El PP ha incluido en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado
nuevas garantías para intentar salvar a las empresas concesionarias de
las autopistas de peaje en situación de quiebra. Estas sociedades tienen
acumuladas pérdidas que, según las últimas estimaciones, superan los
4.000 millones de euros.
El origen del agujero está en los contratos que firmaron cuando fueron proyectadas con el segundo Gobierno de José María Aznar, con unas previsiones de ingresos muy superiores a los que han resultado finalmente. Ese fiasco
sobre las previsiones ha hecho que anualmente en todos los Presupuestos
se hayan incluido ayudas directas o garantías para que renegocien su
deuda con los bancos y evitar así su quiebra.
Tanto los gobiernos del PSOE como ahora los del PP han ido buscando
esas soluciones y casi siempre vía enmiendas, presentadas y aprobadas
con posterioridad a la presentación del proyecto de Presupuestos. Hace
dos años el Ejecutivo ya les concedió un ventajoso préstamo para que
prosiguieran su actividad y ahora, vía enmiendas, se añaden nuevas
garantías para evitar su quiebra. El actual Gobierno ya incluyó
garantías en el proyecto de ley de Presupuestos, la previsión de cuentas
de compensación en las que se consignen “anualmente la diferencia entre
los ingresos de peaje que se hubieran producido de haberse alcanzado el
80% de los ingresos previstos en el plan económico financiero
presentado en la oferta de licitación por dicha sociedad y los ingresos
de peaje reales”. La enmienda del PP a los Presupuestos permite a las
empresas concesionarias solicitar a Fomento préstamos participativos. Se
añade que “el Ministerio de Fomento dentro del primer trimestre de cada
año podrá otorgar los mencionados préstamos participativos a las
sociedades concesionarias que lo hubieran solicitado”. El procedimiento
establecido incluye un periodo de carencia para estas empresas en el
pago de intereses que se extiende a 2014.
La novedad de las enmiendas es que extiende también hasta 2018 la
existencia de estas garantías. El proyecto de Presupuestos hablaba de
tres años, es decir, hasta 2015. Se mencionaba la posibilidad de
extenderlo hasta 2021 solo como posibilidad, pero esa solución no
gustaba a las entidades bancarias afectadas en la negociación de la
deuda de estas sociedades. Por primera vez, además, se contempla la
posibilidad de quiebra o concurso de acreedores de estas empresas, ya
que se incluye en la enmienda la previsión de que en ese caso todas las
ayudas públicas retornarían a la Administración. “Los saldos de las
cuentas de compensación y los intereses devengados serán exigibles en
todo caso por la Administración en el supuesto de que la concesionaria
fuera declarada en concurso de acreedores”, asegura la enmienda
presentada el viernes por el PP.
Las ayudas y garantías en los últimos años se han dirigido a las
radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a
Barajas, la Ocaña-La Roda y la autopista Alicante-Cartagena-Vera. Ahora
se incluyen la de Santiago de Compostela-Ourense y la León-Astorga.
Según el portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas,
estas medidas son solo “parches, que eluden una solución definitiva”.
En estas autopistas entraron constructoras (Ferrovial, ACS, OHL, Cintra,
Sacyr, Sando, Isolux...) y cajas de ahorros, como Caja Madrid, Unicaja,
Cajamurcia o Cajamar. El fiasco de las autopistas de peaje ha lastrado
aún más estos dos sectores, de por sí afectados notablemente por la
crisis económica. En Madrid, cuatro concesionarias se han acogido a
concursos de acreedores. Entre ellas se encuentra Accesos de Madrid,
concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por Abertis, Sacyr y ACS),
para refinanciar con la banca acreedora una deuda de 666 millones de
euros. Además, las dos sociedades que gestionan la autopista de peaje
R-4 solicitaron el concurso voluntario de acreedores por una deuda de
575 millones.
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