El Parlamento de
Chipre rechazó a última hora del martes por abrumadora mayoría -36 votos
en contra y 19 abstenciones- la propuesta de 'rescate' acordada por los
prestamistas internacionales y respaldada por el presidente del país,
Nikos Anastasiadis. “Lo que se abre ahora es un turbulento panorama que
hará ingobernable la gestión de cualquier crisis que se dé en el seno de
la eurozona”, aseguró a Gara el economista Alberto Montero.
Ningún grupo político dio su apoyo a las condiciones impuestas por
Bruselas a la hora de conceder el préstamo financiero a Nicosia. Todos
los partidos de la oposición, a los que se sumó el socio menor del
gobierno de coalición (Diko), votaron en contra, mientras que el partido
de gobierno (Disy) se abstuvo. La Unión Europea (UE) y el Fondo
Monetario internacional (FMI) decidieron el pasado sábado conceder a
Chipre 10 mil millones de euros a cambio de que la isla contribuyera por
su parte con 5,8 mil millones.
Sin ingresos fiscales ni acceso a
los mercados, Bruselas consideró que la única forma de garantizar esa
aportación era gravando con un impuesto especial los depósitos
existentes en los bancos chipriotas. Para lo cual propuso cobrar un
6,75% a los depósitos inferiores a 100 mil euros y un 9,9% para los que
superaran esa cantidad, añadiendo con posterioridad una exención para
los de menos de 20 mil euros.
A lo largo del día de ayer se vio
claro que el proyecto de ley sería rechazado por el Parlamento, algo que
llegó a corroborar el mismo presidente cuando dijo a la prensa que los
diputados “piensan y sienten que es injusto y va en contra de los
intereses de Chipre en general”. Anastasiadis también aseguró tener sus
“propios planes”, y en la misma línea se expresó el ministro de Defensa,
Fotis Fotiou, al revelar en la canal griego Skai la existencia de “un
Plan B, que estamos examinando, pero que no se puede discutir
públicamente”. Nicosia se mostraba reacia a aceptar una medida que
podría ahuyentar a los depositantes extranjeros, principalmente de
Rusia, y socavaría el sector bancario del país.
Intercambio con Rusia
El
rechazo al «corralito» bancario pone en duda la continuidad de Chipre
en la eurozona, debido a sus acuciantes problemas para evitar el colapso
financiero y la bancarrota del Estado.
Para Alberto Montero,
presidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales
(CEPS), «la única alternativa viable es acordar con Rusia un intercambio
de capitales por gas, algo de lo que se habló el lunes». Gazprom podría
prestar dinero al Gobierno de Nicosia, y este a su vez otorgar al
gigante ruso de la energía la concesión de las reservas de gas
existentes en el Mediterráneo, con las que pagarían el préstamo.
Esa
podría ser la razón por la que el ministro de Finanzas de Chipre acordó
a última hora de ayer presentar el miércoles en Moscú a su homólogo
ruso un plan destinado a salvar el sector financiero del país. Al mismo
tiempo está previsto que Anastasiadis se reúna con los líderes políticos
para buscar una salida de consenso. Mientras tanto los bancos
continuarán cerrados hasta mañana.
Pero Montero también advirtió
sobre las nefastas consecuencias que pueda generar en adelante la
decisión de Bruselas de penalizar los depósitos bancarios. A partir de
ahora, explicó el economista, «cualquier referencia al rescate de un
país provocará tal falta de confianza en el sistema financiero, que
impulsará a los ciudadanos a tratar de recuperar su dinero, lo que
contribuirá aún más al hundimiento de la economía».
«Soberanía limitada»
En
cuanto al debate en el propio Parlamento chipriota, el tono encendido
empezó con el mismo presidente de la Cámara, Yannakis Omirú, que habló
de un «atraco a la propiedad privada, contra toda noción del Derecho».
Según Omirú, la decisión del Eurogrupo ponía de manifiesto que los
socios europeos se han pronunciado a favor de que Chipre vuelva «a ser
un país de soberanía limitada, un estado neocolonialista».
El
presidente del Parlamento y miembro del partido socialdemócrata EDEK
pidió respaldar al presidente, Nikos Anastasiadis, en «todo esfuerzo por
renegociar la decisión».
Al amplio rechazo parlamentario se sumó
el centrista DIKO, que respalda a Anastasiadis, y que en un principio
había manifestado su intención de respaldar el proyecto de ley.
Sin
embargo, el fuerte rechazo popular y el revuelo político causado por
este plan, acabó llevando al presidente de DIKO, Marios Karoyan, a
sumarse al no.
«No permitiremos convertirnos en otra Grecia. No
aceptamos ser los parias de Europa», dijo Karoyan, quien añadió que
«frente a la Europa del chantaje nosotros insistimos en la Europa de la
solidaridad».
España y Portugal dicen ser distintos
Los
gobiernos español y portugués se esforzaron ayer en tratar de demostrar
que el caso de Chipre y la inseguridad que viven los ahorradores de
aquel país nada tiene que ver con sus respectivos casos en los que los
depósitos estarían «garantizados».
El ministro español de
Economía y Competitividad, Luis de Guindos, recalcó que la situación de
Chipre es «especial y única» por la sobredimensión de su sistema
bancario en relación a su tamaño, por lo que la decisión del Eurogrupo
de poner en marcha un «corralito» para garantizar la devolución de las
ayudas europeas también los es. Añadió que «los depositantes españoles
deben estar tranquilos», ya que «los depósitos están más que
garantizados».
Por su parte, el ministro de Finanzas de Portugal,
Vítor Gaspar, excluyó una tasa a los ahorradores lusos e insistió en que
la medida diseñada por el Eurogrupo para Chipre respondía a
«necesidades específicas». «En Portugal, una medida como una
contribución sobre los depósitos está totalmente descartada, lo mismo
puede afirmarse para los países de fuera del euro», dijo Gaspar en un
comparecencia parlamentaria.
