El presidente regional, Ignacio González, anunció hace cuatro meses y medio su intención de dar un vuelco privatizador al sistema sanitario madrileño:
la gestión integral de seis hospitales iba a pasar a manos de empresas,
así como los servicios no sanitarios (cocinas, limpieza,
administración...) de todos los demás. Y por primera vez planteaba algo
inédito en la región y en buena parte de España: privatizar también la
gestión de los centros de salud. Un 10% del total (270) los dirigirían
sociedades mercantiles. Nada más se había sabido sobre el plan hasta
ayer: el Gobierno regional anunció que, de momento, no serán 27, sino
solo cuatro los centros externalizados.
La Consejería de Sanidad ha rebajado sus previsiones iniciales. En
parte, porque los profesionales interesados en crear una sociedad son
muy pocos. La viceconsejera Patricia Flores explicó ayer que ha estado
hablando con los que estarían dispuestos a hacerse cargo de la gestión
de esos centros. Por ahora, solo son viables cuatro, pero Flores asegura
que no renuncia a hacerlo más adelante con los 27 previstos.
Aún se desconoce cuáles serán esos centros, que pasarían a gestión
privada como muy pronto en los meses de septiembre u octubre, puesto que
su creación debe cumplir distintos trámites administrativos.
El primero empezó a rodar ayer. Sanidad presentó a sociedades
científicas de atención primaria y los colegios oficiales de médicos y
enfermeras el borrador del decreto con el que regulará qué requisitos
deben cumplir los trabajadores sanitarios que quieran constituirse en
sociedades de profesionales y optar así a gestionar los centros
privatizados. Flores asegura que quiere que sean médicos o enfermeras
del sistema público de salud de la región los que tengan la mayor parte
del capital y del poder de decisión.
En la práctica, un solo médico o enfermera podría formar una de estas
sociedades aportando el 51% y el resto podría estar en manos de una
empresa sanitaria privada. Lo que la Consejería de Sanidad no quiere, o
al menos así lo aseguró Flores ayer, es que estas últimas sean las
titulares de los centros de salud externalizados. Por eso,
estudia no sacarlos a concurso, sino buscar otra fórmula jurídica, como
un acuerdo marco. Los concursos, por definición, se basan en la libre
concurrencia, por lo que Sanidad no podría dar preferencia a las
sociedades de profesionales por delante de las empresas del sector,
obviamente muy interesadas en controlar estos centros —puerta de entrada
al sistema sanitario— de las zonas de influencia de los hospitales de
gestión privada.
La gestión tendrá una vigencia de 10 años, con posibilidad de
prórroga. La Comunidad de Madrid pagará una cantidad anual a cada centro
en función de los pacientes que atienda. Sanidad no decidirá cuántos
profesionales son necesarios para esa población ni cuánto tienen que
cobrar. La sociedad gestionará su asignación como mejor considere.
Además, podrá ofrecer —y cobrar— servicios extra como podología,
odontología o fisioterapia para aumentar sus ingresos.
Los hospitales
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reiteró ayer en un encuentro con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (Anis) que sigue adelante con la privatización de la gestión de seis hospitales.Los pliegos para adjudicarlos saldrán en “semanas”, afirmó.Lasquetty anunció que habrá “una licitación única dividida en lotes para los distintos hospitales” para que “el mismo operador no gane los seis, ni siquiera la mitad”.
El consejero aclaró el futuro de las unidades del hospital Carlos III, que se convertirá en centro de media estancia: pasarán al de La Paz.
Las tres sociedades nacionales de médicos de atención primaria
(Semfyc, Semergen y SEMG) firmaron en diciembre pasado un comunicado
conjunto en el que rechazaban el plan privatizador del Gobierno
regional. “La oferta que se hace a los profesionales de participar
directamente en la gestión de los centros es un brindis al sol, pues les
obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual
coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y
por consiguiente difícilmente financiables”, afirmaban.
Los profesionales de primaria entregaron casi 8.000 firmas (hay unos
10.000) contra la privatización. Podían firmar si estaban a favor de la externalización,
en contra o con un “no sabe, no contesta”. Solo tres respaldaron el
plan regional —y 14 respondieron que no sabían—. Todos los colectivos de
primaria consensuaron un documento que propone un modelo alternativo de
gestión de los centros, basado en una mayor autonomía y sin necesidad
de que empresas con ánimo de lucro entren en este nivel asistencial.
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