tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 25 de abril de 2013

TRES APERITIVOS “FEEL VERMUT”


La Infanta considera que dar el IRPF al juez vulnera su intimidad

La infanta Cristina afirma, a través de sus abogados, que es “una injerencia al derecho fundamental a su intimidad” el que la Agencia Tributaria entregue las diez últimas declaraciones del IRPF al juez José Castro. El instructor solicitó esta documentación tras imputar a la hija del Rey por supuesta corrupción en el caso Nóos, en el que está siendo investigado su esposo Iñaki Urdangarin, junto a su exsocio Diego Torres.
El juez pretende profundizar en la posible relación de la hija del Rey con los hechos delictivos de la causa, en el plano de cooperación con los negocios bajo sospecha del yerno del Rey. Además de las declaraciones al fisco de la Infanta y su esposo, el instructor reclamó días atrás toda la información mercantil de la sociedad Aizoon de la que son propietarios Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.
La defensa de la también duquesa de Palma ha presentado un recurso en el que considera que la diligencia del juez Castro sobre las diez últimas declaraciones de la renta es superflua, de nula utilidad, porque se inicia sin sólidos indicios de criminalidad. Así, opina que una diligencia puramente de investigación prospectiva debe ser vetada.
"La afectación de la intimidad", dice el escrito, "consistente en la incorporación a un proceso penal de las declaraciones del IRPF de una persona solo puede acordarse legítimamente por el órgano instructor ante la existencia de sólidos y claros indicios de criminalidad en esa persona".
El duque de Palma ya presentó otra acción de rechazo a la diligencia de investigación complementaria. Hacienda, a través del Abogado del Estado, recuerdan los defensores de la Infanta, rechazó que ella fuera parte implicada en los tres supuestos delitos fiscales de los que se acusan a Iñaki Urdangarin.

Suiza restringirá los permisos de trabajo a los ciudadanos de la UE


Suiza ha hecho realidad su amenaza de poner trabas a todos los europeos para entrar en el país. Las autoridades de Berna comunicaron este miércoles lo que ya insinuaron a principios de año: que frenarán el acceso de todos los ciudadanos comunitarios a su mercado de trabajo cuando sobrepasen un determinado cupo. La medida, que entrará en vigor el 1 de mayo, agrava la excepción que regía hasta ahora —las restricciones se aplicaban a los europeos del Este— y en la práctica dinamita el acuerdo de libre circulación firmado en 2002.
Bruselas considera una afrenta esta decisión, que hasta el último momento confió en impedir. “Las medidas adoptadas son contrarias al acuerdo de libre circulación porque diferencian entre grupos de Estados miembros”, aseguró en un comunicado la alta representante europea para la política exterior, Catherine Ashton, que lamentó lo ocurrido. Una portavoz de este departamento asegura que la Unión Europea estudia plantear una acción conjunta con los Estados miembros para contestar esta medida y subraya la necesidad de profundizar el diálogo con Berna para crear un marco común que regule sus relaciones, más allá de las normas sobre libre circulación.
En realidad, la novedad confirmada este miércoles acaba con esas diferencias vigentes desde hace un año. Invocando la crisis y el aumento de la inmigración, el país helvético comenzó en mayo de 2012 a aplicar cupos a los permisos de trabajo de ocho Estados de Europa del Este. Lo que hace ahora es extender ese esquema a todos, de forma que el sistema de cupos rija para 25 países comunitarios (Rumanía y Bulgaria siempre han estado fuera de la libre circulación).
Berna ha concedido entre 60.000 y 80.000 nuevos permisos de trabajo al año a comunitarios
Suiza puede aplicar esta medida gracias a una cláusula de salvaguarda incluida en el acuerdo que selló con la Unión Europea en 2002. La cláusula permite limitar la entrada de ciudadanos comunitarios si la inmigración de un año superaba en más de un 10% la media de los tres últimos ejercicios. El Ejecutivo helvético aseguró ayer que esa barrera se ha excedido en 2012. Pero Bruselas discrepa: si se toman todos los Estados en su conjunto, ese porcentaje aún no se ha alcanzado, señala la portavoz de Ashton. Lo que hace Suiza es aplicar referencias temporales diferentes en el caso de los ocho países del Este y en el de los 17 restantes.
Con esta medida, Suiza intenta acallar el creciente descontento de su población hacia la inmigración europea, que ha crecido más en los últimos años como consecuencia de la crisis (entre 60.000 y 80.000 nuevos permisos de trabajo expedidos cada año, según un portavoz de la representación suiza ante la Unión Europea). El país ha optado por atender esas demandas por una medida que finalmente tendrá pocas implicaciones prácticas pero que le crea un importante enfrentamiento con las autoridades comunitarias. El acuerdo solo puede aplicarse un año (todas las restricciones expiran en mayo de 2014) y con la fórmula de cálculo utilizada, las limitaciones afectarán a unas 3.000 personas, según ese portavoz. Además, solo se verán afectados los permisos de trabajo con duración superior a un año.
Paradójicamente, los principales afectados por el freno a la mano de obra comunitaria proceden de la rica Europa. Los alemanes son los extranjeros más presentes en Suiza (les siguen franceses y portugueses). En total, hay casi dos millones de extranjeros en el país helvético, de los que más de 1,2 millones son comunitarios.
Suiza goza de una gran prosperidad económica y de un envidiable nivel de paro a ojos europeos (y especialmente a ojos españoles), inferior al 4% de la población activa. Las autoridades de ese país son conscientes de la situación pero argumentan que las entradas de foráneos han aumentado mucho en los últimos años “y eso se nota en la presión a la baja de los salarios y en la subida de los precios de la vivienda. El Gobierno las ha tomado en serio”, defiende el representante suizo.
Con el actual acuerdo de libre circulación en la mano, Suiza no puede volver a imponer barreras a la libre circulación a partir del año próximo. Solo se mantendrán, hasta 2019, para Rumanía y Bulgaria.

TVE cancela una entrevista a Ada Colau por su “perfil político”

La dirección de RTVE ha dado instrucciones para que los protagonistas de la actualidad política circunscriban su presencia a los programas informativos, para evitar así “tratamientos inadecuados o frívolos” de noticias de marcado alcance político. Esta norma se ha aplicado a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha acusado al Gobierno y a los representantes del Partido Popular de haber cancelado una entrevista que ya había sido concertada en el programa Para todos La 2.
“Ni vetamos ni censuramos a nadie”, asegura un portavoz de TVE, según el cual la suspensión de la participación de Colau en el programa de La 2 es una decisión que se ha adoptado por “coherencia y por criterios de programación”.
En opinión de TVE, “es evidente que Colau ha adquirido un perfil político incuestionable” y que todas las noticias relacionadas con los desahucios se abordan en los informativos. La cadena afirma que Para todos La 2 es un magacín dedicado a la actualidad social, científica o cultural y que Colau fue invitada después de que la editorial que ha publicado su libro sobre los desahucios y sus consecuencias se pusiera en contacto con este espacio de La 2 hace varias semanas. “La decisión de que las noticias sobre personajes políticos no se abordaran en espacios de este tipo se adoptó con anterioridad”, asegura TVE.
Insiste la cadena en que una prueba de que Colau no ha sido vetada es que “esta noche se hablará en el Telediario de su presencia en Bruselas para presentar sus propuestas sobre desahucios y que el sábado participará en un reportaje de Informe semanal sobre el acoso a los políticos a través de una entrevista realizada hace dos semanas”.
Como consecuencia de la anulación de su presencia en La 2 tampoco Colau intervendrá en el encuentro digital de RTVE.es inicialmente previsto. TVE explica que los invitados en el espacio Para todos La 2 tenían como colofón una participación en la web. “Por coherencia, tampoco se celebrará”, aclara el mismo portavoz.
La televisión pública justifica la cancelación de la entrevista de Colau con otro ejemplo. La dirección ha dado también instrucciones para que la información sobre la Casa del Rey y las noticias relacionadas con el caso Nóos no se aborden ya en el programa La mañana de La 1, que presenta Mariló Montero sino exclusivamente en los espacios informativos.
"No ha sido el programa el que ha cancelado nuestra participación", dice la cara más visible de la lucha contra los desahucios. "Ha sido la dirección. Hacía días que teníamos cerrada la entrevista para hablar del libro que hemos sacado. Ellos nos buscaron. Ayer mismo confirmaron. Hoy han llamado a la editorial pidiendo disculpas, pero diciendo que les han dicho que lo nuestro 'era un tema social y ahora es político'. Así que fuera. También teníamos que hacer un chat después y también lo han anulado". Y continúa: "TVE va diciendo que nosotros pedimos ir al programa. Tenemos e-mails que demuestran que es falso. Nos invitaron varias veces, no pudimos responder porque íbamos desbordados. A la tercera vez que nos lo propusieron dijimos que sí".
El Comité de Informativos de TVE recordó ayer que el martes, el Comité de Dirección de TVE comunicó a la dirección de La 2 que se suspendía la entrevista a Colau porque en los programas tipo magacín no se pueden tratar temas políticos, y que las entrevistas políticas las gestiona la dirección de los Servicios Informativos. El órgano de representación de los periodistas asegura que la anulación de la entrevista a Ada Colau es “un caso de censura”, porque iba a ser entrevistada como coautora de un libro. También considera que, a diferencia de los magacines especializados en temática del corazón o de entretenimiento, los programas que abordan temas sociales deben poder entrevistar a invitados que directa o indirectamente estén relacionados con cuestiones políticas.

Fiscalía y juez apuntan al fraude fiscal en las donaciones del PP

La investigación judicial sobre los llamados papeles de Bárcenas —la contabilidad secreta del extesorero del PP— se está centrando, entre otros aspectos, en un fraude fiscal supuestamente cometido por la formación conservadora a través de donativos. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que aquellas donaciones que recibió el partido hasta 2011 y que superaban el límite legal de 60.000 euros o que provenían de empresarios con contratos con la Administración tuvieron que ser declaradas a Hacienda y tributar por el Impuesto sobre Sociedades. En cambio, el tesorero y gerente del PP Luis Bárcenas supuestamente troceó en la contabilidad los donativos excesivos para camuflarlos con un doble objetivo. Por un lado, evitar que quedara constancia de que los ingresos superaban los límites legales. Por otro, aprovecharse de la exención tributaria de la que disfrutan las donaciones que reciben legalmente los partidos políticos.
El artículo 10 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos establece que las rentas obtenidas por las formaciones “para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específica” gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades. El texto legal cita expresamente como libres de impuestos las cuotas de los afiliados, las subvenciones o las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas, que hasta 2007 podían ser anónimas.
En un recurso contra la decisión de Ruz de impedir la personación del PP como acusación popular en la investigación abierta sobre los papeles de Bárcenas, los abogados del partido citaron este precepto legal para sostener que no era posible incurrir en delito fiscal por las donaciones. El juez y el fiscal conceden que los partidos están exentos de tributar por los donativos privados, pero señalan que esta dispensa solo está prevista para “las donaciones realizadas en la forma y cuantía” contempladas por la ley. Es decir, que los donativos que superen los 60.000 euros o que provengan de empresas que presten servicios o realicen obras para las Administraciones deben ser declarados y están sujetos a pagar impuestos.
Según la contabilidad oficial del PP, entre 2002 y 2007 Bárcenas ordenó no menos de 53 ingresos bancarios de pequeñas cantidades para camuflar donaciones ilegales de empresarios. Los movimientos, todos de menos de 60.000 euros, sumaban 1,3 millones. Las cantidades reales supuestamente entregadas por los industriales —casi todos del ámbito de las obras públicas— figuran en la contabilidad paralela de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
El juez Ruz ha vuelto a negar al PP la posibilidad de personarse como acusación popular en la pieza de los papeles del extesorero. El magistrado ve a la formación conservadora como posible responsable civil del fraude fiscal.

El PP pide que no 'ciegue' el dato de paro porque la política económica da frutos

El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha pedido que no "ciegue" el "mal dato" de paro de la encuesta de población activa porque la política económica del Gobierno, ha asegurado, está dando ya frutos que, "más pronto que tarde", llegarán a las familias y a los desempleados.
Floriano ha aludido así a las cifras de la EPA: el número de desempleados aumentó en 237.400 personas en el primer trimestre, hasta alcanzar los 6.202.700 parados.
En un acto de Nuevas Generaciones del PP, el "número tres" del PP ha insistido en que la economía española está dando ya "señales positivas" aunque ha admitido que aún no lo notan los ciudadanos.
En su opinión, si se "persevera" en las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy los efectos de esas medidas llegarán "más pronto que tarde" a las "mesas camillas" de las casas.
Según Floriano, "España ha vuelto a generar confianza", la suficiente para conseguir que el crédito llegue "sin ningún problema" y "se puedan financiar servicios públicos". Y todo, ha añadido, porque ahora el "barco" tiene un "capitán" y un "rumbo", que es la salida de la crisis.

Datos dramáticos

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha lamentado este jueves que los datos de la EPA, que son "dramáticos", por lo cual el Gobierno trabaja "sin descanso" para que España pueda volver a ser un país "de oportunidades para todos".
Para Hidalgo, que el paro supere la cota de los 6,2 millones de personas "está acorde" con la situación de recesión económica que atraviesa el país, según ha especificado en declaraciones a la prensa antes de asistir a la 1º Conferencia Económica Digital, organizada por AmChamSpain, para luego añadir que está situación "tiene que invertirse".
Por ello, la secretaria de Estado ha puesto en valor que desde el Ministerio de Empleo se está trabajando para que "entre todos" se generen "cuanto antes" las condiciones económicas que permitan el crecimiento y la creación de empleo. "Es nuestro día a día", ha apostillado.
En cualquier caso, Hidalgo ha apuntado que a lo largo de esta jornada Empleo analizará los datos para ver "cuáles son los incrementos interanuales, si el crecimiento está siendo menor que en los meses anteriores o cuánto es la composición del empleo público y privado".

Partidos y sindicatos

El portavoz del PNV en materia de Empleo y Seguridad Social, Emilio Olabarria, ha pedido al Gobierno "un cambio de rumbo urgente en su política económica y laboral" para no acabar el año con siete millones de parados.
Comisiones Obreras (CC.OO) pide al Gobierno que deje la ideología a un lado y ponga la economía al servicio de los ciudadanos, para "mejorar la vida de las personas". 
En esta situación, cree que "la economía debe estar al servicio de un fin", pero que "está sucediendo todo lo contrario, las decisiones en materia económica que se adoptan significan empeorar precisamente las condiciones de vida de toda la ciudadanía".  
La Unión Sindical Obrera (USO) mostró este jueves su "preocupación" por los últimos datos de la EPA y subrayó que muestran la "cruda realidad" del mercado laboral.
"Suponen un jarro de agua fría a las expectativas de crecimiento y son fruto de la recesión en que estamos inmersos, como consecuencia de las políticas de 'ultraausteridad' que nos impone el Gobierno al dictado de la troika comunitaria", afirmó el sindicato en un comunicado.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera una "bofetada" la desaparición de 9.900 trabajadores por cuenta propia durante el primer trimestre de este año que ha revelado EPA.
En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha lamentado los "duros y terribles" datos del desempleo, que a su entender, reflejan la "profunda" recesión que atraviesa España, la "dificultad" del sistema para generar y mantener empleo, la "dura" situación de los autónomos y la necesidad de acometer "de forma urgente" reformas y medidas que estimulen el mercado laboral.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha atribuido la destrucción de 71.400 empleos públicos durante el primer trimestre del año a la amortización de plazas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y al "despido encubierto de miles de interinos", fundamentalmente en el sector de la enseñanza y el de la sanidad.
El sindicato, que ha advertido de que la ocupación en el sector público se ha reducido a niveles de 2005, ha denunciado "un plan premeditado" para cambiar el modelo de administración, "dejándola caer por su propio peso y externalizando los servicios estructurales a la empresa privada".
La asociación de agencias privadas de empleo, Asempleo, ha reclamado hoy incidir en las reformas para flexibilizar y hacer más competitivo el mercado laboral, tras un trimestre "históricamente negativo" en cuanto a la tasa de paro.
En un comunicado sobre la tasa de desempleo hace hincapié en que el "efecto Semana Santa" no ha conseguido aliviar el ajuste, aunque confían en que la llegada del verano dé "un respiro" a la "delicadísima situación" del mercado laboral.

Detectan restos fecales en la comida de los hospitales públicos de Navarra

Una inspección realizada por personal de Salud Pública del Gobierno de Navarra ha detectado restos fecales en comida de hospitales públicos de la Comunidad Foral, entre otros fallos de higiene en los alimentos que sirve la empresa privada Mediterránea de Catering.
Los inspectores han afirmado que se han detectado un total de 22 deficiencias en los controles realizados al nuevo servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra puesto en marcha el 21 de enero de este año y ha destacado que a lo largo de los meses "se han ido corrigiendo algunas deficiencias, pero otras se repiten". Por ello, el 9 de abril realizó una propuesta de expediente sancionador a la empresa Mediterránea de Catering.
Según los inspectores, la falta de higiene ha provocado que hayan encontrado la bacteria E.coli en unos espaguetis, lo que significa que había restos de excrementos.
La inspectora de salud pública Agurtzane Jiménez, ha explicado que las deficiencias detectadas están relacionadas con "la inadecuada vestimenta del personal, que no dispone de vestuarios; malas prácticas de manipulación, higiene no adecuada de tazas, platos y otros utensilios, así como de las instalaciones; desperdicios de alimentos en las inmediaciones de la cocina, cajas de pollo en contacto con el suelo, mala conservación de patatas refrigeradas, falta de trazabilidad, y gestión no correcta de platos testigos".
Según ha explicado, a lo largo de los meses "se han ido corrigiendo algunas deficiencias, pero otras se repiten". "La empresa es la responsable de que se sirvan los platos con seguridad alimentaria y en condiciones. Nosotros lo único que hacemos es verificar si se hace correctamente", ha apuntado.

Listera monocytogene

Además, la inspectora ha señalado que en uno de los controles realizados a 21 muestras de platos preparados, pero no listos aún para el consumo, "se encontró listera monocytogene". De los 32 platos listos para el consumo, ha agregado, se hallaron 11 a temperatura menor de la establecida.
Jiménez ha relatado que el 21 de enero, día en que comenzó la gestión del servicio de cocinas por parte de Mediterránea de Catering, se detectaron "trabajadores con vestimenta inadecuada, con piercing, anillos, o lavamanos sin jabón".
Asimismo, ha destacado que "hubo un fallo generalizado del sistema del frío, con temperaturas disparatadas" y ha añadido que "la mayor parte de la comida se decomisó, se tiró".
La inspectora ha comparecido en una sesión de trabajo del Congreso, para explicar cómo se llevan a cabo los controles en el servicio de Cocinas del CHN y si ha habido algún cambio en la forma de realizarlos a la entrada de la empresa Mediterránea de Catering, a petición de Bildu, Aralar-NaBai e I-E.
En ella, Jiménez ha puesto de relieve que "el responsable de la empresa es el responsable de la seguridad e higiene alimentaria, de tener implantado todo el sistema de autocontrol". Después de que Salud Pública comunicara a la empresa que especificara este sistema, según Jiménez, Mediterránea de Catering ha presentado una documentación en la que "sigue habiendo errores".
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El fiscal recurrirá la pena de Ortega Cano al creer que la prueba de alcoholemia es válida

La Fiscalía de Sevilla ha anunciado que recurrirá la sentencia que condena al torero José Ortega Cano a dos años, seis meses y un día de cárcel por el accidente ocurrido el 28 de mayo de 2011 en el que falleció el vecino de Castilblanco de los Arroyos, Carlos Parra.
El fiscal de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, ha informado de que han decidido recurrir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número seis al entender que no se rompió la cadena de custodia y, por tanto, es válida la prueba de alcoholemia, en la que el condenado arrojó un resultado de 1,26 de gramos de alcohol por litro en sangre.
En el recurso, el fiscal, que se ha reunido este mismo jueves con la fiscal jefe, María José Segarra, para analizar la sentencia, ha señalado que la Fiscalía volverá a pedir cuatro años de cárcel para Ortega Cano.

Los jueces tramitan 1.661 casos de corrupción política y económica

El Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer esta mañana un informe provisional del Servicio de Inspección según el cual los Juzgados y Tribunales tramitan un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros.
El número de procesos de especial complejidad -concepto referido tanto a la dificultad de la investigación como de los tipos delictivos o número de imputados- representa el 0,03% del total de diligencias previas incoadas en todos los órganos judiciales penales, aunque el porcentaje no es representativo porque la mayoría de esas diligencias no dan lugar a procesos en tramitación y resultan archivadas por falta de autor o inexistencia de delito.
El informe, que no incluye las causas especiales que tramita el Tribunal Supremo, no especifica cuántos de esos procesos afectan a políticos.
Tampoco se ha medido el tiempo medio de duración de las instrucciones, aunque sí se asegura que en el retraso en la tramitación de estos procedimientos influye la tardanza de la Agencia Tributaria y de las unidades policiales en cumplimentar la petición de informes y diligencias que les encomiendan los jueces.
La comunidad autónoma que mas causas complejas tramita es Andalucía, con un total de 656, seguida de la Comunidad Valenciana (280), Cataluña (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110). La Audiencia Nacional se encarga de 91 procesos de especial complejidad en estos momentos.
El órgano de gobierno de los jueces estima que 798 Juzgados necesitan medidas de refuerzo por la sobrecarga de trabajo que representa la instrucción de causas complejas. A su parecer, serían precisos unos 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales más y un incremento de 150 funcionarios.

6.202.700 parados en el primer trimestre, récord histórico

El desempleo ha superado por primera vez en la historia de España los seis millones de parados. En el primer trimestre hubo 6.202.700 parados, un 27,16% de la población activa, según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). [Vea el gráfico]
[foto de la noticia]
Esta cifra se ha alcanzado un año después de la "agresiva" reforma del mercado laboral, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, que se aprobó por decreto Ley el 10 de febrero de 2012 y de la que se notarán "todos sus efectos" cuando la economía vuelva a crecer, según Rajoy. Aquel primer trimestre del pasado año había 5.639.500 personas sin trabajo, un 24,44% de la población activa.
La cifra podría ser peor. No sólo porque este año ha caído la Semana Santa en marzo y no abril, con el empleo temporal que ello genera, sino también por la población que ya no figura dentro de la población activa. Esta es la suma de ocupados, quienes tienen trabajo, y parados, quienes buscan un empleo pero no lo encuentran. Sin embargo, en ella no figuran aquellos que se han rendido y se han puesto a estudiar o se han marchado del país.
Precisamente la población activa ha bajado en 235.300 personas en el último año, hasta los 22.837.400 ciudadanos, según los datos del INE.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirma que la reforma laboral ha frenado la destrucción de empleo. Sin embargo, se han perdido empleos en este año. En el primer trimestre de 2012 había 17.433.200 ocupados en España, ahora esta cifra se ha reducido a 16.634.700. Es decír, se han perdido unos 798.500 empleos.
Como comparación, en el primer trimestre se destruyeron 322.300 empleos respecto a finales de 2012, mientras que entre enero y marzo del pasado año se perdieron 374.300. No obstante, entonces cayó la Semana Santa en abril.
Asimismo, la destrucción de empleos ha sido similar entre indefinidos y temporales en el último año: 384.500 y 414.000, respectivamente.

Hogares con todos parados

En España hay 1,9 millones de hogares con todos sus miembros en paro, 177.700 más que hace un año y 72.400 más que a finales de 2012. Por el contrario, hay 8,1 millones de hogares con pleno empleo, 449.800 menos que hace un año.
Asimismo, hay 2.095.600 parados que llevan más de dos años buscando trabajo, mientras que los desempleados entre uno y dos años suman 1.394.400 personas. En total, casi 3,5 millones de personas llevan más de un año buscando empleo.
La tasa de paro de la población extranjera es del 39,21%, 14,1 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española (25,11%).

Un 57,2% de los jóvenes no tiene trabajo

El colectivo de los menores de 25 años es uno de los más golpeados por la crisis. Su tasa de paro se ha situado en el 57,2%, lo que supone que 960.400 jóvenes que buscan un trabajo no lo encuentran.
En el caso de los jóvenes entre 25 y 29 años, hay 880.800 de ellos en el paro, un 35,92% de su población activa; mientras que del grupo de entre 30 y 34 años hay 895.900, un 27,63%.
Respecto a los mayores de 50 años, el colectivo entre 55 y 59 años tiene 393.700 personas sin encontrar trabajo, un 20,84%; mientras que hay 175.500 con más de 60 años sin empleo, un 19,26% del total.

España de dos velocidades

Sólo las Islas Baleares han creado empleo en el último año, mientras que las mayores pérdidas de empleo se han producido en Cataluña, con 164.200 ocupados menos; Andalucía (-155.800) y Comunidad de Madrid (90.100).
Las regiones con mayores tasas de paro son Andalucía (36,87%), Canarias (34,27%), Castilla-La Mancha (31,51%) Extremadura (35,56%) y Murcia (30,37%). Ceuta (38,4%) y Melilla (31,7%) también superan el 30% de desempleo.
Por el contrario, País Vasco (16,28%), Navarra (19,02%) y La Rioja (18,98%) tienen menos de un 20% de desempleo.
La tasa de paro se situó en el 20,35% en la Comunidad de Madrid; en el 29,19% en la Comunidad Valenciana; en el 24,53% en Cataluña; en el 22,71% en Castilla y Leon; y en el 22,35% en Galicia.
En Islas Baleares fue del 28,56%; en Aragón del 22,36%; en Asturias del 25,32% y Cantabria del 20,9%.

Crisis en todos los sectores

Ningún sector se ha salvado de la quema en el quinto año de crisis, destruyendo empleo todos ellos.
La agricultura empleó a 723.200 personas en el primer trimestre, 53.000 menos que en el mismo periodo de 2012.
La industria ha destruido 142.600 puestos de trabajo en el último año, empleando a 2,3 millones de personas entre enero y marzo de 2013.
El ajuste en la construcción continúa pese al pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace ya cinco años. Este sector ha perdido 137.000 empleos, sumando así 1.049.700 puestos de trabajo en el primer trimestre.
Respecto al sector servicios, este ha perdido medio millón de empleos en el último año. En el primer trimestre había 12.545.100 personas trabajando en este sector.