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jueves, 25 de abril de 2013

Los jueces tramitan 1.661 casos de corrupción política y económica

El Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer esta mañana un informe provisional del Servicio de Inspección según el cual los Juzgados y Tribunales tramitan un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros.
El número de procesos de especial complejidad -concepto referido tanto a la dificultad de la investigación como de los tipos delictivos o número de imputados- representa el 0,03% del total de diligencias previas incoadas en todos los órganos judiciales penales, aunque el porcentaje no es representativo porque la mayoría de esas diligencias no dan lugar a procesos en tramitación y resultan archivadas por falta de autor o inexistencia de delito.
El informe, que no incluye las causas especiales que tramita el Tribunal Supremo, no especifica cuántos de esos procesos afectan a políticos.
Tampoco se ha medido el tiempo medio de duración de las instrucciones, aunque sí se asegura que en el retraso en la tramitación de estos procedimientos influye la tardanza de la Agencia Tributaria y de las unidades policiales en cumplimentar la petición de informes y diligencias que les encomiendan los jueces.
La comunidad autónoma que mas causas complejas tramita es Andalucía, con un total de 656, seguida de la Comunidad Valenciana (280), Cataluña (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110). La Audiencia Nacional se encarga de 91 procesos de especial complejidad en estos momentos.
El órgano de gobierno de los jueces estima que 798 Juzgados necesitan medidas de refuerzo por la sobrecarga de trabajo que representa la instrucción de causas complejas. A su parecer, serían precisos unos 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales más y un incremento de 150 funcionarios.

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