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viernes, 8 de noviembre de 2013

El Sol hiperactivo

El Sol nos demuestra estos días que se encuentra en su máximo de actividad. En las dos últimas semanas ha habido más de doce erupciones solares. De entre todas ellas, destaca la del pasado 5 de noviembre que fue del tipo X3.3, la más violenta de las sucedidas en lo que va de año. Hasta ahora ninguna de las erupciones ha tenido efectos notables sobre la Tierra, pero es de esperar que la actividad continúe durante las próximas semanas.

Máxima actividad

Regiones activas del 7 de noviembre. | NASA/SDO
Dentro de su ciclo de once años, el Sol atraviesa ahora por su momento de máxima actividad. Este periodo viene a continuación de un mínimo que fue particularmente largo y tranquilo, lo que provocó cierta preocupación en algunos sectores. Se llegó a pensar que un periodo de hibernación solar muy prolongado podría tener cierta influencia sobre el clima terrestre y se especuló que a un mínimo tan marcado podría seguir un máximo también particularmente acusado, llegándose a pronosticar, sin mucho fundamento, que en el año 2012 asistiríamos a catástrofes ocasionadas por grandes tormentas solares.
Lo que sucede en realidad es que el periodo solar de once años es muy irregular. Su duración puede variar entre siete y quince años y sus máximos y mínimos pueden tener amplitudes muy variables. Ha habido mínimos históricos muy prolongados, entre ellos es famoso el mínimo de Maunder que se extendió durante la segunda mitad del siglo XVII, pero tales mínimos no tienen porqué ir seguidos de máximos catastróficos.
La región activa 1890. | NASA/SDO
El actual máximo solar tiene las características habituales. Hasta ahora las mayores fulguraciones han tenido lugar el 6 de agosto de 2011 (tipo X6.9) y el 7 de marzo de 2012 (tipo X5.4), a las que sigue la del 5 de noviembre de 2013 (tipo X3.3). Esta última se originó en la región activa 1890, un grupo grandes regiones oscuras que alcanzan el tamaño de la Tierra (unos 12.000 kilómetros). Estas 'manchas solares' siempre aparecen por grupos, tienen una temperatura 1.500 grados más baja que la temperatura media del resto de la fotosfera (unos 5.800 grados) y se mantienen entre un día y tres meses para desaparecer a continuación sin dejar rastro. También en esta misma región 1890, el 8 de noviembre tuvo lugar una erupción de tipo X1.1.
La erupción del día 5 de noviembre fue captada desde el espacio por el Solar Dynamics Observatory (SDO) de NASA tal y como muestra este video:

Amenaza para la Tierra

Recordemos que las fulguraciones solares se clasifican en 5 tipos: A, B, C, M y X según el flujo creciente de rayos X medido en las inmediaciones de la Tierra. Cada tipo tiene un flujo 10 veces mayor que el anterior. Dentro de cada tipo, se subdividen de acuerdo con una escala lineal de 1 a 9, por ejemplo: X1, X2, X3,..., siendo las X9 las fulguraciones más intensas de la escala, 9 veces más intensas que las de tipo X1. Fulguraciones de energía superior a X7 a habido muy pocas en los últimas 30 años.
Eyección de masa coronal del 31 de agosto de 2012. | NASA/SDO
Los rayos X procedentes de las fulguraciones, que tardan unos 8 minutos en alcanzar nuestro planeta, contribuyen a ionizar las capas superiores de la atmósfera terrestre y suelen quedar absorbidos en la ionosfera. Pero si esta radiación es excesivamente intensa, puede calentar y distorsionar la ionosfera muy significativamente, lo que llega a generar problemas serios en la propagación de las ondas de radio de nuestros sistemas de comunicaciones, sobre todo en las ondas cortas utilizadas en aviación de largo alcance, comunicaciones de emergencia y sistemas de radioaficionado.
Junto con la radiación X, las erupciones solares pueden ir asociadas con eyecciones de masa coronal que arrastran grandes cantidades de partículas muy energéticas que suponen un peligro grave para las naves espaciales que se encuentren en su trayectoria. Estas partículas cargadas, que viajan a velocidades de entre 300 y 1000 kilómetros por segundo, pueden tardar 2 ó 3 días en llegar a la Tierra. Cuando alcanzan nuestro planeta, penetran en nuestra atmósfera siguiendo las líneas magnéticas de la magnetosfera, esto es, por regiones cercanas a los polos. Al interactuar con los átomos y las moléculas de la atmósfera, en la región entre unos 95 y 750 kilómetros de altura donde la densidad es suficiente, las partículas del viento solar comunican energía que llevan a altos niveles energéticos a las partículas atmosféricas. La rápida desexcitación de estas últimas produce entonces la bella radiación luminosa que denominamos auroras.

También interesante

  • El Sol es una masa de gas que se encuentra literalmente en ebullición. Su superficie, la fotosfera, está dividida en células de convección, cada una con un tamaño parecido al de la península Ibérica (unos 1.000 kilómetros).
  • El flujo de masa del viento solar es un millón de toneladas por segundo. Pero la masa del Sol es tan grande que, debido al viento, el Sol tan sólo ha perdido una milésima parte de su masa total a lo largo de sus 4.600 millones de años de edad.
  • Cada once años el Sol necesita recomponer su estructura magnética completamente y, para ello, intercambia sus polos magnéticos Norte y Sur, comenzando un nuevo ciclo. El proceso intercambio de polos correspondiente al presente ciclo se viene observando desde hace unos meses.

LAS MEJORES RABAS DE SANTANDER

Reforma migratoria en EE.UU. es un asunto de urgencia moral

Washington, 8 nov (PL) El Cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, instó hoy a los republicanos a aprobar una reforma migratoria antes de finalizar 2013 y calificó el asunto como un problema de gran urgencia moral.

Una carta del prelado católico neoyorquino dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, recuerda la responsabilidad de ese foro legislativo en debatir y tratar de resolver cuestiones de política pública que desafían la nación.

La inmigración es un reto que ha confundido a nuestra nación desde hace años, con poca acción de nuestros funcionarios electos federales. Es una cuestión de gran urgencia moral que no puede esperar más tiempo para la acción, señala Dolan.

El Cardenal, quien preside la Conferencia de Obispos Católicos del país, subrayó que la Cámara baja debe aprobar una reforma migratoria incluso antes de que finalice su calendario este año.

Agregó el religioso que mantener a los indocumentados como una subclase permanente "es una mancha en el alma de nuestra nación".

Boehner, un republicano y católico de Ohio, en su condición de máxima figura de la Cámara no parece dispuesto a avanzar ninguna iniciativa migratoria este año, mientras soslaya votar una propuesta bipartidista del Senado que tiene entre sus puntos centrales una vía a la ciudadanía para un estimado de 11 millones de indocumentados.

Mientras tanto, crecen las presiones de organizaciones sindicales como la AFL-CIO y activistas a favor de la reforma, incluso conservadores y líderes empresariales, quienes reconocen las ventajas económicas de un cambio de ley.

Un sondeo mostró ayer que 52 por ciento de los estadounidenses se muestran más favorables a apoyar a un candidato al Congreso que respalde la demorada reforma migratoria, resultado que deben atender los legisladores que buscan defender sus escaños en 2014.

El 71 por ciento de los votantes encuestados a nivel nacional manifestó su respaldo a la materialización de una ley que contemple la seguridad fronteriza, un programa de visa para trabajadores altamente calificados y agrícolas, así como el otorgamiento de la ciudadanía a niños indocumentados, entre otros aspectos.

Pesquisa palestina señala a Israel como sospechoso de matar a Arafat

Ramallah, 8 nov (PL) Israel es el primer y único sospechoso en el asesinato por envenenamiento del presidente Yasser Arafat, aseguró hoy aquí el jefe de la comisión palestina que investiga la muerte del líder palestino.

Continuaremos realizando una investigación acuciosa para encontrar y confirmar todos los detalles y elementos del caso, declaró Tawfiq Tirawi, quien calificó la muerte de Arafat de "el crimen del siglo XXI".

La víspera, el miembro del Comité Ejecutivo de la OLP Wasel Abu Yusef dijo que el informe de la comisión suiza que investiga el fallecimiento de Arafat, demostró que fue envenenado con polonio, "lo que significa que el crimen fue cometido por un Estado porque ese elemento no está a disposición de las personas".

Además del grupo de 10 científicos helvéticos, sendos equipos de expertos de Francia y Rusia, además de una comisión palestina, realizan encuestas independientes.

Abu Yusef se sumó a la petición de la viuda del líder palestino, Soha, para el establecimiento de un comité internacional que determine la autoría del asesinato.

De su lado, el ministro de Justicia palestino, Alí Mhanna, urgió a Francia a entregar los resultados de las investigaciones de su comisión científica.

Hasta el presente esperamos la respuesta de la parte francesa. Enviamos una carta demandando que aceleren la remisión de los resultados y aún esperamos, dijo el titular durante una rueda de prensa hoy aquí.

El informe sobre los estudios de las muestras tomadas del cadáver de Arafat realizado por 10 científicos suizos establece que existe un 83 por ciento de posibilidades de que su muerte fuera causada por intoxicación con ese elemento radiactivo, a disposición de países con capacidad nuclear, como es el caso de Israel.

Arafat fue trasladado de urgencia en noviembre de 2004 a un hospital militar en las afueras de París aquejado de una dolencia de origen desconocido y falleció tras una corta agonía sin que los médicos que lo atendían y los patólogos que realizaron la autopsia determinaran las causas del deceso.

Hasta su traslado a Francia, Arafat pasó meses asediado por tropas israelíes en la Mukata, la sede del Gobierno de la Autonomía palestina en esta ciudad que fue atacada en varias ocasiones.

Durante su última invasión al sur libanés la artillería israelí disparó proyectiles cargados de uranio empobrecido contra zonas bajo control del brazo armado del Hizbolá, (Partido de Dios, en árabe) que obligó a retirarse a las tropas de Tel Aviv.

22.00 Transmisión en vivo Granada – Malaga


El aeropuerto de Castellón necesita tres millones antes de poder abrir

El aeropuerto de Castellón necesita inversiones por un mínimo de tres millones de euros antes de poder recibir todas las autorizaciones y permisos que necesita para abrir. Así se establece en el pliego de condiciones publicado ayer por la Generalitat valenciana para licitar la explotación y mantenimiento de las instalaciones. El Consell ha previsto pagar 25 millones de euros para la gestión del aeropuerto durante los próximos 20 años. Pero para que puedan llegar los aviones, el adjudicatario todavía deberá finalizar la tramitación de la documentación necesaria para que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) certifique que el aeropuerto cumple con todos los requisitos. También faltan equipamientos y material como líneas de comunicación, equipos informáticos, instalación de software, etc. cuyo coste se ha estimado en tres millones de euros. Es el desembolso que el Gobierno valenciano ha fijado como necesario para que la instalación de Vilanova d’Alcolea obtenga todos los permisos.
El adjudicatario tendrá medio año para obtener los permisos
El Consell ha establecido en este pliego que será el adjudicatario de la explotación quien se haga cargo este nuevo coste. La empresa pública Aerocas asumirá los sobrecostes que se generen en estos trabajos previos “siempre que se acredite haber realizado fehacientemente la inversión prevista de 3 miliones”. Así como los 25 millones de la licitación anunciados meses atrás por el presidente de Aerocas, José Ciscar.
Cuando Carlos Fabra inauguró el aeropuerto en marzo de 2011 todavía no se había iniciado el trámite para su certificación. El plazo previsto para obtener todos los permisos era de seis meses pero la deficiente documentación presentada por la exconcesionaria y la necesidad de realizar nuevas obras como la ampliación de la pista ha hecho que este proceso esté aún sin finalizar. La licitación establece que la empresa que quiera optar a explotar el aeródromo tendrá cinco meses y medio para finalizar este proceso.
Era la exconcesionaria (Conaer) la que debía hacerse cargo de la certificación del aeropuerto. La sentencia sobre el pleito que condenó a Aerocas a pagar 120 millones por la obra plasmó la desidia de Conaer. La empresa pública habló de sus “incumplimientos” no solo por las obras que dejó sin hacer, sino porque “no cumplió” debidamente con sus “obligaciones documentales” relativas a la certificación, entre otras cosas. Aesa requirió en varias ocasiones a la exconcesionaria que entregara la documentación correctamente puesto que la aportada era “muy pobre” y se había presentado con errores. De hecho, Conaer plantó a Aerocas cuando, dos meses antes de la inauguración, la empresa pública les citó para que les entregaran todos los informes y el estado de la tramitación.
Aerocas asumirá el sobrecoste de los gastos necesarios para abrir
Aerocas tampoco ha finalizado con este proceso desde que decidió romper relaciones con la exconcesionaria. Ciscar reconoció este verano, cuando anunció que licitaría la explotación, que este proceso estaba al 90%. Los cinco meses y medio previstos para ello hacen que, como mínimo, la infraestructura no pueda abrir hasta junio de 2014.
La segunda fase del contrato (de 20 años de duración) es la de explotación del aeropuerto. En el pliego se establece que Aerocas asumirá los costes de elementos estructurales como, por ejemplo, las reparaciones en la terminal. Por su parte, los aspirantes deberán elegir entre dos formas de cobro. Realizar una “estimación” de pasajeros y fijar un canon cuando no se llegue al hito de 360.000 (con un máximo de 4,5 millones al año y 25 en total), de forma que el Consell pagará por cada pasajero de menos y según la estimación, no sobre la cifra real de viajeros. La otra opción es optar por cobrar hasta un máximo de 25 millones en diez años, independientemente del tráfico.
El Consell optó por licitar la explotación del aeropuerto de Castellón este verano después de fracasar el intento de venta y tras encargar una nueva auditoría sobre su viabilidad.

El aeropuerto de Castellón necesita tres millones antes de poder abrir

El aeropuerto de Castellón necesita inversiones por un mínimo de tres millones de euros antes de poder recibir todas las autorizaciones y permisos que necesita para abrir. Así se establece en el pliego de condiciones publicado ayer por la Generalitat valenciana para licitar la explotación y mantenimiento de las instalaciones. El Consell ha previsto pagar 25 millones de euros para la gestión del aeropuerto durante los próximos 20 años. Pero para que puedan llegar los aviones, el adjudicatario todavía deberá finalizar la tramitación de la documentación necesaria para que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) certifique que el aeropuerto cumple con todos los requisitos. También faltan equipamientos y material como líneas de comunicación, equipos informáticos, instalación de software, etc. cuyo coste se ha estimado en tres millones de euros. Es el desembolso que el Gobierno valenciano ha fijado como necesario para que la instalación de Vilanova d’Alcolea obtenga todos los permisos.
El adjudicatario tendrá medio año para obtener los permisos
El Consell ha establecido en este pliego que será el adjudicatario de la explotación quien se haga cargo este nuevo coste. La empresa pública Aerocas asumirá los sobrecostes que se generen en estos trabajos previos “siempre que se acredite haber realizado fehacientemente la inversión prevista de 3 miliones”. Así como los 25 millones de la licitación anunciados meses atrás por el presidente de Aerocas, José Ciscar.
Cuando Carlos Fabra inauguró el aeropuerto en marzo de 2011 todavía no se había iniciado el trámite para su certificación. El plazo previsto para obtener todos los permisos era de seis meses pero la deficiente documentación presentada por la exconcesionaria y la necesidad de realizar nuevas obras como la ampliación de la pista ha hecho que este proceso esté aún sin finalizar. La licitación establece que la empresa que quiera optar a explotar el aeródromo tendrá cinco meses y medio para finalizar este proceso.
Era la exconcesionaria (Conaer) la que debía hacerse cargo de la certificación del aeropuerto. La sentencia sobre el pleito que condenó a Aerocas a pagar 120 millones por la obra plasmó la desidia de Conaer. La empresa pública habló de sus “incumplimientos” no solo por las obras que dejó sin hacer, sino porque “no cumplió” debidamente con sus “obligaciones documentales” relativas a la certificación, entre otras cosas. Aesa requirió en varias ocasiones a la exconcesionaria que entregara la documentación correctamente puesto que la aportada era “muy pobre” y se había presentado con errores. De hecho, Conaer plantó a Aerocas cuando, dos meses antes de la inauguración, la empresa pública les citó para que les entregaran todos los informes y el estado de la tramitación.
Aerocas asumirá el sobrecoste de los gastos necesarios para abrir
Aerocas tampoco ha finalizado con este proceso desde que decidió romper relaciones con la exconcesionaria. Ciscar reconoció este verano, cuando anunció que licitaría la explotación, que este proceso estaba al 90%. Los cinco meses y medio previstos para ello hacen que, como mínimo, la infraestructura no pueda abrir hasta junio de 2014.
La segunda fase del contrato (de 20 años de duración) es la de explotación del aeropuerto. En el pliego se establece que Aerocas asumirá los costes de elementos estructurales como, por ejemplo, las reparaciones en la terminal. Por su parte, los aspirantes deberán elegir entre dos formas de cobro. Realizar una “estimación” de pasajeros y fijar un canon cuando no se llegue al hito de 360.000 (con un máximo de 4,5 millones al año y 25 en total), de forma que el Consell pagará por cada pasajero de menos y según la estimación, no sobre la cifra real de viajeros. La otra opción es optar por cobrar hasta un máximo de 25 millones en diez años, independientemente del tráfico.
El Consell optó por licitar la explotación del aeropuerto de Castellón este verano después de fracasar el intento de venta y tras encargar una nueva auditoría sobre su viabilidad.

Seguro de coches: el fraude se dispara por la crisis

La crisis económica ha disparado los intentos de engañocontra las compañías de seguro, especialmente en el ramo de autos. Durante el año pasado se detectaron 19.316 casos en España, frente a los 9.632 que había en 2009. El impacto económico de este volumen de fraude fue de 1.002 millones de euros, de acuerdo con los cálculos realizados por Línea Directa, la mayor compañía aseguradora española en seguro directo.
Las modalidades de estafa contra las aseguradoras son numerosas. De hecho, el sector organiza todos los años un concurso donde se premian los casos destapados más llamativos. Sin embargo, los clásicos nunca mueren. Así, en las lesiones corporales, la práctica más común es simular un esguince cervical: collarín y gestos de dolor para intentar sacarle a la compañía 3.000 o 4.000 euros de indemnización.
El director de gobierno corporativo de Línea Directa, Francisco Valencia, considera qué la crisis económica ha disparado los intentos de fraude. "Hemos visto cómo han crecido los intentos de estafa por parte de jóvenes y pymes, dos colectivos especialmente afectados por la recesión", comenta durante la presentación del 2º barómetro de fraude.
En el caso de daños materiales, la práctica más frecuente es incluir en el parte daños que no se produjeron durante el siniestro, lo que sucede en tres de cada cuatro fraudes. La crisis también ha provocado que cada vez más los talleres estén en el ajo (estos casos se han triplicado desde 2009).
Tipología de la estafa
De acuerdo con el informe presentado por Línea Directa, en el 4% de los siniestros detectaron algún tipo de engaño. El importe medio del fraude fue de 885 euros. En cuanto al impacto económico, la aseguradora estima que este tipo de prácticas encarece las primas de seguros de coche un 16%: unos 38 euros.
El seguro de coches, al ser el más generalizado en España, acapara el 75% de los intentos de estafa. El resto se concentra fundamentalmente en los seguros de hogar. En la mayor parte de los casos (72%), es el propio asegurado el que intenta engañar a la compañía.
Uno de los problemas más graves que existen a la hora de combatir el fraude es la escasa concienciación que existe al respecto. De acuerdo con una encuesta realizada por Línea Directa, el 10% de los conductores reconoce haber engañado al seguro alguna vez y el 33% no lo considera especialmente grave. Además, el 30% asegura que participaría en este tipo de estafas si tuivera la seguridad de quedar impune.
Bandas organizadas
Una de las estafas más espectaculares detectadas durante este año ha sido el conocido como el 'caso Aleta': una banda organizada que importaba vehículos de gama alta en Alemania y, tras destrozarlos con la pala de una retroexcabadora, los tiraban en un punto negro de las carreteras españolas y reclamaban una indemnización por siniestro total
La Guardia Civil detuvo a 50 personas implicadas en el fraude, entre las que había importadores, peritos, mecánicos... En algunas ocasiones utilizaban un mismo coche hasta en cuatro ocasiones, cambiando de compañía aseguradora, y llegando a cobrar 140.000 euros de indemnizaciones.

Fabra recupera por decreto el control de RTVV

El presidente valenciano, Alberto Fabra, aprobó ayer un decreto ley con carácter extraordinario para recuperar el control de Radio Televisión Valenciana (RTVV), autogestionada por los trabajadores desde el pasado miércoles. La medida, calificada de golpe de mano y fraude de ley por parte de la oposición, permite al Gobierno valenciano nombrar director general y cubrir las vacantes del consejo de administración de RTVV sin contar con el Parlamento, tal y como establecía hasta ayer mismo la norma.
En una jornada frenética, Fabra tuvo que convocar a su Gabinete a dos reuniones extraordinarias para recuperar el control sobre los contenidos de RTVV. Nou (antes Canal 9) y Nou Ràdio (antes Ràdio 9) estaban gestionadas desde el pasado miércoles por los propios trabajadores. Una decisión motivada por la dimisión de Rosa Vidal como directora general y su equipo directivo y por la renuncia de todos los consejeros del PP en la empresa pública, disconformes con la decisión de Fabra de cerrar RTVV tras un fallo judicial que obliga a la Administración valenciana a readmitir al millar de trabajadores despedidos.
La reunión extraordinaria del Gobierno valenciano se precipitó tras conocerse que los cuatro miembros del consejo de administración de RTVV, nombrados por los partidos de la oposición, se habían reunido para cubrir el vacío de poder.
La tensión política se dispara tras el anuncio del cierre de la televisión
Así, el Ejecutivo de Fabra ordenó un incremento de las medidas de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de RTVV, incluidos registros a los empleados, para evitar la salida de documentación y se reunió para aprobar el decreto, que se publicó inmediatamente en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Comunitad Valenciana.
Tras la publicación, los consejeros fueron convocados nuevamente a una segunda reunión de urgencia para nombrar a Ernesto Moreno, un técnico de gestión cultural, como nuevo director general de RTVV y a cuatro personas de probada fidelidad (José Serralda, Bartolomé Orozco, Vicente Burgos y Luis Bertomeu), para cubrir las vacantes en el consejo de administración del ente.
Nombramientos que fueron publicados a primera hora de la noche en una tercera edición extraordinaria del diario oficial para permitir que Moreno, que fue gerente del Palau de les Arts de Valencia, tome hoy mismo las riendas de RTVV.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, explicó que con estos nombramientos "se restablece la normalidad" y se acaba con la "situación de ingobernabilidad" que ha reinado durante las últimas 48 horas en RTVV.
"El director general tiene competencias sobre el personal y la programación", recalcó Ciscar, que admitió que el Gobierno valenciano pidió en la noche del miércoles que se levantase acta notarial de la programación de Nou (antes Canal 9) al considerar que se estaba incumpliendo el contrato programa.
Con estos nombramientos se acaba la situación de ingobernabilidad
José Ciscar
Lo cierto es que desde que los trabajadores se hicieron cargo de la programación, ya en la noche del martes en plena situación de desconcierto, la audiencia de Nou se ha triplicado.
Con medias de audiencia que no superaban el 3% de share desde hacía años, la programación especial realizada tras el anuncio del cierre de RTVV ha llevado a la televisión valenciana a cuotas superiores al 9%. Y el debate organizado, con representantes de todos los partidos políticos (PP incluido) para abordar la decisión del cierre en la noche del miércoles logró un share del 13,7% en horario de prime time, con una audiencia de 322.000 personas, según la firma de medición Kantar Media.
Con la leyenda en pantalla de #RTVVnoestanca (RTVV no se cierra), los empleados de la empresa pública han dado voz a miembros de la oposición y representantes de numerosos colectivos cívicos vetados desde hace décadas en Canal 9.
Ayer, los casi 1.700 empleados que serán despedidos si Fabra ejecuta el cierre anunciado en RTVV recibieron la solidaridad de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE), que reclamó al presidente de la Generalitat una solución negociada. En varias ciudades valencianas, y también en Barcelona, se registraron concentraciones de apoyo a la plantilla.
En medio de este ambiente, el clima político se fue enturbiando a medida que pasaban las horas. Fabra convocó una reunión de la Junta Directiva Regional del PP para cerrar filas y evitar la existencia de fisuras internas provocadas por la decisión de cerrar RTVV. Una medida que cuenta con el aval del Gobierno, según afirmó el presidente de la Generalitat.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, acusó al Gobierno valenciano de "dar un golpe de mano y generar un estado de excepción" por modificar la ley de RTVV sin contar con el Parlamento.
"Este golpe de Estado no te saldrá gratis", advirtió a Fabra un diputado de Compromís
El portavoz de Compromís, Enric Morera, que coincidió con el presidente de la Generalitat en la clausura de un congreso de agricultores, increpó a Fabra tras conocer la publicación del decreto ley. "Este golpe de Estado no te saldrá gratis", le advirtió el diputado, que abandonó el acto sin escuchar al presidente.
En las Cortes, el parlamentario de Esquerra Unida Ignacio Blanco mantuvo una tensa discusión con el vicepresidente Ciscar, responsable del plan para reestructurar RTVV. Ciscar aseguró que el coste de readmitir al millar de trabajadores despedidos supondría gastar 228 millones de euros en RTVV hasta final de legislatura.
Blanco acusó al PP de aprobar un decretazo "cuestionable jurídicamente" e "indecente políticamente" para controlar los citados medios de comunicación. Mientras, los manifiestos de toda clase colectivos sociales contrarios al cierre de RTVV se fueron acumulando a lo largo del día. Los trabajadores han convocado mañana manifestaciones en las tres capitales valencianas.

La basura se extiende por Madrid

No hay cálculos oficiales de cuánta basura se extiende ya por las calles sin barrer de Madrid, pero la suciedad salta a la vista. Los distritos con “más incidencia” de la huelga de limpieza viaria y jardines de la capital son Centro, Tetuán, Chamberí y Vallecas, según las estimaciones del Ayuntamiento de Madrid. Los barrios de Las Letras o el de La Latina, en el corazón turístico de la ciudad, amanecen cada día un poco más sucios a las puertas de un nuevo fin de semana cuando, previsiblemente, se concentrarán en las calles numerosos jóvenes haciendo botellón. Dos asociaciones de vecinos de Chueca y de Centro reclamaron ayer al Ayuntamiento que tome “medidas concretas” y evite que se celebren estas concentraciones de jóvenes que pueden inundar aún más sus barrios de basura en los próximos días, ya que el conflicto se recrudece.
Madrid encaró ayer la tercera jornada de huelga sin visos de acuerdo(los sindicatos hablan de casi un 100% de seguimiento) y con vehículos policiales escoltando a parte de los trabajadores de servicios mínimos que operan en el centro. Según el Consistorio, casi uno de cada cuatro operarios de mínimos no pudo acabar su jornada por presiones de los piquetes. Los sindicatos replican que los están respetando aunque no comparten el porcentaje fijado por el Ayuntamiento, que fijó un 40% de la plantilla en limpieza y un 25% en jardines, además de actuaciones de refuerzo en centros sanitarios, intercambiadores, colegios, mercados y zonas de interés turístico.
Mientras aumenta la basura casi en cada rincón, el Ayuntamiento asegura que controla de forma “diaria y continua” la evolución de los desperdicios en las calles para evitar problemas de salubridad. Es un trabajo que desarrolla el servicio de Madrid Salud con un equipo de inspectores del que el Consistorio no especifica número. El decreto de servicios mínimos de la huelga indica que este grupo —llamado Unidad Técnica de Control de Vectores— tiene que hacer un plan de seguimiento y tomar medidas “para evitar plagas urbanas” mientras se extienda la protesta.
Las reuniones celebradas hasta ahora no han dado frutos. Sindicatos y concesionarias (OHL, FCC y Valoriza) se reunieron ayer para negociar los términos de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 1.134 trabajadores de una plantilla de 6.000. La cuarta adjudicataria, Cespa, no ha planteado despidos, pero sus trabajadores también están llamados a la huelga por la negociación de un nuevo convenio en el que se plantean rebajas de sueldos de hasta un 43% y sueldos que rondarían el salario mínimo interprofesional (645,30 euros), según las centrales. Las empresas señalan que el sueldo medio de los empleados ha subido más del 50% desde 2003 hasta 22.781 euros brutos anuales para un peón en turno de mañana.
Desde que se presentó el ERE el 17 de octubre, los sindicatos se han reunido cuatro veces solo con las empresas y otras tres en la Inspección de Trabajo, según CC OO. Las concesionarias no dan datos. La de ayer se cerró sin acuerdo, explica Félix Carrión (CC OO), que presagia una huelga “larga y complicada”.
En el encuentro, las centrales presentaron planes alternativos a los despidos. Las empresas proponen rebajar la cifra de 1.134 a 998, sumado a “fórmulas alternativas” que las centrales interpretan como bajadas de sueldo. “Estamos solicitando documentación de posibles jubilaciones para ver exactamente a qué ahorro se llegaría”, añade Carrión. Las concesionarias no facilitaron ningún detalle de la reunión. El portavoz oficial de las tres empresas solo señaló que estos encuentros se producen “con mucha frecuencia”.
El Ayuntamiento, que ve cómo la ciudad se emponzoña por días, quiere que el acuerdo llegue “cuanto antes”, según dijo ayer el delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito. Destacó que las ofertas que llevaron a las concesionarias a lograr la adjudicación del servicio “son su responsabilidad”, porque “nadie fija cuál es la baja de adjudicación que tiene que hacer una empresa”. El principal criterio de adjudicación del contrato que el Ayuntamiento aprobó en agosto —con 80 de los 100 puntos máximos— fue el “porcentaje a la baja sobre el presupuesto de licitación”. El Consistorio quería rebajar un 10% más la cifra inicial de 2.316 millones previstos para la contratación a ocho años, que las concesionarias asumieron finalmente por 1.943 millones, un 16% menos.
Como fórmula de presión, el Ayuntamiento prevé aplicar las sanciones previstas en el contrato. Puede reducir en la factura mensual que paga a las concesionarias una parte “en proporción a la disminución de las prestaciones” por causas excepcionales como una huelga. “Tenemos que valorar la responsabilidad de las empresas, que tienen una parte importante en la resolución, y vamos a descontarles en función del número de trabajadores que hagan seguimiento de la huelga”, añade el delegado de Medio Ambiente. Pero la oposición cree que no es suficiente.
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, pidió a Ana Botella que si el modelo que ha implantado no garantiza “un servicio de calidad anule los contratos y plantee otro sistema”. Lissavetzky dijo a la alcaldesa que “haría bien en volcar” los esfuerzos que gasta en “desvincularse” de la huelga en mediar entre empresas y sindicatos para evitar la “sangría” de despidos.

El Supremo anula el polémico indulto a un kamikaze que mató a un conductor

El Tribunal Supremo anuló este jueves, después de tres días de deliberaciones, el polémico indulto concedido por el Gobierno al conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado. Este había sido condenado a 13 años de prisión por matar a un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7, en el tramo Silla-San Juan (Valencia), en diciembre de 2003. La anulación se ha aprobado con una votación muy ajustada —19 votos a favor y 17 en contra— de los 36 magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso.
“Dicho claramente, el Supremo ha considerado que este indulto es arbitrario”, ha declarado a EL PAÍS una fuente judicial. Es la primera vez que ocurre algo así, con excepción de un único antecedente de menor gravedad: la revocación parcial del polémico perdón otorgado por el anterior Gobierno socialista al consejero delegado del Banco SantanderAlfredo Sáenz que cancelaba sus antecedentes penales. Al tomar esa decisión, el Ejecutivo se extralimitó en sus atribuciones.
El Tribunal Supremo solo facilitó el jueves por la tarde una escueta nota en la que señala que, pese a la anulación del decreto de indulto, la ejecución de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, quedará en suspenso durante tres meses. El objetivo de esta demora es que “el Gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos” que han motivado esta decisión, según el Supremo.
Esta tregua de tres meses pretende suavizar la contundencia de la decisión del Supremo, tanto para el Ejecutivo como para el propio indultado. Deja en manos del Gobierno la posibilidad de que rectifique su decisión o busque otra fórmula menos “arbitraria”. “Por ejemplo, concediéndole un indulto parcial sobre la pena que aún tenía pendiente de cumplir”, explican fuentes judiciales. El fallo del Supremo no ha sido adoptado por unanimidad, por lo que son previsibles votos particulares por parte de los magistrados discrepantes.
La Sección Tercera ha estimado el recurso presentado por la familia del fallecido, José Alfredo Dolz, solicitando la declaración de nulidad de la medida de gracia. Según el recurrente, este indulto fue el único de España dado a un kamikaze en el que el condenado no había cumplido al menos la mitad de la condena (solo pasó 10 meses entre rejas). El Gobierno le conmutó los años pendientes de cárcel por el pago de una multa de 4.000 euros.
El indulto no contó con informe favorable de la Fiscalía ni de la Audiencia Provincial de Valencia, que había condenado a Ríos a 13 años de cárcel por un delito de conducción con grave desprecio a la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una de daños. “Nueve automovilistas tuvieron que apartarse para no ser embestidos por el kamikaze. Puso en riesgo la vida de muchas personas”, recalca una fuente judicial, que aplaude sin ambages la decisión del Supremo.
En enero pasado, el titular de Interior, Jorge Fernández, ya se manifestó en tono crítico sobre la decisión del Consejo de Ministros del que él forma parte, al señalar que el indulto a Ríos era “un caso excepcional” y aconsejó que el Ejecutivo tendría que “estar más atento” en estos casos.
El Ministerio de Justicia explicó en su día que la medida de gracia fue adoptada tras tener en cuenta el informe favorable de la prisión y los condicionantes “médicos y personales” del condenado. Justicia se negó este jueves a comentar la anulación del indulto mientras no conozca el fallo.
El caso ha reavivado el debate sobre los indultos. Algunas fuentes judiciales entienden que esta decisión del Supremo cuestiona la motivación de la medida de gracia, siendo que el Gobierno no tiene ninguna obligación de explicar por qué perdona a un reo. “El Supremo no puede entrar a valorar si un indulto es justo o injusto, y así lo reconocen reiteradas sentencias de ese mismo tribunal”, dice un experto jurídico.
El socialista Felipe González, aprovechando una proposición del Centro Democrático y Social (CDS), suprimió la obligatoriedad de motivar la concesión de los indultos que establecía la legislación anterior a la vigente Constitución. El actual Gobierno considera que debe mantenerse este criterio, que es el que rige en otros países europeos.
Fuentes jurídicas opinan que el Supremo solo puede recriminar al poder ejecutivo si al otorgar un perdón lo hace saltándose alguno de los trámites previos, cosa que en esta ocasión aparentemente no ha sucedido. Sin embargo, el desconocimiento de la sentencia dictada ayer impide saber las motivaciones alegadas por la sala para anular este indulto.
El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, y el diputado Ricardo Sixto aplauden la resolución del Supremo. Las principales asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico respaldan al tribunal y han pedido al Gobierno que “tome nota” y que piense mejor a quién otorga esta medida de gracia.