tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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lunes, 7 de julio de 2014

DESCARGANDO EL BAMBÚ....

APRENDIENDO A CONDUCIR UN CAMION...

La Generalitat pagará hasta 1.600 euros a las agencias privadas por colocar parados

Entre 725 y 1.600 euros por parado al que consigan trabajo por un plazo mínimo de seis meses. Es lo que el Gobierno catalán pagará a las agencias privadas de colocación de acuerdo con la orden aprobada ayer para que el Servicio Catalán de Empleo (SOC en sus siglas en catalán) comience a trabajar con empresas de intermediación.
La orden fue aprobada con el voto de los directivos del SOC, las entidades municipalistas y las patronales, pero contó con los votos negativos de los sindicatos CC OO y UGT, que consideran que encargar la intermediación a las agencias supone privatizar el servicio público. Especialmente beligerante fue UGT, que reprochó a la Generalitat “que permita hacer negocio a costa de los parados”.
En total, la Generalitat destinará a la colaboración con los privados 3,5 millones de euros procedentes de una subvención del Gobierno español. Con esta cantidad prevé atender a unas 10.000 personas. En Cataluña hay 570.214 parados registrados. Los primeros desempleados comenzarán a derivarse desde el SOC a las agencias a finales de septiembre.

Los sindicatos votaron en contra de una fórmula que consideran que supone la privatización del SOC
En función de la duración del contrato y el perfil de la persona desempleada, las agencias recibirán 725 euros, 900 o 1.600 por encontrarles empleo. Irán destinados siempre a parados con dificultades de inserción: personas de entre 30 y 45 años que lleven más de un año y medio sin trabajo, jóvenes sin formación o mayores de 45 años que lleven seis meses en paro. Del global del presupuesto se ha reservado una partida para inserción de personas discapacitadas o con enfermedades mentales, que cuentan con un alto índice de paro.
En marzo del año pasado, este diario reveló que la Generalitat planeaba pagar 600 euros por parado colocado, pero el Gobierno dio marcha atrás porque había pactado las condiciones con la patronal de las agencias de colocación ACACER de espaldas a otros agentes, como los sindicatos. El plan previsto entonces contemplaba contratos por un plazo mínimo de tres meses, que se ha prolongado a seis.
Las empresas privadas de colocación son un sector diverso del que forman parte desde las grandes Empresas de Empleo Temporal (las ETT), hasta empresas municipales de empleo o asociaciones sin ánimo de lucro, como asociaciones de padres de discapacitados o talleres ocupacionales. Ayer, la junta de ACACER celebró que “por fin” puedan comenzar a colaborar con el SOC. “Llevamos cuatro años esperando”, recordó su presidente, Angel Buxó, en referencia al tiempo que ha pasado desde que se acreditaron para colaborar con los servicios públicos de empleo durante el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero. Buxó también destacó que la mayoría de empresas de la asociación son “consultoras, entidades del mundo local y del tercer sector” y reivindicó su papel: “Ya estamos gestionando inserciones cada día”.
El Gobierno catalán entiende los acuerdos que está a punto de comenzar a firmar como “un complemento a la intermediación que se seguirá haciendo desde las oficinas del SOC”. Además, deja claro que las empresas privadas de colocación, que pasaron un proceso de homologación, “están y estarán sometidas al control e inspección del SOC”.
La directora del servicio público, Olga Capmany, rechazaba ayer que la colaboración con los privados sea una privatización. “En algunas ocasiones será colaboración público-pública, porque derivaremos perfiles a los ayuntamientos”, apuntaba, y defendía el sistema como “la oportunidad de incrementar las oportunidades”: “Pretende conseguir una mejora de los mecanismos de intermediación laboral para fomentar las oportunidades de acceso a la ocupación por parte de los parados con dificultades de inserción”.
Respecto a la fórmula legal que se utilizará para remunerar a las agencias de colocación, al tratarse los fondos de una subvención finalista, el SOC pagará a las agencias también a través de subvenciones y no de convenios. Los convenios son la fórmula prevista en el programa marco previsto por el Gobierno central para la colaboración entre los servicios autonómicos de empleo y los privados. Un marco al que Cataluña no se sumó porque consideraba que invadía competencias autonómicas y porque discrepaba: Cataluña apuesta, recuerda la directora del SOC, Olga Campmany, “por un modelo de proximidad colaborando con las agencias locales en función del perfil de los parados, mientras que el Estatal era más genérico”.

Cataluña multa al portal Airbnb por comercializar pisos turísticos ilegales

El Gobierno de Cataluña ha decidido plantar cara al portal de InternetAirbnb al imponerle una multa de 30.000 euros por comercializarapartamentos turísticos ilegales. La sanción obedece a que la Generalitat ha constatado que la empresa norteamericana intermedia entre turistas y propietarios de viviendas que no han sido debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña, según explican fuentes del Ejecutivo catalán. Además, el portal ofrece habitaciones en domicilios particulares, lo cual está prohibido por la normativa catalana. En caso de que Airbnb no retire del portal las viviendas no habilitadas para ser alquiladas a turistas, la Generalitat se plantea iniciar un procedimiento para impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Cataluña.
Nacido en 2008 en San Francisco, Airbnb se ha convertido en el portal más popular para hallar alojamiento vacacional. La firma ofrece habitaciones, viviendas, castillos —e incluso furgonetas y cuevas— en más de 34.000 ciudades de 190 países. La compañía, que ya ha alojado a más de 15 millones de personas, ha estado en el punto de mira de las autoridades de Nueva York (EE UU), Quebec (Canadá) o Ámsterdam (Holanda). Sin embargo, Cataluña ha sido la primera Administración de la Unión Europea en sancionar al portal de Internet. Este diario no pudo contactar con la empresa.
La infracción ha sido considerada “grave” por los responsables de Turismo, por lo que ha impuesto la multa máxima, de 30.000 euros, a Airbnb Online Services Spain. A esa calificación ha influido la concurrencia de varias circunstancias agravantes, según han detallado las fuentes consultadas. En concreto, el Departamento de Empresa y Empleo, que dirige Felip Puig, ha considerado los perjuicios causados al resto del sector reglado por competencia desleal, el beneficio ilícito obtenido, el volumen económico de la empresa y la trascendencia social de la actuación infractora para el interés turístico, puesto que el viajero cree que está contratando un servicio legal.
La compañía ha estado en el punto de mira de Nueva York y Ámsterdam
La última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) dejó al margen de la normativa estatal las viviendas que salgan al mercado a través “canales de oferta turística” con una “finalidad lucrativa” y estableció que esos alquileres fueran regulados mediante la normativa sectorial, que debían elaborar las comunidades. El sector turístico interpretó entonces que el Gobierno cedía a las demandas de los hoteleros, que veían con preocupación la oleada de sitios de Internet que promueven el consumo colaborativo en el ámbito turístico.
Cataluña fue la primera comunidad que puso coto a los apartamentos turísticos tras calcular que tenía un millón de camas ilegales. Desde la entrada en vigor de la normativa, la Generalitat ha legalizado cerca de 200.000 camas turísticas. El decreto permite las viviendas de uso turístico, siempre que sus propietarios hayan comunicado previamente su actividad al Ayuntamiento, se hayan inscrito en el Registro de Turismo de Cataluña y cumplan unos requisitos mínimos de prestaciones, higiene y atención. En cambio, el artículo 66.2 del decreto 159/202 prohíbe que se alquilen habitaciones. “Las viviendas de uso turístico se ceden enteras, y no se permite su cesión por estancias”, reza. Fuentes de la Administración indican que eso también pesó sobre la sanción a Airbnb, puesto que hay un grueso de su oferta que ni era legal ni podrá serlo nunca.
La resolución de la Generalitat obliga a Airbnb a cesar de forma inmediata en la comercialización de inmuebles que estén ubicados en Cataluña y que no estén habilitados. Fuentes del Ejecutivo afirman que la Administración está decidida a hacer cumplir la ley y que, en caso de que la compañía no obedezca, pondrá en marcha el procedimiento necesario para impedir el acceso al portal desde cualquier IP (la dirección del ordenador) situada en Cataluña. Para ello será necesaria la cooperación de las operadoras, ya que la Generalitat admite que no tiene competencias en la inspección y sanción en telecomunicaciones.
El Gobierno catalán detecta más de 11.000 plazas irregulares
La multa a Airbnb procede de una inspección de oficio que el Departamento de Empresa puso en marcha hace un año. Por un lado, se rastrearon 2.000 portales de Internet, de los que 253 recibieron un requerimiento formal de la Generalitat por cometer algún tipo de irregularidad. Finalmente, el Ejecutivo abrió 55 expedientes y cerró ocho con una sanción, entre ellos el de Airbnb. Por otro lado, los inspectores también rastrearon el mercado de apartamentos turísticos. Por ahora, han sido expedientadas 284 personas que gestionaban 1.780 viviendas, lo que suma más de 11.000 plazas ilegales.
Barcelona es uno de los destinos más demandadas por los usuarios de Airbnb, cuyos responsables afirmaban en una entrevista a este diario el año pasado que habían recibido en sus oficinas al alcalde Xavier Trias. Según la empresa, sus servicios solucionan la vida a la ciudad cuando hay congresos mundiales como el de móviles o festivales como el Sónar. La consultora Dwif Consulting ha elaborado junto a profesores de Iese y Esade un estudio que señala que la compañía genera 128 millones de euros y 4.210 puestos de trabajo en Barcelona. El informe indica, además, que el 75% de los propietarios que alquilan sus viviendas son ciudadanos con unos ingresos dentro por debajo o iguales a la renta española.

Coto a la economía colaborativa

Algunos sitios y aplicaciones de economía colaborativa se han convertido en un quebradero de cabeza para las Administraciones. Antes de Cataluña, Airbnb ya se enfrentó a una larga guerra con la Fiscalía General del Estado de Nueva York, que acudió al juez para solicitar información que había demandado a Airbnb y que esta se había negado a solicitar. La investigación de la fiscalía había empezado un año atrás, cuando detectó que muchos usuarios que ofrecían sus pisos o habitaciones por Internet no pagaban impuestos por los alquileres. Finalmente, Airbnb accedió a proporcionar datos de actividades y usuarios, pero sin desvelar información confidencial.
La polémica se ha extendido con otras aplicaciones. El portal de movilidad Uber mereció huelgas de taxistas y motivó la apertura de un expediente por parte de la Generalitat. La Administración autonómica consideró que esa página, que pone en contacto a usuarios y chóferes, debe considerarse como una forma de transporte público, lo cual hace que esté sujeta a un “régimen de autorización previa”. Esa aplicación no solo ha causado malestar en España. Varias ciudades francesas pusieron trabas a la aplicación, mientras que Bruselas fue tajante y decidió prohibirla directamente.
Los transportistas también se quejaron por la aplicación BlaBlaCar, que consiste en poner en contacto a ciudadanos para compartir coche. El Ministerio de Fomento tuvo que intervenir en el conflicto para advertir a los usuarios que paguen por estos servicios sin licencia que pueden ser sancionados con multas que van de los 401 a los 600 euros, mientras que las plataformas que presten esos servicios sin autorización pueden ser castigadas con una multa de entre 4.001 y 6.000 euros.

Whatsapp, dudoso testigo de cargo

Ver trabajar a un hacker no es lo más excitante del mundo. Sobre una mesa, dos teléfonos móviles y un ordenador portátil con la pantalla negra llena de un código ilegible para el no iniciado. Jaime Sánchez yPablo San Emeterio, dos ingenieros informáticos expertos en ciberseguridad, han conseguido quebrar el código de WhatsApp para modificar el remitente de un mensaje; para simular que alguien envió unas líneas a nuestro teléfono móvil. La suya es una magia pequeña, pero poderosa. Una grieta en un servicio de mensajería que tiene 500 millones de usuarios, un tráfico diario de 10.000 millones de mensajes, yque acaba de ser adquirida por Facebook por 19.000 millones de dólares (14.000 millones de euros). Usando una metáfora de un mundo que desaparece, lo que han logrado estos hackers buenos sería comparable a colarse en el sistema de Correos para poder recibir falsas cartas certificadas y atribuibles a una persona que nunca las escribió.
“Nuestro día a día es buscar vulnerabilidades que pueden ser explotadas por delincuentes para afectar la seguridad de personas y empresas”, dice la pareja, que lleva un par de años explorando los fallos de WhatsApp. Desde entonces han descubierto cómo espiar conversaciones, han descifrado contraseñas, fabricado mensajes malignos que consiguen que un móvil deje de funcionar… Todas estas debilidades, que han hecho públicasen distintas ponencias internacionales, han sido parcheadas por la empresa con más o menos rapidez.
Pero a su último descubrimiento aún no se ha puesto solución. “Modificar el remitente de un mensaje podría tener todo tipo de implicaciones, tanto cotidianas como legales, en temas de divorcios, de extorsiones…”, explican los expertos. “Por ejemplo, se podría presentar una denuncia por amenazas ofreciendo como prueba falsos mensajes de alguien a cuyo teléfono ni siquiera hemos tenido acceso físico”. Basta con saber su número. El teléfono que se hackea es el receptor del mensaje, que hace ver que han llegado mensajes de números que jamás enviaron nada.
El portal de descargas Softonic.com (125 millones de usuarios únicos al mes) publicó el trabajo de Sánchez y San Emeterio en marzo y consiguió arrancar una reacción al esquivo Jan Koum, fundador de WhatsApp. Koum contestó entonces que los españoles no habían comprometido la seguridad de sus servidores ya que el mensaje se modificaba al llegar al teléfono receptor. Un portavoz de la compañía ha manifestado a EL PAÍS que “la seguridad es prioritaria para WhatsApp”.
Se trata, en todo caso, de una grieta de difícil acceso para el usuario medio. “No es algo que pueda hacer nuestro amigo informático de turno”, añadía la información de Softonic. “Pero pone en entredicho la seguridad de WhatsApp y, desde luego, lo descarta como un medio válido para probar algo a nivel legal”.
Solo hay que googlear las palabras “WhatsApp” y “sentencia” para asomarse al agujero. Julio de 2011, la Audiencia Provincial de Las Palmas ratifica una sentencia por injurias basada en parte en una conversación de WhatsApp entre la acusada y el novio de la denunciante; marzo de 2013, cuatro chicas de Vigo son condenadas a pagar multas de 100 y 200 euros por amenazar a otra tras agregarla a un grupo de WhatsApp; noviembre de 2013, un hombre es condenado por un juzgado de Ferrol a un año y nueve meses de cárcel por mandar 2.147 mensajes de WhatsApp (y hacer 53 llamadas perdidas) a su expareja; febrero de 2014, el Tribunal Supremo admite como prueba de cargo en un caso de tráfico de cocaína las conversaciones por WhatsApp de los acusados; junio de 2014, un juzgado de Pontevedra instruye un caso contra un hombre que difundió por WhatsApp los controles de carretera de la Guardia Civil; el 2 de julio un juez examinó las transcripciones de las conversaciones de WhatsApp entre un profesor imputado por abusos y sus alumnas…


La mensajería instantánea se usa como prueba cada vez en más juicios. / STOCK IMAGE
“El creciente uso de WhatsApp como prueba en los juicios es una pasada”, dice Carlos Aldama, ingeniero informático que trabaja como perito informático judicial. Hace un año, peritaba una prueba de WhatsApp al mes, ahora son seis al mes, en casos de todo tipo, infidelidades, divorcios, custodias, temas de negocios, pederastia… “Aproximadamente una de cada 20 pruebas está falseada”, explica Aldama. Se ha encontrado de todo: burdas capturas de pantalla de una conversación retocadas como imágenes, sencillas manipulaciones de la geolocalización de un envío, o suplantaciones más complejas ejecutadas con troyanos (software malicioso que infecta un dispositivo). “Todo esto lo muestran ante notario… y claro, el notario da fe de lo que ve, pero no sabe si lo que ve está o no manipulado”, dice el perito, que asegura que en los mercados de la Deep Web (una capa profunda y libre de Internet de difícil acceso en la que se trafica con armas, droga o pornografía) se puede contratar gente que por unos 50 dólares falsean mensajes de WhatsApp.
En esta maraña de mentiras digitales, la falsificación del remitente que plantean Sánchez y San Emeterio, supone hilar muy fino. “Para detectarla el perito tendría que tener acceso a los dos terminales, al informe de transferencia de datos o al router por el que se conectó”, explica el perito judicial. “De ser impugnada por la otra parte, un perito no admitiría los mensajes como prueba irrefutable, pero, aun así, lo que han detectado los dos españoles es un fallo de seguridad”. Según Aldama, si la Justicia quiere ofrecer garantías de defensa, tendrá que contar cada vez más con los ingenieros informáticos.

“Aproximadamente una de cada 20 pruebas electrónicas está falseada”, dice Carlos Aldama, Ingeniero Informático que trabaja como Perito Informático Judicial y De Parte
“La justicia no está preparada, no existe a día de hoy la figura de un Juez 2.0”, opina Federico Bueno de Mata, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca ypremio extraordinario de tesis sobre la prueba electrónica. El gran escollo es que las pruebas se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 (y WhatsApp se fundó en 2009). “La tecnología evoluciona a un ritmo completamente distinto que el sistema judicial”, dice el abogado. “Lo que nos lleva ante una justicia tecnológicamente obsoleta a nivel probatorio”. El problema de fondo para este doctor en Derecho es que “la valoración de la prueba electrónica por parte del juez está totalmente condicionada a lo dicho por el perito informático”. Al final, decide el técnico. Para devolver la “sana crítica” a sus señorías, las oposiciones a judicatura deberían incorporar conocimientos tecnológicos, según el abogado, y se deberían fomentar los cursos de reciclaje para que los jueces se pongan al día.
Abogados, peritos y expertos en ciberseguridad coinciden en que las empresas de mensajería también tienen parte de responsabilidad. “Algunas ven la seguridad más como una inversión que como un coste, algo que retrasa el tiempo de desarrollo de un producto en un mercado que se mueve muy rápido”, dicen Sánchez y San Emeterio. “La mayoría de las veces van a rebufo de los hackers, arreglando los errores a medida que son expuestos”. Agujeros en la seguridad que se hacen públicos mundialmente en minutos. “El primero que falsea un servicio como WhatsApp, tiene el mérito”, opina Carlos Aldama. “Pero una vez se publica la información de cómo se ha hecho, paso a paso, cualquiera con conocimientos medios puede repetirlo; por ello, las empresas deberían tomar medidas inmediatas”.

Tres remitentes, un mismo móvil


Los expertos en ciberseguridad Jaime Sánchez y Pablo San Emeterio en la redacción de EL PAÍS. / PAULA CASADO
Los expertos en ciberseguridad Jaime Sánchez y Pablo San Emeterio realizaron para EL PAÍS una prueba de la grieta que han encontrado en el servicio de mensajería WhatsApp. En una situación normal, un mensaje del teléfono A al B pasa por el servidor de WhatsApp y un sistema de cuatro contraseñas lo valida al entrar y al salir. Lo que hacen  Sánchez y San Emeterio es colocarse en medio. El mensaje pasa por los dominios de WhatsApp, pero antes de llegar al teléfono B, es interceptado. Los hackers teclean en su ordenador el nombre y el teléfono de la persona a la que quieren suplantar. Cuando el mensaje aterriza en el teléfono B, este no solo no lo rechaza, sino que no hay manera de saber que el remitente ha sido modificado. Y como WhatsApp no almacena datos en sus servidores, es imposible encontrar el remitente original. En un minuto, los hackers mandan tres mensajes desde el teléfono A que llegan al B como si hubiesen sido enviados de tres números distintos. El de verdad y otros dos, a los que, por razones narrativas, han bautizado como "jefe" y "expareja", para insinuar el tipo de falsas amenazas que uno podría alegar haber recibido.