jueves, 18 de abril de 2013
Guantánamo : Terrorismo de Estado y doble moral
Editorial de La Jornada
La huelga de hambre que se lleva a cabo en la prisión militar estadunidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, y en la que según abogados defensores participan más de un centenar de internos –las autoridades carcelarias sostienen que los presos en ayuno son alrededor de 40–, ha superado ya dos meses, en medio de signos de deterioro en la salud y aumento en la desesperación de los reos.
El domingo pasado el diario estadunidense The New York Times publicó una carta firmada por el preso yemení Samir Naji al Hasan Moqbel, en la que afirma haber bajado 15 kilos desde el inicio del ayuno, el 10 de febrero, y denuncia prácticas inhumanas del personal carcelario contra los participantes en la protesta, los cuales son alimentados a la fuerza mediante tubos.
Significativamente, un día antes de dicha publicación se produjo un enfrentamiento entre custodios y presos de Guantánamo en el que los primeros utilizaron balas no letales contra los segundos con el pretexto de salvaguardar la salud y la seguridad de los detenidos.
Los tratos degradantes e inhumanos a los que son sometidos los internos hacen recordar el carácter de Guantánamo como un espacio de negación rotunda de la legalidad, y como ejemplo vergonzoso de la red criminal montada por la Casa Blanca en tiempos de George W. Bush para secuestrar, encarcelar y torturar a presuntos terroristas o ciudadanos del mundo árabe y musulmán que pudieran ser considerados como tales por Washington.
Debe recordarse que la mayoría de los cautivos en ese sitio no sólo han debido enfrentar durante más de una década un trato en extremo cruel, sino también han padecido la negación de prácticamente todos sus derechos humanos y su colocación en una suerte de limbo jurídico: sin ser juzgados y sin recibir sentencia de autoridad judicial alguna, y sin ser reconocidos como integrantes de una fuerza militar enemiga, lo que al menos les habría garantizado el estatuto y los derechos reservados a los prisioneros de guerra.
A la fecha, y pese a que la propia administración de Obama ha señalado que 87 de los 166 presos de Guantánamo no representan amenaza alguna contra la seguridad de Estados Unidos y cuentan con el visto bueno para ser liberados, Washington ha decidido no actuar de conformidad con ese diagnóstico y mantenerlos en cautiverio. Otro tanto ocurre con la promesa de cierre de Guantánamo, formulada por Barack Obama durante su primera campaña presidencial, la cual ha sucumbido ante las presiones y el poder fáctico del complejo industrial-militar y de grupos ultraconservadores de la nación vecina.
Tales hechos, indicativos de una degradación política, legal y moral de la que la superpotencia no ha podido recuperarse, socavan la autoridad moral de Washington para condenar actos de terrorismo como el ocurrido el pasado lunes durante el maratón de Boston.
A fin de cuentas, el propio gobierno estadunidense, con el supuesto fin de combatir el terrorismo, ha sido promotor consuetudinario de acciones que encajan en la categoría de terrorismo de Estado, como el arrasamiento militar de Irak y Afganistán, el bombardeo de civiles inocentes con aviones no tripulados –que han cobrado la vida de 175 niños en Afganistán, Yemen y Pakistán desde 2004– y, desde luego, la persistencia de los secuestros de inocentes, 166 de los cuales languidecen, en contra de toda ética y de cualquier marco legal, en el campo de concentración de Guantánamo.
La crisis hace que cada vez más niños pasen hambre en Grecia
En su trabajo como director de una escuela primaria, Leonidas Nikas
está acostumbrado a ver a los niños jugar, reír y soñar con el futuro.
Sin embargo, en los últimos tiempos, ha empezado a ver otra cosa
totalmente distinta, algo que pensaba imposible en Grecia: niños que
rebuscan en los cubos de basura del colegio para encontrar algo que
llevarse a la boca; pequeños necesitados que piden a sus compañeros las
sobras de su comida; y a un chico de 11 años, Pantelis Petrakis,
retorcido de dolor por el hambre que pasa.
“No había comido prácticamente nada en casa”, explica Nikas, sentado
en su abarrotado despacho del colegio, que está situado cerca del puerto
del Pireo, en un barrio obrero de Atenas, mientras oímos a niños que
saltan a la cuerda en el patio. Cuenta que habló con los padres de
Pantelis y los vio avergonzados y humillados; le confesaron que llevaban
meses buscando trabajo sin resultado. Sus ahorros se habían esfumado y
vivían de pasta y ketchup.
“Ni en la peor de mis pesadillas podía haber imaginado que
llegaríamos a una situación así”, dice Nikas. “En Grecia, los niños
empiezan a venir al colegio muertos de hambre. Hay familias que no solo
tienen dificultades para encontrar trabajo, sino para sobrevivir”.
La economía griega está en caída libre, después de haberse contraído
un 20% en los últimos cinco años. El paro está por encima del 27%, el
mayor índice de Europa, y seis de cada 10 personas en busca de empleo
dicen que llevan más de un año sin trabajar. Estas cifras tan duras
están transformando las vidas de las familias griegas con hijos; cada
vez son más numerosos los niños que llegan al colegio hambrientos o mal
alimentados, incluso malnutridos, según datos proporcionados por varias
organizaciones privadas y el propio gobierno.
El año pasado, se calcula que el 10% de los alumnos griegos de
educación primaria y media padecían lo que los profesionales de la salud
pública denominan “inseguridad alimentaria”, es decir, que pasaban
hambre o corrían peligro de pasarla, dice la doctora Athena Linos,
profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Atenas y
directora de un programa de ayuda alimentaria en Prolepsis, una ONG de
salud pública que ha estudiado la situación. “En materia de inseguridad
alimentaria, Gracia ha caído al nivel de algunos países africanos”,
asegura.
Los colegios griegos no tienen comedores subvencionados. Los alumnos
tienen que llevar su propia comida o comprársela en la cafetería. Y eso
tiene un coste que se ha vuelto inalcanzable para las familias con
escasos ingresos o ninguno. Sus problemas se han agravado, además, con
las nuevas medidas de austeridad exigidas por los acreedores de Grecia,
tales como más impuestos sobre la electricidad y recortes en los
subsidios a las familias numerosas. Como consecuencia, los padres que no
tienen trabajo están viendo desaparecer a toda velocidad sus ahorros y
sus prestaciones.
“No dejo de oír a mi alrededor: ‘Mis padres no tienen dinero. No
sabemos qué vamos a hacer’”, explica Evangelia Karakaxa, una vivaracha
chica de 15 años que estudia en el instituto número 9 de Acharnes.
Esta ciudad, una población obrera situada en las montañas de Ática,
era un centro de bullicio y actividad, gracias a las importaciones,
hasta que la crisis económica eliminó miles de puestos de trabajo.
Ahora, Evangelia dice que muchos de sus compañeros de clase pasan
hambre, y hace poco hubo un chico que se desmayó. Algunos niños están
empezando a tobar comida, añade. Aunque no lo disculpa, entiende su
situación. “Los que están bien alimentados nunca podrán comprender a los
que no lo están”, afirma.
“Nos han destrozado nuestros sueños”, continúa; sus padres están en
paro pero no tienen una situación tan mala como otros. Hace una pausa y
continúa en voz baja. “Dicen que, cuando uno se ahoga, ve pasar su vida
en un destello ante sus ojos: Tengo la sensación de que, en Grecia,
estamos ahogándonos en tierra firme”.
Alexandra Perri, que trabaja en el colegio, dice que al menos 60 de
los 280 alumnos sufren malnutrición. Niños que antes presumían de comer
dulces y carne hablan ahora de macarrones cocidos, lentejas, arroz o
patatas. “Lo más barato”, explica Perri. Este año, los casos de
malnutrición se han multiplicado. “Hace un año no estábamos así”, dice
Perri mientras intenta contener las lágrimas. “Lo aterrador es a qué
velocidad está deteriorándose la situación”.
El gobierno, que al principio dijo que las informaciones sobre este
tema eran exageradas, reconoció hace poco que tiene que “abordar el
problema de la malnutrición en las escuelas”. Ahora bien, dado que la
devolución del rescate es prioritaria, poco dinero va a quedar en las
arcas griegas para ocuparse de esta cuestión.
El director del colegio, Leonidas Nikas, es consciente de que el
gobierno griego está trabajando para arreglar la economía. Ahora que ya
no se habla de que Grecia vaya a abandonar la eurozona, el mundo
exterior tiene la impresión de que las cosas van mejor. “Pero que se lo
digan a la familia de Pantelis”, continúa. “Ellos no ven que sus vidas
hayan mejorado”.
En el piso de la familia, próximo al colegio, Themelina Petrakis, que
tiene las luces apagadas, me enseña su nevera y sus armarios. Dentro
hay poca cosa, aparte de unos cuantos botes de ketchup y otros
condimentos, algunos macarrones y sobras de una comida que le han dado
en el ayuntamiento.
La familia vivía bien e incluso ayudaba a otras más necesitadas hasta
el año pasado. Tenía un piso espacioso, una televisión de plasma y una
PlayStation.
Pero en diciembre despidieron a su marido, Michalis, de 41 años, que
trabajaba en una empresa de transportes. Llevaba cinco meses sin cobrar
el sueldo. El matrimonio dejó de poder pagar el alquiler, y en febrero
se les acabó el dinero.
“Cuando llamó el director del colegio, tuve que confesarle que no
teníamos comida”, dice la señora Petrakis, de 36 años, que abraza a
Pantelis con cariño mientras él mantiene la mirada baja.
Michalis Petrakis dice que el hecho de no haber encontrado otro
trabajo le hace sentirse menos hombre. Cuando empezaron a acabárseles
los alimentos, dejó de comer casi por completo, y empezó a perder peso.
“El verano pasado, cuando trabajaba, incluso tiraba el pan que me
sobraba”, dice entre lágrimas. “Ahora estoy aquí, sentado, con una
auténtica guerra dentro de mi cabeza, intentando pensar cómo vamos a
sobrevivir”.
Cuando tiene hambre, la señora Petrakis propone una solución. “Es muy
sencillo”, dice. “Cuando tengo hambre, me mareo, así que me duermo
hasta que se me pasa”.
Un informe elaborado por UNICEF en 2012 mostraba que, entre las
familias con niños más pobres de Grecia, más del 26% tenían una “dieta
pobre por motivos económicos”. El fenómeno ha afectado sobre todo a los
inmigrantes, pero se está extendiendo con rapidez entre los griegos que
viven en áreas urbanas y que tienen a uno o los dos cabezas de familia
en paro.
En las zonas rurales, por lo menos, la gente puede cultivar sus
alimentos. Pero eso no basta para erradicar el problema. A una hora de
coche al noroeste de Atenas, en la ciudad industrial de Asproprigos,
Nicos Tsoufar, de 42 años, tiene la mirada perdida mientras hablo con él
en la escuela a la que asisten sus tres hijos. El centro recibe
almuerzos preparados gracias a un programa organizado por Prolepsis.
Tsoufar dice que sus hijos necesitan esas comidas de manera urgente.
Lleva tres años sin encontrar trabajo. Ahora, dice, su familia vive
de lo que llama “una dieta a base de col”, que complementa con los
caracoles que encuentra en los campos de los alrededores. “Ya sé que la
col no basta para garantizar la nutrición”, dice con amargura, “pero no
hay alternativa”.
El gobierno y organizaciones como Prolepsis hacen lo que pueden. El
año pasado, la ONG puso en marcha un programa piloto que ofrece un
bocadillo, fruta y leche en 34 escuelas públicas en las que más de la
mitad de las 6.400 familias participantes decían que habían pasado
“hambre entre moderada y grave”.
Con el programa, ese porcentaje bajó al 41%. Financiado con una
donación de ocho millones de dólares concedida por la Fundación Stavros
Niarchos, una organización filantrópica internacional, este año se ha
ampliado a 20.000 niños en 120 centros educativos.
El ministro de Educación griego, Konstantinos Arvanitopoulos, dice
que el gobierno ha obtenido financiación de la Unión Europea para
ofrecer fruta y leche en las escuelas y vales para comer pan y queso.
También está colaborando con la Iglesia Ortodoxa para distribuir miles
de paquetes que cubran las necesidades básicas. “Es lo mínimo que
podemos hacer en esta difícil situación económica”, explica.
Leonidas Nikas, el director del colegio de Pantelis, ha decidido
hacerse cargo de las cosas en su propio centro y está organizando
campañas de recogida de alimentos. Le indigna ver que, en su opinión,
Europa no está teniendo en cuenta los problemas de Grecia.
“No digo que tengamos que limitarnos a esperar a que otros nos
ayuden”, dice. “Pero, si la Unión Europea no hace como esta escuela, en
la que todos están ayudándose entre sí porque somos una gran familia, no
tenemos futuro”.
Un hombre muere al rompérsele la aorta tras nueve meses de espera
“Mi hermano murió ahogado en su propia sangre después de esperar
nueve meses a que le operaran”. Laura Canabal resume así de crudamente
el fallecimiento de su hermano Luis, quien cumpliría 49 años el próximo 5
de mayo. Según los papeles que aporta Laura, su hermano entró en lista
de espera para operarse de un aneurisma (ensanchamiento) de aorta el 10
de mayo de 2012. Falleció, según recoge el certificado médico, por una
“rotura de aneurisma disecante de aorta” a las 00.30 del 21 de febrero
de 2013. Es decir, de lo que se suponía que iban a tratarle. Estuvo a
punto de ser operado en enero, pero llegaron pacientes más graves,
indica un portavoz de la Junta de Castilla y León. Los abogados de la
familia tienen preparada una reclamación patrimonial contra el Servicio
de Salud autonómico.
La consejería confirma los datos que ofrece Laura. En un correo
enviado a este periódico, un portavoz describe que se trata de un
“paciente diagnosticado de aneurisma de aorta ascendente con
insuficiencia aórtica”, y que fue “incluido en lista de espera
quirúrgica el 10/05/2012”.
El problema es que fue considerado de prioridad 3, “no urgente”, lo
que, según la web de la consejería, indica que son “pacientes cuya
patología permite la demora del tratamiento, ya que aquella no produce
secuelas importantes”. “Los pacientes en espera son valorados en función
de esa prioridad”, indica el portavoz de la consejería.
Laura Canabal y su abogado, Javier de la Peña, de Lex Abogacía, creen
que, obviamente, “visto lo que ha pasado”, aquella calificación no era
buena.
Aquí surge uno de los problemas del caso. Según el historial que le
hicieron a Luis, su aorta tenía una dilatación máxima de 58 milímetros.
Pero en el informe de alta del servicio de Hemodinámica que emitió el
Complejo Asistencial de León cuando fue el 9 de mayo para que le
hicieran el preoperatorio se refleja que tiene una “dilatación
aneurismática de aorta torácica ascendente” con un “diámetro de 46
milímetros”.
La diferencia entre esos 58 milímetros máximos y los 46 del último
informe no es irrelevante. Gonzalo Barón Esquivias, presidente de la
sección de Cardiología Clínica y Extrahospitalaria de la Sociedad
Española de Cardiología, explica por correo electrónico: “Un aneurisma
de aorta tiene siempre riesgo de rotura, pero la decisión de cuándo debe
operarse se basa en la dimensión de la dilatación. La indicación se
establece en pacientes con aneurisma de aorta mayor de 45 milímetros
solo en caso de que además padezcan un síndrome de Marfan, y en los que
tienen 50 años o más si además tienen una aorta bicúspide. En el resto
de los pacientes, solo se indica si la raíz aórtica es mayor de 55
milímetros”. Si no “no está indicado operarlo”.
Laura no entiende de tanto tecnicismo. “Mi hermano se pasó nueve
meses esperando que le llamaran. Era un buen hombre que deja una mujer y
un hijo. Estaba muy preocupado. Ya había tenido otros problemas de
salud, porque había sido minero y había tenido que dejar de trabajar”.
El portavoz de la Junta aclara este aspecto. Los pacientes “tienen
disponible un teléfono de contacto que se utilizó los días 19/10/2012 y
11/02/2013, confirmando que continuaba en situación asintomática”. “El
tipo de trastorno que presentaba (sin síntomas de carácter cardiológico y
sin hipertensión pulmonar ni enfermedad coronaria asociada) es de menor
riesgo que otras valvulopatías; por ello, clínicamente se consideró de
menor prioridad que otras”.
Además, hubo mala suerte. “La intervención llegó a estar programada
en enero de 2013 y fue suspendida como consecuencia de urgencias
quirúrgicas en pacientes ya ingresados en la unidad coronaria”, indica
el portavoz.
Laura se indigna cuando se entera de que su hermano estuvo a punto de
ser operado. “Si tenían tanta lista de espera, ¿es que no hay otros
hospitales en España para hacerlo?”.
Pero, aparte del retraso en la operación, la familia de Canabal cree
que también hubo fallos clamorosos el día de su muerte. “Cuando mi
hermano empezó a encontrarse mal, fue a la médica de cabecera y le
diagnosticaron una indigestión. Lo mandaron para casa. A las ocho horas
volvió a urgencias”.
A Laura le cuesta concluir la historia. Dos meses después del
fallecimiento de su hermano, tiene depresión y rompe a llorar con
facilidad. “En urgencias pasó cuatro horas, hasta que se dieron cuenta
de lo que le pasaba. Llamaron al hospital de León porque en el del
Bierzo no hay cardiología, y tardaron una hora en mandar la ambulancia.
Nada más montarlo en ella, falleció”.
Los informes médicos confirman esta versión. “Paciente que ingresó el
20/02/2013 sobre las 20.00 en urgencias”, escribe el jefe de guardia de
hospital El Bierzo. “Se diagnosticó de aneurisma disecante de aorta.
Fue trasladado en UVI móvil desde el servicio de urgencias hacia el
Hospital de León. A los pocos kilómetros de salir, empezó con problemas
hemodinámicos que no responden a tratamiento, dando la vuelta y
regresando a nuestro hospital, donde ingresó ya cadáver”.
Este es el resumen, porque lo importante, según señala Laura, es el
tiempo que pasa. “Primero le diagnosticaron indigestión, y ya se estaba
muriendo”, dice. El informe del box 28 de urgencias lo deja claro.
“Cuadro de ocho horas de dolor en el hemiabdomen superior después de
comer continuo, acompañado de un vómito, diarreas líquidas abundantes
con restos de sangre”, indica. Esto es a las 20.00 horas, cuando llega.
Pero a las 23.00, otro médico de urgencias señala ya “disección de
aorta torácica”. Las anotaciones siguen: “Se habla telefónicamente con
H. León (Cardiología) y se decide traslado”. A las 00.00, “llegada de
UVI móvil. Paciente estable hemodinámicamente. Se traslada”. El final de
la historia es el que ya se ha contado.
“No sé si mi hermano podía haberse salvado, pero no le dieron la
oportunidad. Primero, con la espera en operarle, y luego con el tiempo
que le tuvieron en urgencias pese a conocer su historial. No sé si
quieren cargarse el sistema sanitario, pero a mí, desde luego, no me
podían haber hecho más daño”, concluye Laura.
Un problema en aumento
Situación. Los recortes presupuestarios en sanidad de las comunidades autónomas han obligado a abandonar los planes para reducir las listas de espera.Antecedentes. La denuncia de cardiólogos catalanes a principios de este siglo de que varios pacientes habían muerto mientras esperaban una operación de corazón llevó a la primera decisión: contar el tiempo y personas que esperan para ser operados. Los datos los reúne el Ministerio de Sanidad que, para conseguir que las comunidades se los den, acordó con ellas no dar un desglose. Con ello evitaba que los ciudadanos hicieran comparaciones.
Datos oficiales. Los últimos datos que ha ofrecido Sanidad son los de junio de 2012. Según sus cuentas, el número de personas que esperaban para ser operadas en toda España (menos Madrid, que no computa porque no da datos homologables) superaba el medio millón, un 28,6% más que en el mismo mes de un año antes.
Todos los otros indicadores referidos a la demora han empeorado recientemente. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad indica que, en el conjunto de España, el tiempo medio que aguarda un paciente para operarse era, en junio de 2012, de 76 días, 12 más (un aumento del 18,75%) que un año antes.
Castilla y León. En la comunidad de Luis Canabal Ramón, el número de personas que había esperando una operación aumentó un 55% entre 2010 y 2012, según los datos que la Junta facilitó a este periódico.
También la demora media para operarse ha aumentado. La Junta indicó que en su comunidad la espera estaba en 73 días, un 52,1% más que un año antes. Esta demora se vio ampliamente superada en el caso de Luis Canabal: entró en la lista de espera quirúrgica en mayo de ese año y seguía aguardando cuando falleció, nueve meses después.
Diputados y concejales del PP temen quedarse sin trabajo en la próxima legislatura
Hace un año el PP de Madrid era un grupo compacto con una lideresa y las cosas bastante claras. En la Comunidad y el partido mandaba Esperanza Aguirre.
En el Ayuntamiento Ana Botella, tras la salida sin despedida de Alberto
Ruiz-Gallardón. Hoy un año después, las cosas no tienen nada que ver,
afirma desanimado un distinguido militante del PP de Madrid con muchos
años de historia popular.
La Comunidad de Madrid tiene un nuevo presidente, Ignacio González;
el PP madrileño una lideresa (Aguirre) al ralentí, que aparece y
desaparece, y la alcaldesa Ana Botella se recupera, blog incluído, de
una gran bofetada política tras su gestión en el Madrid Arena con cinco
niñas muertas.
El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid estaba unido
hace un año y sólo Francisco Granados evitaba aplaudir las
intervenciones de la presidenta Aguirre en sus últimos meses de
Gobierno.
Hoy los diputados siguen aplaudiendo a González, pero expresan, siempre en privado, su malestar con la situación
y sobre todo temen por su futuro político y personal. Alguno, incluso,
se ha atrevido a hacer críticas al portavoz Íñigo Henríquez de Luna en,
al menos, una de las reuniones del grupo popular anteriores al Pleno,
algo que era impensable hace algunos meses. Todo era compacto. Como
cemento armado. No había las fisuras de hoy.
Varios diputados, en conversación con este periódico, se quejan de
que el portavoz popular no reparte juego. "Sólo cuenta con personas
cercanas a él o al núcleo duro que forman el presidente Ignacio
González, Salvador Victoria, y Borja Sarasola", afirma otra persona. "Él
no está en la misma posición que cuando gobernaba Aguirre y eso se
nota", añade ese mismo parlamentario.
Afirman que Henríquez de Luna no goza de la confianza de Ignacio
González "o al menos de la que tenía de Esperanza Aguirre", lo que hace
que su comportamiento esté más pendiente de la Puerta del Sol que de dar
juego a los 72 diputados de su formación.
Menos diputados
Al poco reparto de juego en el PP se suma la inquietud que ha provocado el anuncio de la reducción de diputados que ha enviado el Partido Popular a la Cámara. "Nos van a pasar a cuchillo", dice uno de los posibles afectados.
El pasado jueves se iniciaron los trabajos de la ponencia para la
reforma del Estatuto de Autonomía. El objetivo es reducir el número de
diputados de la Asamblea de Madrid de 129 a 65. Lo apoya el PP y UPyD,
pero se necesitan dos tercios de los diputados para cambiar esta norma
que permitirá ahorrar entre 4 y 5 millones de euros. Es decir, precisan
de los diputados del PSOE.
Los parlamentarios populares creen, estos días, que van a sufrir un ERE político en las próximas elecciones que superará al 50% de la plantilla en la próxima legislatura, aún lejos.
Hoy el PP tiene 72 diputados y todos piensan que con la que está cayendo es muy difícil que repitan esos resultados históricos.
Otros dicen, en privado, que esperan que no dé tiempo a aprobar la
modificación que reducirá los parlamentarios, pues se quedarán sin
empleo y los más de tres mil euros que cobran al mes por unas cuantas
jornadas de trabajo.
El procedimiento para reducir el número de diputados pasa por la
aprobación en comisión en la Asamblea. Luego deberá ser el Pleno de la
Cámara el que de el visto bueno. El texto será enviado al Congreso de
los Diputados que deberá aprobarlo como Ley Orgánica. Muchos meses y
quedan menos de dos años de legislatura real.
La resistencia del PSOE
Además está el PSOE. No habrá reducción sin el apoyo de los
socialistas. Saben que, con la presión popular a tope, no pueden negarse
a bajar del número de diputados. Mantienen que Madrid no tienen
demasiados representantes si lo comparamos con otros parlamentos
regionales de otros países.
El PSOE pactará, pero sólo si se incluye, además de la reducción de
parlamentarios, una reforma que permita acercar el Parlamento regional a
la calle. "Hay que discutir los temas cuando le interesan a la gente y
no a los tres meses de que están en la calle", afirman en el PSOE.
Juan Barranco intentó hace algunas semanas abrir negociaciones, pero
el representante del PP se negó, según afirman fuentes socialistas.
Otro parlamentario del PP, que cree tiene difícil repetir por el número que está en la lista, afirma que "en la Asamblea hay cerca del 50% de los diputados que no están contentos
y que ven su futuro político con preocupación". "No sabemos si en
Génova van a apoyar la candidatura de Ignacio González, lo que cuando
faltan menos de dos años para renovar contrato provoca preocupación",
añade.
La posición de Génova
Ignacio González ha multiplicado su actividad institucional como
presidente y también los actos del partido. Se multiplica y tiene una
larga agenda de actos institucionales y del PP. Pero en Génova, dicen
los diputados críticos de la Asamblea, no han cambiado su actitud ante
González.
La defensa del céntimo sanitario o su campaña contra el sistema de
financiación, en la que defiende que a Madrid se le está castigando, no
han ayudado precisamente a mejorar su posición frente a los jefes
nacionales.
Fuentes oficiosas del PP de Madrid dicen que la comunicación entre
'la nacional' y Madrid ha mejorado mucho últimamente y citan, por
ejemplo, una última reunión sobre la reforma de los ayuntamientos.
González y Arenas participaron activamente en los acuerdos y sus
planteamientos coincidían claramente.
Las mismas fuentes señalan que también ha mejorado su relación con
los alcaldes del partido después de la bronca que se montó cuando el
Gobierno de Madrid les dijo que les bajaba el 50% de subvención para las
policías de la BESCAM. "La solución que ha dado, con un fuerte aumento
en los fondos, ha agradado a los alcaldes" ha mejorado claramente la
relación.
El PP nacional no tiene, por el momento, pensado entrar en Madrid. "Ahora no estamos para esas cosas domésticas", asegura que ha dicho una persona del Gobierno cuando un diputado regional le preguntó por la situación de Madrid.
Los parlamentarios del PP no saben si González, a menos de dos años
de acabar la legislatura, será el candidato o no. Y creen que la cuarta
planta, la nacional del PP, no lanzará mensajes en los próximos meses.
"No tenemos referencia, estamos desorientados, pero sabemos que hay que
trabajar para intentar volver a ganar las elecciones", añade otro
diputado de la Asamblea.
Ayuntamiento
En el Ayuntamiento la situación no es mejor. Tras la espantada de
Alberto Ruiz-Gallardón, que apenas se despidió de sus concejales, Ana
Botella se hizo con la alcaldía.
Jaime Lissavetzky, líder del PSOE, mantenía hace algunos meses que
Ana Botella se derrumbaría cuando tuviera su primera crisis municipal.
El Madrid Arena ha demostrado la teoría del portavoz socialista no estaba muy errada, según dicen algunos populares.
Si gran parte de los concejales tenían dudas sobre su capacidad de
gestionar, el día del suceso en el que murieron las cinco jóvenes,
disiparon todas sus dudas. Lo de los días posteriores, incluida su
política informativa, provocó que cuando preguntabas a algún edil sobre
la alcaldesa prefiriera no contestar o decir (en privado): "no creo que sea la próxima candidata".
"Hay inquietud e incluso algunos están pensando en plantarse porque
Botella no hace equipo y ahora no tenemos otro liderazgo que no sea
reducir la deuda", dice un edil popular.
Los concejales cercanos a Aguirre pensaban que Aguirre les iba a
devolver las competencias que les había quitado Gallardón. No lo ha
hecho. Los cercanos a Gallardón están decepcionados por la espantada de
su líder y dicen ahora que ellos son del PP sin apellidos.
El fichaje de invierno de Botella, Juan Antonio Gómez Angulo, que conocía la casa, no ha recompuesto el equipo "y cada uno va a lo suyo", afirma otro edil.
Los más cercanos a Aguirre sueñan con el rumor que dice que cuando
las encuestas dentro de un año digan que las cosas van mal, la lideresa
se ofrecerá para salvar Madrid. Otros calculan si podrán gobernar en
coalición con Upyd, pero lo que dicen claramente es que a día de hoy la
candidata, salvo que intervenga Aznar, no parece que vaya a ser Ana
Botella.
El PP tiene dos buenas apuestas en el banquillo, que no quieren ni
oir hablar de que su nombre suena: Cristica Cifuenes y Lucía Figar.
La primera gobierna la Delegación del Gobierno, un potro de tortura,
con valentía. Lleva de cabeza a la policía, y a pesar de los graves
incidentes que se han venido produciendo en los últimos meses, no se ha
producido ningún disgusto. Ha salido limpia de todo, incluido el Madrid
Arena, a pesar de que intentaron implicarla sus compañeros del
Ayuntamiento.
Lucía Figar fue la primera que redujo los liderados, amplió horas de
clase, redujo interinos para ahorrar y la escuela pública sigue
funcionando con la misma calidad de antes.
Ha recortado dinero en la Universidad y los rectores le siguen
hablando hasta con cordialidad. Y ahora pone en marcha la libre elección
de centro, uno de los proyectos de Aguirre.
Pase lo que pase en los próximos meses, con posibles descalabros electorales, seguro que las dos salen adelante.
3,44 millones de casas cerradas a cal y canto
En España hay 3.443.365 viviendas vacías. De las 25.208.623 casas que conforman el conjunto del parque residencial español, el 13,7% están cerradas a cal y canto. Son un 10,8% más que hace una década, cuando se contabilizaron, una a una, por última vez.
El INE ha escogido sólo una muestra del 11% de la población: dos millones de hogares
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho pública esta mañana la segunda entrega de los datos del Censo de Población y Viviendas 2011,
la operación estadística de mayor envergadura que se realiza en España.
Si bien el pasado mes de diciembre dio a conocer que la población la
componen 46.815.916 habitantes, hoy revela todo lo relacionado con las
características de los edificios en los que residen estos ciudadanos.
En plena polémica por el decreto-ley andaluz que prevé la
expropiación a los bancos de pisos desocupados en algunos casos de
desahucios, el INE da cuenta de que el parque de viviendas español ha crecido un 20,3% en una década. El 71,7% son viviendas principales, el 14,6% son secundarias y el 13,7% están directamente desocupadas.
Al analizar las viviendas construidas durante la década 2002-2011, la del boom urbanístico, el 67% de ellas están ocupadas, el 13,9% son viviendas secundarias y el 18,5% están vacías.
El 18,5% de las viviendas vacías está en Andalucía
Esta cifra de viviendas vacías es la primera que se conoce en los
últimos 10 años, cuando el panorama inmobiliario en España era
radicalmente distinto. En el censo de 2001, cuando acababa de dispararse
la burbuja inmobiliaria y los desahucios eran algo de lo que no se
hablaba, el INE contabilizó que había 3.106.422 casas desocupadas, el 14,8% del total de las censadas (20.946.554).
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2013/04/18/suvivienda/1366275980_extras_ladillos_2_0.jpg)
El censo ya no llama a todas las puertas
En los últimos años, algunas fuentes del sector habían realizado ya
algunas estimaciones y el Ministerio de Fomento había dado su dato total
de viviendas (26 millones en 2011, un 23% más que hace una década),
pero los datos del INE son los más exhaustivos que se conocen. Eso sí,
hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que, a diferencia del
censo de 2001, esta vez los agentes censales no han ido visitando una
por una todas las casas de España. El INE ha escogido sólo una muestra del 11% de la población: dos millones de hogares, que equivalen a 5,4 millones de personas.
La segunda
es que el INE considera vivienda vacía o desocupada la que "permanece
sin ser ocupada, está disponible para venta o alquilar o incluso
abandonada". Pero no concreta cuánto tiempo debe permanecer sin estar
ocupada ni el estado en que se encuentra, lo que significa que no todas esas viviendas vacías son habitables y, por tanto, no necesariamente podrían servir para albergar a personas desahuciadas o para salir al mercado del alquiler.
De hecho, el 30% de las viviendas vacías tienen más de medio siglo,
el 13,7% se encuentra en pequeñas poblaciones de menos de 1.000
habitantes y un 15% de ellas no se encuentra en buen estado.
Galicia, La Rioja y Murcia son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de viviendas vacías, mientras que Navarra, Madrid, País Vasco, Melilla y Ceuta son las de un porcentaje menor.
Torre Pacheco (Murcia), con el 36%, y Denia (Alicante), con el 32%, donde más casas vacías hay
En Galicia esta situación es especialmente significativa: una de cada cinco viviendas de Orense y Lugo está vacía. Son las dos provincias con mayor porcentaje de viviendas desocupadas.
El 18,5% de las viviendas vacías está en Andalucía, donde la semana
pasada la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), dijo que
en esta región había entre 700.000 y un millón de casas desocupadas para
justificar su Decreto para la Función Social de la Vivienda. La
realidad es que, según el censo, hay 637.221 viviendas cerradas.
Por otro lado, los municipios con mayor porcentaje de casas en las que no vive nadie son Torre Pacheco (Murcia), con el 36%, y Denia (Alicante), con el 32%. En el otro lado están Moguer (Huelva), con el 1,3%, y Rivas-Vaciamadrid (Madrid), con el 2%.
Segundas viviendas
El INE también analiza las viviendas secundarias, destinadas a ser
ocupadas sólo ocasionalmente, por ejemplo en las vacaciones o durante
los fines de semana. El número de estas viviendas apenas ha crecido en
10 años, según estos datos. En 2011 se registran 3.681.565, un 0,8% más
que en 2001.
Cuatro de cada 10 viviendas secundarias está situada en municipios con menos de 1.000 habitantes.
En cuanto a las viviendas principales, se han contabilizado 18.083.692, un 27,5% más que en la década anterior.
Viviendas vacías, secundarias y principales conforman el total de
viviendas contabilizadas por el INE: 25,208.623, lo que supone un 20,3%
más que en 2001.
Decenas de muertos tras explotar una planta química en Texas
La devastadora explosión que tuvo lugar en la noche del miércoles cerca de Waco (Texas) ha dejado entre cinco y 15 víctimas mortales
y 160 heridos, según ha informado el portavoz de la Policía de Waco,
William Swanton, que ha explicado que todavía se está comprobando puerta
por puerta que no falte nadie. Según la CBS, entre los muertos habría
bomberos que acudieron a extinguir las llamas.
Swanton ha confirmado además que no hay "ninguna indicación que no haga pensar que ha sido un accidente tras el fuego".

De momento se desconocen las causas, aunque no hay indicios de que se
trate de un ataque terrorista y las primeras hipótesis apuntan a que se
produjo un incendio en uno de los edificios de la planta que entró en
contacto con amoniaco y produjo una gran explosión, "similar a una bomba nuclear",
según el alcalde de West, Tommy Muska. "Hay mucha gente que está
herida. Hay mucha gente que no va a estar aquí mañana", añadió.

Pinche en la parte superior derecha para ampliar la imagen
La explosión ocurrió a las 19.50 horas (0.50 hora peninsular
española) del miércoles en la planta industrial West Fertilizer Plant,
en la localidad de West, a unos 20 kilómetros al norte de Waco y unos
100 kilómetros al sur de Dallas. Al parecer fue tan fuerte que se oyó en
Waxahachie, a 75 kilómetros del lugar.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un movimiento en la tierra de magnitud 2,1 la escala de Richter a causa del estallido, que fue percibido como varias explosiones sucesivas por los habitantes.
La fábrica situada en el este del estado de Texas quedó totalmente
destrozada por la explosión. Las imágenes de televisión mostraban una
enorme nube de humo sobre el lugar y edificios en llamas.
El portavoz del Departamento de la Seguridad de Texas manifestó que el daño registrado es comparable a la destrucción causada por la explosión de una bomba que en 1995 arrasó el Edificio Federal Murrah en Oklahoma City y que entonces causó 168 fallecidos.
Las autoridades buscan 'por todas partes'
"Los bomberos pueden luchar contra el fuego por el momento ...
Se encuentran en la zona, pero no pueden acercarse a causa de los gases
tóxicos que se escapan", añadió. La policía de Texas confirmó que hay
varios bomberos y personal de emergencias desaparecido tras la
explosión.
Un camión de bomberos calcina junto a la explosión. | Efe
"Puedo confirmar que puede haber bomberos que se encuentren en
paradero desconocido y potencialmente un agente de la ley también", dijo
el sargento de policía de Waco Patrick Swanton, quien también
puntualizó que los fuertes vientos están dificultando las labores de
rescate.
El sargento de Policía de Waco Patrick Swanton, que hizo de portavoz
de las diferentes agencias de emergencias que se encuentran en el lugar,
explicó en que las autoridades esperan que el número de fallecidos
aumente a medida que continúan las labores de rescate, pero no dio
cifras.
"Puedo confirmar que puede haber bomberos que se encuentren en
paradero desconocido y potencialmente un agente de la ley también", dijo
Swanton, quien también puntualizó que los fuertes vientos están
dificultando las labores de rescate.
Decenas de edificios resultaron afectados por la explosión, incluidos una residencia de ancianos y una escuela.
El alguacil del condado de McLennan, Parnell McNamara, relató que el
hogar de ancianos y gran parte del centro de la ciudad había sido
evacuado.
De acuerdo al alcalde de West, Tommy Muska, por los efectos de la
explosión quedaron destruidas unas 80 casas de la localidad. Según
Muska, edificios en un radio de cinco bloques resultaron gravemente
dañados. El diario local 'Waco Tribune-Herald' aseguró que los bomberos
estaban tratando de apagar un incendio en la planta cuando ocurrió la
explosión, y que algunos estaban entre los heridos.
"Vamos a buscar por todas partes. Vamos a hacer que todo el mundo
esté contabilizado. Eso es lo más importante en estos momentos", dijo el
alcalde de West, donde la mitad de sus 2.800 habitantes han sido evacuados
por temor a más explosiones y al efecto de los gases. Las autoridades
también advirtieron de que el aire podría verse contaminado tras la
explosión, por lo que el peligro para los habitantes todavía no ha
cesado.
Todo devastado
"Está todo devastado. Nunca he visto nada como esto. Parece una zona de guerra con todos los escombros..." ha afirmado el sheriff del condado de McLennan Parnell McNamara.
Un testigo de la explosión, Bill Bohannan, que en ese momento estaba
de visita en casa de sus padres, cerca de la planta, dijo al diario que la explosión fue "devastadora".
"Dije, esto va a explotar... Y les pedí a mis padres que entraran en el
coche. Estaba de pie junto a mi coche con mi novia, a la espera de que
mis padres saliesen y (la planta) explotó. Nos golpeó contra el
vehículo", dijo.
"Inicialmente fue un pequeño fuego y el agua entró en contacto con el amoniaco," entonces hubo una gran explosión, relató un recepcionista de un hotel cercano.
Equipos emergencia, ambulancias, cuerpos de seguridad, y otros
vehículos de emergencia se han desplazado hasta el lugar y están
evacuando a los heridos a un campo de fútbol cercano que está actuando de hospital de campaña.
El gobernador de Texas, Rick Perry, sostuvo en un comunicado que se
está vigilando la evolución y recopilando información de todo lo que
vaya surgiendo del accidente. "También hemos movilizado recursos del Estado para ayudar a las autoridades locales. Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de West", afirmó.
El 19 de abril de 1993, después de un sitio de más de 50 días, el rancho de la secta de los davidianos,
en las afueras de Waco, fue destruido por un incendio provocado en el
que murieron alrededor de 80 personas, incluidos 20 niños, víctimas de
un suicidio colectivo.
Sin embargo, el congresista por Texas Bill Flores, en declaraciones a la CNN, descartó que la explosión de la pasada noche se haya tratado de un sabotaje.
Comunicado del grupo promotor de la ILP: No es nuestra ILP. No en nuestro nombre.
Conocida la posición del Partido Popular en la ponencia de impulsar en solitario su proyecto de ley, las entidades promotoras de la ILP han decidido retirarla porque no recoge el contenido del texto presentado en el congreso.
Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los
desahucios y el alquiler social denuncian la voluntad del Partido
Popular de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP para
desvirtuar las propuestas de esta iniciativa ciudadana.
La propuesta de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” desconoce las legítimas pretensiones de la ILP: dación en pago retroactiva; paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.
La propuesta del PP supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto. Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras.
Pese a la aceptación a trámite parlamentario de la ILP, el PP, desconociendo el masivo apoyo social a la propuesta, elimina todo rastro de la ILP por la dación en pago. Con su proyecto de Ley, el PP no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria (ni de los que ya han sido desahuciados ni de los que lo serán en el futuro). Miles de ciudadanos continuarán perdiendo la vivienda i continuaran endeudados con las entidades financieras, perpetuándose la injusticia de la legislación hipotecaria española.
Mientras que la ILP permitía liberar a las familias de la condena financiera y facilitaba su acceso, en régimen de alquiler social, a las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras. Unas medidas que permitían mitigar de manera decisiva los efectos sociales más dramáticos de la crisis económica actual. La reforma del PP seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de personas. Por todo ello, las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, hemos decidido retirarla y poner en evidencia que el proyecto de ley del PP supone el rechazo a la ILP que se presentó en el Congreso.
La propuesta de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” desconoce las legítimas pretensiones de la ILP: dación en pago retroactiva; paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.
La propuesta del PP supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto. Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras.
Pese a la aceptación a trámite parlamentario de la ILP, el PP, desconociendo el masivo apoyo social a la propuesta, elimina todo rastro de la ILP por la dación en pago. Con su proyecto de Ley, el PP no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria (ni de los que ya han sido desahuciados ni de los que lo serán en el futuro). Miles de ciudadanos continuarán perdiendo la vivienda i continuaran endeudados con las entidades financieras, perpetuándose la injusticia de la legislación hipotecaria española.
Mientras que la ILP permitía liberar a las familias de la condena financiera y facilitaba su acceso, en régimen de alquiler social, a las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras. Unas medidas que permitían mitigar de manera decisiva los efectos sociales más dramáticos de la crisis económica actual. La reforma del PP seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de personas. Por todo ello, las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, hemos decidido retirarla y poner en evidencia que el proyecto de ley del PP supone el rechazo a la ILP que se presentó en el Congreso.
El grupo promotor está formado por CCOO, UGT, Observatorio DESC,
Taula del Tercer Sector, Confavc y Plataforma de Afectados por la
Hipoteca
#ExigimosNuestraILP
Comunicado El PP desahucia la ILP
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