tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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sábado, 8 de febrero de 2014

Tarta de queso con kiwi



Ingredientes:
200 g de galletas oreo sin la crema,  250 g de queso mascarpone,  80 g de mantequilla,  45 ml de leche,  50 g de azúcar en polvo250 ml de nata montada,  3 cucharadas de agua hirviendo,  10 ml de zumo de limón,  1 kg de kiwi sin piel,  1 cucharada de gelatina neutra en polvo,  650 g de azúcar,  1 limón exprimido1 palito de canela,  100 ml de Brandy.
Elaboración:
Para elaborar la base de la tarta introducimos las galletas en una bolsa con cierre y la aplastamos con la ayuda de un rodillo, hasta que queden migas. Mezclamos con la mantequilla fundida y rellenamos la base de un molde de tarta. Reservamos. Para preparar la mermelada de kiwi ponemos el kiwi pelado y troceado junto con los demás ingredientes en una cacerola y dejamos cocer a fuego lento durante 30 minutos aproximadamente. Apartamos la canela, trituramos y dejamos enfriar. Ponemos en un cazo el agua, el zumo de limón y 1 cucharada sopera rasa de gelatina neutra en polvo y dejamos calentar durante unos minutos, disolver y templamos la gelatina. El relleno lo preparamos triturando el queso junto con la leche y el azúcar. Mezclamos la nata y la gelatina, rellenamos el molde de la tarta, dejamos enfriar y cuando esté consistente untamos una capa de mermelada.

Abusos sexuales de la iglesia católica

Diario 16


El mes pasado, representantes de la Santa Sede comparecieron ante un comité de las Naciones Unidas para dar cuenta de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Vaticano en 1990. Esta semana, el comité de la ONU emitió un informe consignando las conclusiones a partir de la histórica audiencia, un documento que trata temas de abusos sexuales, discriminación, torturas y demás atropellos cometidos por la “inmaculada” Iglesia católica contra niños y niñas alrededor del mundo.Lo primero que se extrae del documento es que el Vaticano no ha cumplido con la CDN y que, por el contrario, ha infringido los pilares de la misma, poniendo en riesgo a millones de menores.
Respecto a los casos de abusos sexuales, la ONU señala que "la Santa Sede no ha reconocido la magnitud de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la persistencia de los abusos, y a la impunidad de los perpetradores". “La Iglesia ha estado más preocupada por evitar el escándalo, que por proteger a los niños abusados”. “Debido al código de silencio impuesto a todos los miembros del clero, bajo pena de excomunión, los casos de abuso sexual a menores casi nunca han sido reportados ante las autoridades seculares”. En este sentido, se insta al Vaticano a que “retire inmediatamente de sus cargos a todos los clérigos abusadores (conocidos y sospechosos)”. Además, se exige la “distribución transparente de todos los archivos que puedan ser utilizados para mantener sin castigo a los criminales”, información que el Comité de la ONU alega haber solicitado, pero que el Vaticano se ha negado a entregar.
En el informe se denuncia que “es ampliamente conocido y documentado que los violadores han sido trasladados de parroquia en parroquia o incluso a otros países, en un intento por encubrir sus delitos”.
Durante la comparecencia del mes pasado, la Santa Sede intentó exculparse ante la ONU arguyendo que son las autoridades de los países donde se cometen los delitos los responsables de iniciar los procesos judiciales contra los criminales. En respuesta, la ONU defiende que “la Santa Sede, al ratificar la CDN, se comprometió a aplicarla no sólo en el territorio de la Ciudad del Vaticano, sino también como poder supremo de la Iglesia Católica, a través de las personas y las instituciones bajo su mando”. En otro apartado, la ONU menciona que “las denuncias ante las autoridades nacionales nunca fueron obligatorias para la Iglesia”; y que inclusive, “la consecución de las mismas han sido rechazadas explícitamente en países como Irlanda, en una carta oficial dirigida a los miembros de la Conferencia Episcopal en 1997. En muchos casos, autoridades eclesiásticas, incluyendo a los más altos rangos de la Santa Sede, han mostrado renuencia o se han negado a cooperar con las autoridades civiles”.
El Vaticano, como apunta la ONU, debe modificar el Código de Derecho Canónico. Bajo este sistema de leyes se considera a los abusos sexuales infantiles como "delitos contra la moral", y no como crímenes en toda regla.
Ante tanto agravio sistemático, sería de justicia que la Iglesia hiciera un verdadero mea culpa y acatara las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece que estamos lejos de que ello suceda. La Santa Sede ya se ha pronunciado en contra del documento, alegando que en estos últimos años su institución ha efectuado importantes avances, por lo que el informe del Comité de la ONU es producto de la inquina, de ideologías parciales y de una perspectiva incorrecta.
Para comprobar la veracidad de las declaraciones vertidas, la próxima semana repasaremos los últimos casos de pederastia de la Iglesia católica. Les puedo asegurar que los caminos nos llevarán directamente a Rom

Panamá y la Transnacional Sacyr, ejemplo de expoliación




Nuestro Continente se encuentra atravesado, justo en la mitad por un Canal que en vez de traer beneficios para nuestros pueblos, más bien ha sido el medio para que se enriquecieran las superpotencias y las oligarquías criollas. El Canal de Panamá es la vía que permite comunicar los océanos Pacífico y Atlántico sin necesidad de atravesar el sureño Cabo de Hornos, como se hacía hasta el siglo XIX.
Es bueno recordar que la ambición de los EEUU por construir el Canal, obligó a la firma del Tratado Herrán-Hay con la República de Colombia, para luego ser rechazado por el Senado colombiano, lo que dio las excusas perfectas a un grupo separatista del norte de Colombia para proclamar, con el auspicio gringo, la creación de una nueva República. Luego de la separación, en 1903, los Gobiernos de EEUU y Panamá firman el Tratado Hay-Bunau Varilla para la construcción del Canal que finalmente fue inaugurado en 1914.
Hubo que esperar hasta la firma del tratado Torrijos-Carter, en 1977, para acabar con la perpetuidad del anterior tratado y poner fecha a la transferencia del Canal a manos panameñas. Ahora un consorcio, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) trabaja desde 2009 en las labores de ampliación del Canal, construyendo nuevas esclusas de la ruta acuática, bajo la tutela de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Hoy, 100 años después de su inauguración, cuando se está trabajando en la ampliación del mismo, continúan las ansias imperiales y capitalistas por seguir extrayendo beneficios a costa de una obra por la que los panameños reciben apenas migajas.
Actualmente las ampliaciones las realiza un consorcio liderado por la empresa española Sacyr, junto con las empresas italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la española Constructora Urbana. Este Consorcio ha desarrollado una estrategia de negociación harto conocida por nuestras economías. Se trata de un conjunto de acciones en donde la República contrata a una gran transnacional que supuestamente tiene la experiencia, conocimiento y el músculo financiero para realizar la obra. La empresa cotiza, se aprueba el proyecto, se firma el contrato con una gran difusión mediática y luego comienzan los dolores de cabeza: los replanteamientos, los problemas “ocultos”, los cambios de precio, las obras extras, en fin, un conjunto de situaciones que disparan los precios originales y dan al traste con cualquier planificación que se haya podido realizar.
Muchas veces esto viene amenizado con cambios de autoridades relevados por no cumplir los plazos de entrega, retrasos mientras las nuevas autoridades entienden la magnitud del problema y luego otra vez, nuevos replanteamientos, nuevos precios, aumentos y nuevas obras extras. Lo que le ocurre a Panamá con la empresa Sacyr es exactamente igual a lo que ocurre con la mayoría de las contrataciones que se realizan con las transnacionales. No es casual, es una estrategia bien pensada en donde ellos son especialistas en desangrar los presupuestos de nuestras naciones.
Sin embargo, en Panamá el caso tiene unas implicaciones mayores. Los medios de comunicación han politizado al extremo el problema, hay repercusiones diplomáticas importantes, además que la suspensión de las actividades ha dejado en espera a más de 10.000 trabajadores de esta inmensa obra. Sacyr y sus socios han dicho que las autoridades del Canal no han pagado una factura pendiente de 50 millones de dólares, además de señalar que se han fijado en alrededor de 1.600 millones de USD los sobrecostos producto de aumentos y obras adicionales.
Por el lado panameño, las autoridades se encuentran entrampadas, porque rescindir el contrato y buscar a una nueva empresa puede llevarlos a una larga disputa en tribunales que incrementaría notablemente los costos de la obra, además está latente el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) quien ha dicho que no va a permitir que los trabajadores sean los afectados en el conflicto.
Es importante destacar que el Consorcio ganó en el año 2009 la licitación para la construcción de las obras con una oferta de 3.118 millones de USD y con la meta de terminar en el 2014. Ahora solicitan 1.600 millones adicionales y han prometido la obra para el 2015. ¿Suena esto conocido para quienes dirigen proyectos en otros países en donde la contraparte son grandes transnacionales de la construcción y la ingeniería? ¿Cuántas empresas como Sacyr tenemos, por ejemplo, en Venezuela?
La verdad es que el Capitalismo se amolda a los nuevos tiempos y consigue nuevas maneras de expoliar, de explotar y de extraer recursos de nuestros países.

Autocontrol exige a los operadores de móvil anunciar precios con IVA

Autocontrol, el organismo privado encargado de vigilar la publicidad, ha dado la razón a Vodafone frente a sus principales competidores al entender que incumplen el auto del Instituto Nacional de Consumo (INC) que les conminaba a que desde el pasado 2 de diciembre publicitaran todas sus tarifas con el IVA incluido. El organismo ha desestimado los recursos de alzada de Telefónica, Orange, Ono, Yoigo y Jazztel contra la resolución y les conmina a que modifiquen su publicidad para adaptarse a la norma.
Autocontrol entiende que, salvo Vodafone, el resto de operadores no han modificado de forma satisfactoria su publicidad para adaptarla a la norma nacional y comunitaria, de que se debe presentar los precios completos, incluidos los impuestos, en la publicidad principal y no solo disimulada en la letra pequeña.
“En los mensajes publicitarios en los que se refleje el precio de los productos y/o servicios, las referencias principales (esto es, las que se incluyan en las partes más destacadas de la publicidad) al precio deben hacerse mencionando el precio completo con impuestos incluidos. A juicio de este Pleno, esto no excluye que en la publicidad también se pueda informar de cuál es la parte del precio que corresponde al importe del producto y cuál es la parte que corresponde a impuestos. Pero esta mención deberá ser en todo caso secundaria en relación con la referencia principal al precio final completo, pues en caso contrario se podría frustrar la finalidad perseguida por la norma”, indica el organismo.
Autocontrol —integrado por agencias, anunciantes, medios y patronales— intervino ante la denuncia de Vodafone que tras cumplirse el plazo dado por Consumo entendió que sus rivales no habían llevado a cabo los cambios oportunos para que su publicidad se ajustara a la norma, siendo la operadora británica la única que cumplía con esa norma.
Vodafone ha señalado hoy que estudia acudir ahora a los juzgados de lo mercantil porque amparándose en Ley de Competencia Desleal, este es un caso claro de publicidad engañosa, pues al no presentar los precios de la forma correcta, los consumidores perciben un precio un 21% más barato que el que realmente van a pagar.
El Pleno de Autocontrol entiende que en las referencias principales al precio, es decir, aquellas que se incluyan en las partes más destacadas de la publicidad, deben hacerse mencionando el precio con impuestos incluidos.
 A juicio de ese organismo, esto no excluye que en la publicidad también se pueda informar de cuál es la parte del precio que corresponde al importe del producto y cuál a impuestos. Esa mención, añade en la resolución, "deberá ser en todo caso secundaria en relación con la referencia principal al precio final completo, pues en caso contrario se podría frustrar la finalidad perseguida por la norma".
Autocontrol señala que es consciente de que la aplicación de este nuevo criterio conlleva un cambio en la constante doctrina del Jurado de la Publicidad mantenida hasta el momento y reconoce que, a través de estas resoluciones, cambia su doctrina previa.
El INC, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ya avisó a las compañías incumplidoras que remitirá un expediente a la Abogacía del Estado para forzar la prohibición de los anuncios que no se adapten a la norma.

Pechos ‘planchados’, la otra mutilación femenina

Las víctimas son niñas prepúberes, entre ocho y once años. Les aplastan los pechos durante meses con un objeto candente para evitar que adquieran turgencia y su volumen atraiga demasiado pronto el interés de los hombres. Es una práctica ancestral denominada “planchado del pecho” y originaria de Camerún, pero hay un creciente número de casos en Reino Unido.
Dicen sus defensores que es un modo de preservar a las chicas del acoso sexual e incluso de evitar embarazos precoces. Nada más lejos de la realidad: la tortura ha demostrado su ineficacia a la hora de impedir la actividad sexual a edades tempranas. En 2010, alrededor del 30% de las camerunesas habían sido madres antes de cumplir los 18 años, según elFondo de Población de la ONU.
Lejos de la repercusión que otras prácticas de mutilación sexual femenina han alcanzado en el mundo –precisamente esta semana se celebraba el Día Internacional Tolerancia Cero contra las distintas formas de mutilación genital, que afectan a 125 millones de mujeres en 29 países de África y Oriente Próximo-, el fenómeno de las niñas con los pechos deformados sigue siendo en su mayoría  un secreto. También las víctimas callan sobre lo sucedido, en parte porque asumen que es lo mejor para ellas –el discurso tradicional-, y apenas reconfortadas por las mujeres de la familia, que les aseguran que sus pechos volverán a crecer cuando sean mayores.

El silencio perpetúa la práctica y todas sus consecuencias, entre las que se cuentan abscesos, picores, descarga de leche, infecciones, disimetría de las mamas, mastitis, infecciones, fiebre alta, piel quemada y daño en los tejidos... por no hablar de las secuelas psicológicas.
El planchado afecta al 24% de las camerunesas –es decir, una de cada cuatro-, y es más común entre la población cristiana y animista del sur del país que en el norte, de mayoría musulmana, donde sólo se ven afectadas el 10% de las mujeres, sostiene el Fondo de Población de la ONU. En 2006, unos cuatro millones de camerunesas habían experimentado el proceso, que puede repetirse a diario durante más de un año, y otros cuatro millones eran víctimas potenciales del mismo, según la agencia alemana de cooperación internacional, que había dado la voz de alarma un año antes.
No es una práctica privativa de Camerún; también se realiza en Guinea-Bissau y en países del centro y el oeste de África como Chad, Togo, Benín y Guinea-Conakry. Más de la mitad de las agresiones (en torno al 58%) son perpetradas por la propia madre de la menor, aunque también suelen participar otras familiares. A menudo el padre permanece ajeno al suceso.
La ONG CAME Women and Girls Development Organisation, con base en Reino Unido, convocó recientemente una conferencia para dar luz pública al fenómeno, que la ONU ha incluido entre los crímenes más comunes que se perpetran contra las mujeres. Otros grupos locales, como la Asociación Red de Tías de Camerún (Renata), formada por víctimas del planchado, alientan campañas de radio y televisión dirigidas a 45.000 estudiantes de zonas rurales.
Las animosas Tías también han publicado carteles en los que se describen los tipos de objetos usados (lascas de piedra, martillos, espátulas, incluso la mano de un mortero calentado sobre brasas), un catálogo de horrores para una tortura silenciosa y, ojalá, cada vez menos secreta. Según el Gobierno camerunés, la práctica se ha reducido en un 50% desde que fuera detectada por primera vez, en 2005 y accidentalmente, durante una investigación de la agencia alemana de cooperación.

Coca-Cola paga 2,9 millones al fisco tras una inspección de Hacienda

La Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, empresa a través de la que opera en España la multinacional de refrescos Coca-Cola, pagó en enero del año pasado 2,98 millones de euros para regularizar su situación fiscal de 2006 y 2007. Hacienda reclamaba esta cantidad a la empresa en concepto de pagos por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros tributos. Coca-Cola señala en el informe de gestión de 2012 que ha realizado el pago exigido por el fisco español, y reconoce que en febrero de 2013 recibió, además, un requerimiento de la Agencia Tributaria por el que se le comunica la apertura de otra investigación relativa al impuesto de sociedades entre 2008 y 2011, y por el IVA y otros tributos entre 2009 y 2011.
Coca-Cola lleva años inmersa en diversas pugnas con la Hacienda española. En 2012 su otra filial, Refrescos Envasados, decidió provisionar 67,7 millones para hacer frente a diversos procesos judiciales desfavorables. “La sociedad tiene abiertos a inspección para todos los impuestos las liquidaciones presentadas para los cuatro últimos ejercicios”, señala la compañía en su informe de 2012. Explica con detenimiento una reclamación de 2010, por la que la Agencia Tributaria le exige cerca de un millón de euros por irregularidades en la declaración del IVA de octubre y noviembre de ese año. La empresa apeló la multa, achacando las irregularidades a un error y reclamó al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). 

La marca, un regalo

Precisamente el mismo tribunal, el TEAC, emitió otra resolución en octubre de 2013 en el que ponía en duda otra práctica de la empresa, que finalmente evitó la sanción por cuestiones técnicas. La Inspección Tributaria exigía a Coca-Cola 3,41 millones de euros porque consideraba que había eludido el pago de parte del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR), asegurando que cedía gratis a las embotelladoras españolas (ahora fusionadas en Iberian Partners) el uso de su marca.
Los inspectores denunciaron que la multinacional sí cobraba por la marca, indirectamente, incluyendo su coste en el precio cobrado como proveedor del jarabe concentrado con el que se elabora el refresco. El TEAC, en su resolución de octubre, corroboró la acusación, pero desestimó la multa, porque no aprobó el sistema por el que se había calculado la sanción. La compañía no ofreció ayer valoraciones sobre el asunto.

Los españoles recibirán asistencia gratis en cualquier hospital de la UE

Los pacientes españoles, igual que todos los europeos, ya pueden reclamar su derecho a elegir libremente en qué país tratarse de sus dolencias. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el real decreto con el que se traslada a la legislación española la directiva de la Unión Europea que regula los derechos de los pacientes en lo que se conoce como asistencia sanitaria transfronteriza. Los ciudadanos deberán adelantar el pago de los servicios sanitarios que reciban, pero después podrán solicitar el reembolso a su país de origen. Esa es la esencia, el espíritu de la directiva: dar libertad para desplazarse a otro Estado con el propósito expreso de recibir asistencia sanitaria —las urgencias ya estaban cubiertas mediante tarjeta sanitaria europea—.
Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Además de preguntas sobre el flujo de pacientes que puede generar la directiva —¿Habrá muchos ciudadanos españoles interesados en operarse fuera? ¿Y extranjeros que quieran venir a España?—, surgen cuestiones sobre excepciones a la norma, autorizaciones previas y la manera de recibir el reembolso. Algunas ya las tiene claras el Ministerio de Sanidad; otras no, y serán las comunidades autónomas las que acaben de perfilar cómo garantizar ese nuevo derecho de sus ciudadanos.
Las prestaciones cubiertas serán las incluidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si en la comunidad autónoma de residencia hay una complementaria que incluya más prestaciones, también se reembolsarán. Los medicamentos están incluidos. Sin embargo, quedan excluidos los cuidados de larga duración, los trasplantes de órganos y los programas de vacunación públicos. El reembolso no se hará por el coste total de los servicios que cobre cada hospital, sino por las tarifas oficiales de cada servicio de salud. En España, no existe una tarifa común: cada comunidad autónoma fija sus precios públicos.
La sanidad privada española podría ser la principal beneficiaria de esta nueva directiva, según explicó el director general de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero. Los centros privados “con nombre y prestigio” podrían ver incrementada su clientela europea ahora que los países de la UE deben reembolsar los tratamientos realizados fuera. También pueden elegir un centro público, pero pasarían a engrosar las abultadas listas de espera de los hospitales en las mismas condiciones que los pacientes españoles. Los costes, tanto en la pública como en la privada, son más bajos que en muchos países europeos. “Puede que a los nórdicos les salga más barato enviar a sus pacientes a España”, señaló Rivero.
En el caso contrario, el de españoles que quieran tratarse fuera, hay que tener en cuenta que no bastará con tomar la decisión, marcharse y presentar la factura a la vuelta. El anexo II del real decreto, que previsiblemente se publicará este sábado en el Boletín Oficial, enumera una serie de prestaciones sanitarias que requieren de una autorización previa. Son las muy especializadas, las muy complejas o las muy caras. Entre ellas: diálisis, radiocirugía, tomografía PET, radioterapia, reproducción humana asistida o medicación que cueste más de 1.500 euros al mes. Si el tratamiento implica que el paciente tiene que pernoctar en el hospital, aunque sea una noche, también deberá pedir autorización. Y serán las comunidades autónomas quienes la concederán o la denegarán.
¿Con qué criterios? No se han establecido, según confirmó el ministerio. Cada región aplicará los suyos y, dentro de un tiempo, cuando se vea qué repercusión tiene la normativa, se pondrán en común en el Consejo Interterritorial, el órgano que reúne al ministerio y las comunidades. Tampoco se ha fijado un tiempo máximo para que los servicios autonómicos de salud devuelvan el importe de los tratamientos a sus ciudadanos. El ministerio les da libertad para que lo gestionen como consideren. Tampoco será suficiente con presentar las facturas. Habrá que aportar informes médicos. Una comunidad podría denegar la autorización si considera, por ejemplo, que la intervención se ofrece en sus propios hospitales.
Rivero destacó que la directiva beneficiará a los pacientes con patologías raras o complejas, que tendrán más fácil la movilidad entre países. Sin embargo, la posibilidad de tratarse en un país extranjero de una dolencia muy específica ya existe actualmente. La diferencia consiste en que, según los reglamentos actuales, es el médico el que decide el cauce y envía al paciente al hospital extranjero que considera. En ese caso, el sistema sanitario del país de origen cubre todos los gastos. Si el ciudadano sale fuera acogiéndose a la directiva, solo se le reembolsa según lo que cuesta ese tratamiento en su país. Si le prescriben un fármaco que en España no está cubierto, no se lo reembolsarán.
Pese a que la directiva europea daba libertad a los Estados miembros para incluir en los gastos reembolsables el transporte y el alojamiento, España no lo hará y, según Rivero, pocos países están dispuestos a incluirlo. Como la directiva entró en vigor el 25 de octubre pasado, ya hay personas que han consultado cómo pueden pedir la devolución del importe de sus tratamientos. Se han recibido unas 25 solicitudes, precisó el ministerio.
La directiva es tan reciente que es difícil aventurar cifras, dice Rivero. Sin embargo, tal como recuerda David Cantarero, de la Asociación de Economía de la Salud, un borrador de real decreto calculó que si el 10% de los pacientes que llevan más de 180 días en lista de espera (50.000)pide operarse fuera, el coste sería de 32,2 millones de euros. “Es decir, el impacto presupuestario no parece muy elevado, aunque a cambio puede suponer un mayor ingreso, también para la asistencia sanitaria privada”, señala este profesor de la Universidad de Cantabria.

EE UU reclama una reanudación rápida de las obras del Canal

EE UU, el principal usuario del canal de Panamá, irrumpió este viernes en la disputa sobre sobrecostes multimillonarios en las obras de ampliación de la ruta marítima. El Gobierno norteamericano instó al consorcio responsable de desarrollar el proyecto, liderado por la constructora española Sacyr, y los administradores del canal a llegar a “una rápida solución” para garantizar “la reanudación completa” de las obras, paralizadas desde esta semana.
Washington ha estado “siguiendo de cerca los acontecimientos en la disputa” entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), aseguró una portavoz del Departamento de Estado a Efe. “Una conclusión temprana de la ampliación del canal es importante para la actividad comercial de EE UU”, indicó. Varios puertos norteamericanos están invirtiendo en mejoras de infraestructura con el fin de prepararse para responder a los buques de mayor tamaño que podrán transitar a través del nuevo juego de esclusas del canal (permitirá el tránsito de buques con 12.000 contenedores, frente al límite actual de 4.000 contenedores).
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense había mantenido silencio respecto a la disputa, pese a que en numerosas ocasiones ha expresado su enorme interés en el éxito del proyecto. Los documentos obtenidos por Wikileaks y publicados por EL PAÍS en 2010 revelaron que EE UU hizo gestiones para intentar evitar que Sacyr lograse las obras y abogó “implacablemente” para que la estadounidense Bechtel ganase el concurso, valorado en 3.120 millones de dólares (2.300 millones de euros).
Estados Unidos es el principal usuario del canal de Panamá
Aunque las negociaciones formales para intentar cerrar la disputa sobre sobrecostes de 1.600 millones de dólares están rotas, el consorcio informó este viernes de que ha enviado una nueva propuesta a la Autoridad del Canal. Las empresas no dieron detalles. “GUPC continúa sus esfuerzos para encontrar una solución y llegar a un acuerdo con la ACP y ha entregado una nueva propuesta que recoge las inquietudes de la ACP al tiempo que proporciona los fondos necesarios para terminar la obra del tercer juego de esclusas”, aseguró en un comunicado en el que, por primera vez, las empresas admiten que han suspendido las obras. “A la espera de un acuerdo que funcione para la finalización de la obra, se han suspendido los trabajos en el proyecto”, añadió. “Un acuerdo es la única solución que permite la continuación inmediata de las obras y la terminación temprana y más eficiente del proyecto en beneficio de la ACP y Panamá”. La ampliación, ejecutada ahora al 70%, debería estar lista en 2015.
Mientras, la Autoridad del Canal confirmó que el consorcio se puso al día con los pagos de las cotizaciones de sus trabajadores, lo que garantizará el pago de salarios de la quincena y otras prestaciones a los más de 10.000 empleados afectados por la suspensión de las obras. Así lo garantizó Jorge Quijano, administrador de la ACP, que se reunió con la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares.
El secretario general de la organización sindical, Saúl Méndez, dijo que la ACP les ha asegurado que si el consorcio se retira definitivamente o la Autoridad rescinde el contrato, el nuevo patrono deberá contratarles bajo las mismas condiciones que GUPC. Quijano dijo a los representantes de los trabajadores que sigue habiendo contactos con el consorcio.
La situación se encuentra en punto muerto. Mientras las empresas contratistas intentan que se vuelva a la mesa de negociación, la ACP se muestra dialogante a la vez que insiste en que acabará la obra con o sin el consorcio, bien sola o bien con la ayuda de otra constructora.

La CHORI - Infanta declara ya ante el juez Castro por el ‘caso Nóos’

Ha sido un momento fugaz. Apenas 15 segundos previos a una declaración histórica e insólita de la infanta Cristina. La hija menor del Rey ha decidido llegar en coche hasta la puerta del juzgado y eludir así el conocido comopaseíllo. A las 9.45 ha recorrido, sentada en la parte trasera de un vehículo negro, la rampa que conduce al juzgado. Vestida con una chaqueta negra y pantalón azul, tacón negro bajo, ha bajado del coche, ha mirado a la prensa, ha sonreído mientras musitaba palabras inaudibles, y ha entrado al juzgado. Poco antes, uno de sus abogados, Jesús Silva, había manifestado a los periodistas apostados ante el juzgado: "Ella está muy tranquila". Doña Cristina declara ya ante el juez por presunto blanqueo y fraude fiscal en el marco del caso Nóos, en el que también está imputado su esposo, Iñaki Urdangarin. Unos 200 manifestantes han abucheado e increpado en la distancia a la hija del Rey cuando llegaba al juzgado.