratado a tiempo y por ende no puede considerarse ni en etapa avanzada, ni que es progresiva pues recibe tratamiento médico de primera para evitarlo, ni degenerativa en el mismo sentido, ni mucho menos incurable.
  • Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori, son especiales y de manera evidente, se puede observar que tiene un trato privilegiado en comparación de la población carcelaria en el Perú y que por tanto, este trato privilegiado definitivamente no coloca en grave riesgo su vida, ni su salud ni integridad. Es más resulta evidente dicho argumento, pues es de conocimiento público que, ante cualquier eventualidad relacionada con su salud, Alberto Fujimori es inmediatamente trasladado a una de las mejores clínicas del país, la Clínica San Felipe para que se tratado con todo el mejor equipamiento y profesionales médicos.
Es decir, Alberto Fujimori no cumple con los requisitos establecidos en la normativa de la materia, para poder acceder al indulto por razones humanitarias, pues su condición de salud no se encuentra enmarcada dentro de ninguno de los supuestos y porque además las condiciones carcelarias en las que se encuentra, son privilegiadas por tanto las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.
Si bien el Decreto Supremo 004-2007-JUS, señala que: “El informe de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias, y Conmutación de la Pena, es ilustrativo y no vinculante a la decisión que adopte el Presidente de la República” (8), dicha decisión no es absolutamente discrecional, pues su accionar está limitado por la interpretación sistemática de la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Perú.

Alemania vende sus iglesias al mejor postor

El anuncio que se puede leer en la pagina web del Arzobispado de Berlin (www.erzbistumberlin.de) es breve y tiene muy poco que ver con la misión evangelizadora de la Iglesia católica y menos con las solemnes celebridades de Semana Santa. Bajo el rubro Inmobilien, el arzobispado intenta desde hace varias semanas vender una capilla y una iglesia construidas en el siglo pasado en los Estados de Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental y que se quedaron huérfanas de fieles. Por ejemplo, el precio de una capilla en la localidad de Loitz es de 20.000 euros, e incluye un terreno de 1.057 metros cuadrados y una iglesia construidas en el siglo pasado. Una nave de 175 metros cuadrados de superficie y un terreno de 952 metros se vende por 135.000 euros.
La Iglesia evangélica, que sufre el mismo mal que la católica, decidió utilizar las herramientas de la informática para poner a la venta los templos que ya no puede financiar por falta de dinero y también a causa de la huida masiva de creyentes. Para facilitar la venta de sus templos, la Iglesia creó la página web www.kirchengrundstuecke.de donde anuncia la venta de unos 170 templos y casas parroquiales y 140 terrenos baldíos.
La Iglesia evangélica clausuró entre 1990 y 2010, 340 templos de los cuales 46 fueron demolidos y es muy posible que otros mil templos tengan que ser cerrados en las próximas dos décadas a causa de un problema que el pastor Reinhardt Maiwack, portavoz de la institución, conoce de memoria. "Entre 120.000 y 150.000 personas abandonan la Iglesia cada año", dijo el pastor a EL PAÍS.
Las estadísticas de la Iglesia Católica son similares. Según el informe anual 2011-2012 de la Conferencia Episcopal, 126.488 personas abandonaron en 2011 la Iglesia católica alemana, una sangría que obligó a los obispos a cerrar más de 400 templos. "En los próximos 10 años se calcula que unas 700 iglesias dejaran de ser utilizadas para celebrar la liturgia", dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Mathhias Kopp
La Iglesia evangélica clausuró 340 templos entre 1990 y 2010
La venta de iglesias católicas y templos evangélicos en Alemania obedece a una ley categórica que impera en el capitalismo. Sin dinero y sin fieles, las naves religiosas pierden su razón de ser y las autoridades deben vender los edificios donde antiguamente se predicaba la palabra divina. Según estadísticas oficiales, actualmente hay en Alemania un 10% menos de católicos y un 17% menos de evangélicos de los que había a comienzos de los años noventa.
Pero la venta también dejó al desnudo un fenómeno que nunca ha terminado de ser aceptado por los fieles y que provoca inquietud. La gran mayoría de las iglesias que se venden son convertidas en atractivos restaurantes, pistas de baile, gimnasios y oficinas de lujo como ocurrió con la iglesia evangélica Stephanuskirche, en el elegante barrio Eimsbüttel de Hamburgo, o con el monasterio de Geistingen, cerca de Colonia, que fue transformado en un lujoso complejo de viviendas.
La metamorfosis de los templos religiosos en centro de consumo o en oficinas de lujo, que había sido aceptada de mala gana por los fieles, provocó recientemente una terrible polémica en Hamburgo, una ciudad rica, culta, liberal, tolerante y que está orgullosa de ser, como reza uno de sus lemas más conocidos, "una puerta abierta al mundo".
La famosa tolerancia hanseática se hizo trizas cuando la población se enteró, a comienzos de febrero, que la iglesia evangélica Kapernaum ubicado en el barrio Hamburgo-Horn, y que aún luce una torre de 44 metros de altura, había sido adquirida por una comunidad musulmana, para convertir el histórico edificio en una mezquita.
Una comunidad musulmana ha comprado una iglesia para convertirla en mezquita
La comunidad musulmana turca Al-Naour dará a conocer a la opinión pública en breve los planes que tiene para remodelar su interior y ya ha prometido que la fachada seguirá siendo la misma y que la famosa torre no será convertida en un minarete. "Lo que fue una casa de Dios, seguirá siendo una casa de Dios", dijo Daniel Abdin, el líder de la comunidad. "La casa estará abierta a todos los que deseen visitarla".
El edificio había dejado de funcionar como templo religioso en 2002 a causa de un mal que aqueja a la Iglesia evangélica y a la católica por igual. Más de 100.000 creyentes cada año dejan de asistir a los servicios religiosos y, más grave aún, dejan de pagar el diezmo. El templo de Hamburgo-Horn fue adquirido en 2005 por un empresario que prometió transformarlo en un parvulario. El proyecto nunca prosperó y, a fines de 2012, la comunidad Al-Naour, adquirió el edificio.
El negocio inmobiliario acabó con la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes en la tolerante y hermosa ciudad de Hamburgo y contagió al país con una polémica inédita que amenaza con envenenar las, de por sí, delicadas relaciones interreligiosas entre el mundo cristiano y el musulmán, en un país donde viven más tres millones de personas que rezan al profeta: ¿Permiten las reglas que rigen la vida de los evangélicos y católicos, convertir un templo en una mezquita?.
La Iglesia evangélica reformó sus estatutos y el año 2007 prohibió esa posibilidad, pero la medida no afectó a la venta del templo en Hamburgo. Los contratos de compra-venta de templos que firma la Iglesia católica incluyen, desde 2003, una cláusula que impide la transformación de un templo en una mezquita.
La obispo de Hamburgo, Kirsten Fehrs, intentó apagar el incendio con una frase que causó irritación entre su rebaño. "La Iglesia seguirá siendo una casa de Dios", dijo, y añadió que deseaba llevar a cabo un dialogo entre cristianos y musulmanes libre de prejuicios, una visión que no comparte, por ejemplo, el pastor Ulrich Rüss, quien señaló que la divisa, "media luna en lugar de un crucifico", además de ser contraproductiva dejaba al desnudo los efectos negativos de la secularización y los deseos de la religión musulmana de seguir expandiendo su poder en Alemania.
El obispo auxiliar católico de Hamburgo, Hans Jochen Jaschke fue un poco más lejos y se atrevió a calificar la operación de compraventa del templo evangélico como una desgracia y que era impensable intercambiar Ia Iglesia y el cristianismo con el islam, una opinión que también fue apoyada por la dirección regional de la CDU, el partido que preside la canciller Angela Merkel.
La polémica en torno a la iglesia reconvertida en mezquita alcanzó, hace una semana, un grado peligroso y que puede convertir el barrio en un campo de batalla, cuando unos 300 neonazis llevaron a cabo una protesta para impedir la herejía. De inmediato la agrupación Hamburgo contra Nazis convocó a sus miembros para que se apostaran en las inmediaciones de la iglesia. La sangre no llegó al río Elba gracias a la intervención de la policía, pero el incidente marcó el comienzo de una primavera caliente.

Los estadounidenses apoyan la regularización de indocumentados

La mayoría de los estadounidenses considera que se debe permitir a los inmigrantes indocumentados que permanezcan en el país, según un estudio del Centro Pew de Investigación revelado este jueves. La encuesta revela así el apoyo de los ciudadanos a uno de los principales aspectos de la reforma del sistema de inmigración, que podría ser presentada en el Congreso en las próximas semanas.
Siete de cada diez ciudadanos -un 71%- afirma que se debe crear una vía para que los indocumentados puedan permanecer en EE UU si cumplen con ciertos requisitos. Otro 27% estima que no deberían quedarse en el país. Tanto el presidente, Barack Obama, como los ocho legisladores que trabajan en el texto de la reforma han asegurado que la regularización de los indocumentados será imprescindible para sacar la ley adelante. Obama afirmó el pasado mes de enero que vetaría cualquier texto que no incluya esta opción.
El presidente también ha defendido la posibilidad de permitir a los indocumentados que se conviertan en ciudadanos tras cumplir con los requisitos y plazos establecidos por la ley. Sin embargo, este es un asunto que provoca más división entre los ciudadanos. Según Pew, el 43% de los estadounidenses asegura que los indocumentados deben tener acceso a la ciudadanía, frente a un 24% que lo rechaza, y sólo aceptaría que fueran residentes legales.
Ésta última opción ha sido propuesta por varios políticos republicanos y encuentra mayor aceptación entre los conservadores. Los demócratas, así como las organizaciones a favor de la reforma, la han rechazado al considerar que limitar la inclusión de los indocumentados hasta ser residentes legales, crearía una clase de ciudadanos sin plenos derechos, ya que podrían residir y trabajar en EE UU, pero carecerían de derecho a voto y de otros beneficios a los que sí acceden los extranjeros que consiguen la ciudadanía estadounidense.
La reforma del sistema migratorio ha protagonizado un intenso debate en EE UU desde las elecciones del pasado mes de noviembre, cuando Obama resultó reelegido gracias al voto de siete de cada diez hispanos. El presidente demócrata había prometido una nueva ley de inmigración durante su primera campaña electoral, y en sus segundas elecciones presidenciales la comunidad hispana -que batió un récord de participación- pidió con su voto que se acometa finalmente la reforma. El Partido Republicano, muy perjudicado por las leyes aprobadas en diferentes Estados.
Se estima que en EE UU viven 11 millones de personas indocumentadas que han entrado ilegalmente en el país o que permanecieron dentro del territorio estadounidense a pesar de que hubieran caducado los visados con los que cruzaron la frontera. Esos 11 millones de personas, como ha defendido el presidente en numerosas ocasiones, tienen un impacto importante en la sociedad, una opinión que parecen compartir los estadounidenses.
Según el estudio de Pew, el 49% de los ciudadanos considera que los inmigrantes refuerzan la sociedad a través de su trabajo y su talento, mientras que un 41% asegura que son una carga porque consiguen puestos de empleo y acceden al sistema sanitario y de vivienda, consumiendo recursos públicos. Los estadounidenses también se muestran divididos ante los valores morales de los inmigrantes: mientras que un 52% afirma que comparten ideales americanos, el 43% estima que son una amenaza para los valores y costumbres de EE UU.

La policía ordena identificar a quienes participen en los escraches

La Secretaría de Estado de Seguridad ha hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una Instrucción en la que se ordena identificar a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos, un fenómeno conocido como escrache. Fuentes del Ministerio de Interior aclararon poco después que se trata de identificar a quienes se comporten de manera violenta y que la detención solo se produciría en caso de que hubiera agresiones, insultos graves, lanzamientos de objetos o cualquier otra circunstancia violenta, "como en cualquier otra manifestación". Es decir, insisten, la mera presencia pacífica en el escrache no conlleva ni la identificación ni la detención.
"Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente", dice la Instrucción a la que ha tenido acceso Europa Press.
En esa misma nota de apenas un párrafo y firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirige Eugenio Pino "se ruega máxima difusión". Este movimiento de la Secretaría de Estado se produce después de los actos de acoso a diversos dirigentes políticos llevados a cabo en los últimos días por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH).
La policía dará protección de forma temporal a los políticos que denuncien amenazas y acoso por los escraches (protestas a domicilio) organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Al menos ocho diputados del PP han sido visitados en sus casas por desahuciados y algunos de ellos han denunciado amenazas de los participantes en las protestas, a quienes han equiparado con los radicales abertzales del entorno de ETA.
El Ministerio del Interior ha aclarado que la vigilancia que hará la policía no será “en ningún caso” un servicio de escolta, sino que estará destinada “a facilitar” que los afectados puedan hacer “su vida normal”. Fuentes de Interior subrayaron a la agencia Efe que cualquier servidor público “o cualquier ciudadano” puede contar con esa vigilancia policial si denuncia que está siendo víctima de coacciones y amenazas.
Las protestas de la PAH han llevado al malestar al PP, que ha escrito a sus diputados para que mantengan la calma ante cualquier escrache. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó el martes de “profundamente antidemocrática” el seguimiento y señalamiento de políticos contrarios a la iniciativa legislativa popular sobre desahucios.
La organización Stop Desahucios de Bizkaia anunció este jueves próximos escraches que tendrán como destinatarios al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y al diputado de este partido Leopoldo Barreda. La portavoz de este colectivo, Marta Uriarte, ha precisado que no tiene intención de llevar a cabo dichas movilizaciones ante las viviendas de Basagoiti y Barreda, sino en otro lugar aún por decidir. Basagoiti dijo días atrás que la situación de acoso que él ha visto en el País Vasco durante los años de terrorismo es “calcadita a lo que hacen los de la plataforma esta o las personas que se ponen en la puerta de las casas de los dirigentes del PP”. El exlehendakari Patxi López ha rechazado esta comparación en una entrevista con Europa Press en la que ha recordado: “Sabías que detrás de las amenazas del mundo de ETA podía venir alguien con una pistola o con una bomba”.

Los extranjeros pasarán un test de “integración” para nacionalizarse

El Gobierno planea crear un examen oficial de lengua española e “integración en la sociedad española” para los extranjeros que soliciten la nacionalidad (lo hacen unos 100.000 cada año). Así figura en el borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, según adelantó este jueves Europa Press.
En la actualidad, el Código Civil ya establece que la concesión de la nacionalidad estará condicionada, entre otras cosas, a que el solicitante acredite “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Pero quien valora si eso está acreditado —y hasta qué punto, por ejemplo, se tiene en cuenta el dominio del idioma español— son los jueces responsables del Registro Civil en cada territorio; y sus criterios varían mucho. Algunos ya imponen un examen de cultura general, otros solo entrevistan al solicitante para hacerse una idea de su arraigo en el país. Lo que el Ministerio de Justicia propone ahora es crear un “examen oficial”, igual para toda España.
El programa electoral del PP en 2011 lo anunciaba: “Requeriremos el conocimiento de los valores fundamentales contemplados en la Constitución que son la base de nuestra sociedad, y el conocimiento suficiente de la lengua, la historia y cultura españolas para la obtención de la nacionalidad. Se dará una solemnidad adecuada al acto de adquisición de la nacionalidad española”. Ahora ese anuncio se ha puesto en un texto legal: en el artículo 60 del borrador de anteproyecto de la ley de los Registros. Ese artículo señala que el extranjero solicitante de la nacionalidad, en el momento de presentar los documentos que prueben que lleva un tiempo mínimo de residencia en España —entre dos y diez años—, tendrá que hacer constar también que ha superado un “examen oficial” que permita “acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de integración en la sociedad española”.
Todo eso, además, ya no se haría ante un juez, sino en una notaría, porque esa futura reforma de los Registros delegará en los notarios la celebración de los matrimonios y la gestión de los expedientes de nacionalidad. Ellos estudiarían la documentación del solicitante y el resultado de ese examen y elevarían su propuesta, aunque la concesión o denegación final seguiría siendo competencia del Ministerio de Justicia.
En la actualidad, el reglamento de la Ley de Registro Civil determina que, para acreditar su “integración en la sociedad”, el solicitante indique, entre otras cosas, “si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente”. Es decir, ahora el extranjero ya tiene que intentar convencer a la Administración y al juez de que está “integrado”, pero no tiene que pasar un examen oficial para demostrarlo (salvo en el caso de jueces que sí lo han instaurado).
“El anteproyecto aún está en elaboración y lo del examen está sin cerrar. Estamos hablando con el Ministerio de Educación para ver si puede hacerse y qué contenidos tendría. Pero la idea es acabar con la discrecionalidad actual, establecer una prueba objetiva y homogénea para que todos los solicitantes de nacionalidad cumplan los mismos requisitos en toda España”, explican fuentes de Justicia. La prueba, si llega a aprobarse, tendría un nivel “básico” y se convocaría “dos o tres veces al año”, de modo que los extranjeros tendrían que ceñirse a esas convocatorias a la hora de presentar su solicitud.
El borrador de anteproyecto modifica también el artículo 25 del Código Civil, el que recoge los motivos de pérdida de la nacionalidad de quienes no son españoles de origen. A los motivos actuales (haber seguido usando la nacionalidad anterior a la que se dijo renunciar, ser militar o cargo público en un país extranjero o haber falsificado el expediente) se añade otro: el Gobierno podrá retirar la nacionalidad “por razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional”. Además, el hecho de ser militar o cargo público en otro país ahora solo implica la pérdida de nacionalidad si ese cargo se ha ocupado “contra la prohibición expresa del Gobierno” español; en el borrador ese matiz se elimina: asumir esos cargos implicará, siempre, la retirada de la nacionalidad.

La PAH entrega 15 pisos a personas desahuciadas

La PAH entrega 15 pisos a personas desahuciadas

Miembros de la Plataforma 'Stop Desahucios' están acondicionando pisos en los que vivirán familias desahuciadas. En total quince pisos de un bloque que pertenece a una entidad bancaria. Está vacío y por estrenar. Pertenece a 'Mare Nostrum' y lleva dos años vacío.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca no concibe su desuso. Por eso, lo ha ocupado. Miembros de este colectivo aseguran que "lo que hemos hecho es de sentido común".
La PAH ya ha anunciado que ocupará más edificios propiedad de entidades bancarias. Las reivindicaciones de la plataforma van más allá. También quieren recuperar tierras en desuso y han convertido un descampado en un huerto en el que todos colaboran.
Por si acaso, el edificio está custodiado por los vecinos día y noche. Quieren están preparados ante un posible desalojo. La Plataforma decidirá en asamblea qué familias vivirán en el bloque. Vecino del barrio aportan muebles y comida.