tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 28 de marzo de 2013

ROLLITO DE SUSHI CON SALMÓN Y ATÚN



Séptimo pleno reventado por los preferentistas en una semana

Los ediles del PP de Ponteareas abandonaron el salón de plenos municipal por la ventana el martes de la semana pasada después de oír el reproche de los afectados por las preferentes. Ocho días después, el alcalde, Salvador González Solla, trató de reanudar la sesión, pero esta vez prefirió evitar la reprimenda. Rodeado de agentes de la Guardia Civil, policías y cámaras de televisión, desfiló desde el consistorio al cuartel local, a plena luz del día, ante los pitos de los perjudicados. Fue el séptimo pleno interrumpido en la provincia en lo que va de semana y el segundo de la jornada, ya que en Moaña los afectados llegaron aun acuerdo con el alcalde, José Manuel Fervenza (PP), para suspender el pleno y evitar las protestas de los estafados.
El suceso de Ponteareas es, según el portavoz de los afectados de O Rosal, Xulio Vicente, “un circo que el alcalde quiso montar a cuenta de los afectados”. Para Vicente, el despliegue policial supuso “un montaje que nada tiene que ver con la realidad” porque los afectados no pretendían más que abuchear al regidor, no retenerlo. Solla, que gobierna en minoría y sobre quien pende la amenaza de una moción de censura, dijo que consultará con los otros grupos la adopción de medidas para poder celebrar plenos “con normalidad”, según recoge Europa Press.
El mismo día que la agencia de calificación Standard & Poor’s rebajaba a la calificación de basura el bono de Novagalicia Banco, las protestas se reactivaron en la comarca de O Morrazo, que en los últimos meses había dado un respiro a los regidores populares. En Cangas siguen tranquilos, pero los afectados de Moaña pretendían interrumpir el pleno, previsto para las 20.00. “Hace unos días nos reunimos con Feijóo, que hizo publicidad de lo bien que lo está haciendo, pero no nos convenció”, se queja Marisa Pazos, una de los portavoces, que dice que en su cambio de actitud también ha influido la experiencia del sábado en el congreso de los populares en Silleda. “Llegamos allí y nos desbordó el despliegue policial, nos sentimos muy desprotegidos”, explica.
En Sanxenxo, mientras tanto, los afectados expulsados el martes siguieron con la protesta, que se desplazó al exterior del consistorio. Además presentaron una denuncia ante la Guardia Civil por los pocos miramientos con que la policía local recogió sus cosas y se las llevó en un furgón. Ayer aún ayer negociaban para recuperarlas, según José Manuel Vázquez, portavoz de la plataforma de O Salnés.
Más al sur, los afectados reanudaron en Tui las negociaciones para levantar temporalmente el encierro en el ayuntamiento, que el regidor, Moisés Rodríguez, necesita libre durante las fiestas de San Telmo. Hubo igualmente protestas fuera de Pontevedra, con una presencia importante de afectados en el pleno de Ferrol, que sí pudo terminar sin que se suspendiese.

El Supremo de EE UU cuestiona la prohibición del matrimonio gay

Una mayoría de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron escépticos este miércoles ante la constitucionalidad de la definición actual de matrimonio, como la unión entre un hombre y una mujer, y presionaron a sus defensores para que justificaran que no incurre en una discriminación contra los homosexuales. La máxima instancia judicial del país celebró este miércoles su segundo día de audiencias relacionadas con el matrimonio homosexual, en el que estudia si esa definición, tal y como establece una norma federal de 1996, viola el derecho a la igualdad de los ciudadanos.
El juez Anthony Kennedy, quien probablemente guarda el voto decisivo sobre el futuro de la Ley de Defensa de Matrimonio (conocida como DOMA), expresó en varias ocasiones sus dudas acerca de si el Congreso tiene autoridad para establecer límites a qué es matrimonio y qué no lo es. La juez Ruth Bader Ginsburg aseguró que la definición actual crea un matrimonio de plenos derechos y otro con menos derechos, que calificó de “desnatado”.
Cinco de los nueve jueces presionaron este miércoles a Paul Clement, abogado de los defensores de DOMA, para que explicará cuál es la justificación para excluir a los homosexuales del derecho al matrimonio. Clement evitó en todo momento cualquier declaración sobre la igualdad de los homosexuales ante la ley, defendió que el Congreso puede limitar la definición de matrimonio y que cuenta con esa autoridad para garantizar el funcionamiento del sistema de impuestos, beneficios sociales o ayudas públicas.
La ley DOMA condiciona normativas federales, impidiendo que parejas homosexuales casadas se acojan a bajas temporales por enfermedad del cónyuge o beneficios fiscales, algo que sí está reconocido a los heterosexuales. “Cuando el Gobierno federal tiene 1.100 leyes, significa en nuestra sociedad que se está entrometiendo en la vida diaria de los ciudadanos”, aseguró el juez Kennedy, alegando que el Congreso ha hecho “algo más que unificar la definición de matrimonio”.
La juez Elena Kagan sugirió que quizás la ley DOMA esté “infectada de prejuicios, miedo, rencor y odio”
La defensa de esta legislación aseguró ante el Tribunal sin embargo que su definición de matrimonio no fue aprobada con la intención de discriminar, sino de “unificar” el criterio a nivel federal. Clement explicó que el Congreso reaccionó así a una ley del Estado de Hawai que hubiera incluido a las parejas del mismo sexo en su descripción legal de matrimonio. El abogado topó entonces con la juez Elena Kagan, quien sugirió que quizás la ley DOMA “respondía a otras ideas” más allá de la unificación y que estaba “infectada de prejuicios, miedo, rencor y odio”.
“DOMA impone que miles de personas que han contraído matrimonio en los nueve Estados que lo permiten sean tratados de manera distinta por el Gobierno, solo por ser homosexuales”, argumentó Roberta Kaplan, abogada de Windsor. “Cuando un hombre y una mujer se casan o se divorcian, su estatus es reconocido en todo el país. No se crea una segunda clase de ciudadanos como se ha hecho con las parejas gais”. Es el caso de Edith Windsor, la ciudadana de Nueva York que denunció DOMA en 2009 y a quien el gobierno le obliga a pagar 363.000 dólares en impuestos por la herencia de su esposa, algo que no tendría que hacer si una de ellas fuera un hombre.
El juez Stephen Breyer pidió entonces a la defensa que explicará qué sentido tiene limitar el matrimonio a los heterosexuales, pero no por edad o por otras características. “¿Tendría sentido crear una cláusula que exima de pagar impuestos al 30% de las parejas, por la razón que queramos?” preguntó. La juez Sonia Sotomayor, del ala liberal de la corte, añadió que el argumento de Clement justificaba la creación de una clase de ciudadanos, “porque el Gobierno sospeche que son diferentes, o porque no les guste”.
La juez Ginsburg aseguró que la definición actual crea un matrimonio de plenos derechos y otro con menos derechos, que calificó de “desnatado”
La abogada de Windsor argumentó también que el cambio de opinión en la sociedad estadounidense con respecto al matrimonio homosexual -un 53% de los ciudadanos apoya su legalización-, invalida una definición discriminatoria. En respuesta, el juez Scalia reprochó a la abogada que hablara de una “marea de cambio” cuando sólo 9 de los 50 Estados permiten las uniones entre personas del mismo sexo y le exigió que explicara a qué se debía la nueva perspectiva de los ciudadanos. “Una gran mayoría ha entendido que los homosexuales no son diferentes y que merecen los mismos derechos”, respondió Kaplan.
En un gesto histórico, la Administración Obama se personó en el caso contra DOMA, presentando su propia petición para que el Supremo la elimine. “La ley de Defensa del Matrimonio no pretende defender ninguna idea, es simplemente discriminatoria”, aseguró Donald Verrilli, abogado del Estado. “Es el momento de reconocer que esta ley es discriminatoria y que no puede reconciliarse con la creencia fundamental de que los ciudadanos deben ser tratados como iguales”.
El caso que estudió el Supremo este martes debe superar además una cuestión de procedimiento. Los jueces deben decidir si la organización que defiende la DOMA en nombre del Congreso de EE UU tiene competencias para hacerlo, ya que se trata de una ley federal que el mismo Gobierno, a través de la Administración Obama, se ha negado a defender en los tribunales. Este asunto también podría quedar decidido con el voto del juez Anthony Kennedy, quien pareció inclinarse a favor de dictar sentencia “porque los demandantes demuestran haber sufrido daños” por la ley.
En el lado conservador, el juez Samuel Alito expresó la preocupación tradicional del Supremo, cómo dictaminar en este caso sin obligar a los Estados a aprobar legislación con la que ahora no cuentan. La sentencia llegará el próximo mes de junio. Si los jueces revocasen la ley DOMA, obligarían a 41 Estados a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, de ahí que los conservadores puedan decantarse por rechazar el caso. De ser así, prevalecería la decisión de la Corte de Apelaciones que revisó la demanda, y que declaró la inconstitucionalidad de la ley, sin que el Tribunal Supremo declare que el matrimonio homosexual deba ser legalizado en todo el país.

La ley que hipoteca el pasado

“Las enmiendas del Partido Popular (PP) a la iniciativa sobre los desahucios aceptan la sentencia europea, pero con la boca pequeña. Y aportan más problemas que soluciones”, reflexiona José María Fernández Seijo, el magistrado que elevó a Luxemburgo la cuestión que dio pie al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a emitir un fallo muy crítico con la legislación hipotecaria española.
El pasado martes, cuando el Grupo Popular hizo públicas sus enmiendas, Fernández Seijo debió leerlas varias veces para comprenderlas: “Incluso para un jurista es complicado porque mezcla muchas leyes. Es un corta y pega”.
El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria y será sometido a debate, pero la mayoría absoluta del PP garantiza el éxito de sus enmiendas. Está por ver hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo ante la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del resto de partidos políticos. Pero, si la reforma prosperara como está planteada ahora mimo, ¿de qué modo afectaría a los consumidores?
María Guevara fue desahuciada en 2010. Su piso fue subastado meses después y Banesto —la entidad financiera con la que ella y su por entonces marido habían firmado en 2005 una hipoteca de 236.000— lo compró por 70.000 euros (un 30% de lo que a ella le había costado). Solo unas semanas después fue vendido a otro propietario y el banco obtuvo un beneficio de 10.000 euros. Ahora, tres años después de haber perdido su casa, a Guevara le siguen reclamando unos 200.000 euros, de los que casi 50.000 son intereses. En el momento de firmar la hipoteca, ella y su marido ingresaban unos 2.400 euros al mes, aunque llegaron a pagar hasta 1.400 de hipoteca. Su esposo se quedó en paro y la abandonó. Ahora, ella cobra 1.000 euros mensuales con los que debe hacer frente a un préstamo de 500 euros y a los 300 del alquiler de una habitación en la que vive con su hija. Clama por la condonación de la deuda, pero ha obtenido una negativa detrás de otra.
Las enmiendas del PP no le afectan, puesto que bajo ningún concepto contemplan la retroactividad. Con la reforma, no obstante, Guevara habría podido mantener su piso porque los ingresos de la unidad familiar eran inferiores a tres veces al IPREM, el baremo que da derecho a entrar en el umbral de exclusión, que en 2013 está fijado en 532,51 euros. Antes de las enmiendas, el límite era del doble del IPREM. Sin embargo, la propuesta imposibilita la aplicación retroactiva, por lo que Guevara no puede acogerse a la norma. Le será imposible recuperar su casa. Esta es una de las principales críticas que hace el magistrado Fernández Seijo: “La norma no es aplicable ni sobre las 198.000 ejecuciones que ahora mismo están en tramitación ni sobre las miles de personas que ya han sido desalojadas”.
Si las enmiendas del PP prosperan tal como las presentaron el martes, los usuarios podrán saldar sus cuentas pendientes con el banco si pagan el 65% de la deuda en cinco años, o el 80% en 10 años. “Para la mayoría de los afectados afrontar esta deuda sigue siendo imposible porque casi la totalidad del dinero reclamado”, sostiene una portavoz de la PAH.
Una de las novedades planteadas por los populares y que avala, entre otros, el magistrado Fernández Seijo es el aumento del 60% al 75% del precio mínimo por el que puede comprarse una vivienda en una subasta judicial. Hasta ahora la entidad bancaria era la que normalmente encargaba la tasación del inmueble. Ahora, los deudores podrán presentar una valoración alternativa que prevalecerá sobre la acreditada por el banco, lo que hará que, previsiblemente, aumente el importe recaudado.
Fernández Seijo sostiene que la dación en pago es un punto fundamental que el PP no ha tocado en su propuesta, salvo para las viviendas de protección oficial, cuya deuda quedará saldada con la reentrega del inmueble a la Administración. El magistrado que desencadenó el golpe europeo a la ley hipotecaria considera que la sentencia permitía haber afrontado la reforma con mayor ambición y asegura que aplicará la normativa comunitaria hasta que la española recoja las exigencias de la Unión.

Propuestas del PP

La deuda quedará saldada si se abona el 65% en cinco años o el 80% en 10 años (más los intereses legales del dinero).
El precio mínimo por el que podrá adquirirse la vivienda en una subasta judicial aumenta del 60% al 75% del valor de tasación.
Si el deudor alega la existencia de una cláusula abusiva, queda a discreción del juez qué hacer: paralizar el lanzamiento, continuarlo o derogar la cláusula.
Para que el banco pueda iniciar la ejecución hipotecaria tendrá que haber, al menos, tres meses de impagos.
Si antes de la subasta el deudor presenta una tasación alternativa, esta prevalecerá sobre la del banco.
E El umbral de renta para pedir la paralización del desahucio aumenta hasta los 1.597,53 euros por familia y beneficia a los avalistas.

Torres completa con más correos su estrategia para implicar a la Infanta

La Casa del Rey conoció, amparó y favoreció los negocios de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, entre 2003 y 2007, según sostiene Diego Torres, exsocio y mano derecha del Duque de Palma en distintos proyectos empresariales. Torres y Urdangarin están imputados desde hace más de un año por la supuesta apropiación indebida de fondos públicos.
La estrategia de Torres, puesta en marcha el 12 de abril de 2012 y todavía hoy vigente, consiste en facilitar al juez, de manera dosificada, cientos de correos electrónicos que sacó de los ordenadores de la empresa que compartía con Urdangarin. Con esos documentos pretende demostrar que distintos miembros de la Casa del Rey, entre ellos la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, y su secretario, Carlos García Revenga, conocieron y colaboraron con los negocios que emprendió el Duque de Palma en aquellos años y que ahora están bajo sospecha.
La séptima remesa de correos electrónicos que llegó el pasado martes al juzgado de la mano del abogado de Diego Torres apuntan a que la infanta Cristina conoció en 2003, cuando arrancó el negocio de Urdangarin con el Instituto Nóos, los pormenores de aquella aventura empresarial. “Aprovecho que estás conectada”, escribía el yerno del Rey a la infanta Cristina el 20 de febrero de 2003, “para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas”.
A Pedro Perelló: “El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión”
Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999 que empezó a tener actividad en 2003, cuando Urdangarin fue nombrado presidente del mismo. Bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, Nóos logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP. Esos contratos fueron adjudicados a dedo y nadie controló que el dinero público adjudicado se correspondía con lo realmente gastado, según la investigación judicial. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabó en la caja de empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.
Cuando se hizo cargo del Instituto Nóos, el propio Duque de Palma hizo partícipe de su nueva aventura empresarial a decenas de personas en un correo electrónico, incorporado el pasado martes a la causa judicial y que también envió al Rey Juan Carlos, a la Reina y al secretario de la infanta.
Torres lleva un año descubriendo nuevas bazas judiciales para implicar a la infanta —que figuraba como secretaria en la Junta Directiva de Nóos— en los negocios por los que está imputado.
Ordenados cronológicamente, los correos electrónicos muestran una intensa actividad empresarial de Urdangarin conocida por la Casa del Rey y favorecida en algunos casos por las supuestas gestiones que hicieron miembros de la familia real. Éstos son sus principales hitos.
A Torres: “El Rey le ha dicho a Cristina que me diga que Camps llamará...”
» 2003. Inicio del proyecto. Cuando Iñaki Urdangarin se alió con Diego Torres para poner en marcha su negocio hizo partícipes de sus planes a casi todos los miembros de la familia real y, principalmente, a su esposa, la infanta Cristina. Tres correos electrónicos remitidos por Urdangarin a su mujer y al secretario de ésta, Carlos García Revenga, así lo muestran (véase infografía de la siguiente página).
» 2004. Los primeros eventos y sus contactos con Corinna. Urdangarin y Torres ponen en marcha en 2004 el Valencia Summit, un congreso que intenta promover el turismo en la Comunidad Valenciana a través del deporte. Francisco Camps, a la sazón presidente valenciano, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, facilitan el dinero sin concurso previo para el evento tras reunirse con Urdangarin, según la investigación. Los correos electrónicos de aquellos años que Torres ha facilitado al juzgado muestran que el duque de Palma movilizó incluso a su suegro, el rey Juan Carlos, para conseguir la asistencia de dirigentes deportivos internacionales al evento y que un significado empresario francés lo patrocinara.
Ese mismo año Urdangarin negocia —a sabiendas de su suegro, según los correos— un contrato como director ejecutivo de la sección española de la Fundación Laureus, con un sueldo anual de 200.000 euros. Su interlocutora es Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey. El contrato finalmente no se cerró, aunque Corinna sostiene que Urdangarin cobró 50.000 euros por algún trabajo relacionado con la Fundación.
» 2006. El Duque abandona Nóos por indicación del Rey. En marzo de 2006 Iñaki Urdangarin abandona el Instituto Nóos por indicación del Rey. Un mes antes, los socialistas han preguntado en el parlamento balear por el sospechoso negocio del duque de Palma. José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor jurídico del Rey, gestiona con Urdangarin su salida de Nóos. El duque de Palma crea entonces una fundación, llamada Arete, para seguir con sus negocios. Y la disuelve dos meses después, nuevamente por indicación del conde de Fontao. En diciembre de ese año, sin perder su contacto con Diego Torres, crea la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, con la que vuelve a tener una plataforma desde la que recabar dinero público para distintos proyectos.
A la Infanta: “Envío una comunicación de Nóos, léelo y dime qué piensas”
Los correos electrónicos de aquel año, remitidos por Torres al juez, prueban la preocupación por que Urdangarin figurara en un puesto destacado de la Fundación recientemente creada.
» Más negocios y la intermediación de Don Juan Carlos. En 2007, Urdangarin intenta poner en marcha un proyecto para que otra embarcación española compita en la Copa de América, cuya sede era la Comunidad Valenciana. En un correo electrónico que el duque de Palma envía a Diego Torres, da cuenta de las ayudas que está pidiendo para que su idea se haga realidad: “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina para que me lo dijera que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla”.
Este mensaje apunta a que Urdangarin, pese a su abandono de Nóos un año antes, seguía colaborando con Diego Torres en negocios comunes. Y que, pese a que la Casa del Rey reprueba sus negocios con administraciones públicas, el duque de Palma seguía utilizando a cargos institucionales para favorecer sus proyectos empresariales, sin importarle acudir a su suegro para que mediara a su favor.
“El Rey me comenta”, decía Urdangarin en un correo fechado el 20 de septiembre de 2007 y dirigido al regatista Pedro Perelló, “que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxá [presidente de Iberostar]. Por otro lado, le he transmitido a Fluxá la buena sintonía con el BBVA y que le iba a dar un empujón a Francisco González”.
Para entonces, según los correos electrónicos, seguía la preocupación por la excesiva exposición de Urdangarin en sus actividades empresariales. Mario Sorribas, apoderado del duque de Palma en la empresa Aizoon, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina, le escribe un correo electrónico donde le aconseja: “No tienes que dejar muy en evidencia que tú eres el alma mater de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Podemos entregar un dossier de prensa diciendo que tú, como cualquiera de los demás deportistas que nos acompañan, llevas vinculado a nosotros unos cuantos meses y de una forma totalmente naturalizada. De esta manera, dejas de aparecer como impulsor y nadie puede decir que esta es la fundación de Iñaki”.
El abogado al duque: “No tienes que dejar en evidencia que tú eres el ‘alma mater”
» El comienzo de la ruptura con Torres. Un correo de julio de 2008 muestra que la relación profesional de Urdangarin y Torres se deteriora. “He sabido de tu propuesta de facturación de los proyectos compartidos. Estos son tus números, no los entiendo, y es más, estoy en total desacuerdo. Me parece increíble”, dice el duque de Palma.
El conjunto de los correos electrónicos que forman parte del sumario del caso Nóos revela una intensa actividad empresarial de Iñaki Urdangarin, cuya principal fuente de ingresos, al menos entre 2004 y 2006, son las administraciones públicas. Y que durante estos años no dudó en echar mano de miembros de la familia real para que le ayudaran en sus negocios.
Algunos significados dirigentes del PP —como Jaume Matas, expresidente de Baleares— ya han reconocido al juez que adjudicaron proyectos con dinero público al Instituto Nóos simplemente porque detrás de esa firma estaba el yerno del Rey. Las presuntas irregularidades en esos contratos son las que investiga desde hace dos años un juzgado de Palma de Mallorca.
El papel de la infanta Cristina en los negocios de Nóos está ahora bajo sospecha debido a la documentación que ha ido aportando Diego Torres durante casi un año al juzgado.
En las próximas semanas, el juez José Castro deberá resolver si imputa a la infanta cuando la instrucción se acerca a su recta final. El secretario de Doña Cristina, Carlos García Revenga, ha tenido ya que declarar como imputado. Ante el juez ha asegurado que, pese a figurar como tesorero entre 2003 y 2006 del Instituto Nóos, nunca se ocupó de las cuentas de ese organismo, y ha exculpado a la Infanta de cualquier responsabilidad. El juez Castro, tras escucharle, no le ha retirado la imputación.

Un BMW se empotra contra la Puerta de Brandenburgo

Iba a unos 70 kilómetros por hora en el momento del choque y, visto que el vehículo no había hecho el menor intento de evitar la mole de piedra coronada por la famosa cuádriga, los alemanes sospecharon que se trataba de un ataque simbólico, una manifestación de las críticas a la que los países más perjudicados por la crisis del euro, pero la policía, que no ha dado a conocer la identidad del conductor, descarta ese móvil.
La radio alemana informó edurante la noche que el joven de 22 años que conducía el automóvil presentaba niveles relativamente altos de alcohol en sangre, aunque no establecía si fue la euforia etílica la que le lanzó contra el símbolo prusiano o, simplemente, no pudo verlo y fue un choque involuntario.
Una portavoz de la policía ha desmentido después que el alcohol esté implicado en el accidente y apunta, por el contrario, que "el conductor fue víctima del cansancio, se le cerraron los ojos y se produjo el accidente". Según la misma portavoz, la recta de casi tres kilómetros que conduce a la Puerta de Brandenburgo a través de la avenida 18 de Junio pudo tener un efecto adormilante en el conductor.
El automóvil ha sido declarado en siniestro total y el chico permanece ingresado en un hospital del centro de Berlín con la clavícula rota y varias fracturas, pero la columna apenas ha sufrido daños. Un equipo de expertos, de todas formas, se afana en examinar minuciosamente el monumento buscando daños imperceptibles que pudieron haber se producido en su estructura.
Inmediatamente después del choque, se produjo un momento de confusión y nervios por temor a un atentado terrorista. Junto a la Puerta de Brandenburgo se encuentra situada la Embajada de los Estados Unidos, rodeada de muy serias medidas de seguridad, y fueron precisamente sus funcionarios los primeros en llegar al lugar de los hechos y quienes avisaron, después de un primer reconocimiento, a la policía alemana.

Amenazan de muerte al juez que imputó a Nicolas Sarkozy

Jean-Michel Gentil recibió anoche una carta anónima con amenazas de muerte y varios casquillos de bala. Desde que el viernes pasado decidió imputar a Nicolas Sarkozy por "abuso de debilidad", el magistrado de Burdeos que instruye el caso Bettencourt había sido objeto de diatribas públicas y privadas por parte de la guardia pretoriana del ex presidente de la República. Pero esas críticas poco respetuosas con la judicatura no trascendían el plano verbal.
Ahora sus detractores han pasado al lenguaje de la escritura y de los símbolos. Porque no hay nada más gráfico, para amedrentar a alguien, que acompañar la misiva amenazante con varios cartuchos de munición. Poco importa si al final las balas resultaron ser de fogueo. La impresión visual es fuerte y el mensaje queda más que claro, meridiano.
La misiva contiene amenazas de muerte contra él, su familia y miembros del Sindicato de Magistrados
El incidente fue denunciado a última hora del miércoles por el Sindicato de Magistrados (SM) francés, a través de un comunicado titulado "Serenidad", en el que explica que "después de las declaraciones indignadas e incluso injuriosas de algunos políticos por la inculpación de Sarkozy y de que al abogado del encausado, Thierry Herzog, pusiera en duda la imparcialidad del juez, este ha sido destinatario de una carta conteniendo municiones, con claras amenazas de muerte contra él, su familia y otros miembros del Sindicato de Magistrados".
Ante la gravedad de los hechos, Gentil advirtió ayer a la Policía que ha iniciado una investigación para localizar al autor del anónimo. El SM ha recordado que el antiguo jefe del estado sigue gozando de la "presunción de inocencia", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todas las partes para frenar esta "intolerable escalada de violencia".
Como se recordará, el antiguo inquilino del Elíseo rompió el lunes su silencio a través de su página de Facebook para tachar de "injusta" la acusación, subrayar que empleará todas sus energías en demostrar su "honestidad" e indicar igualmente que no reclamaba "ningún trato particular que no sea el de cualquier ciudadano que tiene el derecho a una justicia imparcial y serena".
Sarkozy cree que su acusación es 'injusta' y afirma que demostrará su 'honestidad'
"Los ataques contra los jueces son intolerables. Todo ciudadano suceptible de ser llevado ante la Justicia está expuesto a esto, no hay categorías especiales", había advertido la ministra Christine Taubira a la emisora RFI, en reacción a las duras palabras que el ex asesor de presidencia Henri Guaino y otros fieles lugartenientes de Sarko dedicaron a Gentil cuando se hizo pública la imputación del político conservador, de quien se sospecha que pudo aprovecharse de la demencia senil de la heredera del imperio cosmético L'Oréal, Lillian Bettencourt, para sacarle dinero destinado a financiar ilegalmente su campaña electoral de 2007.
Dos días más tarde, 'Le Monde' filtró que, cuando Gentil le anunció a Sarkozy que pasaba de la condición de "testigo asistido" a la de "imputado", este le soltó al juez en tono desafiante que "esto no quedaría así".
Según el sindicato, esta carta es consecuencia directa del clima causado por las violentas reacciones de los partidarios del ex presidente a su imputación. El SM, que ha hecho un llamamiento a "la contención y la responsabilidad" considera que "la dureza de las declaraciones de la guardia pretoriana del ex presidente y su intento de desacreditar la labor de la justicia sólo puede dar lugar a una mala interpretación de los ciudadanos, la pérdida de confianza en la institución de poder judicial y, finalmente, el insoportable desencadenamiento del odio hacia los magistrados encargados de administrar justicia".

Mandela, hospitalizado de nuevo por una 'recaída de su infección pulmonar'

El ex presidente Nelson Mandela ha sido otra vez hospitalizado ayer por la noche por una infección pulmonar. Así lo ha hecho público el portavoz del Gobierno sudafricano, Mac Maharaj. Mandela ingresaba "consciente" pasada la medianoche.
"Los doctores le están atendiendo y dándole el mejor tratamiento y confort posible para que se recupere", ha explicado. "Pedimos de nuevo privacidad y respeto para que los médicos pueden realizar su trabajo lo mejor posible", ha remarcado.
El presidente Jacob Zuma, por su parte, ha deseado "una rápida recuperación" y ha apelado "al pueblo sudafricano y de todo el mundo a rezar por nuestro querido Madiba y su familia" en un comunicado. "Tenemos toda la confianza en el equipo médico que le atiende y sabemos que harán todo lo posible para que se recupere pronto", concluye.
En los últimos tres años, Mandela ha sufrido varias recaídas que le han hecho ingresar en diversos centros hospitalarios levantando todas las alarmas.
Su estado físico parece muy deteriorado, hace ya tiempo que no tiene ninguna aparición pública y recientemente se desveló ya abiertamente que sufre alzhéimer.
Hace tres semanas, Madiba, ya pasó unos días ingresado en un hospital de Pretoria para someterse a un chequeo, mientras que en diciembre estuvo ingresado casi un mes por la infección respiratoria que padeció tras ser operado para extirpar unos cálculos biliares.
Madiba, que durante 67 años luchó contra el sistema racista del 'apartheid' impuesto por la minoría blanca en Sudáfrica, sufre problemas respiratorios surgidos durante sus 27 años de reclusión por parte del citado régimen.
El primer presidente negro de Sudáfrica vive entre Johannesburgo y Qunu, la localidad oriental donde pasó su infancia, bajo permanente vigilancia medica.
Su última aparición pública se remonta a la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol de 2010 celebrado en Sudáfrica.