tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 30 de abril de 2014

Una ejecución chapucera en EEUU reabre el debate de la pena capital

Que un condenado a muerte fallezca de un ataque al corazón masivo, atado a la camilla donde se intentaba acabar con su vida, después de que se suspendiese su ejecución porque “algo no funciona” —como él mismo hizo notar a sus verdugos— ha abierto un nuevo frente en la batalla legal que desde hace algunos años rodea a las ejecuciones en Estados Unidos. Clayton Lockett vivió durante 43 minutos después de que se le inyectase el primer fármaco de los tres que componen el protocolo para acabar con la vida de alguien mediante la inyección letal. Barack Obama aportaba ayer la opinión de la Casa Blanca y calificaba la ejecución de Lockett de “inhumana”.
Según los testigos presentes en la penitenciaría de McAlester (Oklahoma), Lockett sufrió brutales convulsiones y se retorció en la camilla mientras intentaba deshacerse de las ataduras. En su forcejeo, con la mandíbula tensada, el preso logró pronunciar varias palabras que indicaban que algo no marchaba como debía. “Fueron momentos de gran caos”, declaró Dean Sanderford, uno de los abogados del reo, a la prensa local. El médico que supervisaba la ejecución vio en la pantalla que controla las pulsaciones del corazón que una de las tres líneas –correspondientes cada una de ellas a uno de los tres fármacos que se inyectan- se había vuelto muy errática y que la vena del preso había explotado.
Fue entonces cuando los responsables de la prisión decidieron cerrar las cortinas que cubren el cristal que separa la sala de ejecuciones de la habitación donde están los familiares del condenado, de la víctima, los abogados y la prensa. La única información que existe a partir de ese momento es que se paró la ejecución y que el preso moría en la camilla unos diez minutos más tarde de un ataque al corazón masivo, según informó Robert Patton, director del Departamento de Prisiones de Oklahoma. La Gobernadora del Estado, la republicana Mary Fallin, emitió un comunicado en el que aseguraba que “Lockett quedó inconsciente después de que se le administraran los fármacos correspondientes”.
La esperpéntica ejecución y las dudas sobre lo sucedido hicieron que el Estado cancelara otra condena que debía de llevarse a cabo horas después y se aplazara, al menos, durante 14 días, según Patton. “Fue una tortura”, acertó a decir el abogado de Lockett. Adam Leathers, copresidente de la Coalición de Oklahoma para Abolir la Pena de Muerte, acusó al Estado de haber “torturado a un ser humano con un malvado experimento inconstitucional”.
Si fallaron los fármacos o el procedimiento en sí puede que se sepa en los próximos días pero lo que de momento vuelve a estar en la mesa de debate y en la presión de los grupos contrarios a la pena muerte es la brutalidad de un sistema arcaico que convierte a EE UU en el único país de Occidente que mantiene en su ordenamiento jurídico la máxima pena. Junto a Arabia Saudí, China, Irán y Yemen, EEUU es uno de los países que más personas somete a la máxima pena cada año.
La opinión pública estadounidense rechaza la pena de muerte como nunca antes en los últimos 40 años. Su probable inconstitucionalidad por violar la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe castigos crueles e inhumanos, puede que algún día devuelva el tema al Tribunal Supremo que la reinstauró en 1976 tras quedar suspendida un tiempo.
En los últimos años, la pena de muerte ha sufrido algo que nunca fue contemplado cuando el doctor Jay Chapman, un forense –precisamente- de Oklahoma, inventó la inyección letal, ya que consideraba que se mataba a animales con “más humanidad que a las personas”. A Chapman le repugnaban la silla eléctrica y la cámara de gas y en un perverso acto de evolución inventó el famoso cóctel de tres fármacos. Lo que no pudo calcular es que su método sufriría un duro revés por algo tan básico como el desabastecimiento de uno o varios de los componentes.
En el otoño de 2010, los centros penitenciarios de EE UU se quedaron sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba en las penas capitales para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida (el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos -excepto el corazón- y corta la respiración, y el cloruro de potasio, que detiene el corazón, provocando, ya sí, la muerte). Las farmacéuticas alegaron entonces problemas logísticos para no vender la anestesia a los correccionales pero como telón de fondo estaba su intención de dejar de formar parte de la atávica práctica de la pena de muerte.
El estado de Oklahoma utiliza tres sustancias: midazolam para provocar la inconsciencia; bromuro de vecuronio para detener la respiración y cloruro de potasio para parar el corazón
Desde entonces, los 32 Estados que todavía mantienen en sus códigos penales la pena de muerte en EE UU han experimentado nuevos medicamentos con seres humanos vivos, con resultados trágicos en la mayoría de los casos, que han llevado a paralizar las ejecuciones en varios Estados, como es el caso de Ohlahoma ahora pero lo fue antes de California, Kentucky o Arizona. En la tarde noche del martes, Oklahoma usaba por primera vez en la ejecución de un reo el fármaco conocido como midazolam, un sedante que se vende bajo la marca comercial de Versed y que supuestamente es la benzodiacepina de efecto más rápido del mercado.
Hasta ahora, este fármaco se utilizaba solo para tranquilizar a un paciente durante una intervención sin importancia, ya que este permanece despierto. Según se recoge en la Biblioteca Nacional de Medicina, situada en el recinto del Instituto Nacional de Salud de Bethesda (Maryland), el midazolam puede “amenazar seriamente la salud al causar problemas respiratorios”.
“El papel del primer fármaco que se inyecta es crucial”, asegura Richard Dieter, del Centro de Información para la Pena de Muerte, grupo que vigila la aplicación de la máxima pena. “Si este no funciona, el efecto de los dos siguientes fluidos que se aplican pueden provocar un dolor atroz”, finaliza Dieter.

La ONU ve “inaceptable” la desatención sanitaria a inmigrantes en España

“Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados --u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país-- son inaceptables”, ha asegurado hoy la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda. Esta experta de la ONU habla de España y del panorama resultante de la reforma sanitaria que en 2012 dejó sin asistencia normalizada a los inmigrantes en situación irregular. "Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, ha declarado en Ginebra. 
Sepúlveda, que fue nombrada relatora especial en mayo de 2008, ya mostró su preocupación acerca de la exclusión sanitaria en España en una carta enviada al Gobierno en noviembre de 2013, que firmaban también otros expertos de la ONU. "Los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”, señalaron entonces. Ahora esta abogada chilena reitera su petición a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.
El Consejo de Europa también juzgó ilegal en enero pasado la decisión de restringir el acceso a la atención médica gratuita a los inmigrantes en situación irregular. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluía el informe. Según este organismo, la decisión infringe la legislación europea de derechos humanos. “España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, ha asegurado Sepúlveda en una declaración escrita hecha pública hoy. "El parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el Gobierno español no debe ignorarlo”, ha añadido.
El Gobierno respondió a la carta enviada por los expertos de la ONU, pero la relatora especial no está de acuerdo con sus argumentos. El Ministerio de Sanidad argumentó que el real decreto 12/2012 no es discriminatorio, puesto que trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. El departamento que dirige Ana Mato respondió asimismo que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita, algo que la ministra repite una y otra vez prácticamente en cada acto público o intervención en el Congreso. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, asegura Sepúlveda, que además considera que el argumento de la residencia "refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.
“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, añade la experta de la ONU. “Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”. “No sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando”, añade. Sepúlveda asegura que ha sido informada de que las autoridades locales y muchos profesionales sanitarios siguen suministrando atención sanitaria. 
La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, propuso ayer durante la reunión informal de ministros de Salud de la Unión Europea en Atenas una política europea común sobre la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Según una nota de prensa del ministerio, Farjas propuso reflexionar sobre la posibilidad de "abordar y consensuar, como una política europea, la asistencia sanitaria básica que los estados de la Unión ofrecemos a las personas que no tienen la residencia regularizada”. La secretaria general recordó que los países del sur hacen un gran esfuerzo para tratar a todas las personas y que la inmigración irregular es un fenómeno que afecta a toda la UE. “Por tanto, las soluciones pasan por compromisos políticos compartidos”, señaló.
Según el Ministerio de Sanidad, España "cuenta con la cobertura más completa de la Unión Europea para personas en situación irregular, a quienes se atiende siempre en caso de urgencia hasta el alta médica, en el embarazo, parto y postparto y a los menores de 18 años".