tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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viernes, 24 de enero de 2014



The Nut Job (2014)


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Comedia repleta de acción establecida a finales de los años 50's en una ficticia Oakton (Virginia), donde veremos las andanzas de una traviesa ardilla (Surly) y su compinche rata (Buddy), quienes planean un atraco a un almacén de nueces que se les acabará yendo de las manos.

Scorned (2013)


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La película trata sobre un fin de semana romántico resulta horrible y sádica cuando Sadie descubre que su novio está teniendo una aventura con su mejor amiga.

Rape con salsa de txakoli y almendras

Demandan al cardenal que dijo que la homosexualidad se puede tratar

El principal colectivo que agrupa a gays y lesbianas en España, Colegas, ha llevado este jueves a la Fiscalía las manifestaciones vertidas por el recién designado cardenal Fernando Sebastián el pasado 19 de enero, en las que aseveraba que la homosexualidad es "una deficiente sexualidad" que se puede curar con tratamiento.
El prelado manifestó en una entrevista a un periódico local de Málaga que "señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. No es ofensa, es estima. Cuando una persona tiene un defecto, el buen amigo es el que se lo dice".
También señaló que "una cosa es manifestar acogida y afecto a una persona homosexual y otra, justificar moralmente el ejercicio de la homosexualidad. A una persona le puedo decir que tiene una deficiencia que es lo que es, pero eso no justifica que deje de estimarla y ayudarla".
Para el colectivo de gays y lesbianas, estas declaraciones "fomentan el odio o la violencia contra personas por su condición sexual", y la consiguiente discriminación contra los homosexuales.
Por ello han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Málaga, provincia en la que ahora reside el prelado y donde se han efectuado las controvertidas declaraciones, publicadas en un periódico local.
Según la denuncia, el cardenal habría podido incurrir con sus palabras en alguno de los supuestos tipificados en el artículo 510 del vigente Código Penal, donde se describen las conductas de quienes "provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones", por motivos racistas, sexo, religión, creencias u orientación sexual, entre otros.
El artículo también establece el delito de quienes "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones", en relación a motivos como su ideología, religión, etnia u orientación sexual, entre otros.
En ambos casos el Código Penal establece penas de prisión de uno a tres años, y multa de seis a doce meses, al tratarse de delitos que guardan relación con derechos fundamentales o libertades públicas garantizados por la Constitución.

Desde el desconocimiento

El presidente de la Confederación Española Colegas, Francisco Ramírez, ha admitido a ELMUNDO.es que las declaraciones del prelado pudieron haberse sacado de contexto o hacerse "desde el desconocimiento", y no desde la mala voluntad.
Por ello ha invitado al cardenal "a conocer nuestra realidad antes de hablar". En este sentido, Ramírez ha invitado a Sebastián a acudir a la sede de Colegas y mantener una reunión con el colectivo. "Que nos conozca y vea que la orientación sexual no es algo negativo", ha señalado.

"El enfermo es él, pero podemos curarle"

"Creemos que la homosexualidad no es una enfermedad desde 1973, pero la homofobia sí es una enfermedad, una enfermedad social, que quizás con tratamiento se pueda curar", ha considerado Ramírez. En ese sentido, desde Colegas opinaron que "el enfermo es él, es el cardenal, y nosotros podemos ayudarle a él a superar su transtorno".
"A lo mejor monseñor Sebastián no ha pretendido ofender; pero sí ha ofendido", ha subrayado el presidente de la Confederación Española Colegas, que se mostró dispuesto a entrevistarse con el nuevo cardenal para intercambiar puntos de vista. "Mucho de lo que dice se debe a que él no ha tenido cercanía con nadie que viva la homosexualidad de forma normalizada", ha concluido.

Alemania volverá a publicar ‘Mein Kampf’, de Hitler

El banquillo de los acusados en el juicio que se celebró el 15 de octubre de 1948 en Múnich estaba vacío y tampoco había un abogado que defendiera al acusado ausente, una contrariedad que no irritó a nadie en la sala por una razón de sentido común. El acusado, Adolf Hitler, se había suicidado con una pistola Walther calibre 7,65 milímetros, el 30 de abril de 1945, en la soledad de su búnker en Berlín.
El proceso fue breve y la decisión de la Corte otorgó al ministerio de Finanzas de Baviera un título legal inédito. Ese día, el juez señaló que no era necesario mencionar las razones para declarar culpable al ex dictador y sentenció que todos sus bienes en Baviera, incluidos los derechos de autor de un libro escrito por Hitler, debían ser confiscados y pasar a manos de la administración bávara.
La sentencia convirtió al ministerio de Finanzas, en el propietario de los derechos de autor del libro Mi lucha, que pertenecían a la editorial del partido nazi, Franz Eher, Pero el regalo de la justicia no enriqueció las arcas, en ese entonces, casi vacías del estado bávaro. La sentencia obligó a las autoridades del ministerio a llevar a cabo una solitaria cruzada para impedir que la obra magna del Führer volviera a ser editada en el planeta tierra.
Pero la cruzada bávara estuvo condicionada por un problema legal. Los derechos de autor de Mi lucha caducan el 31 de diciembre de 2015, una fecha que hará posible que el libro entre en el dominio público y pueda volver a ser imprimido. Para evitar nuevas ediciones financiadas por partidos de extrema derecha en Alemania, el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich logró obtener, en 2012, un permiso del gobierno bávaro para publicar una ambiciosa edición comentada del libro maldito.
El ambicioso proyecto estuvo a punto de fracasar en diciembre del año pasado cuando la jefa del gabinete bávaro, Christine Haderthauer, anunció que el Gobierno seguiría impidiendo la publicación del famoso libro, aun después de que expiren los derechos de autor. “Nuestra posición es que hay que detener también el proyecto del Instituto, porque no es tarea del estado difundir propaganda nazi”, dijo la jefa del gabinete bávaro.
Pero el rigor de las decisiones políticas del gobierno bávaro, son impredecibles y el miércoles pasado el ministro de Cultura de Baviera, Ludwig Spaenle anunció, después de un violento debate en el parlamento regional, que Múnich renunciaba a adoptar nuevas medidas legales para impedir el trabajo de reedición de Mi lucha que lleva a cabo el Instituto de Historia Contemporánea.
“No se puede atentar contra la libertad científica”, declaró el ministro bávaro. “El Instituto de Múnich, que tiene a su cargo este proyecto puede publicar una edición bajo su propia responsabilidad”, agregó.
Las declaraciones del político causaron un profundo alivio en la sede del instituto, pero dejaron en el aire un interrogante que solo podrá tener una respuesta a partir del 1 de enero de 2016, cuando una editorial intente sacar a la venta en el país una edición no comentada del libro maldito.
“Ya no habrá más problemas legales para continuar nuestro trabajo y tampoco tendremos que devolver el dinero (500.000 euros) que nos dio el Gobierno para el proyecto”, dijo Simone Paulmilch, portavoz del instituto bávaro, a EL PAÍS. “Aun no conocemos la dimensión de las declaraciones del ministro, pero se puede suponer que tampoco habrá medidas legales en contra de otras publicaciones, aunque las leyes siguen vigentes”, añadió.
Una sentencia de la Corte Suprema germana en 1979 permitió la venta del libro en las tiendas de anticuarios y los sabuesos bávaros tampoco saben cómo impedir la difusión del libro en Internet, donde los nostálgicos de Hitler siguen ofreciendo descargas gratuitas y en varios idiomas del volumen. Pero Baviera sigue utilizando el artículo 130 del Código Penal que castiga con penas de cárcel la incitación al odio racial y prohíbe escritos que, como Mein kampf, puedan ser utilizados como propaganda para difundir los ideales del nacionalsocialismo.
Adolf Hitler comenzó a escribir su libro en 1924 cuando cumplía una condena de cárcel en la prisión de Landsberg y escribió las últimas páginas en Obersalzberg, un idílico lugar en los Alpes bávaros donde el dictador poseía una casa. La primera edición del primer volumen del libro vio la luz en julio de 1925 y el segundo volumen se publicó en diciembre de 1926.

Casi 700.000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso

Seis años de desplome laboral arrojan un saldo desolador. El paro de larga duración ha alcanzado cotas que amenazan con enquistarse en la sociedad española por muchos años. El número de hogares en el que todos sus miembros están desempleados ha llegado hasta los 1,8 millones. Y de la mezcla de ambos datos, surge un cóctel demoledor: las familias en las que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha duplicado desde que comenzó la crisis, ya son 686.600, según la encuesta de población activa.
EL PAÍS
El paro de larga duración se convertirá, probablemente, en una de las heridas de esta crisis que más tardará en cicatrizar. Conforme ha pasado el tiempo y la caída laboral no revertía, la cifra crecía. Quienes llevan más de un año sin trabajar ya suman más de 3,5 millones de desempleados, el 61% de todos los parados. El problema se agudiza porque de este colectivo más de 2,3 millones están en esa situación más de dos años.
Pasar mucho tiempo sin trabajar, es uno de los peores lastres que tienen los parados para volver a incorporarse al mercado laboral. A la hora de contratar, las empresas prefieren optar por alguien que se acaba de incorporar al mercado laboral o quien ha perdido su empleo hace poco tiempo. No facilita la salida que muchos de los parados provengan de la construcción, un sector que sigue sin levantar cabeza y que probablemente no volverá a tener su antiguo vigor. Tampoco ayuda la escasa formación de muchos de quienes integran este colectivo. De ahí que los expertos adviertan de que el paro de larga duración generado durante esta crisis precisará mucho tiempo y muchos recursos —léase dinero— para que se pueda solucionar.
Hablan de políticas activas, de formación, de orientación laboral y también de extender la protección (prestaciones y subsidios). También lo hacen los sindicatos. Porque la falta de oportunidades laborales es solo una de las caras del paro de larga duración. La otra es el agotamiento del seguro de desempleo, tanto en su parte contributiva como en la asistencial, que abocan a buena parte de este colectivo al riesgo de exclusión social.
1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro
Este peligro lo afrontan buena parte de los 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja. Pero no todos, ya que esto no quiere decir que ninguno de ellos tenga ingresos. Puede darse el caso de que al menos uno de sus integrante perciba la prestación por desempleo, una pensión o algún tipo de renta, como un alquiler.
Quien seguro que afronta el riesgo de exclusión son las 686.600 familias en las que ni uno solo de sus miembros percibe algún tipo de ingreso. Al comienzo de la crisis, a mitad de 2007, este colectivo suponía justo la mitad. El paso del tiempo ha hecho que el problema se duplique. Sobre todo en los últimos años, debido fundamentalmente a la propia estructura del seguro por desempleo, que en un primer momento amortiguó el impacto.
El paro de larga duración amenaza con enquistarse durante varios años
Desde 2009, el peor año de la crisis, el gasto del seguro de desempleo asciende a unos 30.000 millones anuales. Casi tres puntos del PIB. Pero esto no implica que quienes perdieron su trabajo a comienzos de la crisis mantengan algún tipo de ayuda, ya que la prestación por desempleo (la parte contributiva de la ayuda y la primera que se percibe) tiene una duración máxima de dos años y el subsido, excepto en algunos casos, no se cobra hasta la jubilación. Además los recortes aprobados en 2012 endurecieron el acceso al subsidio para la mayor parte de sus ponteciales beneficiarios.
Además del dato de hogares sin ingresos que proporciona el INE, hay otro que apunta en la misma dirección: la tasa de cobertura de las ayudas al desempleo. Según el Ministerio de Empleo, el pasado noviembre, último mes con datos disponibles, el 61,4% de los parados registrados en las oficinas de empleo disponían de algún tipo de ayuda, una porcentaje muy inferior al máximo que se marcó años antes, cuando se llegó a superar el 80%.

FARMACEUTICA BAYER : “No creamos fármacos para indios, sino para los que pueden pagarlo”

La discusión con las autoridades indias consiguió sacar de sus casillas al consejero delegado de Bayer. En juego estaba la patente de su anticanceroso Nexavar, un fármaco de última generación para tratar cánceres de hígado y riñón. “No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”, saltó el consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Y varios medios lo han recogido después.
Un excolega de Dekkers, John LaMattina, le dio ocasión de disculparse después. En un artículo publicado en Forbes, el exdirectivo de Pfizer le recrimina sus palabras. Y así dio pie a que Dekkers se explicara. Bayer remite a esas declaraciones.
“Lamento que lo que una rápida respuesta en el marco de una discusión haya salido a la luz de una manera que yo no pretendía. No puede ser más contrario a lo que yo quiero y lo que hacemos en Bayer”, dice Dekkers. Como compañía “queremos mejorar la salud y calidad de vida de la personas, independientemente de su origen o ingresos”. “En cualquier caso, estaba especialmente frustrado por la decisión del Gobierno indio de no proteger la patente del Nexavar que nos había concedido la autoridad en patentes del país. Estoy convencido de nuestra capacidad para innovar y en una abierta discusión en la reunión, mientras expresaba mi frustración fundamental, tenía que haber aclarado esto”.
“En cualquier caso, me reafirmo en que hay ningún motivo para que un país debilite la protección de la propiedad intelectual. Sin nuevos medicamentos, tanto las personas de los países en desarrollo como las de otros más prósperos sufrirán”, añade. Y concluye con una mención a que si bien los fabricantes de genéricos tienen “un papel crucial que desempeñar”, “no invierten en investigación y no producen nuevas curas o tratamientos, ni para los mercados en desarrollo ni los desarrollados”.
El enfrentamiento con India es uno más de un gran laboratorio con un país que aplica rigurosamente una ley de patentes que les lleva a rechazar la protección de algunos productos punteros (la mayoría de los casos porque no permiten modificaciones en la patente original según avanzan las investigaciones en los medicamentos, por ejemplo buscando sales diferentes). Fue lo que llevó al conflicto con Novartis por otro anticancerígeno (el Glívec). Con esa política, el Gobierno indio no solo consigue que la patente dure menos (lo que obliga a los laboratorios a bajar sus precios para competir), sino que protege a su pujante industria de genéricos.

Los inspectores médicos no podrán cobrar incentivos por dar altas

Los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no pueden cobrar incentivos según el porcentaje de altas que dan en sus revisiones de enfermos de baja por incapacidad temporal (IT). Así lo afirma una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 18 de diciembre, que desestima los recursos de apelación que presentó el Gobierno. El fallo confirma una sentencia previa, del 24 de mayo, que anuló uno de los criterios que había fijado la Administración para calcular el complemento de productividad de los médicos inspectores o evaluadores, un colectivo de unos 900 profesionales en toda España.
En 2011, el INSS determinó que el 4% de ese complemento se cobraría si el inspector daba de alta al menos al 15% de los pacientes citados para reconocimiento médico. Ahora la Audiencia Nacional confirma que no se puede imponer ese criterio porque lo único que debe regir la actuación de un médico inspector es “el estado de salud del trabajador, y en íntima relación con él, su capacidad laboral”. Es decir, la Audiencia argumenta que estos profesionales tienen que decidir “bajo criterios objetivos y científicos”, porque sus decisiones se verían afectadas “si se establecen determinados índices cuantitativos, como ocurre en el presente caso, lo que afectaría al derecho a la salud”.

Los argumentos del Gobierno

El objetivo impugnado, y ahora anulado, atribuía 4 puntos sobre los 100 totales de la puntuación en el llamado Índice General de Productividad (IGP). Para conseguirlos, era necesario que del total de reconocimientos médicos efectuados por los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a trabajadores en situación de baja médica, un 15% acabara con uno de los siguientes tres resultados.
Por cada 100 pacientes, 15 debían salir de la consulta del inspector con alta médica por haber recuperado la capacidad laboral para desarrollar su actividad o con una propuesta de apertura de expediente de incapacidad permanente por considerar que el trabajador no va a recuperar su capacidad laboral o con una suspensión del cobro de la prestación de incapacidad temporal (IT) “cuando de forma injustificada no se presente a reconocimiento médico”.
El abogado del Estado argumentó en la apelación que “no se trata de un objetivo economicista, sino que busca la racionalidad en el control médico de la prestación”. El letrado de la Seguridad Social también argumentó que el objetivo “no tiene por finalidad incentivar económicamente al médico inspector” sino “conseguir el objetivo del 15% que como dato cierto y objetivo de la gestión del control de la IT se ha fijado como consecuencia de las comprobaciones estadísticas que se vienen haciendo en el INSS”. Añadía que, una vez conseguido el objetivo, la puntuación es la misma (4 puntos en el índice general).
Los inspectores del INSS son los encargados de controlar las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores. Es el médico de familia quien da la baja y el alta a un enfermo, pero en ocasiones los inspectores citan a determinadas personas a reconocimiento médico si el INSS detecta que una baja está durando más de lo previsto según sus estándares. El INSS, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobó en 2011 un nuevo cálculo del complemento de productividad que cobran los inspectores. Uno de los criterios consiste en que 15 de cada 100 visitas debe acabar con uno de estos tres resultados: alta médica, apertura de expediente de incapacidad permanente o suspensión del cobro de la prestación cuando el trabajador no se presenta al reconocimiento de forma injustificada.
La polémica por los incentivos a los profesionales sanitarios por reducir la cantidad o la duración de las bajas médicas saltó en 2009, cuando el INSS firmó convenios con comunidades autónomas como Madrid y Cataluña para “mejorar la gestión de la incapacidad temporal”. Se trataba de “racionalizar” la gestión de estos procesos, que según los datos que dio entonces el INSS, le costaban al Estado entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales. Según estos convenios, la Seguridad Social entregaba a las regiones unas cantidades de dinero destinadas,entre otras cosas, a incentivar a los médicos de familia que redujeran el número de bajas o su duración. En algunos casos este complemento se entregaba también a los médicos inspectores de los servicios regionales de salud y a los administrativos.
La sentencia que ahora confirma la Audiencia Nacional afirmaba que “el inspector médico no puede ver condicionada su actuación en las decisiones que adopte sobre altas médicas o sobre la iniciación de oficio de los procedimientos de declaración de incapacidad permanente, pues el único criterio que debe regir su actuación es el estado de salud del trabajador, y en íntima relación con él, su capacidad laboral. Y ello con independencia del porcentaje que estadísticamente pueda corresponder a la mencionada actuación”. El fallo reconoce que es “legítimo” fijar objetivos estratégicos de los funcionarios y controlar los procesos de IT, pero “lo que no es admisible es que el resultado de ese control se condicione por el cumplimiento de unos objetivos que dan derecho a percibir un complemento de productividad, cuando el mismo ha de venir determinado, como los propios apelantes señalan, porque el estado de salud del trabajador le impida o no trabajar”. Fue un recurso de la Confederación Intersindical Galega el que inició el procedimiento judicial.
“El criterio que ha anulado la Audiencia condicionaba la función médica y técnica de los inspectores del INSS”, asegura José María Morán, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS). “Los argumentos de la sentencia se pueden extrapolar a situaciones asimilables, como los incentivos que reciben los médicos de atención primaria en las comunidades”, añade. Morán explica que el criterio ahora anulado se ha estado manteniendo desde 2011 y critica una medida que suponía “apriorizar las decisiones y presionar la libertad de actuación de un técnico”. “Se me puede incentivar para hacer más inspecciones o para compararme con otro inspector, pero no nos puedes decir que tenemos que superar un determinado umbral”, añade.
Xaime Rei, de la Confederación Intersindical Galega, señala que su organización recurrió la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que aprobaba los nuevos criterios a petición de varios de sus afiliados, médicos inspectores del INSS. “Ahora que la sentencia es firme, exigiremos que este parámetro se retire de los objetivos de 2014, que aún no se han publicado”, añade.
“Estamos analizando la sentencia”, señaló este jueves un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en respuesta a las diversas preguntas que le formuló este diario.

La presión judicial por el fichaje de Neymar fulmina a Sandro Rosell

Neymar se ha cobrado la víctima más insospechada sin necesidad de marcar un gol ni de ganar un título con el Barça. El damnificado es Sandro Rosell, el presidente del propio FC Barcelona, propietario del delantero, quien siempre se desvivió por jugar en el Camp Nou. Un triunfo rotundo como fue en junio la contratación del brasileño, pretendido por diferentes clubes, especialmente por el Madrid, se ha convertido en una cruel derrota para el mandatario azulgrana, al que un socio ha demandado ante la Audiencia Nacional por apropiación indebida en la modalidad de distracción.
Aunque ni siquiera ha sido llamado a declarar —“no quiero que el presidente del Barça sea un imputado”—, Rosell ha convertido el precio de Neymar en una cuestión de honor y, ante la duda y unas “amenazas personales y familiares” hasta ahora desconocidas y ayer denunciadas por el presidente, anoche, a las 20.50 horas, anunció su dimisión “irrevocable” y su directiva intentará agotar el mandato hasta 2016, con el vicepresidente deportivo Josep Maria Bartomeu. Así se pretende combatir una crisis institucional generada en una época de bonanza por el propio Rosell.El equipo, líder y actual campeón de Liga, vive una etapa de estabilidad y éxitos sin precedentes (una Champions, un Mundial de Clubes, una Copa, dos Ligas, tres Supercopas de España y una de Europa durante el mandato de Rosell: 2010-2014, con Guardiola y después Vilanova en el banquillo del Camp Nou); se ha reducido la deuda de la entidad hasta 230 millones de euros al tiempo que se mejoraban los ingresos; prácticamente no hay oposición al actual consejo; y los estatutos se actualizaron en octubre.
El dirigente dijo sentirse víctima de “amenazas y ataques” que ponen “en riesgo a la propia familia”
Incluso queda como referente de su mandato de cuatro años un código ético de buen gobierno aprobado por el Senado del Barça y por el consejo en septiembre de 2010. El libro de estilo de Rosell puede que se haya inspirado precisamente en tal declaración y, puesto que la querella presentada es de momento solo contra él, ha cargado con la pena como un mártir, de manera personal, víctima, a su entender, de los poderes fácticos representados por el Madrid. “No quiero que ataques injustos afecten negativamente a la gestión y a la imagen del club y es por eso que mi etapa ha terminado“, subrayó Rosell ante la prensa, rodeado de sus directivos —solo faltaron Jordi Moix y Jordi Mestres— y familiares, así como empleados del Barça: “Esta junta es un equipo”, prosiguió, “y este equipo lidera un proyecto”.año 2016”.
El socio demandante, Jordi Cases, se plantea extender la demanda al hasta ahora vicepresidente deportivo Bartomeu y al económico Xavi Faus. Pero, dado que se plantean su continuidad hasta 2016, no parece que cualquier decisión del juez Ruz vaya a condicionarles. La nueva junta se reunirá hoy en el Camp Nou. Los proyectos del consejo, visualizados sobre todo en el referéndum de abril para la construcción del nuevo Camp Nou, y el momento de la temporada futbolística no admiten parón en el Barça. Bartomeu comparecerá hoy como presidente, después de la reunión de la junta, para atender a la prensa después de que ayer no se aceptaran preguntas en su comparecencia y la de Rosell. La continuidad de la directiva se interpreta, además, como la mejor respuesta para evitar cualquier movimiento electoral y dar estabilidad al equipo.
La dimisión de Rosell fue el final de la controvertida y contradictoria estrategia del Barça desde la entrada en escena de Cases. El consejo no atendió la petición del socio, que aspiraba a que le detallaran el coste de Neymar; después pidió a la Audiencia que no admitiera la demanda; el lunes fue el presidente quien, en rueda de prensa, solicitó al juez que la admitiera y le tomara declaración; y ayer, tres días después, sin que mediara más noticia que el hecho de que la cláusula de confidencialidad no afectaba a todos los contratos de Neymar, dimitió Rosell. Ruz ha reiterado que por ahora no es necesario que declare el presidente y los estatutos del club establecen que no ha lugar a la dimisión ni cuando hay imputación porque prevalece la presunción de inocencia.
Sobre l
Rosell tomó la decisión de abandonar el club el miércoles, durante su viaje a Valencia, y ayer, ya en su despacho de Barcelona, convocó a sus consejeros de confianza por la mañana y a la directiva por la tarde en el Camp Nou. Reitera el presidente que Neymar costó 57,1 millones y que los demás contratos no son simulados sino posteriores a la ficha del jugador y corresponden a operaciones diferentes y paralelas, fórmulas de uso común en la mayoría de los clubes de la Liga.
Rosell no quiere que se le califique de mentiroso después de que ya tuviera que admitir su error cuando negó que había dialogado con los boixos nois para crear una grada de animación y fuera cuestionado también por el despliegue del contrato con Catar y su voto en blanco el día que se decidió la acción de responsabilidad contra la junta de Laporta.
Rosell triunfó con Laporta en 2003 por el fichaje de Ronaldinho, la alternativa de Beckham, que fue utilizado como señuelo de la candidatura, y al final ha perdido por el fichaje de Neymar. Poderoso como vicepresidente, opositor y candidato, no ha sabido ejercer de presidente institucional y, víctima de la tensión, no ha podido acabar su mandato como acostumbra a pasar con la mayoría de presidentes del Barça.