tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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viernes, 18 de julio de 2014

Las farmacias españolas están desabastecidas de cientos de fármacos

"Casi sin entrar en la farmacia pregunto desde la puerta si tienen prednisona". Ángela, que prefiere no dar su nombre real, se ríe de sus propias peripecias en busca del medicamento que necesita para una patología inflamatoria, medicamento que desde hace meses tiene problemas de suministro en las farmacias españolas. Ni Sanidad ni los laboratorios se ponen muy de acuerdo para explicar por qué, puntualmente, algunos fármacos dejan de llegar a las farmacias con normalidad, pero las cifras están ahí y en la actualidad hay casi 180 medicamentos con problemas.
La cifra la aporta a EL MUNDO un portavoz de la distribuidora Cofares citando el listado que regularmente actualiza la Agencia Española del Medicamento (AEMPS). Ese listado, pensado para profesionales sanitarios y farmacéuticos (no para pacientes), refleja problemas de abastecimiento, aunque no aclara con exactitud las causas de que un fármaco no llegue con normalidad hasta el paciente.
Esos motivos pueden ir desde un problema puntual causado por la retirada de algún lote, incidencias concretas en alguna planta de producción que repercuten en toda la cadena o maniobras más o menos claras de los laboratorios en función de sus stocks o de las políticas de precios del Ministerio.
Aunque todas las big pharma consultadas para este reportaje han negado la influencia de los precios o la existencia de un competidor genérico, desde Cofares señalan que "cada vez que se introducen genéricos se produce una bajada de la producción de un 40%, que incluso puede ser del 60-70% si aparecen más genéricos más baratos. Baja la producción, [la cadena] empieza a fallar porque los genéricos aún están en stock y mientras se acomoda el mercado hay problemas. Con un fármaco que antes costaba 100 euros y ahora cuesta dos, el laboratorio se piensa si le interesa seguir".
Josep María Piqueras, director general del fabricante de genéricos Kern Pharma, aclara que los precios de referencia que establece el Ministerio afectan sobre todo a los stocks, no a la producción en sí. "Bajar los precios obliga a los laboratorios a ser muy precisos y trabajar con stocks muy bajos para evitar cualquier sobrecoste". El problema viene dado, añade, cuando algún laboratorio deja de ofrecer un medicamento y el resto de fabricantes tiene que asumir ese exceso de venta no previsto. Además, augura más complicaciones en el futuro por motivos de mercado ya que "tanto las subastas como la política de precios de referencia son un binomio peligroso para la estabilidad de cualquier fábrica".
Desde Cofares van más allá en la búsqueda de un porqué y hablan de un problema en la "comercialización efectiva del medicamento". El sistema está regulado para evitar el desabastecimiento (que el medicamento falle en origen) pero no está legislado ni se controla que el suministro sea el adecuado, lo que facilita que las reglas del mercado sean las que dicten el juego y provoca problemas como éste con cierta frecuencia ya que "el mercado se ajusta por prueba y error". Y si a eso le sumamos 17 sistemas diferentes de prescripción de medicamentos y la lentitud en la comunicación al médico (para que deje de recetar el fármaco con problemas), el cuadro ya está completo.
Ángela admite que ha llegado a visitar hasta ocho farmacias en el centro urbano de su ciudad en busca de la prednisona. "Como en mi comunidad hay receta electrónica sólo tengo unos días para encontrar el medicamento, porque si no la receta se bloquea y tengo que volver a médico a renovarla", admite. Como ella, Antonio Martínez confiesa haber recorrido varias farmacias de Madrid en busca del mismo medicamento (comercializado por Merck como Dacortín) para su mujer. "Conseguí las últimas cajas que les quedaban en una farmacia y ahora que estoy de vacaciones en Andalucía hemos comprado otra caja, también la última, con la nota que nos dio el especialista", explica a este periódico.
En otros casos, los pacientes acaban volviendo al médico para que les recete otro tratamiento equivalente. "Se funciona con el 'nunca pasa nada', 'vuelve la próxima semana' y, en el 99% de los casos entre el médico o la oficina de farmacia", admiten desde Cofares.Entre el listado de la Agencia del Medicamento no sólo figuran corticoides, sino un amplio elenco de antitumorales (como Tamoxifeno), antiepilépticos (como la gabapentina), anestésicos (fentanilo) o antiinflamatorios (como Feldene) y ansiolóticos (como Trankimazin). VEA EL GRÁFICO
El Ministerio de Sanidad, que no ha querido precisar si la cifra de productos con problemas en la actualidad es mayor o menor que en otros momentos, ni sobre los motivos concretos de cada caso (para lo que remiten a los laboratorios), sí insiste en que en ningún caso se trata de medicamentos en alerta (para los que no existe alternativa o que han sido retirados). Una explicación que comparten desde el gigante Pfizer, que también señala que en el caso de sus productos con problemas "existen sustitutos terapéuticos disponibles por lo que la salud del paciente no se ha visto comprometida en ningún momento".
El medicamento que Ángela necesita, la prednisona, se fabrica en la planta que la alemana Merck tiene en Mollet del Vallés (Barcelona). Un portavoz de esta compañía admite que "como consecuencia de la revisión y adecuación de procesos de fabricación, el suministro regular de algunos medicamentos se ha visto afectado", aunque añade que están trabajando "para restablecerlo a la mayor brevedad posible".
Para ello, añade este portavoz (que coincide con sus colegas del sector en utilizar las palabras "puntual y excepcional"), se están distribuyendo medicamentos comercializados en otros paísesde la Unión Europea con el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica". Aunque para ello son necesarios ciertos trámites burocráticos que pueden retrasar la llegada efectiva de los medicamentos a las farmacias.
El Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que mantiene activo un listado privado de medicamentos 'problemáticos' (no accesible para el público), desmiente a la industria y asegura que se trata "de un problema frecuente, que se da cada cierto tiempo (normalmente coincidiendo con la entrada en vigor de bajadas de precios)".
Como explican desde Cofares, el 70% de los 15.000 fármacos dados de alta en España están dentro del sistema de precios de referencia, es decir, se trata de medicamentos para los que existen genéricos (el otro 30% está aún protegido por patente). Eso quiere decir que más de 10.500 productos son susceptibles de tener problemas puntuales de suministro como los que se están viviendo este verano.

El Superior fuerza el despido de la hija enchufada del alcalde de Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pone patas arriba el Ayuntamiento socialista de Ourense. Una sentencia firme ha tumbado casi medio centenar de puestos de trabajo de la institución, tras una denuncia del sindicato CSI-CSIF, que llevó ante la justicia irregularidades en los nombramientos del gobierno local. La sentencia fuerza el despido de todo el personal de confianza del alcalde, Agustín Fernández, entre el que se encuentra su propia hija, María Fernández, contratada por decreto en el gabinete de comunicación hace casi tres años. La decisión de la sala de lo contencioso-administrativo también pone en la calle a todo el personal eventual de comunicación, al chófer y a las dos secretarias del regidor e incluso a los auxiliares y técnicos de todos los grupos políticos de la corporación municipal (PSdeG, PP, BNG y Democracia Ourensana) por “reservar, sin justificación, a personal eventual esos puestos de trabajo”. En total, una docena de personas contratadas bajo esta figura deben abandonar de inmediato sus empleos porque las contrataciones no se ajustan a la ley.
Notificado el pasado tres de julio y ocultado por el gobierno local desde entonces, el fallo descabeza las concejalías al anular el nombramiento de todos los jefes de servicio designados por los socialistas y afecta especialmente al consejo municipal de deportes y a la concejalía de Educación, ya que invalida puestos de coordinación por “asignar funciones de dirección a puestos del grupo C”, por “permitir la cobertura [de plazas de funcionario] con personal laboral” y por “prever la libre designación como sistema de provisión sin justificación”. Uno de los afectados es el propio jefe de servicio de Personal, mano derecha de la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, cuyo nombramiento también fue recurrido por los sindicatos. Rodríguez Dacosta fue recolocada en esa dirección general municipal al tumbar el Tribunal Constitucional la figura de los concejales no electos el pasado año.
La sentencia, de ejecución inmediata, es firme y contra ella no cabe recurso de casación. El texto firmado por los tres magistrados de lo contencioso-administrativo del TSXG estipula en sus fundamentos jurídicos que “no es susceptible de recurso de casación” debido a la jurisprudencia sentada por el Supremo en dos sentencias del pasado mes de febrero que impiden esa posibilidad. Las consecuencias inmediatas son dos: por un lado, el despido del personal eventual nombrado directamente por el regidor mediante decretos, y por otro, la vuelta a sus plazas de funcionario raso del personal que ocupa los puestos de la relación de puestos de trabajo (RPT) anulados.
La polémica en torno al personal de confianza del alcalde explotó en septiembre de 2011. Aquel año, el exregidor detenido e imputado en la Operación Pokémon, Francisco Rodríguez, contrató a la hija de su edil de Hacienda, Agustín Fernández, en el gabinete de comunicación. Eltsunami político desencadenado por la Pokémon provocó la dimisión forzada de Rodríguez y la alcaldía pasó a manos de Fernández, que recontrató por decreto a su propia hija en cuanto se hizo con el bastón de mando. Este tipo de nombramientos a dedo están amparados por el régimen laboral del Estatuto Básico del Empleado Público bajo unas determinadas condiciones legales que, según los tres magistrados del Superior, no se cumplen ni en el caso de la hija del regidor ni en el de las demás personas contratadas con carácter eventual.
Fuentes jurídicas consultadas explican que el interventor municipal debería reparar ahora todas las nóminas pagadas al personal afectado mientras el Ayuntamiento no ejecute el fallo judicial. La solución a la grave situación creada, según estas mismas fuentes, pasaría por la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo ajustada a la legalidad, su aprobación formal en el correspondiente órgano municipal —pleno o Junta de Gobierno— y la adaptación de los presupuestos a la nueva situación laboral estipulada en esa RPT modificada. Las cuentas para 2014 fueron tumbadas por la oposición esta misma semana, debido a la minoría del gobierno socialista en la corporación, que cuenta con solo 11 de los 27 concejales. De hecho, algunos miembros de la oposición consultados ayer muestran su “sorpresa” por la “descarada osadía” del gobierno del PSdeG al llevar las cuentas al pleno municipal con una sentencia judicial que declaró ilegal la RPT. “Si hubiésemos votado a favor de los presupuestos habríamos prevaricado todos”, afirman.
Los sindicatos han criticado en reiteradas ocasiones la política de contratación del PSdeG. De hecho, también denunciaron presunta prevaricación y malversación de caudales por enchufes de personal externo contratado como asistencia técnica, que acabó consolidando puesto fijo. Por este caso, investigado en el juzgado de instrucción número 1 de Ourense, permanecen imputados el actual alcalde, el exalcalde Rodríguez, la directora general de Personal y dos exediles del BNG.

Berlusconi se muerde las uñas por el 'caso' Ruby

Silvio Berlusconi contiene hoy la respiración ante una sentencia fundamental en su agitada vida judicial, que puede determinar que vaya a la cárcel y la muerte definitiva de su carrera política. Porque hoy los jueces de la sección segunda del Tribunal de Apelaciones de Milán se retirarán a deliberar la sentencia del juicio de segundo grado por el llamado 'caso Ruby', en el que el tres veces ex primer ministro italiano ya fue condenado en junio del año pasado por prostitución de menores y abuso de poder a siete años de prisión y la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos.
Si hoy los jueces ratifican la condena la cosa se le pondría muy complicada al ex Cavaliere, al que ya que sólo le quedaría la posibilidad de recurrir al Supremo. Y con dos condenas en primer y segundo grado, es muy difícil que ese tribunal (que decide más que nada sobre las cuestiones de forma que sobre los contenidos de fondo) optara por dar un 'volantazo' y voltear la sentencia.
Berlusconi, mientras tanto, acudirá hoy (como todos los viernes por la mañana) al centro para ancianos donde cumple una pena de servicios sociales tras ser condenado el año pasado a tres años de cárcel (que al final le quedaron reducidos a sólo uno) por un delito de evasión fiscal. La sentencia del 'caso Ruby'; sin embargo, no se espere que llegue hasta esta tarde como pronto... Si es que no se retrasa hasta mañana.
Los rumores apuntan a que la sentencia de segundo grado podría ser igualmente de condena, aunque el ex Cavaliere podría ver reducida al pena. La batalla de los abogados de Berlusconi en este juicio de apelación se ha concentrado en tratar de convencer a los magistrados que la famosa llamada que el entonces primer ministro italiano realizó a la Comisaría central de Milán la noche en que fue detenida por un pequeño robo Ruby (una joven que frecuentaba sus guateques erótico festivos) no fue para intimidar al jefe de la misma para que pusiera a la muchacha en libertad. Un detalle que haría que la tipología del delito de abuso de poder que se le atribuye a Berlusconi cambiara, con la consecuente reducción de la condena, que podría quedarle reducida directamente a la mitad.
En junio del año pasado, cuando Berlusconi fue condenado en primer grado, los jueces sentenciaron no sólo que mantuvo a cambio de dinero relaciones sexuales con la joven marroquí Karima El Marough, conocida como Ruby, sino que cuando se produjeron esos encuentros íntimos sabía de que la chica era menor de edad.
"Resulta probado que el imputado mantuvo relaciones sexuales con Karima El Marough a cambio de ingentes cantidades de dinero y otras utilidades, como joyas", afirmaron las juezas encargadas del caso, quienes asimismo no dudaron en señalar a Berlusconi como"director" del "bunga bunga", nombre con el que se denominaron las fiestas de índole sexual que se celebraron en la residencia privada del ex mandatario en Arcore, cerca de Milán.

Los jueces exigen “una normativa clara” para los clubes cannábicos

La regulación del consumo de marihuana también preocupa a los jueces, que a menudo deben decidir si envían a prisión o absuelven a los responsables de los clubes cannábicos por tráfico de drogas. Estas asociaciones, que han proliferado en ciudades como Barcelona, se hallan en una encrucijada legal y son objeto de investigaciones policiales de suerte diversa. Una reciente sentencia absolutoria, dictada por la Audiencia de Barcelona, insta a las instituciones a fijar “un marco normativo claro” sobre “una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad”.

“Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro para el funcionamiento de esta clase de asociaciones”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal. Los jueces lamentan que “solo el Parlamento de Euskadi ha impulsado esta tarea reguladora”. Y critican que la Fiscalía General del Estado no haya “actuado aún en defensa del interés público en esta materia, más allá de perseguir de forma indiscriminada situaciones como la que es objeto de este proceso penal”.
La fiscalía, recuerda la resolución, puede hacer recomendaciones al Gobierno para que regule la materia. “Tal vez ya es hora de que inste una aclaración jurídica de los motivos por los que otras drogas nocivas para la salud, como el tabaco o el alcohol, cuando se consumen de forma abusiva, disfrutan de un estatus legal mucho más permisivo”, argumentan. La sentencia resuelve un recurso de la fiscalía contra la absolución de los máximos responsables del club cannábico Airam por un delito de tráfico de drogas.
En febrero de 2012, dos jóvenes fueron detenidos cuando salían de la sede de la asociación, en Barcelona. Habían comprado tres dosis de hachís sin ser socios y habían pagado, por cada una de ellas, 20 euros. La fiscalía acusó a cinco responsables de la entidad de tráfico de drogas por haber vulnerado los requisitos del “autoconsumo compartido” y haber vendido droga a terceros con ánimo de lucro.
La resolución, dictada por la Sección Décima de la Audiencia, desoye los argumentos del fiscal y confirma la absolución. Los magistrados afirman que la detención de los dos jóvenes “no demuestra” que los acusados les hubieran vendido las dosis. “La hipótesis de que dicha sustancia estupefaciente fuese para el propio consumo de los compradores no puede ser descartada”, razonan.
Francesc S., presidente de Airam.
Los clubes de cannabis han aprovechado la figura de la asociación (que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución) para realizar su actividad. Pero el sector coincide con la Audiencia y lleva meses trabajando para conseguir una regulación clara, que les permita seguir dispensando cannabis sin tener que vivir con la incertidumbre de que se les acuse de tráfico de drogas. El Departamento de Salud también aboga por fijar unas normas, poniendo el acento en la necesidad de reducir riesgos de salud pública. Las federaciones de los clubes y los partidos políticos han tenido diferentes reuniones y en septiembre se discutirá en el Parlament el borrador de una propuesta de Buenas Prácticas. Aun así, una eventual reforma del Código Penal está en manos del Gobierno central.
“Los clubes han demostrado que hay un ejército de miles de personas consumidoras de cannabis”, explicó ayer un trabajador del sector. Según las estimaciones, los 400 clubes que existen en Cataluña abastecen a 165.000 consumidores. Existe el riesgo de que muchos de ellos acudan al mercado negro si se precintan los clubes.
Desde hace una semana, Airam está de nuevo en el punto de mira de la justicia. Esta vez, por un presunto caso de blanqueo de capitales. Cuatro responsables del club permanecen imputados por haber utilizado, presuntamente, un entramado de empresas para desviar a sus bolsillos más de un millón de euros procedentes de la venta de marihuana a los socios. Entre ellos figura el presidente de la entidad, Francesc S. —que administra la mayoría de las empresas— y su mano derecha, Albert T., quien a su vez es presidente de Fedcac, la federación que agrupa a estos locales y que aboga por la regularización de la marihuana.
El juez ordena el cierre del club cannábico investigado por blanqueo
Alrededor de mil personas se acercan cada día a la sede de Airam, en la calle Ample, para consumir o comprar su dosis de marihuana. El miércoles, sin embargo, los usuarios encontraron sus puertas cerradas. Los 10.000 socios que integran el club deberán buscar ahora una alternativa. El juez que investiga el caso ha ordenado, a petición de la Fiscalía, la clausura del local de forma cautelar. Desde 2010, el Código Penal permite cerrar los locales de empresas o asociaciones que hayan cometido un delito durante un periodo máximo de cinco años. La medida deja sin trabajo, de paso, a unas 30 personas.
Además del local principal de Airam, en la calle Ample de Barcelona, el juez ha ordenado también el cierre de la sede de Caselldefels y ha decretado la disolución de las siete empresas que, presuntamente, utilizaron los imputados para blanquear los beneficios obtenidos con la venta del cannabis. El magistrado ha decidido bloquear 60 cuentas bancarias que pertenecen a los implicados, defendidos por la abogada Laura Alegre, del despacho Nieto & Povedano. Según datos de la investigación, la entidad generaba una facturación anual de 1,5 millones. Los Mossos creen que una parte del dinero era desviada a las cuentas corrientes de los implicados y, el resto, mediante la simulación de operaciones comerciales. Las entidades son sin ánimo de lucro y, en principio, deben emplear los beneficios en la propia asociación.
En el registro de la entidad se encontraron 11 kilos de marihuana y 50.000 euros en efectivo. Los Mossos han investigado el patrimonio de los implicados en una de las primeras investigaciones centradas en el blanqueo de capitales, y no en el tráfico de drogas, que en el caso de la marihuana conlleva penas de prisión inferiores. No es la primera vez, sin embargo, que se clausura uno de estos locales.

El tribunal de la UE considera abusiva la reforma hipotecaria

Segunda condena en poco más de un año del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española. Los jueces de la UE consideran que la ley deja en inferioridad de condiciones a los usuarios frente a los bancos: los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.

El Gobierno reformó poco después la ley para cumplir los requerimientos de Europa, pero a los jueces de Luxemburgo el cambio no les ha parecido suficiente. El tribunal estima en esta ocasión que el deudor queda en situación desfavorecida frente a su entidad bancaria en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales. El deudor que alega que su hipoteca incluye cláusulas abusivas no puede recurrir en caso de resolución contraria. El banco, sin embargo, sí puede interponer recurso si le quitan la razón.Es el segundo revés que recibe España por parte de la justicia europea sobre este punto. En marzo del año pasado los jueces de Luxemburgo criticaron la ley hipotecaria y dictaminaron que los jueces españoles podían suspender cautelarmente las ejecuciones —e impedir el desalojo de los afectados— mientras se resolvía el procedimiento sobre la posible existencia de cláusulas abusivas en su contrato.

El Tribunal de la UE pide a España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) para que los afectados en procesos de ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento de la directiva de protección de los consumidores que aprobó la UE hace 20 años, en 1993.
El Gobierno, que tuvo que pedir un rescate a Europa para salvar a los bancos, no ha sido igual de diligente en la protección de las personas en peligro de desahucio. Y ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Europeo quien le dé un segundo revés.
El juez mercantil de Barcelona que originó el varapalo anterior, José María Fernández Seijó, ha leído la nueva sentencia: “Lo que destacan los jueces de Luxemburgo es que si se le da la razón al consumidor, cabe recurso por parte del banco, pero si se le da la razón a la entidad, el deudor no puede interponer recurso. Y eso no se ajusta a la ley europea”, empieza. “Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea”.
La sentencia, que se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia y que se ha dictado en tan solo dos meses y medio, tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por José Manuel Marco, actual presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.
La sección tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el 2 de abril de 2014 elevar al tribunal europeo una cuestión derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución hipotecaria. Entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor), informa Europa Press.
La sentencia se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia; se ha dictado en tan solo dos meses y medio
El artículo dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”, y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, la resolución del tribunal europeo entiende que no cumple el artículo de la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y tampoco el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los bancos en sus nuevas hipotecas se han visto obligados a modificar antiguas cláusulas que imponían a los afectados y que se han ido declarando abusivas por parte de la justicia. Los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.