Han pasado dos meses y medio desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraba injusto el sistema hipotecario español.
Mientras, el Gobierno español ha aprobado una nueva ley (la 1/2013) que
desoye los planteamientos de la ILP por la dación en pago –la que
recogió un millón y medio de firmas—y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
tilda de "inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos". Especialmente
grave considera que la nueva ley solo permita un mes de plazo para que
los afectados aleguen cláusulas abusivas. Con estos mimbres, el equipo
jurídico de la PAH acaba de lanzar un "kit de emergencia" para las
familias que no pueden pagar la hipoteca y tienen procesos de ejecución
en curso. Esto es, los casos más urgentes: los que están amenazados de
desahucio.
Este paquete de documentos incluye consejos generales para que estas
familias puedan alegar cláusulas abusivas en su contrato hipotecario
antes del 16 de junio, el mes que la nueva ley da para alegar; modelo de
escrito para que soliciten justicia gratuita; para plantear las
cláusulas abusivas y también para solicitar que se suspenda la subasta
notarial (si el proceso es extrajudicial).
Las principales críticas de la plataforma antidesahucios a la nueva
ley son que no contempla "ninguna opción" para las personas que ya han
perdido la vivienda "condenándoles a la exclusión social"; y que para
los procedimientos vivos fija solo el mes de plazo para alegar cláusulas
abusivas, lo que considera "inseguridad jurídica". Además, la nueva ley
sigue permitiendo los desalojos forzosos y "sin alternativa
habitacional" y "mantiene la deuda perpetua". Aunque la nueva ley
"formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad, las
condiciones exigidas impiden llevarla a la práctica".
Por todo ello, la PAH llama a la ciudadanía a seguir luchando para
frenar los desahucios y también hace un llamamiento a los jueces "que
han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el
propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley
recientemente aprobada" y les pide que actúen de oficio: que vayan más
allá de la nueva ley y apliquen la normativa europea, permitiendo que
los afectados planteen cláusulas abusivas.
La plataforma recuerda además que, mientras se están produciendo
desahucios, en España hay tres millones de viviendas vacías, según los
datos del INE, muchas de ellas procedentes precisamente de embargos a
familias o promotores.
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