La infanta Cristina afirma, a través de sus abogados, que es “una
injerencia al derecho fundamental a su intimidad” el que la Agencia
Tributaria entregue las diez últimas declaraciones del IRPF al juez José
Castro. El instructor solicitó esta documentación tras imputar a la
hija del Rey por supuesta corrupción en el caso Nóos, en el que está siendo investigado su esposo Iñaki Urdangarin, junto a su exsocio Diego Torres.
El juez pretende profundizar en la posible relación de la hija del Rey con los hechos delictivos de la causa,
en el plano de cooperación con los negocios bajo sospecha del yerno del
Rey. Además de las declaraciones al fisco de la Infanta y su esposo, el
instructor reclamó días atrás toda la información mercantil de la
sociedad Aizoon de la que son propietarios Iñaki Urdangarin y Cristina
de Borbón.
La defensa de la también duquesa de Palma ha presentado un recurso en
el que considera que la diligencia del juez Castro sobre las diez
últimas declaraciones de la renta es superflua, de nula utilidad, porque
se inicia sin sólidos indicios de criminalidad. Así, opina que una
diligencia puramente de investigación prospectiva debe ser vetada.
"La afectación de la intimidad", dice el escrito, "consistente en la
incorporación a un proceso penal de las declaraciones del IRPF de una
persona solo puede acordarse legítimamente por el órgano instructor ante
la existencia de sólidos y claros indicios de criminalidad en esa
persona".
El duque de Palma ya presentó otra acción de rechazo a la diligencia
de investigación complementaria. Hacienda, a través del Abogado del
Estado, recuerdan los defensores de la Infanta, rechazó que ella fuera
parte implicada en los tres supuestos delitos fiscales de los que se
acusan a Iñaki Urdangarin.
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