tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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domingo, 13 de abril de 2014

La Mayoría Absoluta del PP - La Ley Electoral

Pollo a la parmesana


Obama pide a gobiernos amigos que encarcelen a los secuestrados de Guantánamo

http://www.farc-ep.co/


No se trata, como parecen creer algunos, que el gobierno de Obama va a poner en libertad a los centenares de prisioneros que mantiene arbitrariamente.
El imperialismo norteamericano, encabezado por el monstruoso George Bush, desató la llamada Guerra contra el Terrorismo a partir del 11 de septiembre de 2001, tras los más que sospechosos ataques contra Las Torres Gemelas. Eso al calor de los cantos del Nuevo Siglo Americano, la teoría de dominación universal implementada por la más rabiosa ultraderecha fascista de ese país.
Todos los pueblos del mundo quedaron notificados de que en adelante, levantarse a luchar por la independencia y la soberanía, desataría contra ellos la más terrible de las guerras, en la que el imperio emplearía todas las armas de aplastamiento. Invasiones, ocupaciones, bombardeos, masacres, asesinatos y arbitrariedades a granel. Todos conocemos los ejemplos de su aplicación.
En medio de tan repetidas muestras de brutalidad, la humanidad entera se conmueve e indigna de manera especial ante el drama de los prisioneros en esa supuesta guerra antiterrorista, gentes secuestradas en cualquier lugar del mundo por la CIA o sus amigos de la OTAN, y trasladadas en secreto a Guantánamo u otras mazmorras preparadas en la clandestinidad.
Invocando el Acta Patriótica decretada al comenzar su guerra, el gobierno de los Estados Unidos decide de manera secreta a quien echar mano, para encerrarlo y someterlo a los más infames tratos, dentro de los cuales se considera legítima la tortura, sin presentarlo nunca ante una autoridad judicial, ni informar a nadie de su estado, por todo el tiempo que le venga en gana.
Eso sí, de lo que se cuidan las autoridades norteamericanas es de no trasladarlos a su propio país, porque entonces, según lo dicho por su Corte Suprema, tendrían que otorgarles todos los derechos y garantías que reconoce la ley a cualquier persona acusada de un hecho ilícito. Es decir, tendrían que liberarlos de inmediato por haber violado sus derechos elementales como persona.
Palabras más, palabras menos, el gobierno de los Estados Unidos se arroga la facultad de secuestrar en cualquier país del mundo a quienes considere sus enemigos, mantenerlos privados de la libertad por el tiempo que quiera, torturarlos y hacer con ellos lo que quiera, por encima de sus propias constitución y leyes, sin consideración por ningún tratado o ley internacional.
Su poderío económico y militar les otorga también la colaboración y hasta la sumisión de muchos otros Estados y gobiernos, como los de sus pares de la OTAN, muchos de cuyos servicios de inteligencia se prestaron para secuestrar ciudadanos extranjeros y retenerlos en cárceles secretas a disposición de los investigadores. Todo eso se hizo público años atrás sin que pasara nada.
La cuestión es que el Presidente Obama subió a la Presidencia de los Estados Unidos con la promesa de poner fin a esos horrores institucionalizados por el gobierno republicano de Bush, sin que hubiera podido cumplir. El poder de la ultraderecha militarista del Pentágono terminó por demostrarle quién es el que manda en verdad en Norteamérica.
Ya en su segundo período presidencial, Barack Obama, sin duda presionado por muchísimos sectores de su propio país y el mundo, ve la necesidad de salvar la imagen de los Estados Unidos y parece dispuesto a acabar por lo menos con la cárcel existente en Guantánamo, que por ser una base militar norteamericana, así esté ubicada en Cuba, le genera serias repercusiones.
Es ese el fundamento de la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a varios países suramericanos, para que le hagan el favor de recibir en sus territorios a esos prisioneros. No se trata, como parecen creer algunos, que el gobierno de Obama va a poner en libertad a los centenares de prisioneros que mantiene arbitrariamente.
Se trata de que gobiernos amigos se hagan cargo materialmente de encarcelar esos secuestrados, que jurídicamente seguirán siendo prisioneros del gobierno de los Estados Unidos. O como quien dice, alivien a los Estados Unidos de las presiones políticas y hasta jurídicas de sus propias cortes, puesto que podrán alegar que en estricto sentido no tienen prisioneros dentro ni fuera de su país.
¿Y a qué título podrían estar encarcelados en Colombia, por poner un ejemplo, si la Constitución y las leyes prohíben tener privado de su libertad a alguien sin orden de autoridad judicial competente, y existen unos términos muy precisos para ordenar su libertad inmediata? En apariencia habría que torcer la juridicidad colombiana para permitir algo así.
A menos que claro, se invoque uno de esos acuerdos secretos firmados con frecuencia entre el gobierno colombiano y el norteamericano, los cuales según las razones de seguridad nacional que se alegan, no pueden ser conocidos ni discutidos por nadie en nuestro país, ni siquiera por el Congreso de la República o las altas cortes judiciales.
Eso nos hace recordar los tan recientemente alabados acuerdos de colaboración militar y de inteligencia entre Colombia y la OTAN, que incluso llevaron al Presidente Santos, en un arrebato de emoción, a expresar orgullosamente que nuestro país sería admitido en esa alianza dentro de breve plazo. Vaya uno a saber las infamias que se acuerdan a espaldas de todos los colombianos.
Queda perfectamente claro que tan solo pensar en admitir que Colombia se haga cargo de esos prisioneros, implica admitir que la llamada guerra contra el terrorismo decretada por el gobierno norteamericano es legítima, como que son legítimos todos sus procedimientos salvajes, incluidos desde luego el secuestro, la tortura y las condenas arbitrarias sin las menores garantías.
Pensar en esa posibilidad, por cuenta de la sugestión que sea, conlleva a sumarse a la institucionalización del terrorismo internacional. El día de mañana ya no serán necesarios trámites como los de la extradición, sino que el gobierno norteamericano o sus aliados podrán hacer que se secuestre, torture y condene en cualquier lugar del mundo a quien consideren su enemigo.
Parodiando a uno de los personajes del novelista alemán Paul Heyse, hay cosas que un hombre que se respete a sí mismo no puede aceptar, por muy inclinado que se sienta a ello. Ningún colombiano, ningún latinoamericano, ningún habitante de los cinco continentes puede contribuir con su silencio o su apoyo a la legalización de semejante arbitrariedad.

Cataluña quiere votar, y con razón

Dos Gobiernos, el español y el catalán, frente a frente. Dos trincheras. Así quedó la cuestión catalana tras el debate en el Congreso, el 8 de abril. Bloqueada, sin puentes: apenas una débil pasarela entre la reforma federal que ofrece Pérez Rubalcaba y la disposición a negociar todo, sin límite, incluido un referéndum convocado por el Gobierno, que sugiere Duran Lleida. Pero no mandan.
» Peligro: enquistamiento. Sin avances, la cosa amenaza enquistamiento. El enquistamiento es fatigante. Y más si dura hasta las europeas, el 25 de mayo. O peor, hasta las legislativas, porque a los dos nacionalismos enfrentados les conviene calentar las fes contrarias de los suyos. Quizá no sea dramático, pero sí peligroso. La falta de respuesta oficial, o contraoferta, o lo que sea, conlleva el peligro de mayor radicalización independentista. Viene ocurriendo al menos desde la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), verano de 2010, que melló el Estatut. Tampoco es trágico. Salvo accidente imprevisto. Los accidentes son peores cuando no hay tejido de complicidades que los absorban.
» No es un terrón soluble. Ambos polos quieren lo imposible. El Gobierno de Rajoy Brey acaricia que el paso del tiempo disuelva el envite, como el agua un terrón de azúcar. Pero esto no es Ibarretxe Markuartu. Aquel envite era el final del proceso, era a todo o nada, y quedó en nada porque no había un poder alternativo viable: no lo era el batasunismo. Tampoco lo había en Milán, cuando la Lega proclamó la República Padana en 1996, y no hubo nada. Aquí hay un triángulo punzante: Mas Gavarró que se cuidará de no incurrir en ilegalidades; Junqueras Vies controlando sin exponerse, y...
»...la gran agitadora. La Assemblea Nacional Catalana. Es una maquinaria propagandística milimétrica, arrolladora. Populismo híbrido de manual de insurgencia y boy scoutismo ingenuo, de táctica levemente trotskista y modales vegetarianos: encarna un remedo de doble poder, a la mediterránea. Acaba de afeitar su hoja de ruta, enmascarando la llamada a ocupar aeropuertos y otros lugares estratégicos, que ahora encomienda a unas “autoridades”: las legales si no hay bronca, unas asambleas soviético/parlamentarias si el Estado detuviese a la Generalitat. Van fuertes. ¿Qué ocurre si pasan de montar demostraciones vistosas, tipo cadenas humanas, a organizar desobediencias civiles de baja intensidad y amplio seguimiento? Muy propias para la rauxa/ira catalana, tan sesgada de seny/sensatez, esa exposición —limitada— al riesgo.
» Imposible represión. Descarten los cantos de sirena de Aznar López o de Vidal-Quadras Roca llamando a la represión. No está nada claro que el artículo 155 de la Constitución permita suspender sin más la Generalitat; y mucho menos disolverla con la Guardia Civil: además, el TC —en su sentencia del pasado 25 de marzo— ampara el “derecho a decidir”, si es dentro del cauce legal. Mas no dará ocasión ni Rajoy es Aznar: a Dios gracias.
» Recovecos legales. Así que: ahora, ¿qué? El presidente de la Generalitat ya lo ha dicho —aunque habla mucho, arenga cada día, más que Pujol Soley—: redactará una nueva ley de consultas autonómica. Pero si ya dispone de una. Ojo al detalle: la elaboró el tripartito, llegó al TC, se suspendió cinco meses al ser admitida a trámite y luego... ¡está vigente! ¿Por qué no la usa? Porque su artículo 7 remite la propuesta de consulta al artículo 92 de la Constitución. Al visto bueno del Congreso, y esta película ya la hemos visto. O sea, la nueva ley amparará consultas si no desbordan el ámbito competencial de la Generalitat (artículo 122 del Estatut). Quizá pueda aspirar a sortear el filtro del TC. Pero si no, vale igual para la campaña electoral: lo hemos intentado todo, todo por lo legal sin dejarnos desbordar por Esquerra ni la ANC, y nos vuelven a rechazar, somos víctimas, dadme ahora la gran mayoría que me negasteis. Si la ley sobrevive, ¿sobrevivirá la convocatoria de seudo-referéndum? Poco creíble. Con mucha suerte, el TC sorprenderá, señalando alternativas posibles —a la canadiense, esa sabia manera de resucitarse—, la pelota seguirá botando. Sin suerte, es igual: otra negativa, y van...; disuadimos las esperanzas federales de los federalistas; propagamos de nuevo que se nos ningunea/persigue; activamos la internacionalización. Siempre bingo.
» Enfrente, en MadriT, nadie. Y encima, la suerte de que enfrente, en MadriT, con “T” final, no hay nadie. Vamos, nadie con un plan. Fuera las tentaciones de un pacto fiscal, que se sublevarán Monago Terraza o González González, temen. Ni siquiera una pizca de cosmética lingüística o competencial. De momento, rien de rien, je ne regrette rien, que lo urgente es esperar.
» Lo contrario de elecciones. Cuando ya no quede ninguna esperanza de consulta legal, y solo entonces, llegará el a-modo-de-sucedáneo. Las elecciones “plebiscitarias”, que las llaman. Un sinsentido, una contradicción en sus términos, una cacofonía conceptual, pues elección y plebiscito, agua y aceite. Se elige entre múltiples opciones; se plebiscita un solo concepto, una sola persona. Y después, ¿qué? Ni yo mismo lo sé, confiesa Mas en la intimidad. No hay plan: problema para los catalanes. Pero menudo plan si se erige una mayoría votando claramente independencia (el 25-N de 2012 los de Mas votaron “Estado propio”, que no es café, sino achicoria). Y doble problema para catalanoespañoles o hispanocatalanes: aún, la mayoría.
» Un clamor en el desierto. Y mira que la sentencia del 25-M les tenía bastante advertidos: dialoguen. Más aún: les llama a “resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas”. Cuatro conceptos más que fuertes, contundentes, en media frase rotunda. Del diálogo necesario solo excluye dos ideas: un referéndum convocado “unilateralmente” (página 30) y “el poder de quebrar” la unidad por solo una porción de españoles (página 29). Pero no rechaza otras posibles formas de referéndum o consulta (no unilaterales) ni sobre otros asuntos (conexos): la imaginación, al poder.
» Los catalanes quieren votar. Imaginación, porque los catalanes quieren votar. No necesariamente este zafio referéndum con truco que se ideó malamente el pasado diciembre: dos preguntas encadenadas que permitirían declarar la independencia con un 25% de los votantes (si la mitad son partidarios de tener un Estado, y de ellos, la mitad vota la separación), y con un 12,5% más uno, si medio censo se abstiene. Quieren, un 72,2% según las últimas elecciones, votar en referéndum su futuro. No es un capricho. Tienen razones. Votaron un Estatut nuevo, y un recurso y una sentencia se lo secuestraron. Un clavo saca a otro clavo. Una votación lava un secuestro.
» Pero ¿qué? y ¿cómo? Pero no está escrito qué y cómo votar, salvo en la esotérica e imposible propuesta de la tramposa doble pregunta y el 9-N, ese referéndum inviable además porque no hay ni censo, ni junta, ni ley electoral propia, ay, ese Parlament sesteante durante tres decenios. Hay otros referendos posibles. ¿Cuáles? Por ejemplo, convocados por el Congreso y en toda España: habría recuento específico de la voluntad de la ciudadanía catalana, sería difícil ignorarla. Pacten la pregunta. O solo en Cataluña, como apoyo a la propuesta legal de iniciar una reforma de gran calado: por ejemplo, constitucional. O...
» “Mutación” de Miñón. También puede pactarse entre Barcelona y Madrid una vieja fórmula que fue cara a Pujol y lo es a Roca Junyent. La fabricó Argullol Morgadas (Enric): releer la Constitución. La ha ahondado Herrero de Miñón, quien extasió con ella el miércoles al Círculo de Economía de Barcelona. Releer la Constitución para producirle una “mutación”. Blindaje de Cataluña como nación, financiación, educación, lengua... fin del café para todos. Una revolución legal. ¿Cómo se garantiza? Un pacto solemne. Votable.
» Una disposición adicional. Fórmula parecida: una disposición adicional de nueva planta a la Constitución, en igual sentido. Breve, un clavo del que colgar mucho. La sugirió Duran. La viene predicando Zarzalejos Nieto, periodista. De fuste. Ventaja, cabría aspirar a someterla a una reforma rápida, como la de la estabilidad presupuestaria.
» La reforma federal. La de verdad. La que ha elaborado el PSOE (otros también podrían) y ninguno de sus detractores la ha leído enteramente: léanla, en el documento completo, no en el resumido. Solo le falta contundencia en la lengua: lo mejor, que sea un modelo a la helvética. Podría abordarse con calma. Por fases, empezando con la fórmula de la “mutación”. O la de la adicional. Nada imposible. Vótese. Si se quiere evitar la catástrofe.

La esposa de la primera ministra

Dos mujeres solas, de pie, junto al fax. Una es la primera ministra de Islandia; la otra, escritora. Se disponen a pulsar el botón de enviar de la máquina para sellar su matrimonio. Es el 27 de junio de 2010, y el país nórdico acaba de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Unas horas después, sentadas en el discreto restaurante de un hotel de Akureyri, en el norte de la isla, Jóhanna Sigurdardóttir (Reikiavik, 1954), la primera jefa de Gobierno abiertamente homosexual, propone a su esposa, Jónína Leósdóttir (Reikiavik, 1942), contar la historia de su relación, un largo camino de más de tres décadas, no exento de dificultades y renuncias, marcado por la clandestinidad de los primeros años.
El libro que sugirió Sigurdardóttir, que dejó el cargo en mayo del pasado año, se llama Jóhanna y yo. Está publicado solo en islandés, aunque Leósdóttir lo acaba de presentar en Londres. Recorre una relación de 31 años. Se conocieron en 1983, cuando Leósdóttir, que entonces tenía 29 años, aceptó formar parte de la lista de la Alianza de Socialdemócratas, que concurría a las elecciones. Por entonces estaba casada desde hacía 11 años con el político Jón Ormur Halldórsson, con quien tenía un hijo. No salió elegida, y en otoño de ese año empezó a formar parte de un comité de mujeres presidido por Jóhanna Sigurdardóttir. La que se convertiría en primera ministra de Islandia 26 años más tarde era, a sus 41 años, diputada por Reikiavik desde hacía cinco y estaba también casada —con el empresario Torvaldur Johannesson, con quien tenía dos hijos—.
Leósdóttir y Sigurdardóttir empezaron a compartir sus sentimientos a contracorriente. A los prejuicios internos sobre la propia sexualidad recién descubierta, se unían los externos de la sociedad islandesa de la época, y más en el expuesto mundo de la política. “En 1985, los homosexuales en Islandia no tenían derechos legales y había ignorancia e ideas preconcebidas sobre el tema”, relata Leósdóttir. Aún faltaban 11 años para que se aprobara en 1996 —con el voto favorable de todos los partidos— el registro de uniones civiles, que reconocía a las parejas del mismo sexo en Islandia idénticas protecciones, responsabilidades y derechos que el matrimonio. Un viaje del comité de mujeres, al que asistieron juntas en abril de 1985, les ofreció la oportunidad de aclarar sus sensaciones. “No solo nunca había asociado la homosexualidad conmigo, en general tenía poco interés y un conocimiento limitado de las relaciones entre personas del mismo sexo”.
Coherentes con sus respectivos sentimientos, se divorcian para iniciar una relación que mantendrán en privado por temor a que afectara a la meteórica ascensión de Sigurdardóttir, vicepresidenta de su partido desde 1984 y ministra de Asuntos Sociales desde julio de 1987. “Podría haber arruinado la carrera de Jóhanna y no hubiera sido bueno para nuestra relación”, reconoce. Y acuerdan cuidar el secreto hasta que “la actitud de la sociedad se volviera más favorable”. En aquel momento, “la idea de que algún día pudiéramos casarnos sonaba a ciencia ficción”.
En la v
Fueron años marcados por el aislamiento en los que hacían vida separada de lunes a viernes, concentradas en sus respectivos trabajos. Solo coincidían los fines de semana. Leósdóttir se dedicó a trabajar en varias revistas, y empezó su carrera de escritora. Su primera novela, Juntos y separados (1993), trataba sobre la experiencia de un niño que sufrió el divorcio de sus padres. Fue inevitable que comenzaran a circular rumores sobre la posible relación de ambas mujeres —Islandia es un país pequeño de algo más de 330.000 habitantes—. Leósdóttir habla abiertamente con sus padres sobre la relación y estos le confiesan que esperaban que “solo fueran un par de amigas que se juntaban para tomar una copa”, comenta. Aunque la ley de uniones civiles se aprueba en 1996 aún tardan cuatro años en irse a vivir juntas —“admito que esperamos mucho, demasiado”, dice— y dos más para inscribirse —“aunque no me gustaba que nuestra relación se clasificara en una categoría especial”—.
Con Sigurdardóttir en el Gobierno y ya casadas —“había una gran atención en los medios internacionales”—, la pareja emprende una visita oficial a las Islas Feroe, un archipiélago autónomo de Dinamarca. Fue uno de los momentos más complicados. En aquella ocasión, Jenis av Rana, líder del Partido Cristiano de Centro, rechazó la invitación a la cena ofrecida por el primer ministro feroés, Kaj Leo Johannesen, al matrimonio islandés porque no quería compartir mesa con una pareja cuyo estilo de vida estaba en contra de las enseñanzas de la Biblia. “El episodio fue más difícil para el pueblo de las Islas Feroe que para nosotras. La población sintió que ese hombre nos había insultado”, recuerda. Un año después, en junio de 2011, se fundó en las Islas Feroe la asociación LGBT.
Durante los cuatro años en los que fue primera dama de Islandia, Leósdóttir volvió a la soledad. “Eran tiempos terribles en Islandia, de vida o muerte”. Sin apenas vida social y permanentemente sola en casa —en Islandia no hay residencia oficial del primer ministro—, se dedicó a escribir. “Durante unos años nuestras vidas giraban en torno al trabajo. Pero en dos mundos muy diferentes, la política y la literatura”.
En 2012, Sigurdardóttir anuncia que no concurrirá a las elecciones y que se retirará de la política cuando acabe su mandato en 2013. Quizás por eso, a la visita oficial a China en abril de 2013 —un país en el que la homosexualidad estaba considerada una enfermedad mental hasta el año 2001 y un crimen hasta 1997—, Sigurdardóttir decidió ir con su mujer, reivindicando que eran una pareja casada legalmente. “Era difícil decir lo que la gente estaba realmente pensando. Era la primera vez que China acogía a una pareja del mismo sexo como invitados oficiales, por lo que fue una experiencia nueva para ellos y supongo que no les resultó fácil”. De aquel viaje, la televisión Phoenix Hong Kong mostró a la primera ministra islandesa agradeciendo al primer ministro chino, Li Keqiang, su hospitalidad hacia ella y su esposa. Un momento que la CCTV, el grupo público de televisión de China, no recogió. “Pero todos fueron extremadamente corteses y respetuosos conmigo”.
Ya retirada de la primera línea de la política, a la pareja se la puede ver junta “apoyando las manifestaciones frente al Parlamento islandés” contra el actual Gobierno de centroderecha que ha decidido retirar la solicitud de ingreso de Islandia en la Unión Europea.
También se muestran activas en la defensa de los derechos de los homosexuales. “El año pasado participé en dos ocasiones en una protesta frente a la Embajada de Rusia por sus leyes homófobas”. No obstante, aunque lejos de la situación rusa —“en Islandia las leyes prohíben toda discriminación"—, piensa que aún queda camino por recorrer. “Recientemente la asociación LGBT en Islandia hizo una encuesta entre sus miembros, y más del 70% dijo que había sufrido algún tipo de burla, acoso o discriminación”, relata. “Por eso, aunque nos sentimos un poco expuestas después de revelar nuestra vida privada tan abiertamente, estamos contentas de haber dado este paso”.

La NSA controla el Wi-Fi en los aviones estadounidenses saltándose las leyes

rt.com


Las empresas estadounidenses que ofrecen conexión de Wi-Fi en los vuelos nacionales han adaptado sus tecnologías para permitir el monitoreo de datos de los pasajeros por los servicios de seguridad.
Según una carta dirigida a la Comisión Federal de Comunicaciones que ha sido filtrada por la revista 'The Wired', Gogo, uno de los más grandes proveedores de Internet para las aerolíneas nacionales estadounidenses, admitió haber violado la ley sobre la privacidad de datos personales, colaborando con la NSA.

"En el diseño de su red existente, Gogo trabajó en estrecha colaboración con las autoridades para incorporar funcionalidades y garantías que estuvieran al servicio de la seguridad pública y nacional", escribió el abogado de Gogo Karis Hastings en la carta, que data de 2012.

No obstante, resulta que Gogo no es la única empresa que voluntariamente viola la ley de privacidad de los pasajeros. De acuerdo con la publicación otro proveedor de Wi-Fi en los aviones, Panasonic Avionics, también ha decidido ampliar sus capacidades técnicas y agregar "una funcionalidad especial" que permita a la agencia de espionaje vigilar el tráfico de Internet. 

Los 10.000 aforados españoles son una excepción en Europa y EE UU

España mima en qué banquillo se sientan sus cargos públicos. Mientras que cualquier diputado autonómico español solo puede ser juzgado por el Supremo o el Tribunal Superior de su comunidad, en Estados Unidos y el resto de Europa se vigila mucho que todos los ciudadanos se sientan iguales ante la ley. Esa es la razón de que Berlusconi ya conozca la mitad de tribunales ordinarios de Italia, o que el expresidente alemán Christian Wulff probase en 2012 el duro banquillo de un tribunal de Hannover por un cohecho impropio de 720 euros.
En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no tienen aforados que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. En Portugal e Italia solo se le consiente al presidente de la República; y en Francia, al presidente, primer ministro y su Gobierno. En el otro extremo, en España 10.000 personas se acogen a este privilegio que el Ministerio de Justiciapretende ampliar a los Príncipes de Asturias y a la Reina Sofía. Del total de aforados, 2.300 son políticos, y la mitad de ellos, diputados autonómicos.
El presidente alemán Christian Wulff dimitió en 2012 sin que hiciera falta levantarle la inmunidad. Bastó la mera petición de la Fiscalía de Hannover por un caso del que fue declarado inocente. / J. STRATENSCHULTE
La finalidad teórica del aforamiento es doble. Por un lado, que la labor de los altos cargos no sea lastrada por maniobras espurias; por otro, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a poderosos. La Constitución prevé que la figura proteja al presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores. Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial amplió la categoría a los jueces y fiscales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Y finalmente llegaron los Estatutos de autonomía para disparar la cifra con la inclusión de los miembros de los Gobiernos y Parlamentos autónomos y sus defensores del pueblo.
“Cuando salimos al exterior y contamos esto, sorprende”, explica Iñaki Esparza, catedrático de la Universidad del País Vasco y, junto a Juan Luis Gómez Colomer, autor de la obra cumbre en la materia, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. “La figura responde al contexto en que se diseñó”, explica: un país en que políticos y jueces estaban en transición hacia hábitos democráticos, y derechos como la libertad de expresión requerían protección. “El problema es que se fue ampliando una figura que, a ojos de hoy, parece una incorrecta comprensión de lo que debe ser la inmunidad. Luego el Estado de las autonomías lo multiplicó por 17, y en el siglo XXI la foto final no es presentable”.
Aforamiento e inmunidad no son lo mismo. La inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal, aunque en los países anglosajones no exista. La figura se inspira en la Revolución Francesa y ha calado en la Europa continental con diferentes formulaciones. En España los parlamentarios solo pueden ser detenidos en “flagrante delito” y para procesarlos debe autorizarlo la cámara respectiva. Sin embargo, ya en 1992 el Tribunal Constitucional fijó que este permiso sea prácticamente automático.
Según países, la situación varía notablemente. En Francia existe la inmunidad parlamentaria para diputados, senadores y eurodiputados (999 en total) pero, una vez que la revoca la mesa de sus cámaras, se los juzga en tribunales ordinarios. En los raros casos en los que la protección no se ha levantado, se han vistopolémicas como la de este año con el senador Serge Dassault, investigado por compra de votos cuando era alcalde de Corbeil-Essone. Al final fue él quien pidió que le levantaran la inmunidad para evitar mayores apuros.
Los 21 miembros del Gobierno francés son, ellos sí, aforados. Solo podrían ser juzgados por un tribunal especial —la Corte de Justicia Republicana— si sus casos tuvieran que ver con la política. Si, por ejemplo, cometiesen un asesinato, comparecerían ante un juez ordinario.
En Italia a los políticos se les juzga sin restricciones pero, para aplicarles prisión preventiva, hay que pedir un permiso a las cámaras que estas deniegan sistemáticamente, generando la polémica comprensible. En el caso de Silvio Berlusconi, una vez expulsado del Senado por su condena en firme en el caso Mediaset, su situación se ha agravado porque, sin inmunidad, son muchas las espadas judiciales que penden sobre él. A pesar de estas trabas, Il Cavaliere, con 38 casos a sus espaldas, siempre ha sido juzgado por tribunales ordinarios (Milán, Bari…). Solo se libra de esta regla el presidente, Giorgio Napolitano, único aforado de Italia.
En Alemania son mucho más restrictivos. No existe ningún aforamiento, y solo son inmunes el presidente y miembros del parlamento (no la canciller, Angela Merkel), y el proceso para levantarles el privilegio es automático. El jefe de Estado es inmune pero no inviolable, como lo son Juan Carlos I, Isabel II en Reino Unido, o el presidente francés (hasta que deja el cargo: por eso Jacques Chirac en 2011 fue condenado por corrupción). Para un político alemán recibir una petición de retirada de inmunidad es un deshonor. El expresidente Christian Wulff dimitió cuando le llegó en 2012 una de la Fiscalía de Hannover por supuestos sobornos de un empleado cinematográfico.
Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal y conocedor del derecho alemán, explica la distancia entre este sistema y el español: “Esta inmunidad para proteger la representación ciudadana no tiene nada que ver con el aforamiento que existe en España y que no tiene ninguna justificación, a mi juicio. Que un cargo público esté aforado implica la suposición de que un tribunal superior será mejor o más justo que otro. Pero en realidad esta regla especial solo se puede comprender como un intento de proteger a ciertos cargos haciendo que los juzguen tribunales más cercanos el poder ejecutivo, ya que cualquier tribunal —el que resulte competente conforme a las reglas generales— es en sí mismo expresión indivisible del poder judicial”.
Para terminar con los vecinos, en Portugal existe inmunidad parlamentaria, pero solo gozan de la prerrogativa de ser juzgados por el Tribunal Supremo el presidente de la República, el primer ministro y el presidente de la asamblea. Al otro lado del Atlántico, en EE UU, en línea con la idea británica de igualdad legal, jueces y políticos —hasta el presidente— se sujetan al tribunal que corresponda al delito que haya cometido. El impeachment, al que fue sometido Bill Clinton ante la sospecha de perjurio en el escándalo de Monica Lewinsky, no fue un procedimiento judicial sino político. De haber cometido delito, el presidente sería juzgado en un tribunal normal, pero eso nunca ha ocurrido porque Nixon dimitió, y el caso de Clinton quedó en nada.
El Senado francés rechazó levantar la inmunidad del exalcalde y cuarta fortuna del país Serge Dassault por un escándalo de compra de votos. Ante la presión, en febrero tuvo que pedir que le despojaran definitivamente del privilegio. / J. DEMARTHON (AFP)
En España la proliferación de aforados hace tiempo que causa inquietud en círculos judiciales. “No entendemos adecuado que los aforamientos hayan alcanzado la extensión que han logrado”, explica el portavoz de los 47 decanos españoles y juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa: “Crea suspicacia entre los ciudadanos”. Además de por las sospechas que genera la figura, a los jueces no les gustan las diferencias entre supuestos tribunales VIP y de segunda; tampoco disfunciones como que jueces del Supremo que llevan 30 años sin instruir un caso se vean de pronto ante la necesidad de juzgar desde una infracción grave de tráfico a complejas tramas de corrupción. Sin embargo, el asunto no había levantado mayor atención ciudadana hasta que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que piensa ampliar la categoría de aforados a la Reina y el Príncipe Felipe.
Esta declaración coincide con otro episodio que ha puesto de relieve las tensiones que genera el sistema. El lunes pasado dos guardias civiles visitaron el Congreso de los Diputados con un mensaje de la juez Mercedes Alaya para tres aforados, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera. El mensaje no se pudo entregar porque Alaya, responsable del caso de los ERE, no es competente para imputar a diputados y está obligada a elevar una exposición razonada de indicios penales ante el Tribunal Supremo. El movimiento de la juez se ha leído como un desafío, entre otras cosas porque su instrucción del caso se ve muy condicionada por esta figura. Si no quiere tener que desgajar la investigación y remitir a tribunales superiores la parte que corresponde a los aforados, no puede concretar acusaciones contra los implicados en el caso que tengan esta condición.
Esta barrera ya ha lastrado infinidad de investigaciones. Por poner un ejemplo entre cientos, en el caso Gürtel el juez Baltasar Garzón se inhibió de parte del sumario en favor del Supremo al topar con el entonces senador Luis Bárcenas, o frente al Tribunal Superior de Valencia ante los indicios de responsabilidad del expresidente autonómico Francisco Camps y el diputado Ricardo Costa.
En la actualidad hay 28 aforados imputados en tribunales superiores de justicia autonómicos. Pero esta legislatura, solo en Valencia, han sido 13.Y la lista de problemas continúa: los aforamientos generan polémicas entre tribunales que se envían y devuelven piezas según los cargos de los implicados. Y, cuando en un caso conviven aforados y personas que no lo son, los no aforados suelen acabar también en el tribunal especial.
Una llamada al Supremo para saber qué casos manejan con aforados sirve para recordar que muchas veces las figuras públicas se enfrentan a procesos que difícilmente les habrían afectado de no ser personajes conocidos. “Aquí llegan muchísimas querellas, de Rajoy para abajo”, explica un portavoz: “Algunas a mano y por argumentos muy curiosos”. Una Secretaría de causas especiales en la Sala de lo Penal lidia ahora con procesos muy variados que implican a jueces y políticos. Algunos son querellas y casos comunes impropios de un tribunal superior; otros tienen mayor calado: desde la imputación de Joaquín Ortiz Blasco —exmagistrado del Tribunal Superior de Cataluña— por la adjudicación de las ITV en Cataluña, al proceso contra el senador Miguel Zerolo (Coalición Canaria), por presunta prevaricación.
Otro debate es si supone un beneficio neto para los aforados acudir a un tribunal superior, sabiendo que pierden el derecho a una segunda instancia. No existen pruebas de que se registren más absoluciones en estos casos. Sí que se resuelven antes. “Un caso como el del exministro de Fomento José Blanco [absuelto de tráfico de influencias] probablemente no habría podido ir tan rápido en un tribunal común”, considera Iñaki Esparza. Evitarse los atascos judiciales que padece el común de los mortales quizá no se pueda considerar una ventaja menor.

Un incendio incontrolable ataca el puerto chileno de Valparaíso

El incendio que asedia la ciudad portuaria chilena de Valparaíso ha causado cuatro muertos, la destrucción de 500 viviendas y ha obligado a evacuar a 3.000 personas, según un balance parcial. Los militares han tomado el control público de la localidad, a 120 kilómetros de Santiago de Chile, después de que la presidenta, Michelle Bachelet, decretara el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas colaboren en aplacar el fuego, que avanza sin control desde la tarde del sábado avivado por los fuertes vientos costeros. “He vivido siempre en el puerto y es la mayor catástrofe que he visto”, ha señalado al canal 24 Horas el jefe regional, el intendente Rodrigo Bravo.
El fuego comenzó a las 16.30 horas en Chile (cinco horas más en la España peninsular) en el camino La Pólvora, una de las carreteras de acceso a Valparaíso, que en 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las malas condiciones climáticas y sobre todo el abundante viento ha provocado que el incendio forestal se extendiera hacia las zonas habitadas de la ciudad. Doce horas después de iniciarse, el siniestro abarcaba unas 270 hectáreas, y afectaba a las zonas pobladas de los cerros La Cruz, El Vergel, San Roque, Las Cañas y Mariposas.
Las víctimas mortales son tres hombres y una mujer, según el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Las autoridades están vigilando permanentemente las condiciones meteorológicas, especialmente la fuerza y dirección del viento, y aguardan a que despunte el día para que entren en acción las aeronaves que pueden descargar agua en las zonas de más difícil acceso, informa Efe. Una decena de albergues han sido habilitados para acoger a las personas que ha perdido sus viviendas, informó Jorge Castro, el alcalde de Valparaíso. El secretario de Estado ha dicho que el jefe de la Primera Zona Naval, el contraalmirante Julio Leiva, será el encargado de liderar las labores para aplacar las llamas.
Valparaíso es una de ciudades con mayor número de habitantes de Chile y está conformada por una cuarentena de cerros a la orilla del océano Pacífico. Las calles son estrechas y empinadas, lo que ha dificultado el acceso de los bomberos, y la mayoría de las construcciones son antiguas. El mayor puerto del país, donde funciona el Congreso Nacional, en los últimos años se ha transformado en un polo de atracción turística. Miles de extranjeros llegan a observar el patrimonio cultural de la ciudad, donde el poeta Pablo Neruda tenía una de sus peculiares viviendas, La Sebastiana.
Las imágenes son desoladoras y han provocado conmoción en las redes sociales como Twitter. Las actividades nocturnas han sido suspendidas en toda la ciudad, según informó el intendente, y tres aviones y cuatro helicópteros esperan la luz del día y mejores condiciones meteorológicas para poder combatir la emergencia.
Esta es la segunda gran tragedia que ha debido enfrentar Bacheletdesde que el 11 de marzo pasado asumió su segundo período en el Gobierno: el 1 de abril un terremoto de magnitud 8,2 azotó el norte de Chile. El seísmo produjo seis muertos y provocó graves daños en la infraestructura de ciudades como Iquique y la destrucción de localidades humildes, entre ellas Alto Hospicio.

El intelecto emigra a Sudamérica

Tras la Guerra Civil cientos de intelectuales españoles se instalaron en las universidades mexicanas huyendo de la persecución política. Y en 2014, otros cientos están haciendo las maletas para ocupar puestos docentes sobre todo en las facultades de Ecuador y Chile. Las ofertas laborales probablemente se abrirán pronto a otros países de la zona en pleno desarrollo económico y con una gran población sin formación. Entre 1970 y 2000 los jóvenes se duplicaron (de 72 a 144 millones) pero ese crecimiento se va a estabilizar. Aunque el porcentaje de ciudadanos con estudios terciarios no para de subir. En Perú se han multiplicado por 2,3 en grado y por cinco en posgrado en 14 años.
“Cada vez más países están dedicando las regalías —sobre todo de los recursos energéticos— a Educación y a Ciencia. Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador...”, cuenta Juan Carlos Toscano, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OIE). “Mientras, Argentina, con su programa Raíces, intenta recuperar investigadores”. Toscano considera que España ha dejado de ser el ejemplo de evolución del sistema universitario. “Eran miméticas en los años noventa, cuando se descentralizaron en España las universidades. Los modelos económicos son distintos y ahora lo adaptan a sus países”.
A la hora de reclutar profesorado se mira hacia España por el dominio de la lengua. “Es positivo que nuestros doctores e investigadores estén tan reconocidos internacionalmente, demuestra que aquí se recibe una gran formación”, opina Manuel José López, presidente de la Conferencia de Rectores. “Pero, por otro lado, asistimos a la fuga del talento de nuestras universidades. La tasa de reposición (solo se suple una de cada 10 jubilaciones) está ahogando a los jóvenes”. Desde 2008 se ha incrementado en un 35% las tesis leídas en España, un número de doctores inasumible para los claustros universitarios.
Los salarios latinoamericanos, a partir de 1.600 euros, resultan imbatibles frente a los españoles. Máximo Juan Pérez, del departamento de Empleabilidad de la Autónoma de Madrid, recuerda que en los primeros años de la crisis los doctores se marchaban a Alemania o Reunido Unido —en especial los de Ciencias— pero ahora las salidas laborales proliferan al otro lado del Atlántico.
En China las universidades solo cubren el 30% de clases de español porque apenas hay 600 profesores. Es, por tanto, otro buen nicho de empleo, pero las diferencias culturales hacen el destino menos atractivo que Sudamérica. En Brasil el idioma supone una barrera para los docentes pero, según el Anuario del Instituto Cervantes, se necesitan 20.000 profesores de español para todas las etapas educativas.

Ucrania envía tropas en una operación contra los separatistas prorrusos

El Gobierno de Ucrania ha iniciado este domingo una operación para hacer frente a la rebelión prorrusa que avanza en el este del país. Después de que durante el sábado activistas de la autodenominada República Popular de Donestsk (RPD) tomaran distintos edificios públicos en la localidad de Slaviansk, el ministro del Interior, Arsén Avákov, ha anunciado la puesta en marcha de una "operación antiterrorista" con la participación de unidades de todas las ramas de las fuerzas armadas del país. Durante la mañana, se han producido tiroteos en la ciudad, y hay un número indeterminado de heridos.
Un intento de desalojar por la fuerza a los rebeldes corre el riesgo de llevar el actual punto muerto a una nueva y peligrosa fase de la crisis, ya que Moscú ha advertido de que actuará para proteger a los rusoparlantes del este de Ucrania si son atacados. Los activistas prorrusos se hicieron el sábado con el control de la Alcaldía, donde han izado una bandera rusa, de las tres comisarías de policía y de la sede local del Servicio de Seguridad de Ucrania.
Avákov ha denunciado que los separatistas prorrusos han disparado sin mediar palabra contra las fuerzas especiales ucranianas. Por su parte, fuentes de los activistas afirman que el tiroteo se ha producido cuando seis carros blindados han asaltado un puesto de control tomado por los rebeldes, causando varios heridos, informa Pilar Bonet.
El titular de Interior ha aconsejado a los civiles que abandonen el centro de la ciudad, y que permanezcan en sus casas y que no se acerquen a las ventanas a través de su página de Facebook. Según la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti, helicópteros sobrevuelan la ciudad.
El anuncio del titular de Interior se produjo tras la reunión de urgencia que mantuvo anoche el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania para hacer frente a la crisis en las regiones surorientales del país, de mayoría rusohablante.
La situación es especialmente grave en la región de Donetsk, a la que pertenece administrativamente Slaviansk, de casi 120.000 habitantes. En la cabecera regional, la ciudad de Donetsk, activistas prorrusos, que desde hace una semana tienen en su poder la sede del Gobierno regional, tomaron ayer las dependencias del Departamento Regional del Ministerio del Interior.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andréi Deschitsa, exigió ayer a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Moscú ponga fin a las provocaciones de sus agentes en las regiones orientales ucranianas. Según Kiev, estas provocaciones tienen como objetivo frustrar la reunión que tiene previsto celebrar en Ginebra el próximo día 17 los jefes de las diplomacias de Ucrania, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos para tratar la crisis ucraniana.
El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, advirtió el sábado a Moscú de que habrá "consecuencias adicionales" si Rusia no actúa para rebajar la tensión en el este de Ucrania. En una conversación telefónica con Lavrov, Kerry expresó su "gran preocupación" de que los ataques de militantes armados en el este de Ucrania estuvieran "orquestados y sincronizados, de forma similar a ataques anteriores en el este de Ucrania y en Crimea", indicó una fuente del Departamento de Estado.