miércoles, 29 de mayo de 2013
La PAH crea el “kit de emergencia” para familias al borde del desahucio
Han pasado dos meses y medio desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraba injusto el sistema hipotecario español.
Mientras, el Gobierno español ha aprobado una nueva ley (la 1/2013) que
desoye los planteamientos de la ILP por la dación en pago –la que
recogió un millón y medio de firmas—y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
tilda de "inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos". Especialmente
grave considera que la nueva ley solo permita un mes de plazo para que
los afectados aleguen cláusulas abusivas. Con estos mimbres, el equipo
jurídico de la PAH acaba de lanzar un "kit de emergencia" para las
familias que no pueden pagar la hipoteca y tienen procesos de ejecución
en curso. Esto es, los casos más urgentes: los que están amenazados de
desahucio.
Este paquete de documentos incluye consejos generales para que estas
familias puedan alegar cláusulas abusivas en su contrato hipotecario
antes del 16 de junio, el mes que la nueva ley da para alegar; modelo de
escrito para que soliciten justicia gratuita; para plantear las
cláusulas abusivas y también para solicitar que se suspenda la subasta
notarial (si el proceso es extrajudicial).
Las principales críticas de la plataforma antidesahucios a la nueva
ley son que no contempla "ninguna opción" para las personas que ya han
perdido la vivienda "condenándoles a la exclusión social"; y que para
los procedimientos vivos fija solo el mes de plazo para alegar cláusulas
abusivas, lo que considera "inseguridad jurídica". Además, la nueva ley
sigue permitiendo los desalojos forzosos y "sin alternativa
habitacional" y "mantiene la deuda perpetua". Aunque la nueva ley
"formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad, las
condiciones exigidas impiden llevarla a la práctica".
Por todo ello, la PAH llama a la ciudadanía a seguir luchando para
frenar los desahucios y también hace un llamamiento a los jueces "que
han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el
propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley
recientemente aprobada" y les pide que actúen de oficio: que vayan más
allá de la nueva ley y apliquen la normativa europea, permitiendo que
los afectados planteen cláusulas abusivas.
La plataforma recuerda además que, mientras se están produciendo
desahucios, en España hay tres millones de viviendas vacías, según los
datos del INE, muchas de ellas procedentes precisamente de embargos a
familias o promotores.
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Dolce y Gabbana
Dolce (a la derecha) y Gabbana. / CORDON
La Fiscalía de Milán ha solicitado una condena de dos años y medio de prisión para los modistas italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana por una supuesta evasión fiscal de unos 1.000 millones de euros.
El fiscal de Milán Gaetano Ruta
pidió esta condena en el juicio, en el que están imputadas otras cinco
personas, al considerar que los modistas son "los sujetos que se
beneficiaron en mayor medida" de la operación que permitió una evasión
fiscal a gran escala, según informan los medios de comunicación
italianos.
En concreto, la Fiscalía,
en el juicio que se desarrolla en la Sección Penal Segunda del Tribunal
de Milán, pidió la condena para Dolce y Gabbana por un supuesto delito
de omisión en la declaración de la renta, por cuanto el de declaración
inexacta considera que prescribió el pasado abril. En cuanto al resto de
procesados, el fiscal solicita dos años de cárcel para los
administradores del grupo Alfonso Dolce (hermano de Domenico) y Giuseppe
Minoni; dos años y medio para la también administradora Cristiana
Ruella; tres años para el comercial Luciano Patelli, y la absolución
para Antoine Noella, considerado como un supuesto testaferro.
El caso juzga la supuesta evasión fiscal que pudieron llevar a cabo mediante su firma Dolce & Gabbana,
que creó una sociedad con sede en Luxemburgo bajo el nombre de Gado,
que constaba como la propietaria de algunas de las marcas que forman
parte del grupo, pero que en realidad se gestionaba desde Italia.
De este modo, según la Fiscalía, que llevó a cabo la
investigación entre el 2007 y octubre del 2010, las ganancias derivadas
de la explotación de la marca tributaban en el extranjero y no en
Italia, donde deberían haberse pagado los impuestos.
Ambos estilistas son acusados además de haber cedido
las marcas que forman parte de su imperio a la sociedad Gado por 360
millones de euros, un valor muy inferior al real según la acusación, que
lo cifra en unos 700 millones de euros. "Gado era una construcción
artificial y funcional destinada a conseguir la ventaja fiscal que se
obtuvo (...) Tenía solo una pequeña oficina en Luxemburgo en un edificio
y no había ninguna actividad en ella, porque la actividad verdadera
estaba toda en Italia", afirmó el fiscal.
"Ha habido la tendencia en este proceso de mantener a
los dos (modistos) imputados un poco fuera del asunto porque muchos
testigos decían que no se ocupaban de estas cosas, que son solo
creadores", añadió. "Pero Dolce y Gabbana son sujetos que indirectamente
se han beneficiado en mayor medida de esta operación, en el momento en
el que Gado está controlada en un 80% por Dolce & Gabbana".
En abril del 2011 un juez decidió archivar la causa
contra los modistos al considerar que no había lugar para su
enjuiciamiento, pero la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo, que
decidió en noviembre de ese mismo año que se procediera contra ellos por
la evasión fiscal y no por el supuesto delito de estafa al Estado que
también se había formulado en un principio.
El pasado 30 de marzo, la Comisión Tributaria de Milán
ratificó ya la multa en primer grado impuesta en noviembre del 2011 de
343,4 millones de euros más intereses contra Dolce y Gabbana por la
evasión fiscal, que se cuantifica en unos 416 millones de euros por cada
modisto y otros 200 millones de euros por la sociedad Gado.
La UE impone a España un calendario para subir el IVA y la gasolina
La Comisión Europea ha confirmado este miércoles que España tendrá más margen de lo previsto para cumplir con el déficit público.
Así, el Ejecutivo comunitario ha accedido a ampliar hasta el 6,5% el
tope para España para este año. Este límite es dos décimas superior (el
equivalente a unos 2.000 millones de euros) al 6,3% que había pedido el
Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo vigente es del 4,5%. No obstante,
la decisión no es gratuita, ya que a cambio de ella deberá subir
impuestos e implementar la segunda reforma de las pensiones.
No ha habido grandes sorpresas. Bruselas no ha amenazado a España con un procedimiento de sanción,
lo que habría supuesto una intervención de la econonomía en toda regla.
Pero la Comisión Europea sí que ha llamado la atención a España sobre
un amplio abanico de medidas
que debe reformar y, lo más importante, ha dejado claro que debe
hacerlo más pronto que tarde. El comisario Olli Rehn ha exigido, a este
respecto, una aplicación "rigurosa y puntual" de los compromisos
adoptados.
El calendario de las reformas está claro. Plan Nacional de Empleo
para dentro de dos meses. Organismo presupuestario independiente y, tal y como avanzó EL PAÍS,
regulación ya este año del factor de sostenibilidad —es decir, que las
pensiones se actualicen en función de la esperanza de vida y no de la
inflación, con lo que no podrán subir como hasta ahora—. Sin salir del
apartado de las grandes reformas, Bruselas pide una revisión de la
reforma laboral durante lo que queda de 2013 para identificar posibles
apartados de mejorar.
Junto a ello, la Comisión también ha recordado que a principios de
2014 tendría que empezar a funcionar la ley de desindexación, lo que
implica desligar los precios públicos de la inflación.
Entre lo más destacado, Bruselas ha solicitado una revisión sistemática
del sistema tributario en marzo del próximo año, con lo que pide al
Ejecutivo de Rajoy analizar qué productos son factibles de sufrir un
alza del IVA y subir impuestos medioambientales, "sobre todo a los
carburantes". En concreto, estos productos pasarían de estar gravados
con el tipo reducido, que es del 10%, a hacerlo con el ordinario, del
21%.
La partida de tareas pendientes se completa con la obligación de
aprobar este mismo 2013 la Ley de Colegios y Servicios Profesionales,
apartado en el que España lleva algo de retraso, y el recorte del gasto
farmacéutico en los hospitales. La lista, sin embargo, no concluye aquí,
ya que queda un largo listado de cambios que el Gobierno español tiene
que comenzar ya.
De momento, sin más ajustes
En cualquier caso, el conjunto de medidas enumerado por el Ejecutivo
comunitario no pide expresamente nuevos ajustes para cuadrar las
cuentas. Según matiza, solo si se producen desviaciones, hay que "estar
preparados para tomar medidas correctivas".
Bruselas ha confirmado además la prórroga de dos años,
hasta 2016, para que España reduzca el déficit por debajo del umbral
del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su justificación
es que el Gobierno de Rajoy ha cumplido los ajustes estructurales
exigidos en 2012 y que la situación económica ha empeorado.
Hace solo unas semanas, el Gobierno pujaba por conseguir un 6%
—frente al 4,5% previsto— y se quejaba de que Bruselas se resistía a
abrir tanto la mano. Ahora el clima ha cambiado.
La Comisión está más centrada en impulsar las reformas estructurales
que en unos objetivos concretos de déficit. Las propuestas de Bruselas
deben ser ahora aprobadas por el Eurogrupo y el Ecofin en su reunión de
junio y avaladas por la cumbre de líderes europeos que se celebrará a
finales de ese mes.
El PP veta en el Congreso la devolución del dinero a los estafados por las preferentes
La mayoría absoluta del Partido Popular impidió ayer que se admita a trámite la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego para que los estafados puedan recuperar la totalidad de su inversión más una indemnización. El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso admitir a trámite una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego (BNG) sobre la solución a la estafa de las preferentes, alegando que se trata de un texto "redundante" que sólo "entorpecería los arbitrajes que ya están en curso".
La portavoz adjunta del PP Matilde Asián defendió la posición de su grupo en contra de la iniciativa pese a que, este mismo martes, la propuesta sí había sido apoyada por los populares en el Parlamento de Galicia.
"No podemos estar sino de acuerdo con el objetivo de devolver el nominal a los estafados, pero vamos a votar que no porque es redundante e impreciso, ya que no establece qué mecanismo determinaría qué ahorradores no han recibido la información correcta", dijo, reclamando "propuestas constructivas" como un modo para agilizar los arbitrajes.
Además, señaló que "el resultado práctico de votar a favor sería exclusivamente entorpecer y retrasar el arbitraje que ya está en marcha" y defendió que los estafados no sufrirán ninguna quita, señalando además que las medidas adoptadas por el Ejecutivo 'popular' evitarán que una situación como ésta se repita.
La diputada del BNG Olaia Fernández Davila defendió su proposición, que pasa por modificar la Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, vigente desde noviembre, para que los estafados puedan recuperar la totalidad de su inversión más una indemnización. Además, pidió que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) revise "de oficio" en un máximo de dos meses todos los expedientes en entidades en las que participe de manera mayoritaria.
Según la nacionalista gallega, el Gobierno ha permitido "consumar la estafa" al aceptar unas condiciones para el rescate bancario que "confirman el expolio a unas personas que nunca fueron informadas debidamente" sobre las características de estos títulos, además de cargar sobre las espaldas de todos los contribuyentes el coste de la mala gestión del sistema financiero.
"Es necesario dar una solución satisfactoria al problema, que debe pasar por la devolución íntegra del nominal invertido, sin rebajas o descuentos de ningún tipo, pues en estricta justicia no es de recibo que tengan que asumir pérdidas en sus ahorros dado que no han tenido ninguna responsabilidad en esta crisis", dijo, recriminando la falta de iniciativa política para castigar a quienes sí tienen responsabilidad en toda esta situación.
Además, recordó que el PP de Galicia votó este mismo martes a favor de un texto idéntico a éste, por lo que "no es de recibo que ahora voten en contra". "Rechazar la admisión a trámite de esta iniciativa es rechazar la búsqueda de una solución justa", insistió, recordando además que el Gobierno pretende recuperar todos los fondos públicos destinados a las entidades nacionalizadas, por lo que "es lógico que también lo recuperen" estas personas.
El socialista Antonio Hurtado apoyó la propuesta y pidió "coherencia" al PP recordando la "indignación y la desesperación" que crece día a día entre los afectados porque "pasa el tiempo y se va empeorando su situación", y más aún tras conocerse que "los desmanes del sector financiero se financian a costa de los preferentistas" o que entidades como Bankia eran un "nido de corruptos".
Hurtado criticó también que, tras el canje y la quita aplicada a los preferentistas de Bankia (que suponen pérdidas de más del 60% de sus inversiones), se permitió que los inversores institucionales "especularan" con las acciones y provocaran pérdidas superiores al 50% en su valor, perjudicando fundamentalmente a los minoristas (que no podían vender hasta este martes) y "sin que la CNMV hiciera nada".
"Ha sido un auténtico robo, un atraco a mano armada, una estafa en masa, y yo acuso directamente al Gobierno de haberlo provocado", dijo, señalando que el PP es "el artífice" del "corralito español" y de que el rescate bancario se costee a cargo de los preferentistas. Finalmente, pidió suspender los canjes y las quitas, y extender el arbitraje a todos los ciudadanos para que puedan recuperar sus ahorros.
"Me sorprende que el PSOE, además de haber creado un grave problema a los españoles, trate ahora de evitar la solución. Ustedes consintieron la comercialización masiva de estos productos", le replicó Asián.
Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aplaudió la "oportunidad" de esta iniciativa ante un "nuevo capítulo de esta monumental estafa a los ahorradores" con la salida a Bolsa de las nuevas acciones de Bankia, que han supuesto un "triple engaño". "El conflicto sigue abierto, por mucho que el PP y el Gobierno quieran dar por cerrado el tema. Y nuestra obligación en la calle y en el Parlamento es exigir soluciones mientras existan familias afectadas", recordó.
Por eso, exigió una "solución real, universal, lo más rápida posible y definitiva" para estas personas, por "muy difícil" que sea discernir quiénes fueron estafados y quiénes no; y recordó que "hoy no se trata de hacer más debates sobre las responsabilidades de este desastre, que están muy repartidas, sino que es el momento de dar una nueva oportunidad a la resolución del problema".
Los parados madrileños con prestaciones tendrán que trabajar para ayuntamientos
La Comunidad de Madrid ha publicado en su Boletín Oficial la orden
por la cual se regulan las subvenciones para realización de proyectos
del programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social.
Traduciendo, la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a un nuevo plan
de colaboración por el que los desempleados que reciben prestaciones
tendrán que trabajar para los ayuntamientos de la Comunidad si quieren
seguir recibiendo su prestación y a cambio de un complemento a esa prestación o subsidio por desempleo", de "formación" y de "orientación laboral".
Según este nuevo plan, los ayuntamientos podrán solicitar hasta 100 desempleados en el próximo mes. Además, recibirán subvenciones regionales por cubrir estas plazas.
Para la secretaria de Políticas de Empleo de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, se trata de "una nueva medida que excluye a quienes más lo necesitan por llevar más tiempo en paro".
Según ella, lo mismo ocurre con el proyecto piloto puesto en marcha en
cuatro oficinas de empleo, por el que se establece como prioridad
ofrecer las escasas ofertas de trabajo a los desempleados con
prestaciones.
Las actividades de práctica profesional, formación y orientación profesional no podrán exceder de ocho horas al día. En el caso de la formación, la duración será de diez horas por cada mes
de duración de la obra, que no podrá superar los 6 meses, y no tiene
que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo que el
desempleado desarrolla.
El desempleado, según lo publicado en el Boletín, tendrá la
obligación de asistir y cumplir el horario establecido; de realizar con
aprovechamiento las obras o servicios a las que sean adscritos; de
seguir con aprovechamiento las enseñanzas teórico-prácticas que se
impartan.
- Definición, finalidad y contenido del Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social
- 1. El Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social se configura como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, dirigida a la mejora de la empleabilidad de los desempleados perceptores de prestaciones por desempleo, mediante la adquisición de nuevas competencias y su activación en la búsqueda de empleo.
- 2. Las obras o servicios que se desarrollen en esta medida deberán reunir los requisitos establecidos en el capítulo V del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo.
- 3. Los proyectos del Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social tendrán una duración máxima de seis meses para cada obra o servicio y durante la misma el desempleado participante recibirá:
- — Experiencia profesional en la obra o servicio.
- — Formación, con una duración de diez horas por cada mes de duración de la obra o servicio, no teniendo que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto de la colaboración social y que podrá ser: a) Formación oficial o promovida por los servicios públicos de empleo; o b) Formación en tecnologías de la información y comunicación, idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, u otras materias transversales.
- — Orientación profesional para la búsqueda activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una iniciativa emprendedora, a través de la Oficina de Empleo, con una duración de ocho horas al mes.
Por su parte, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha asegurado este miércoles que el programa ha tenido "gran éxito" en las comunidades autonómicas donde se ha explicado e incluso, se han generado listas de espera.
Mariño ha insistido en que es "una normativa del año 82 que hasta
ahora ha sido aplicada por parte de Andalucía y el Gobierno de la Nación
en época de José Luis Rodríguez Zapatero, que a día de hoy sigue
vigente en Cataluña y que "ha tenido un gran éxito en las comunidades
donde se está aplicando hasta el extremo que hay listas de espera".
Mariño ha relatado que si hay trabajadores que se presentan y no
pueden participar en el programa, "corre la lista" porque "hay muchísima
demanda". No obstante, ha asegurado que "nada tiene que ver con empleo
público y o Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los ayuntamientos".
A cambio, el parado recibe "experiencia profesional en la obra o
servicio, formación oficial o formación promovida por los servicios
públicos de empleo o formación en tecnologías de la información y
comunicación, idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos
laborales, u otras materias transversales y orientación profesional para
la búsqueda activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una
iniciativa emprendedora, con una duración de ocho horas al mes".
Los ayuntamientos recibirán, por su parte, unas subvenciones que estarán destinadas a sufragar "los costes del complemento de la prestación o subsidio por desempleo, los costes de desplazamiento y de la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional".
La subvención se establece "en 500 euros por desempleado participante al mes" y de cinco euros para los gastos de formación por cada hora recibida por cada desempleado participante.
CCOO ha explicado que estos trabajos temporales de colaboración
social no tienen la consideración de trabajos por cuenta ajena, aunque
la jornada pueda ser de ocho horas diarias, ya que el desempleado está
obligado a desempeñar un trabajo de utilidad pública.
Éste, sin embargo, "no será contratado ni dado de alta en la
Seguridad Social, aunque percibirá una renta que complementa su
prestación por desempleo con su base reguladora mientras va consumiendo
dicha prestación".
Comisiones Obreras de Madrid entiende que con esta medida la
Comunidad quiere compensar a los ayuntamientos las obras y servicios que
las entidades locales han dejado de prestar como consecuencia de los
recortes, utilizando para ello los fondos que debieran ser destinados a
las políticas activas de empleo y al conjunto de los parados.
Por su parte, el PSOE ha criticado el plan y ha asegurado que la la reforma laboral ampara este tipo de medidas "discriminatorias".
"Es una malísima medida, una forma de economía sumergida, de empleo
encubierto cobrando una prestación por desempleo. Y el origen de estas
medidas claramente discriminatorias y que perjudican de forma clara a
los parados está en la reforma laboral, que realmente ampara, da cobijo
legal, a este tipo de medidas", ha dicho la diputada Soraya Rodríguez.
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha denunciado este tipo de mano de obra "casi esclava" y "a bajo precio" que, a su juicio, pretende imponer la Comunidad de Madrid.
"No se trata de utilizar una mano de obra casi esclava, por no
decirlo de otra manera a bajo precio, sino de que se cree empleo de
calidad, y confundir empleo de calidad con las prestaciones sociales es
una equivocación", ha subrayado.
Francia ya tiene su primer matrimonio gay
Dos hombres se han casado este miércoles en la ciudad francesa de Montpellier. Se trata de la primera boda entre personas del mismo sexo que se celebra en Francia tras la reciente aprobación de la ley que legaliza este tipo de enlaces, una reforma que ha alimentado algunas de las manifestaciones más violentas que ha sufrido el país en décadas.
"Es un gran placer para mí declararos casados por ley", ha enfatizado Helene Mandroux, alcaldesa de Montpellier. Vincent Autin y Bruno Boileau, juntos desde que se conocieron hace seis años en un foro de música en internet, han intercambiado sus votos nupciales en el Ayuntamiento de la ciudad, frente a un retrato del presidente François Hollande y ante Mandroux, familiares y amigos.
En un principio, la ceremonia iba a ser retransmitida en directo mediante pantallas gigantes instaladas en la plaza frente al Ayuntamiento, pero se ha suspendido la iniciativa por temor a que los detractores del matrimonio gay ocasionen altercados durante el enlace.
El Ayuntamiento de Montpellier no estaba dispuesto a convertir la plaza en una zona de alta seguridad, por ello, decidió retransmitir la ceremonia en directo en su página web.
"Es un momento estresante para Vincent y Bruno. Hay personas que intentarán marcar este día tan simbólico con palabras de odio", ha declarado Elodie Brun, coordinadora de la Asociación local del Orgullo Gay que encabeza Autin.
Brun ha sido testigo de la boda y su firma aparece en las primeras actas de una boda entre homosexuales en un país de mayoría católica y en el que la separación entre Iglesia y Estado está muy arraigada.
Con el respaldo de la mayoría de los votantes, y celebrada por los gays y lesbianas, la ley que ha convertido a Francia en el país número 14 en legalizar el matrimonio homosexual ha despertado el rechazo entre conservadores, católicos y miembros de la extrema derecha.
Frigide Barjot, una comedianta gala que lidera el movimiento contra el matrimonio gay, ha instado a sus seguidores a mantenerse alejados del lugar en el que se va a celebrar el enlace de Vincent y Bruno, y ha expresado su preocupación por el comportamiento violento de los opositores durante las manifestaciones.
"Haremos todos los controles de seguridad posibles", ha asegurado Brun. "Aunque realmente no podemos prevenir que alguien se cuele en la ceremonia y empiece a gritar".
El Ayuntamiento calculaba que al enlace asistirían 140 invitados, 150 periodistas acreditados y cerca de 100 policías para velar por el normal desarrollo del evento.
Autin, de 40 años, y Boileau, de 29, fueron la primera pareja gay en solicitar el matrimonio. Vincent se declaró a Bruno por teléfono a finales de septiembre, frente a los funcionarios del Ayuntamiento de Montpellier y justo después de que anunciasen la aprobación de la ley. Bruno, al que la proposición le pilló por sorpresa, dijo que sí.
Desde entonces, las protestas callejeras se han sucedido y el apoyo a la nueva ley parece haber decaído. Ahora se sitúa en un 53 %, frente a un 47 % de los franceses que se oponen, lo que refleja una profunda división nacional, sobre todo en lo que concierne a los derechos de adopción que incluye la ley.
La semana pasada, un opositor murió tras pegarse un tiro en el altar de la catedral de Notre Dame en París y el domingo cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar contra las bodas gays.
Esa misma noche, el jurado del Festival de Cine de Cannes entregó el primer premio a una historia de amor explícito entre dos mujeres.
"Es un gran placer para mí declararos casados por ley", ha enfatizado Helene Mandroux, alcaldesa de Montpellier. Vincent Autin y Bruno Boileau, juntos desde que se conocieron hace seis años en un foro de música en internet, han intercambiado sus votos nupciales en el Ayuntamiento de la ciudad, frente a un retrato del presidente François Hollande y ante Mandroux, familiares y amigos.
En un principio, la ceremonia iba a ser retransmitida en directo mediante pantallas gigantes instaladas en la plaza frente al Ayuntamiento, pero se ha suspendido la iniciativa por temor a que los detractores del matrimonio gay ocasionen altercados durante el enlace.
El Ayuntamiento de Montpellier no estaba dispuesto a convertir la plaza en una zona de alta seguridad, por ello, decidió retransmitir la ceremonia en directo en su página web.
"Es un momento estresante para Vincent y Bruno. Hay personas que intentarán marcar este día tan simbólico con palabras de odio", ha declarado Elodie Brun, coordinadora de la Asociación local del Orgullo Gay que encabeza Autin.
Brun ha sido testigo de la boda y su firma aparece en las primeras actas de una boda entre homosexuales en un país de mayoría católica y en el que la separación entre Iglesia y Estado está muy arraigada.
Con el respaldo de la mayoría de los votantes, y celebrada por los gays y lesbianas, la ley que ha convertido a Francia en el país número 14 en legalizar el matrimonio homosexual ha despertado el rechazo entre conservadores, católicos y miembros de la extrema derecha.
Frigide Barjot, una comedianta gala que lidera el movimiento contra el matrimonio gay, ha instado a sus seguidores a mantenerse alejados del lugar en el que se va a celebrar el enlace de Vincent y Bruno, y ha expresado su preocupación por el comportamiento violento de los opositores durante las manifestaciones.
Seguridad
Los organizadores de la boda en Montpellier, una ciudad bohemia que alberga una universidad medieval y que se jacta de ser el lugar más 'gay-friendly' del país, no quieren correr riesgos."Haremos todos los controles de seguridad posibles", ha asegurado Brun. "Aunque realmente no podemos prevenir que alguien se cuele en la ceremonia y empiece a gritar".
El Ayuntamiento calculaba que al enlace asistirían 140 invitados, 150 periodistas acreditados y cerca de 100 policías para velar por el normal desarrollo del evento.
Autin, de 40 años, y Boileau, de 29, fueron la primera pareja gay en solicitar el matrimonio. Vincent se declaró a Bruno por teléfono a finales de septiembre, frente a los funcionarios del Ayuntamiento de Montpellier y justo después de que anunciasen la aprobación de la ley. Bruno, al que la proposición le pilló por sorpresa, dijo que sí.
Desde entonces, las protestas callejeras se han sucedido y el apoyo a la nueva ley parece haber decaído. Ahora se sitúa en un 53 %, frente a un 47 % de los franceses que se oponen, lo que refleja una profunda división nacional, sobre todo en lo que concierne a los derechos de adopción que incluye la ley.
La semana pasada, un opositor murió tras pegarse un tiro en el altar de la catedral de Notre Dame en París y el domingo cientos de miles de personas salieron a la calle para protestar contra las bodas gays.
Esa misma noche, el jurado del Festival de Cine de Cannes entregó el primer premio a una historia de amor explícito entre dos mujeres.
Bruselas exige reformar IVA, pensiones y administración para suavizar el ajuste del déficit
La Comisión Europea ha recomendado dar dos años más a España para corregir su déficit excesivo en 2016 "a más tardar"
y ha pedido al Gobierno que aplique las medidas adoptadas en los planes
presupuestarios de este año "a todos los niveles" y que "refuerce" su
estrategia a medio plazo "con medidas estructurales suficientemente
específicas para el periodo 2014-2016".
La nueva senda de reducción del déficit propuesta para España fija el objetivo en el 6,5% del PIB para este año (frente al 6,3% que pedía el Gobierno); en el 5,8% en 2014; el 4,2$ en 2015; y el 2,8% en 2016.
La Comisión advierte a España que la corrección duradera de sus
desequilibrios presupuestarios "requiere la aplicación creíble de
ambiciosas reformas estructurales que aumenten la capacidad de ajuste e
impulsen el crecimiento potencial".
En este sentido, Bruselas pide varias acciones concretas, y como
novedad establece las fechas precisas para hacerlo. Por ejemplo, reclama
establecer un organismo presupuestario independiente antes de finales
de 2013, "mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público" en todos los niveles de la administración" y "llevar a cabo un examen sistemático de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar".
El Gobierno debe "aprobar, con arreglo al calendario presentado, la reforma de la administración local" y elaborar en octubre de este año un plan de aumento de la eficiencia en toda la administración pública y del sistema judicial.
También pide racionalizar el gasto sanitario,
manteniendo la accesibilidad de los grupos más vulnerables, mediante la
reducción del gasto farmacéutico de los hospitales y mejorando los
incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos.
Bruselas también pide revisar el sistema tributario para marzo de 2014;
considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la
imposición directa y "explorar el margen existente para una mayor
limitación de la aplicación de tipos de IVA reducidos".
En lo que respecta a las pensiones, solicita "culminar al final de 2013 la regulación del factor de sostenibilidad,
a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema
de pensiones, estableciendo entre otras cosas, que la edad de
jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de
vida".
Para julio de este año la Comisión pide al Gobierno que finalice la evaluación de la reforma del mercado laboral y exige que realice "rápidamente" una reforma de las políticas activas de empleo, "orientadas a la consecución de resultados". Reclama además "poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo", "reducir el abandono escolar prematuro" y "potenciar la educación permanente". También habla de "garantías de trabajo" para los más jóvenes.
La lista de nueve recomendación también incluye una mención a la necesaria labor del Gobierno para "reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social" y aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado laboral.
La Comisión sigue: es necesario "aprobar y aplicar urgentemente la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado",
reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y
hacerlos más cortos. Pide además, "examinar los marcos de insolvencia
para las empresas y particulares, entre otras maneras limitando la
responsabilidad personal de los empresarios y facilitando las segundas
oportunidades para las empresas que hayan quebrado". También reclama
eliminar las restricciones "injustificables" al establecimiento de
grandes locales minoristas.
En cuanto al mercado energético, antes de final de 2013 el Gobierno tendrá que "abordar el déficit de tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad".
Tráfico acepta el debate sobre el casco obligatorio para ciclistas
La directora general de Tráfico, María Seguí,
ha asegurado que la DGT "no tiene ninguna duda respecto del efecto
beneficioso" del uso obligatorio del casco para ciclistas en ciudad
--actualmente sólo es obligatorio en vías interurbanas--, aunque, dado
las críticas que ha despertado la medida, ha invitado a los grupos
parlamentarios a que la debatan en una ponencia específica antes de
incluirla en la modificación del Reglamento General de Circulación.
También ha repasado otras medidas incluidas en esa reforma como el
aumento del límite de velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autovía,
así como su reducción en vías convencionales y algunas calles de
ciudad.
Durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del
Congreso para explicar la reforma del Reglamento General de Circulación
que prepara el Gobierno, Seguí ha anunciado que antes de poder aprobar
esta reforma, las Cortes tendrán que estudiar una modificación de la Ley
de Tráfico, que será enviada al Consejo de Ministros "en breve", y ha
propuesto a los grupos parlamentarios que aprovechen esa tramitación de
la reforma de Ley para debatir en una ponencia si se debe obligar a usar
el casco en ciudad o no.
En cualquier caso, ha enfatizado que Tráfico apoya esta medida y,
frente a las críticas llegadas desde algunas asociaciones de ciclistas o
algunos ayuntamientos, como el de Madrid, ha indicado que los
beneficios del uso del casco en ciudad son "incuestionables", así como
la "evidencia" científica que existe sobre la eficacia de esta medida a
la hora de "reducir las lesiones craneoencefálicas". "Toda la ciencia
ratifica el elevado índice de protección que confiere el casco cuando
ocurre un accidente", ha subrayado.
Así, ha indicado que la DGT está "tan convencida de la utilidad" de
la medida "como para promoverlo con el mejor de los instrumentos
educativos" de los que dispone un Gobierno: "la legislación". Sobre las
críticas que dicen que obligar a usar casco puede desincentivar el uso
de la bici, aunque "razones legítimas", ha apuntado que "no son nuevas" y
se repiten cada vez que se introduce una elemento de seguridad, como el
casco para ciclomotor o el cinturón de seguridad. "Hace décadas que se
esgrimen -estas razones-- en nuestro país o en todo el mundo y en la
inmensa mayoría de las ocasiones se ha demostrado incierto", ha
apuntado.
Para dar una idea de la "magnitud de las consecuencias negativas" que
la DGT está "tratando de evitar" con el uso del casco, Seguí ha
señalado que en 2011 murieron 49 ciclistas (37 en vía interurbanas y 12
en vías urbanas). Asimismo, ha indicado que se produjeron 304 heridos
graves en vías interurbanas y 285 heridos en vías urbanas, así como
1.423 heridos leves en vías interurbanas y 2.788 heridos leves en vías
urbanas, según fuentes policiales. En este sentido, ha indicado que "en
zona urbana" se produce "una mayor proporción" de heridos.
Asimismo, ha advertido de que hay una "tendencia al alza" en el
número de accidentes de ciclistas. Así, ha apuntado que en lo que va de
año la cifra de ciclistas fallecidos es ya superior a la del año
anterior en el mismo periodo (uno más).
Actualmente en España hay 20,5 millones de bicicletas, usadas a
diario por 3 millones de personas. De los 48.000 millones de
desplazamientos que realizan los españoles en un año a pie en cualquier
vehículo, "menos de un 2%" se realizan en bicicleta.
En este sentido, la directora de Tráfico ha defendido que la
intención de la reforma del reglamento es "conceder por primera vez un
protagonismo especial" a los peatones y ciclistas, así como alentar un
"cambio cultural" destinado a "pacificar el tráfico" y "fomentar la
bicicleta como medio de transporte preferente" con distintas medidas,
pese al interés de "algunos" de "centrar el debate en el uso del casco".
Entre otras medidas que incluye la reforma, Seguí ha resaltado el
establecimiento de límites de velocidad de 30 y 20 km/h en algunas
calles de la ciudad para favorecer la circulación de las bicis y
peatones, "medidas dirigidas para favorecer los desplazamientos en las
calzadas", permitiendo la circulación de las bicis en las aceras más
anchas, "una ampliación del número de vías por las que pueden circular" y
la circulación de estos vehículos en "contradirección" en algunos
casos.
LOS PARTIDOS, A FAVOR DEL DEBATE
El conjunto de la oposición se ha quejado de la manera en que la DGT
ha llevado la reforma, sin haber dado traslado del borrador a los grupos
parlamentarios y sin haber informado antes de que se iba a enviar a las
Cortes una modificación de la Ley de Tráfico. Asimismo, los portavoces
de la oposición, aunque han apoyado la mayoría de la reforma, han
mostrado sus reticencias a aprobar la obligatoriedad del casco en
ciudad. Así, el diputado de CiU Jordi Janet ha indicado que la medida,
"de entrada, puede ser precipitada" y Toni Cantó, de UpD, ha lamentado
que igual que se respeta la opinión de los automovilistas, no "se haga
lo mismo con los usuarios de bicicletas".
Mientras, el portavoz del PSOE en materia de Seguridad Vial, Carlos
Corcuera, ha lamentado que se rompa con la "política de consenso" y,
aunque ha compartido "un alto porcentaje del proyecto", ha apuntado que
el uso obligatorio del casco para ciudad puede ser "un freno al uso de
la bici". Por su parte, la diputada del PP Concepción Bravo ha apoyado
"plenamente" el trabajo de la DGT.
Respecto a estas reticencias, Seguí ha indicado que en última
instancia la decisión de obligar a usar el casco o no será "una decisión
política", pero ha insistido en que su obligación como directora de la
DGT es, "en cada oportunidad", tratar de "salvar una vida o un herido
grave menos".
En cuanto a la oposición mostrada por algunos ayuntamientos, como el
de Madrid, tras salir del comisión, Seguí ha indicado que, por lo que
ella sabe, "las opiniones están realmente divididas".
NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD
Aunque las novedades respecto a las bicicletas han centrado la
comparecencia, Seguí también ha repasado alguna de las otras medidas
incluidas en el reglamento como la bajada de la limitación de velocidad a
30 km/h en calles de ciudad más estrechas, la generalización del límite
a 90 km/h en carreteras convencionales o la posibilidad de elevar a 130
km/h el límite en algunos tramos de autopistas y autovía, de manera
"excepcional" y "muy restringida", siempre que en ese tramo haya una
historia de pocos accidentes, con "optimas condiciones meteorológicas" y
siempre con un "carácter temporal".
En este sentido, ha subrayado que el límite general en autovía y
autopista se mantiene en los 120 kilómetros por hora, y lo que ha
pretendido hacer la DGT permitiendo los 130 km/h en tramos puntuales es
"adaptarse a la realidad de velocidad variable" que se está empezando a
promover desde Europa desde un punto de vista "conservador".
Seguí ha asegurado que todas estas medidas, así como otras referidas a
una "mejor regulación" de las 'sillitas' infantiles, las autocaravanas o
las grúas, recogen la "síntesis de todas las aportaciones" recabadas
durante las "reuniones previas" que la DGT ha llevado a cabo con todos
los miembros del sector afectados por la medida.
En cuanto al calendario que va a seguir la reforma, ha indicado que
"los tiempos dependen de la tramitación" de la modificación de la Ley de
Seguridad Vial, que es necesaria como paso previo para poder
implementar algunas de las novedades incluidas en el reglamento, como
por ejemplo lo referido a la posibilidad de recoger muestras de saliva
en los controles de droga.
En general, sobre el estado de la seguridad víal, Seguí ha señalado
que el número de desplazamientos ha caído en lo que va de año un 5,3 por
ciento, continuando con la "tendencia de descenso de movimientos
constatados desde 2006" y la cifra de víctimas mortales se han reducido
en más de un 20 por ciento.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
